Por muchas ocasiones los partidos
políticos de la derecha han violado la Constitución
de la República al aprobar leyes que, a pretexto
de mejorar la calidad de vida del pueblo ecuatoriano,
de estimular la generación de empleo y reactivar
la producción, lo único que han hecho
es beneficiar a empresas privadas nacionales y extranjeras
con la exoneración de cualquier tipo de obligaciones
con el Estado, tanto en el ámbito legal como
en el de tributos, en perjuicio de los sectores
populares, a quienes se les ajusta cada vez más
los cinturones a través de nuevas y más
altas imposiciones tributarias y eliminación
de beneficios sociales.
Ya en 1979 se aprobó
una ley para “El Estímulo a la Inversión,
la Reinversión, el Ahorro y su Empleo para
el Desarrollo Nacional”, que fue publicada
en el Registro Oficial del 27 de marzo de ese año
y que ningún beneficio ha traído al
país. Ahora, como el hambre del lobo continúa,
el Congreso Nacional acaba de aprobar otra ley para
‘estimular’ a las nuevas empresas extranjeras
y nacionales que se formen en cinco sectores específicos:
generación hidroeléctrica y no convencional,
refinación e industrialización de
hidrocarburos (excepto extracción y exploración
de petróleo), fabricación de circuitos
integrados y desarrollo de tecnología; establecimiento
de líneas aéreas internacionales y
construcción de puertos de aguas profundas.
Las empresas que se creen en estas áreas
estarían liberadas del pago de todo tipo
de impuestos, nuevamente con el pretexto de generar
empleo.
La idea provino del alcalde
de Guayaquil, Jaime Nebot, y apenas la hizo pública
tuvo la respuesta solícita del presidente
Alfredo Palacio, quien, haciendo uso de las atribuciones
de jefe de Estado, único que tiene la facultad
de presentar proyectos de ley en materia económica,
envió al Congreso el proyecto con el carácter
de urgente.
Según el artículo
4 de este proyecto, que solo espera el visto bueno
del primer mandatario, “los estímulos
o incentivos tributarios que se otorgarán
a las empresas beneficiarias de los mismos consistirán
en: Exoneración del pago de la totalidad
del impuesto a la renta y sus adicionales, y de
los tributos de ámbito regional si fueren
aplicables en función de la ubicación
del negocio, por el tiempo de 10 años para
el caso de Guayaquil y Quito y 12 años para
el resto del país, contados a partir de la
producción efectiva de la empresa y siempre
que hubiera invertido en forma real al menos siete
millones y medio de dólares de los Estados
Unidos de América”.
Queda claro que lo que se pretende
es legalizar la recurrente práctica de evasión
de impuestos y defraudación al fisco que
han tenido los empresarios nacionales y extranjeros
en este país desde que se fundó como
república.
Y aunque el argumento que esgrimen
para desmentir este hecho es que la ley beneficiará
a las nuevas empresas que inviertan en el Ecuador
y no a las ya existentes, es obvio pensar que lo
que las actuales empresas evasoras harán
para incluirse en el paraíso fiscal que va
a ser el país desde que entre en vigencia
la ley, es cerrar sus puertas y reabrir con otros
nombres y hasta con testaferros.
Esta ley expresa una contradicción
escandalosa en quienes por un lado han hablado siempre
de que los ecuatorianos no tenemos “cultura
tributaria” y por otro lado crean cada vez
más leyes para legalizar la evasión
de los grandes empresarios. Si actualmente la recaudación
tributaria significa el 61% del presupuesto del
Estado -es decir más que los ingresos petroleros-
es porque los trabajadores y los pueblos han tenido
que cumplir con obligaciones cada vez más
fuertes que impusieron los partidos que hoy quieren
“estimular” a la inversión exranjera
y nacional.
Grupos de poder: una nueva
estrategia para atracar la economía nacional
Por muchos años los grupos
económico- políticos, agrupados especialmente
en Quito, Guayaquil y Cuenca, han evadido los impuestos,
y cuando han sido denunciados por las autoridades
de control; las maniobras políticas han terminado
por destituirlos. El último caso ocurrió
en el gobierno de Lucio Gutiérrez, cuando
la directora de Servicios de Rentas Internas (SRI),
Elsa de Mena, fue destituida porque aseguró
que las empresas del Grupo Noboa estaban entre las
más grandes evasoras de impuestos y que habían
perjudicado al fisco.
Según el artículo
14 de la Código Tributario, “los impuestos
son una obligación tributaria que sirve como
vínculo jurídico personal entre el
Estado o las entidades acreedoras de tributos y
los contribuyentes o responsables de aquellos, en
virtud del cual debe satisfacerse una prestación
en dinero, especies o servicios apreciables en dinero,
al verificarse el hecho generador previsto por la
ley”. Sin embargo, a lo largo de la historia
fiscal muchas han sido las empresas que han perjudicado
la economía nacional, y que ahora, a través
de la “Ley de Estímulos Tributarios”
pretenderían legalizar la evasión
de impuestos. Como muestra de este atraco a la economía
nacional bastan estos ejemplos.
Según el SRI, 621 empresas
de 17 grupos económicos generaron en el año
2004, por concepto de impuestos, 49 millones 508
mil 728 dólares, de las cuales existen algunas
empresas que no pagaron el impuesto a la renta en
ese período. Entre ellas tenemos: HOLCIM
(Grupos la Cemento Nacional), Aymesa, Hotel Marriot,
Ecasa, ETV Telerama, Asiauto, Cerámica Cuenca
(Grupo Eljuri); Fideicomiso Cratel Teleamazonas,
Teleamazonas Guayaquil, Auto Delta, (Grupo Egas).
Asimismo tenemos a las empresas: Constructora Álvaro
Noboa, Sociedad Agrícola Alamos, Italmotors,
Naviera del Pacífico, Compañía
Agrícola Martinica (Grupo Noboa), Ingenio
La Troncal (Grupo Isaías), Motransa (Grupo
Motransa), Cartonera Andina (Grupo Favorita Frut
Company) Ingaseosas (Grupo Nobis), estos dos últimos
pertenecen a el Grupo Wong y a Isabel Noboa, respectivamente.
Esta información esta fechada al corte realizado
hasta el 31 de mayo del 2005 por el SRI.
Si por algo deben festejar
la clasificación de la selección ecuatoriana
al mundial de Alemania 2006 es porque les brinda
el escenario de distracción propicio para
pasar sus grandes tongos. Esta ley solo es parte
del combo de leyes que el PSC, en asocio con la
ID, pretende aprobar aprovechando la presencia de
un presidente dócil y fugaz como es Alfredo
Palacio. Por eso, así no se dé la
tan cacareada reforma política, ellos habrán
logrado, por esta vía, “refundar la
república” febresborjista. (EVSV)
