En una investigación realizada por LEXIS, empresa que se dedica a estudiar la política judicial en Ecuador, se hizo pública una información respecto a la historia de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial. En este informe se menciona que “En el periodo analizado 1906 al 2005 el Ecuador funcionó bajo 8 Constituciones Políticas, varias de las cuales fueron derogadas y nuevamente puestas en vigencia. A estas Constituciones se deben agregar 62 reformas, 8 codificaciones y dos erratas”. Como vemos, una de las consecuencias para la inestabilidad política son los problemas estructurales orgánicos, profesionales y, principalmente, morales de los partidos políticos de la derecha que han estado al frente de la función judicial, especialmente, de la CSJ.

La última se realizó el 20 de diciembre del 2004 al declarar cesantes de las funciones a los magistrados de la CSJ y sus correspondientes conjueces que fueron mañosamente elegidos, en 1997, por la Democracia Popular (DP) y Partido Social Cristiano (PSC), en ese entonces más conocidos en el Congreso Nacional como ‘la aplanadora’. Sin embargo, la última CSJ, más conocida esta como la ‘ Pichi-Corte’, fue cesada de sus funciones por el ex Presidente Lucio Gutiérrez, en plena crisis política que desembocó en el derrocamiento de su mandato frente a la presión popular.

CSJ: Una ‘Reforma Judicial’ con claros intereses oligárquicos
No es nada nuevo para los ecuatorianos que ‘Alfredo Pa-lucio’ con el trillado discurso de ‘defender los intereses del pueblo en la función judicial’ haya enviado al Congreso Nacional las siete preguntas para que sean aprobadas con el carácter de urgente para la posible Reforma Política. Sin embargo, esta resolución incumplió su objetivo: que las interrogantes provengan de la ‘sociedad civil’ a través de la llamada ‘Concertación Nacional’.

Dentro de las autoritarias preguntas, que son claramente elaboradas con intereses políticos del Partido Socialcristiano e Izquierda Democrática, se encuentra la Reforma a la Función Judicial a través de una solo pregunta: “¿Aprueba usted que la Corte Suprema de Justicia, a fin de velar por la imparcialidad y la seguridad jurídica, esté conformada por los ciudadanos que no formen parte, en los últimos diez años, de partido político alguno y que una vez conformada dicha Corte Suprema de Justicia, por si misma y solo mediante el método de cooptación, renueve sus vacantes a través de la valoración de las aptitudes morales de los candidatos, su idoneidad técnica y jurídica, ratificándose además el proceso eleccionario excepcional previsto en la Ley número 001-2005; publicada en el Registro Oficial número 26 del 26 de mayo del 2005; de forma tal que se reformen los artículos 201 y 202 de la Constitución de la República del Ecuador y se agregue además, una disposición transitoria cuyo texto sería. El pueblo ecuatoriano, como depositario de la soberanía nacional, valida y ratifica la conformación excepcional de la Corte Suprema de Justicia que se designe a través del procedimiento señalado en la ley número 001-2005 publicada en el Registro Oficial número 26 del 26 de mayo, que reformó la Ley Orgánica de la Función Judicial. En adelante, la Corte Suprema de Justicia así conformada, para llenar sus vacantes, observará las previsiones constitucionales pertinentes. En el caso que la nueva Corte Suprema de Justicia no se llegara a conformar con sujeción a las previsiones de la ley número 001-2005, el Presidente de la República por esta solo vez, elaborará una lista de cien destacados juristas del país que reúnan los requisitos para ser magistrado, a efectos de que el pueblo ecuatoriano, de dicha lista, seleccione a los magistrados y a sus respectivos conjueces, de acuerdo con el reglamento que para el efecto expedirá el Presidente de la República” menciona textualmente la tercera pregunta planteada por Pa-lucio para Reformar la elección de los magistrados de la CSJ.

¿Cuál es la verdadera intención en esta Reforma?
Como dice el refrán: Lo mismo pero en bonitas palabras. Eso es lo que plantea el Presidente ‘Pa-lucio’ para cumplir con el supuesto mandato de los forajidos de plantear una ‘Reforma’ a la elección a magistrados de la CSJ. En primer lugar, resulta absurdo pensar que los posibles candidatos no tengan tendencias políticas si el hecho de ocupar estas funciones le obliga a defender una posición. Esta es una muestra clara de intentar penalizar la actividad política a sabiendas de que los partidos políticos tradicionales candidatizarían a juristas de su tendencia para seguir ejerciendo justicia a favor de la oligarquía ecuatoriana. Además, en la disposición transitoria, donde el Jefe de Estado elaboraría una lista de magistrados, no se específica reglamento alguno para que el pueblo ecuatoriano seleccione a estos “supuestos idóneos candidatos”.

¿Cuáles serán los posibles cien magistrados? ¿A qué tendencias políticas pertenecerán? ¿Habrá por lo menos un candidato que defienda los intereses del pueblo ecuatoriano?
Sin lugar a dudas, el único camino democrático para elegir magistrados que representen los intereses del pueblo es: La elección universal, y desterrar los intereses economico-políticos de las clases en el poder.

Comisionados: la obscura elección de magistrados
Como ven, la ‘Reforma Política’ planteada por Pa-lucio ha sido la pelotita que salta del Ejecutivo al Legislativo con tintes electorales. Mientras tanto, la verdadera CSJ está por definirse en los próximos días.

Carlos Estarellas, Rosendo López, Bolívar Torres y Ketty Romoleroux, son los ‘comisionados designados’, no sabemos por quienes, para elegir a los 32 nuevos magistrados de la CSJ. Estos juristas, que han sido identificados por muchos analistas y varios medios de comunicación como parte de la tendencia de derecha, tienen previsto gastar para el proceso de elección cerca de 692.700 dólares, de los cuales 236.700 serán destinados para sueldos de los ‘comisionados’. Hasta los últimos días del pasado mes de julio, Carlos Estarellas y Bolívar Torres han recibido, cada uno, 3.411 dólares; asimismo, Rosendo López, 2048, y Ketty Romoleroux, 500. A esto se suman 248.752 dólares por la contratación de dos empresas que realizarán la calificación de carpetas y la aplicación del test de habilidades. Las empresas adjudicadas son: DESORH y BDO STERN.

Como es lógico, el proceso de elección ha sido apoyado por el Partido Social Cristiano e Izquierda Democrática, tiendas políticas tradicionales que han barajado la mayor parte de candidatos de los cerca de 310 que hasta el cierre de esta edición existían. De otro lado, los “CIUDADANOS MADE IN USA” representados en Participación Ciudadana, Esquel, Transparencia Internacional y Ruptura de los 25, como los supuestos “observadores de la Democracia”, muchos de ellos seguidores de la Democracia Popular (DP), continúan exigiendo el retorno de la CSJ elegida por la aplanadora. Sin embargo, muchos de estos ex-magistrados (Arturo Donoso, Santiago Andrade, entre otros) aparecen en las listas que a diario Teleamazonas TV candidatiza en el Programa denominado “La Corte Ideal” y como parte del apoyo que brindaría Fidel Egas, presidente del Grupo Pichincha, a estos simpatizantes del entonces ex Presidente Jamil Mahuad. ¡Ojo con la elección de los nuevos magistrados y con el juego sucio de la Reforma Política!

En números anteriores, OPCIÓN ha insistido en la necesidad de hacer prevalecer nuestra soberanía frente al gobierno norteamericano y el colombiano, como país independiente y autónomo. Sin embargo, no han cesado los hundimientos de barcos de bandera ecuatoriana por parte de la marina estadounidense, dentro de las 200 millas de mar territorial; las fumigaciones en la frontera colomboecuatoriana, con el cóctel venenoso de químicos, lo que ha ocasionando el desplazamiento de los pobladores a diferentes provincias del país porque su tierra ya no les produce para subsistir;

la captura de los líderes militares Simón Trinidad y Ricardo Granda que se realizaron en los territorios de Ecuador y Venezuela, en operaciones que violan las soberanías de estos países y, recientemente, se capturaron otros supuestos guerrilleros, que fueron deportados a pesar que se demostró su ingreso legal al Ecuador.

Se juega psicológicamente con Ecuador para que intervenga en el conflicto armado, como lo evidencia la maniobra de distracción realizada por el gobierno colombiano al decir que Raúl Reyes se acercaba a territorio ecuatoriano, con lo cual el ministro Solón Espinoza justifica la intensificación de las movilizaciones militares en la frontera.

Abandono de los Gobiernos en la frontera colombo-ecuatoriana Se ha producido la migración interna de los pobladores del cordón fronterizo en Ecuador y una ola de refugiados colombianos que ya no encuentran seguridad en su país, constituyéndose así en un serio problema para el Ecuador.

Según la Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desde el 2000 se han presentado 27.230 solicitudes de refugio, de ellas, sólo 28% fueron aceptadas. Debido al incremento de la población refugiada, este organismo internacional incrementó el presupuesto para Ecuador de 800 mil a 3 millones de dólares.

El Ecuador solicitó a Colombia su cooperación económica para desarrollar planes de atención a refugiados, pero hasta el momento no se conoce la respuesta oficial.

El Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones (CIF, Ecuador) sostiene que ya no cabe la menor duda respecto al terrible impacto de las fumigaciones, el irrespeto de normas de protección internacional por parte de Colombia y la necesidad de que el gobierno ecuatoriano asuma una posición soberana y de recuperación de la dignidad en las relaciones bilaterales.

El gobierno de Gutiérrez asumió una posición que bien puede interpretarse como de renuncia a la soberanía y sostuvo siempre que “aquí no pasa nada”, con contradicciones y meteduras de pata.

La última Misión Internacional visitó las zonas fronterizas de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos y recogió testimonios que confirman que 17 helicópteros artillados han invadido el espacio aéreo ecuatoriano y, con sus enfrentamientos, han afectado a niños y niñas de las escuelas locales y a los adultos que realizan sus tareas ordinarias. Guadualito, en la provincia de Esmeraldas, Puerto Nuevo, en Sucumbíos, constituyen ejemplos claros de esta situación. Sin embargo, el Ejército mantiene la posición de que sus labores de inteligencia cubren todo el territorio y que “saben lo que ocurre en cada punto”, contradiciendo los testimonios de los pobladores, que están defraudados por la acción militar y demandan una verdadera protección de la frontera.

La pobreza y abandono es el paisaje de estas zonas de la frontera norte que, ante el olvido y falta de inversión social de los Gobiernos de turno, no cuentan con vías de comunicación, servicios Básicos, salud y educación básica. Se han cerrado varias escuelas por el desplazamiento forzado de la población; en Sucumbíos se han cerrado 13 de ellas. Las sucesivas reuniones entre los mandos militares del ejército colombiano y el ecuatoriano, en la mayoría de ocasiones con el jefe del Comando Sur de EEUU, han buscado acuerdos para que el Ecuador se inmiscuya más en el conflicto interno de Colombia.

A Estados Unidos, que ha aportado USD 3.000 millones en el programa de ayuda al Plan Colombia, le significa una buena inversión porque, algún día, sueña con administrar esta zona andina con sus pozos petroleros, reservas de agua y su biodiversidad, que le permitirán dar otro paso en su afán de ser dueño del mundo; lo que no ha tomado en cuenta es que los pueblos no permitirán que les arrebaten la tierra de sus antepasados.

El Plan Colombia, el TLC y la sumisión a los organismos internacionales de crédito, son amenazas para el desarrollo de los países andinos, que deben luchar contra estas amenazas de una manera conjunta y coordinada.

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“A menor ayuda de EEUU, menor será el grado de
involucramiento en el Plan Colombia”
Eco. Guillermo Navarro

Según Guillermo Navarro, el Ejército de Colombia no tiene capacidad ni posibilidades para cumplir con su papel, porque en Colombia existen dos estados:

un 60% del territorio colombiano es controlado por Uribe Vélez y un 40% es controlado por las fuerzas guerrilleras (Departamento de Bolívar, en la parte nororiental en los límites con Venezuela, en la parte central de Colombia y en el Sur de Colombia desde Tumaco hasta el Putumayo). Esto es una realidad evidente, porque hasta existen y rigen legislaciones distintas.

Estados Unidos siempre ha buscado la regionalización del conflicto colombiano; Gutiérrez y Zuquilanda sirvieron de mucho al gobierno de Uribe, ocultando todas las secuelas que tienen las fumigaciones sobre la población ecuatoriana. Hay que reconocer la posición del actual canciller Antonio Parra Gil, que ha sabido colocar en su sitio a la canciller Barco de Colombia, quien pretendía establecer la Agenda que se discutía en Bogotá.

El Canciller ecuatoriano ha planteado dos cosas fundamentales:

1- No fumigaciones, invocando el principio precautelatorio, ante las evidencias de los efectos en la población civil, que son claros y exigen fumigaciones manuales.

2- Exigió que no sean los paramilitares los que ocupen la frontera colombo –ecuatoriana y que sean la Policía y el Ejército Colombiano los llamados a hacerlo.

Por otro lado, en sus declaraciones, el ministro Parra ha dejado entrever que sí estamos involucrados, ya que afirma que hemos cumplido los acuerdos, mientras que Colombia no lo ha hecho.

Se han suscrito una serie de acuerdos de los cuales unos se han hecho públicos, como el de la movilización de las tropas ecuatorianas desde la frontera Sur a la Norte, con 8.000 soldados y 4.000 policías, para tratar de detener los flujos logísticos hacia las FARC, cumpliendo el rol que debería cumplir la fuerza militar colombiana.

Mientras menor sea la ayuda de EEUU al Ecuador en el marco del Plan Colombia, nosotros tendremos menos razones para continuar involucrándonos en este plan de guerra.