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* Phyllis Bennis es miembro del 'Transnational Institute' y del 'Insitute for Policy Studies de Washington' DC. Bennis es especialista en Oriente Próximo y en cuestiones relativas a NNUU. Habiendo trabajado anteriormente para NNUU, ha llevado a cabo trabajos de investigación sobre la dominación de EEUU en la conducción de NNUU a la Guerra del Golfo, sobre las sanciones económicas impuestas a Iraq, y sobre las intervenciones internacionales y la política exterior de EEUU en Oriente Próximo. Bennis participó en la conferencia internacional contra la guerra organizada en noviembre de 2002 por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe en Madrid [5]. Autora y editora de libros sobre Palestina, Iraq, NNUU y el Nuevo Orden Internacional, sus publicaciones más recientes en castellano son 'Iraq, asedio y asalto final', con Carlos Varea (Hiru, 2002) [6]; y 'La ideologia neoimperial: la crisis de EEUU con Iraq', junto a Mariano Aguirre (Icaria/TNI/CIP 2003); en inglés ha publicado el pasado año 'Before & After: US Foreign Policy and the September 11 Crisis' (Interlink, 2002). Este artículo ha sido difundido en la web del 'Transnational Institute' :: Enlaces relacionados EEUU intensifica la presión interna e internacional para afianzar su ocupación en Iraq El 'Procónsul' Bremer: administrar Iraq como una empresa privada |
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Iraq, Naciones Unidas y las corporaciones estadounidenses Phyllis Bennis* 13 de octubre
de 2003 "En tanto que potencias beligerantes que han iniciado la guerra y en tanto que potencias ocupantes, EEUU y Gran Bretaña están obligados a proporcionar [lo necesario para cubrir] las necesidades humanitarias del pueblo iraquí. Aunque deben poner fin de manera inmediata a su ocupación militar, Washington y Londres siguen estando obligados a pagar los costes de la reconstrucción de Iraq." ¿Qué se debe hacer desde el movimiento internacional contra la guerra y la ocupación? 1. Tenemos que oponernos a cualquiera nueva resolución cuyo objetivo sea proveer más legitimidad a la ocupación de EEUU y Gran Bretaña sobre Iraq. NNUU no debe apoyar, ni los países deben enviar tropas o fondos para mantener, reforzar o internacionalizar la ocupación de Washington [1]. Debemos exigir que NNUU retorne a su posición previa en la que durante ocho meses y medio el Consejo de Seguridad (CS) desafió a la Administración Bush para defender el mandato de su Carta para "prevenir el azote de la guerra". Ese periodo en el que NNUU fue parte de la movilización internacional por la paz representó el momento más relevante y más democrático de la [historia de la]organización internacional 2. Únicamente con el fin de la ocupación de EEUU y Gran Bretaña debería NNUU, incluida una fuerza de mantenimiento de la paz comandada internacionalmente, retornar a Iraq. Su mandato debería establecerse para un periodo de tiempo breve y definido, con el objetivo de asistir a Iraq en su reconstrucción y supervisar la elección de una autoridad gubernamental. La dirección política de NNUU debería expresamente oponerse a la exigencia de que la organización internacional [de NNUU] retorne a Iraq bajo la autoridad de la ocupación estadounidense. Las obligaciones de los ocupantes 3. En tanto que potencias beligerantes que han iniciado la guerra y en tanto que potencias ocupantes, EEUU y Gran Bretaña están obligados a proporcionar [lo necesario para cubrir] las necesidades humanitarias del pueblo iraquí [2]. Aunque deben poner fin de manera inmediata a su ocupación militar, Washington y Londres siguen estando obligados a pagar los costes de la reconstrucción de Iraq, incluido el volumen del gasto generado por el despliegue humanitario y de la fuerza multinacional de pacificación de NNUU. EEUU debe hacer público de manera inmediata una estimación realista del total de los costes de la reconstrucción de Iraq. Washington debe invertir el orden de las prioridades del gasto de los 87 mil millones de dólares que [el presidente Bush] ha solicitado al Congreso [estadounidense] y devolver totalmente a la autoridad de NNUU (en nombre del pueblo iraquí en su conjunto y no solamente del Consejo [Gubernativo iraquí] designado por EEUU), una primera cantidad de al menos 75 mil millones de dólares -la cantidad inicialmente gastada por Washington en la guerra- para la reconstrucción de Iraq. 4. Los 15 mil millones restantes (de los 87 mil) solicitados por la Administración Bush para la reconstrucción de Iraq es [una cantidad] insuficiente para cubrir las obligaciones de Washington de acuerdo con el Derecho Internacional. Quienes nos opusimos a la guerra debemos recusar los 65 mil millones previstos por el Pentágono para mantener la ocupación de Iraq (y de cuya cantidad solo una pequeña parte está de hecho destinada a proteger a los soldados estadounidenses con blindados etc.). No debemos recusar los 15 mil millones de dólares para la reconstrucción, excepto en caso de que sean insuficientes y deberemos exigir que los fondos sean utilizados para construir la economía local [iraquí] y no para enriquecer a las corporaciones de EEUU para que hagan la misma labor. Los fondos para la reconstrucción adicionales no deben proceder de los contribuyentes normales. Deben proceder de: a) un impuesto por exceso de beneficio a las corporaciones que sen beneficiado de la guerra y de la privatización de la posguerra en Iraq; b) del actual presupuesto del Pentágono dirigido a mantener la guerra contra Iraq; y c) de la restauración del 1% de impuesto en concepto de patrimonio de los estadounidenses. Una reconstrucción para el pueblo iraquí 5. La reconstrucción de Iraq deber basarse en la reconstrucción de la economía del país de manera que maximice satisfacer las necesidades de los 23 millones de iraquíes. Todo el proceso de contrataciones debe ser absolutamente transparente y accesible a los iraquíes que pueden no tener acceso a las conexiones de internet y a quienes se les niega el acceso a las oficinas de la ocupación estadounidense en Iraq. Los contratos deben privilegiar a las empresas locales con el fin de fortalecer y diversificar la producción local, en lugar de ser concedidos a las corporaciones estadounidenses que cargan más dinero y excluyen a los trabajadores y empresas locales. Los contratos no deben basarse en la falsa ilusión de un "campo de juego" en el que las empobrecidas empresas del [sector de] la construcción iraquí, por ejemplo, tengan que competir con Halliburton o Bechtel [3]. Las leyes laborales deben asegurar la protección de los trabajadores locales. 6. No se deberán conceder contratos a las corporaciones estadounidenses que evaden el pago de impuestos. No se deberán conceder contratos a ninguna empresa contratista que pague al ejecutivo de más alto rango de su compañía [chief executive officer, CEO] más de cien veces la base de cotización de un soldado estadounidense (12.776,40 dólares, es decir, más de 1.27 millones de dólares). Por ejemplo, Vance Coffman, CEO de [la empresa] Lockheed Martin, recibe 4,1 millones de dólares en concepto de salarios y bonos, además de más de 20 millones de dólares en ayudas opcionales; el año pasado recibió casi 2.000 veces más que la paga de un soldado raso. El Congreso y la Administración deberán recordar las palabras de F.D. Roosvelt tras la II Guerra Mundial cuando declaró "no quiero ver ni a un solo millonario que se haya creado como resultado del desastre de este mundo". 7. La privatización total de la economía de Iraq, tal y como ha sido anunciada por el procónsul de EEUU, Paul Bremer, representa una ilegal usurpación de los derechos de un futuro gobierno iraquí [4]. La privatización de los servicios públicos debería dejarse a [la decisión de] un nuevo gobierno. Al igual que nuestra propia Constitución garantiza que solo el poder legislativo tiene el derecho de aprobar leyes, solo el futuro [poder] legislativo iraquí tiene derecho a vender los recursos de su país. Un nuevo papel para NNUU 8. La Asamblea General [de NNUU] debe reafirmar su poder, en su calidad de agencia más democrática de NNUU, para tomar una posición explícita que llame a poner fin a la ocupación de EEUU, y solicitar una opinión asesora del Tribunal Internacional de Justicia sobre la legalidad de la "Guerra preventiva". Tal esfuerzo requerirá la movilización internacional de la sociedad civil global exigiendo que NNUU y, especialmente, su Asamblea General jueguen un papel central en desafiar la deriva de EEUU hacia el imperio. Tenemos que urgir a los Estados miembros de la Asamblea que dejen claro que su disposición a apoyar un papel central de NNUU en Iraq, incluido el mantenimiento de la paz y la autoridad política sobre la transición para [restaurar] la soberanía iraquí dependerá del fin de la ocupación de EEUU y Gran Bretaña. 9. La verdadera reforma de NNUU debe volver a la más alta prioridad de la agenda global. Dichas reformas incluyen la democratización -a través de la ampliación del CS, el fin del poder de veto y la ampliación del poder de la Asamblea General-, la transparencia y la creación de una agencia supervisora que controle al CS por las violaciones de la Carta de NNUU [que puedan derivarse] de sus decisiones. EEUU debe utilizar este momento para invertir su vieja oposición a la creación de una permanente fuerza militar de reacción rápida controlada por NNUU y [para ello] empezar por reconstituir el Comité de la Junta Militar establecido por mandato de la Carta de NNUU.
1. Véase
en CSCAweb: Contra la "Conferencia
de Donantes para Iraq" de Madrid: Ni un dólar ni
un soldado para apuntalar la ocupación de Iraq y Yifat Susskind: Diez razones
para oponerse a la militarización de la ayuda humanitaria
y de la reconstrucción en Iraq |
Materiales para la
contestación
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