El panorama queda claro para
los escépticos y para algunos ilusionados
que creían que habría cambios con
el ascenso de Alfredo Palacio al poder. Su discurso
inicial de defensa de la soberanía del país,
de hacer un gobierno democrático con una
mayor participación de los ciudadanos, de
atención a la salud y la educación,
ha quedado desbaratado por la práctica y
por la nueva composición de su equipo.
Para un sector de la población
que tenía ilusiones de que habría
cambios lo sucedido con el gobierno ha significado
una traición y para la mayoría del
pueblo una ratificación de que las cosas
continúan igual o peor que con los anteriores
gobiernos. Las demandas de los sectores populares,
como la entrega de los fondos de reserva y algunos
recursos para las provincias y municipios, han sido
fruto de la lucha de estos sectores y no de la sensibilidad
del gobierno.
Sin embargo, la mayoría
de las demandas populares han tenido como respuesta
la oferta demagógica, la firma de acuerdos
que no se cumplen, lo que ha llevado a paralizaciones
como la que realizan las provincias fronterizas
de Sucumbíos y Orellana demandando al gobierno
y las empresas petroleras que cumplan con los compromisos
establecidos con las autoridades provinciales y
por las salida de la transnacionales petroleras
OXY y ENCANA.
No cabe duda de que esta conducta
gubernamental está manejada por los sectores
derechistas del país como el PSC e Izquierda
Democrática, secundados por la cúpula
de Pachakutik y por la Embajada Norteamericana,
que ha presionado porque cualquier atisbo de soberanía
y de atención a los sectores populares dé
marcha atrás.
Estas presiones han quedado
claramente establecidas en la salida del ministro
de Economía Rafael Correa, quien ha mantenido
posiciones que han incomodado al FMI y al Banco
Mundial y por sus acuerdos con el gobierno de Hugo
Chávez. En su reemplazo asumió esa
cartera la economista Magdalena Barreiro quien,
al parecer, llevará una política más
“conciliadora” con estos organismos
internacionales.
Esta renuncia repercutió
también en la salida de Luis Maldonado Lince,
Secretario de la Producción, que fue sustituido
por Joaquín Zevallos, contumaz neoliberal,
representante de los sectores exportadores, defensor
de la dolarización y de la firma del TLC
con EE UU. A esto se suma la salida del presidente
de Petroecuador Carlos Pareja, quien antes de dejar
su cargo firmó el informe de caducidad del
contrato con la transnacional petrolera OXY, coincidiendo
con el informe presentado el año pasado por
el Procurador General del Estado, ante lo cual el
ministro de Energía y el gobierno muestran
por lo menos debilidades, si no una oposición
para asumir una actitud de defensa de los intereses
del país.
La OXY ha presionado por su
cuenta y a través de la embajada norteamericana
para que sus intereses no sean tocados, perjudicando
al país en alrededor de 1.600 millones de
dólares anuales.
Así, la nefasta política
de Mahuad, Bucaram y Gutiérrez continúa
con Palacio a favor de los mismos grupos de poder
y de las potencias extranjeras, quienes hoy siguen
manejando la economía del país y en
manos de quienes se afirma el control directo del
petróleo, la electricidad y las telecomunicaciones;
si a esto se añade la pretendida y retrógrada
reforma política propuesta por el gobierno,
el panorama se presenta muy claro.
Con todo esto,pocos pueden
dudar de que se trata de un gobierno antipopular
y antinacional, y que el camino que los queda a
los pueblos del Ecuador es continuar con su incesante
lucha por sus reivindicaciones hasta alcanzar un
auténtico gobierno del pueblo, que maneje
una política internacional independiente,
sin condicionamientos de los organismos internacionales,
ni del gobierno norteamericano, para que el Ecuador
avance por el camino de un desarrollo soberano y
en beneficio de sus pueblos.
