La crisis del sector eléctrico es oportunamente programada por las personas interesadas en privatizar esta industria, en concesionarla a la empresa privada o en entregarla a una operadora internacional, o en hacerla cuatro pedazos, “querida negra del alma”. Así de simple. La caotización del sector eléctrico, la supuesta crisis financiera que enfrenta, el racionamiento y los apagones son los fenómenos que esgrimen como argumento todos aquellos grupos financieros y personas que no logran conciliar el sueño mientras no tengan el pastel en la mesa, listo para devorarlo.

El régimen con el que se maneja el servicio eléctrico en el Ecuador, recurso estratégico y de prioridad nacional, es altamente negativo y no está destinado a convertirse en la base fundamental del desarrollo productivo nacional, como debería ser; vive desbalanceado, con pérdidas negras, blancas y rosadas, tiene deudas multimillonarias, está entrampado en un sistema de redes que le imposibilita avanzar, es víctima de los juegos sucios de banqueros como Aspiazu, de chantajes, componendas políticas y acomodos burocráticos.

Los políticos de la derecha, de la centroizquierda y los ejecutivos de las cámaras y asociaciones de producción se han puesto de pie para proteger a la industria eléctrica y usufructuarla al mismo tiempo, como es el caso del señor Prefecto de Pichincha, los alcaldes de Guayaquil y Quito y los consabidos empresarios que se ofrecen a cumplir con el papel de salvavidas. El General Paco Moncayo no solo quiere manejar la Empresa Eléctrica ”Quito” S.A, sino también servirse Andinatel y hacerse cargo de otros menesteres en su afán de acumular más poder y prestigio personal con miras a ser el candidato anaranjado para las próximas elecciones presidenciales.

En este marco, el cruce de cuentas registra cifras escalofriantes si se consideran las limitaciones de la economía nacional, siempre en bancarrota, con una deuda externa que de ninguna manera decrece y con un presupuesto altamente deficitario. Cifras como la deuda de 200 millones de dólares que el Estado debe a la Empresa Eléctrica “Quito” S.A., como la deuda de 1 100 millones de dólares que este mismo Estado tiene con todas las empresas distribuidoras por concepto de diferencial tarifario; agréguese a este rubro también la suma de 504 millones de dólares que debe a las distribuidoras y éstas, a su vez, tienen facturas impagas a las generadoras, hasta septiembre del 2003, por 550 millones de dólares, debiendo aclararse que corresponden a la ex EMELEC y 350 millones a la CATEG, la que, de paso se ha dicho, excluye de sus cuentas el pago de las deudas a los trabajadores eléctricos de Guayaquil (pasivo laboral). La Corporación para la Administración Eléctrica Guayaquil (CATEG), es la que más debe a la generadora de Paute, por lo que dejará de ser su cliente.

Las últimas cifras de CONELEC, reveladas en enero del 2005, definieron que solo EMELEC y CATEG absorbieron el 53,82% de la deuda total que mantienen las empresas distribuidoras por adquisición de energía no pagada al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEN). La obligación sumaría 480,8 millones de dólares, de una deuda total de 893,4 millones, en un periodo acumulado desde abril de 1999 hasta diciembre del 2004.

Se recuerda que la CATEG es la que más debe a las generadoras del Estado y a las privadas, y es la que más pérdidas y robos comerciales registra. Tómese en cuenta también que a este cuadro habría que añadir las ‘perdidas negras’ que sea han incrementado en un 25% en los últimos 5 años.

Por último, a todo esto se agrega el hecho de que en Guayaquil se festinan las deudas, como la de la ex EMELEC, hoy CATEG, por un monto mayor a los 2 000 millones de dólares. Es decir, el panorama del sector eléctrico ecuatoriano es aterrador, por decirlo menos.

Los insaciables y voraces apetitos de los privatizadores, sus planes y sus maniobras ya han sido denunciados y desbaratados a su debido tiempo por los trabajadores eléctricos. Sin embargo, los privatizadores no se dan por vencidos, vuelven a la carga, haciendo algunos cambios en su estrategia, esgrimiendo falsos argumentos, tales como:

- Qué el sindicalismo es el factor predominante en la falta de generación, señalando que los trabajadores han logrado grandes beneficios económicos y gozan de sueldos y salarios fuera de lo común.

- Qué el Gobierno Nacional y los Gobiernos Seccionales nada han hecho por aumentar la generación hidroeléctrica.

- Que el Gobierno aún no se decide a garantizar la inversión, la utilidad y retorno de capitales y ganancias a su lugar de origen a fin de que puedan instalarse en el Ecuador empresas provenientes de China, España, Brasil, Argentina y Estados Unidos...

La crisis del sector eléctrico se sigue complicando, conforme pasan los días se presentan mayores deficiencias y en el corto plazo se puede tornar inmanejable, principalmente por la creciente dependencia de las centrales térmicas, toda vez que los proyectos hidroeléctricos de Mazar, San Francisco, Toachi-Pilatón, Quijos, para citar los más importantes y que cuentan con los estudios listos, en el caso de que se construyan entrarán a funcionar en el año 2008, dios mediante, lo que está obligando a depender de la energía que producen Colombia, Perú y las barcazas ancladas en la Costa.

Ante tales circunstancias hay que resaltar la firme posición de los trabajadores eléctricos, que están dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias en defensa de este patrimonio nacional, contra la privatización y la intervención de operadoras internacionales.

Ellos dejan expresa constancia de que la solución no es por la vía del incremento tarifario, ni por el lado de las multas al incremento de consumo, ni por la disminución en el uso de energía eléctrica, sino por alcanzar un mejoramiento en el servicio a condición de participar con el aporte de sus técnicos, trabajadores y funcionarios de las empresas generadoras de energía eléctrica del país; por la vía de mantener la oposición a las cámaras de la producción del sector privado de Pichincha, encabezado por el arquitecto, Diego del Castillo Becdach, que pide el aumento de tarifas exclusivamente a los usuarios residenciales y comerciales.

Este viejo conflicto creado en torno al abastecimiento de energía en el Ecuador, en sus fases de generación, distribución, comercialización, financiamiento y contratación, debería ser motivo de investigación de la Comisión de Control Cívico Contra la Corrupción, Contraloría General del Estado, Procuraduría, Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional y también de los usuarios, es decir de quienes compran y pagan el servicio, en razón de que, en primer lugar, se trata de un recurso nacional y patrimonial, y luego, porque está a la vista de todos la deficiencia administrativa, la danza de muchos millones de dólares, el robo de energía, las famosas ‘perdidas negras’ y la incapacidad para resolver el problema que implica la puesta en marcha de los proyectos hidroeléctricos que estarían en la condición de dar la mejor solución técnica a la crisis que viene soportando el país.

Cuando se haga esta investigación se va allegar a la conclusión de es un caso de corrupción que se ha venido encubriendo de mil maneras. Se podrá en evidencia a los beneficiarios de esta crisis eléctrica, a sus cómplices y protectores, como el alcalde Jaime Nebot, que siempre tiene la última palabra en el asunto.

También se tendrá que esclarecer el papel de Petrocomercial, cuando se niega a acatar la orden del Presidente de la República en el sentido de proporcionar el combustible necesario para hacer funcionar las plantas térmicas que, pese a su alto costo, estarían en condiciones de generar 90 megavatios y evitar los apagones dramáticamente anunciados.

Estas son las verdaderas dimensiones del problema, cuyos orígenes no parten del duro estiaje y del bajo nivel de las aguas de la represa Paute, como se asegura con la mayor desvergüenza.