Las estrategias políticas
utilizadas por el gobierno norteamericano, en su
afán de controlar el planeta y saquear los
recursos naturales de los países pequeños,
como es el Ecuador, se enfrentan con obstáculos
impuestos por la resistencia de los pueblos. Los
grandes negocios de las transnacionales a las que
representa el gobierno de George Bush ven cada vez
menos fácil sobreexplotar esos recursos,
porque crece un sentimiento de defensa de la soberanía
de los países, en quienes se sienten directamente
afectados por esa explotación. Esto ocurre
en el Ecuador con las transnacionales petroleras,
especialmente con la compañía Occidental,
que ha soportado, durante el paro biprovincial de
Orellana y Sucumbíos, la lucha del pueblo
por la defensa de su vida y su dignidad, y que exige
que se vaya de su territorio.
Sin embargo, la Oxy se agarra
con uñas y dientes para mantenerse en el
país, saqueando los recursos naturales y
estafando al Estado; y para ello cuenta con el mismo
gobierno norteamericano y sus embajadores, que presionan
para el nombramiento de ministros en el Ecuador,
como es el caso del ministro de Energía y
Minas, para obtener fallos absurdos e ilegales,
así como para impulsar nuevas negociaciones
en el contrato que, supuestamente, esta vez sí
beneficiaría al país.
Es importante conocer que la
compañía OXY opera cerca de dos décadas
en el Ecuador, y ha obtenido en la administración
del presidente Bush un gran poder, al punto de ser
más poderosa incluso que varios Estados,
un ejemplo es el Ecuador, donde hace y deshace,
frente a un gobierno que no puede decir nada, mientras
se violan las leyes, se pisotean contratos y la
soberanía de un país, a más
de que se contamina a su gente y el hábitat
en la Amazonia.
Las infracciones cometidas
por la compañía OXY y la compañía
ENCANA fueron más notorias en el país
(porque siempre hubieron) desde su negativa a pagar
el IVA petrolero, con lo cual pretendieron violar
el sistema jurídico que rige el país,
a pretexto de que son empresas que generan recursos
y no prestan servicios.
En el caso OXY varios gobernantes,
con su silencio cómplice, han perjudicado
al país. No han hecho nada por defender los
intereses nacionales, incluso existiendo el pronunciamiento
del procurador General del Estado, José María
Borja, sobre la urgente caducidad de esos contratos
y la presión del pueblo que exige respeto
a nuestra soberanía.
Ahora son el presidente Palacio
y el ministro de Energía, Iván Rodríguez,
quienes muestran la misma o una peor actitud servil
y temerosa; mientras que la presión de la
sociedad aumenta.
Rafael Correa, Carlos Pareja,
Enrique Gallegos Aren, que conocieron en su momento
la realidad de los contratos con estas empresas
corruptas y su mañoso accionar, opinan que
la caducidad de los contratos con esas compañías
es la única salida. Ahora también
la Comisión Cívica de Control Contra
la Corrupción, el ocho de septiembre, emitió
su informe final sobre el caso de la Occidental
Exploration and Production Compañy, en el
que constan varias puntualizaciones acerca de la
política aplicada en el área hidrocarburífera.
El informe sostiene que “... (la riqueza petrolera
del país) no ha sido eficientemente manejada
y los réditos de esta actividad no se han
devuelto en obras y beneficios para su verdadero
dueño, el pueblo ecuatoriano”. Así
mismo señala que frente al incumplimiento
de las leyes y reglamentos, la única alternativa
legal es la “caducidad del contrato con la
compañía Occidental” basada
en los siguientes incumplimientos incurridos en
forma reiterada por esta compañía:
1. Fue multada en seis ocasiones
por haber contravenido el Art. 77 de la Ley de Hidrocarburos,
al no haber respetado las tasas máximas de
producción autorizadas por la Dirección
Nacional de Hidrocarburos;
2. Infringió los Arts.
18 y 19 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento
de Operaciones Hidrocarburíferas, al no haber
notificado a la Dirección Nacional de Hidrocarburos
el inicio de la perforación de pozos;
3. Infringió el Art.
25 del Reglamento sustitutivo al Reglamento de Operaciones
Hidrocarburíferas, al no haber presentado
a la Dirección Nacional de Hidrocarburos
en 14 ocasiones el reporte final de operaciones
de perforación;
4. Violó el Art. 31,
letra c) de la Ley de Hidrocarburos al no haber
entregado a la Dirección Nacional de Hidrocarburos
la información codificada del movimiento
de crudo;
5. No entregó sus estados
financieros e inventarios a la Dirección
Nacional de Hidrocarburos;
6. Incumplió repetidamente
la regulación de entrega de petróleo
crudo del SOTE;
7. No pagó los derechos
de control anual, previstos en el Acuerdo Ministerial
238; y,
8. Infringió el Art.
31 letra k) de la Ley de Hidrocarburos y los previstos
en la cláusula 6 del contrato de participación
suscrito con el estado ecuatoriano, al no entregar
la información para el plan quinquenal.
Además de los incumplimientos
antes señalados y de la investigación
realizada por este Organismo de Control se desprende
que la compañía Occidental Exploration
and Production Company (OEPC) está sujeta
a la sanción de caducidad contractual en
virtud de lo señalado en el numeral 6 del
Art. 74 de la Ley de Hidrocarburos al no haber realizado
las inversiones mínimas comprometidas, contractualmente
se encuentra incursa en la causal de caducidad contractual
prevista en el numeral 13 del artículo 74
de la Ley de Hidrocarburos, al ser reiterativa en
la reincidencia de infracciones al ordenamiento
legal y reglamentario como son los 8 casos anteriormente
enumerados...”
Sobre este caso, la Comisión
señala también que se debería
sancionar penalmente por los perjuicios que han
ocasionado al Estado con contratos dolosos, a quienes
tienen responsabilidades administrativas, en pocas
palabras a los cómplices y actores de hechos
irregulares y se mencionan en otros boletines de
este organismo al Ing. Rodolfo Barniol, a los ex
ministros René Ortiz, Fernando Santos, Pablo
Terán, al ex presidente Jamil Mahuad, por
anormalidades en el contrato del OCP. Pero la lista
no termina ahí, pues no se investiga contrato
por contrato, con lo que faltaría espacio
para detallar culpable, entre los que constan presidentes
ejecutivos y vicepresidentes de las Filiales de
Petroecuador que han favorecido contratos con empresas
de servicios, proveedoras de materiales y las mal
llamadas remediadoras ambientales, y otras que han
lucrado y estafado al país.
El gobierno es el único
que está en capacidad de impulsar una política
petrolera justa y soberana, por lo cual debe pronunciarse
urgentemente sobre los contratos caducos e ilegales
de la OXY y ENCANA, que están ocasionando
millonarios perjuicios al Estado, que actualmente
superan los 1 800 millones de dólares anuales,
y que aumentan mientras suba el precio del petróleo.
La aparente decisión
que muestra el presidente Alfredo Palacio en torno
a revisar los contratos petroleros huele a un mecanismo
para desviar la atención del tema de fondo:
la caducidad del contrato con la Oxy. El primer
remezón a la conciencia nacional ya vino
desde las provincias amazónicas, es un sentimiento
de defensa de la soberanía que podría
reproducirse a nivel nacional, y el gobierno y Bush
lo saben.
