Una consulta se justifica con preguntas, no con peregrinos criterios. Entonces, ¿qué mismo es lo que propone el Gobierno? Debilitado por sus propios errores y ahíto de algún respaldo para no caerse, pretende contentar a los mismos sectores partidistas tradicionales, causantes y beneficiarios de este relajo, desvirtuando la consulta, que debe contener preguntas concretas, sobre temas que reformen la Constitución, y no propuestas tibias y cosméticas, que al momento de buscar su calificación en el Congreso van a ser zarandeadas, en un debate que promete ser largo y aburrido.

No convence la forma de enviar las 17 preguntas justamente al día siguiente de que el Vicepresidente, en minga con el CONAM, presentó la tabulación de más de 50.000 criterios y planteamientos procesados, dando la impresión de que Palacio no le tomó en serio. Igual que la ocasión anterior, cuando el desaire contra el Segundo Mandatario, casi provocó su renuncia. Analizando lo de fondo, casi nada hay de fondo. Eso de volver a la bicameralidad, por ejemplo, es retomar a tiempos cavernarios, de ninguna utilidad para el pueblo, donde murieron sus mejores esperanzas, entre interminables debates de las dos Cámaras. Lo de los distritos electorales, requiere una reforma de la actual división político - administrativa.

Consultar al pueblo siempre será positivo y saludable. Pero no cualquier novelería, por el simple prurito de preguntar. Se quedaron afuera los temas fundamentales que interesan al inmediato futuro del país, como el TLC, que entre gallos y medianoche vienen acomodando al gusto y antojo del imperialismo saqueador, para convertimos en simples huasicamas productores de materias primas, castrando nuestra incipiente capacidad productiva, en un mercado globalizado e inhumano, donde sólo cuentan los grandes resultados financieros, a despecho de nuestra soberanía y dignidad. Tampoco consta nada con relación al criminal Plan Colombia ni a la brutal ocupación norteamericana de la Base de Manta. Seguiremos rascándonos las llagas por las mortales fumigaciones de los gringos en la frontera norte.

¿Dónde quedó la promesa de una Asamblea Constituyente? Siguen convalidando las viejas y caducas estructuras que han bloqueado el desarrollo nacional. Los partidos políticos hegemónicos se ríen de las preguntas, porque con sus mayorías móviles de lacayos oportunistas, llamados independientes, pretenden volver a acomodar el tinglado nacional, a sus intereses particulares. Los forajidos quedaron burlados y en la actualidad no hay pelo de ellos en el régimen. Fueron sustituidos por los mandarinas, porque los naranjas, mintiendo siquiera, dicen estar en la oposición.

Con este apelativo, en forma acertada, se ha calificado a los abogados ecuatorianos que defienden a las compañías petroleras, en contra de los intereses del país, aún a sabiendas de que la razón no les asiste.

FELIPILLO fue un oscuro personaje que durante la conquista española del Perú se puso al servicio de los conquistadores, proporcionándoles información importante acerca de los movimientos de los defensores de Quito. En México, se conoce como MALINCHE a la persona que admira lo extranjero en desmedro de lo propio, y se ha acuñado el término "malinchismo" para calificar este tipo de actitud.

En nuestro país, a pesar de que la compañía petrolera Occidental (más conocida como la Oxy), ha violado los términos del contrato que la liga al Estado ecuatoriano, al traspasar un porcentaje de las zonas en las que podía operar a otra compañía, sin la correspondiente y obligatoria autorización del Ministerio de Energía, y que el Procurador del Estado, la Comisión Cívica contra la Corrupción y el ex Presidente de Petroecuador, se han pronunciado por la tesis de que debe declararse la caducidad de ese contrato, los doctores Edgar Terán Terán, Esteban Santos Alvite y René Ortiz Durán, defienden a capa y espada a la Oxy, con argumentos trillados como la necesidad de la seguridad jurídica, la incapacidad de Petroecuador para operar los campos que dejaría la Oxy, y hasta una supuesta ilegalidad del nombramiento del Ing. Carlos Pareja Yanuzzelli, el presidente de Petroecuador que puso el informe favorable a la caducidad. Los enormes intereses que se encuentran en juego y el inmenso poder de la Oxy, de la cual se afirma que tiene nexos con la familia Bush, actual "dueña del mundo", permiten que algunos "felipillos" se pongan a su servicio, sin importarles la soberanía y los sagrados derechos del Ecuador, de los cuales hasta llegan a hacer fisga.

También hay otros "felipillos" que sin ser empleados visibles de las petroleras usan los micrófonos de los medios de comunicación en los que trabajan, para realizar comentarios solapados contra quienes se encuentran luchando por conseguir que las petroleras cumplan con las leyes ecuatorianas y porque los contratos se revisen para que los ingresos por este concepto mejoren para el erario nacional y se usen para mejorar la calidad de vida de los pueblos, verdaderos dueños de la riqueza de nuestro subsuelo. Para estos "felipillos", el paro de las provincias de Sucumbíos y Orellana fue censurable; con la muletilla de siempre "aunque los reclamos son justos, por el abandono en que se encuentra ese sector de la patria". se lanzaron a condenar las acciones populares y hasta pidieron "ejemplares sanciones" para los culpables de los “desmanes” y aplaudieron la brutal represión, a la que se dieron en llamar "contención", ejercida por los militares en contra del pueblo amazónico.

Por desgracia, el poderoso dios dólar seguirá comprando “felipillos" y "malinches” en nuestros países, aunque, al mismo tiempo, los sectores populares sigan cobrando conciencia de la necesidad de la unidad latinoamericana para enfrentar a la voracidad imperialista y acabar con los traidores a nuestra patria grande: América Latina.

Luego del informe hecho público por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, observamos un lavado de manos, pero en agua sucia, por parte de las principales autoridades de la ciudad y del país, incluidas las de salud.

Sorpresivamente se piden más exámenes del agua de las tomas domiciliarias, cuando es público que una de las recomendaciones de las mismas autoridades de salud a toda la población (luego de los casos de hepatitis) es que debemos hervir el agua de consumo doméstico, por lo menos 20 minutos. También hay informes técnicos del Instituto Nacional de Higiene “Leopoldo inquieta Pérez” que por repetidas ocasiones ha constatado la mala calidad del agua que se entrega a la población de Guayaquil. Adicionalmente José Luis Santos, gerente de ECAPAG, empresa contratista de INTERAGUA, el 22 de junio reconoció ante la prensa que el cloro residual medido en el agua de las redes de distribución del suburbio oeste de la ciudad es de 0.20mg/ml acorde al contrato vigente entre ECAPAG e INTERAGUA; y que las muestras del agua INTRADOMICILIARIA tienen 0.02mg/ml de cloro. Por lo tanto es evidente que la primera cifra hallada está por debajo de la norma INEN 1.108, misma que establece 30mg/ml de cloro residual como mínimo. Peor aún, la cifra intradomiciliaria (0.02mg/ml) está mucho más lejos de la norma técnica.

A confesión de parte relevo de prueba dicen los juristas; entonces no cabe la defensa pública de INTERAGUA que en el mes de julio hizo el presidente Palacio, o las evasivas desde el mes de junio para actuar oportunamente por parte del alcalde Jaime Nebot.

Lo cierto es que hasta hoy ni el Director Provincial (o el Subsecretario de Salud), ni el Alcalde o el presidente Palacio –médico-, ni el Colegio de Médicos o las autoridades educativas han denunciado, menos sancionado a algún responsable, pese a que el propio Contrato de Concesión del Servicio de Provisión de Agua Potable a Interagua, suscrito hace casi 5 años, es ilegal, porque incumple una norma técnica vigente en el país.

Tampoco esto ha motivado que algún Fiscal u otra autoridad judicial haya actuado de oficio, cuestión que sí hemos visto hacer a la Fiscal General de la Nación cuando al parecer ha habido intereses poderosos que la conminan a hacerlo. Así, parece que ahora esos mismos intereses la obligan a ser sorda, ciega y muda ante este hecho.

Lo que sí hemos visto indignados es la estulticia de las autoridades provincial y regional de salud y de funcionarios de INTERAGUA, amenazando con sancionar a los profesores y padres de familia denunciantes de este delito contra la ciudad y su colectividad más pobre; y de manera inaudita han pretendido declararlos responsables por la mala calidad del agua que reciben.

El derecho a la salud de los pueblos ha sido continuamente vulnerado, porque se sigue entregando agua no apta para el consumo humano, a vista y paciencia cómplice de todas las autoridades responsables de garantizar a quienes pagamos planillas por agua potable y somos estafados, sin otra esperanza que su propia lucha, ya que es lo único que ha obligado por lo menos a la discusión del tema.

Entretanto, asistimos a mesas redondas, foros y debates donde fluye la retórica, y las conocidas amenazas de sanción que, cuando de intocables se trata, estila hacer el Alcalde de la ciudad, pero que jamás ha corregido el problema, como en el caso Vachagnón.

La empresa canadiense accionista dueña de INTERAGUA ha sido expulsada hace pocos meses de Cochabamba en Bolivia, mediante un levantamiento popular contra los elevados costos de las planillas y el pésimo servicio. Es posible que aquí tengamos que hacer lo mismo de inmediato, antes que nos toque vivir un desastre parecido al provocado por el huracán Katrina en Nueva Orleáns, donde los pobres son las víctimas del poder del estado en manos de agentes de las voraces empresas concesionarias.