Palestina
* Loles Oliván es arabista y miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
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Mientras EEUU planifica en todos los frentes posibles la estrategia de la guerra contra Iraq, Israel sigue siendo el gran beneficiario de la coyuntura regional que el discurso de "lucha contra el terrorismo" de Bush ha creado en Oriente Medio. En este contexto, los aparentes movimientos que se han producido esta semana (tanto por la crisis de gobierno israelí como por la nueva propuesta de plan para reabrir el proceso negociador palestino-israelí y por el nombramiento de un nuevo gobierno de la Autoridad Palestina) no son sino piezas del 'interludio' que Israel y EEUU orquestan a la espera de la ejecución de la pieza clave: la guerra contra Iraq. Mientras EEUU planifica en todos los frentes posibles -militares, diplomáticos y mediáticos- la estrategia de la guerra contra Iraq, Israel sigue siendo el gran beneficiario de la coyuntura regional que el discurso de "lucha contra el terrorismo" de Bush ha creado en Oriente Medio. La múltiple respuesta israelí a la Intifada -amparada desde hace un año en ese eslogan-ha penetrado todas las esferas de la vida palestina, llevando al extremo no solo la catastrófica situación humanitaria y económica que viven los palestinos de los Territorios Ocupados (TTOO) desde hace diez años, sino el caos político que la debacle de los Acuerdos de Oslo y la represión militar israelí han instaurado en el seno del Movimiento Nacional Palestino. En este contexto, el aparente movimiento que se ha producido esta semana -tanto por la crisis de gobierno israelí como por la nueva propuesta de plan para reabrir el proceso negociador palestino-israelí y por el nombramiento de un nuevo gobierno de la Autoridad Palestina (AP)- no es sino el interludio que Israel y EEUU orquestan a la espera de la ejecución de la pieza clave: la guerra contra Iraq. La crisis de gobierno en Israel Tras un año y medio de gobierno de unidad nacional (en el que la represión contra el pueblo palestino ha alcanzado límites inigualables) la caída del gabinete de Sharon el pasado 30 de octubre tras la dimisión de los representantes laboristas Ben Eliezer y Simon Peres, respectivamente ministros de Defensa y de Exteriores de Israel, viene a situar nuevamente el marco preciso en que se mueve la invariable política israelí respecto a la cuestión palestina. La dimisión laborista ha venido seguida del debate en torno al presupuesto anual que debería haberse aprobado y contra el cual se posicionaron Eliezer y Peres argumentando que la partida de 147 millones de dólares destinada a incrementar la seguridad y las mejoras de los asentamientos de los TTOO debería dirigirse a atender las necesidades sociales de los sectores israelíes más empobrecidos en la grave crisis económica que afecta a Israel y a su sociedad. Eliezer había señalado en algunas comparecencias públicas enmarcadas en el debate presupuestario que Israel debería replantearse la necesidad de mantener algunos asentamientos de colonos en los TTOO para afrontar la crisis financiera que afecta a cada vez más amplios sectores sociales en Israel [1]. Pero lejos de ser ésta una crisis derivada de la divergencia sobre las medidas a ejercer al respecto de los asentamientos, de la Intifada o de la cuestión palestina en general, y lejos también de tener relación alguna con la defensa del laborismo israelí de las causas sociales en el interior de Israel, la dimisión de ambos laboristas se explica exclusivamente en clave de política interna y de partido y tiene que ver más con el reajuste que vive desde las últimas elecciones el Partido Laborista, fragmentado y sin un liderazgo definido. Ante los sectores laboristas de la opinión pública israelí, la pérdida de credibilidad que ha acumulado la actuación laborista en el gobierno de Sharon ha llevado, según las encuestas, a un descenso del apoyo que restaría hoy seis de los 25 escaños con que cuenta el Partido Laborista en el parlamento israelí [2]. Este debilitamiento no hace sino acrecentar las expectativas de mayor pérdida de liderazgo para Eliezer en su partido, lo que podría conducir a su derrota en las próximas elecciones a la dirección laborista que se celebran a comienzos de noviembre y de las que saldrá el próximo candidato a las elecciones de primer ministro. Si la explicación electoralista aclara la dimisión de Eliezer, igualmente sirve para explicar porqué Sharon ha mantenido, a cambio de la quiebra de su gobierno, el presupuesto destinado a los asentamientos objetado por los laboristas: buena parte de los votantes del Likud son los colonos que pueblan los asentamientos ilegales de los TTOO quienes, de haberse retirado el presupuesto (y con él la financiación de su mantenimiento), hubieran podido castigar a Sharon otorgando su apoyo a su rival directo, Benjamín Netanyahu. No es de extrañar, por lo tanto, que tras la decisión de mantener un gobierno sin laboristas, Sharon, además de apoyarse en los partidos de la ultra derecha religiosa y de nombrar como nuevo ministro de Defensa al general Shaul Mofaz (directamente vinculado con la masacre de Yenin) haya ofrecido al propio Netanyahu el puesto de Peres como ministro de Exteriores a fin de evitar la convocatoria de elecciones anticipadas en el plazo de tres meses. Igualmente, la dimisión de Peres está marcada por la determinación de situarse en el mejor puesto posible para un futuro en el que su falsa función como "hombre de diálogo", "mediador" y "comprometido con la paz" le permita ejercer un papel relevante en el proceso que haya de abrirse cuando EEUU -una vez lanzada la invasión y ocupación de Iraq- considere oportuno reactivar el expediente de las negociaciones palestino-israelíes. Simon Peres, vieja guardia del rancio estamento militar israelí, lleva más de diez años representando internacionalmente la cara amable del sionismo de credencial laborista que pretende, además del aniquilamiento político del movimiento nacional palestino, añadir a la hegemonía regional militar israelí, la hegemonía económica de Israel en todo Oriente Medio y venderla al mundo como "el logro de la paz". Prueba de ello vuelve a ser su eterna y renovada emergencia, esta vez como adalid de la iniciativa lanzada por EEUU con el apoyo de Rusia, la UE y Naciones Unidas para reabrir, bajo ciertas premisas de dudoso cumplimiento, un nuevo proceso que debería conducir a la creación de un Estado palestino en el 2005. Pero en esta crisis, la ausencia de discrepancia entre la línea dura que abiertamente defiende el Likud de Sharon y el ejercicio de los ministros laboristas en su gobierno ha vuelto a poner de manifiesto una práctica política inherente a la historia de Israel: que en materia de respuesta al problema palestino el consenso está garantizado y pasa siempre -vía militar o diplomática, según la coyuntura- por el mantenimiento de la ocupación y la irrenunciable aplicación en su totalidad del proyecto del sionismo en Palestina. Baste recordar a este respecto que, como ministro de Defensa, el laborista Eliezer ha sido el responsable directo (como lo fueron antes en otras ofensivas contra los TTOO los también laboristas Barak o Rabin y el propio Peres) de la reocupación militar de las Áreas Autónomas, de los ataques sistemáticos del ejército contra población y territorios, de los asesinatos extrajudiciales, de los bombardeos contra civiles, de la demolición de viviendas palestinas, de los asedios y cercos a Arafat en Ramala; en última instancia y sintetizando: responsable de la ejecución de la estrategia consensuada que Israel ha puesto en marcha para acabar militarmente con la Intifada. La Administración Bush y la cuestión palestina A finales de octubre, un nuevo enviado especial estadounidense, William Burns, se ha desplazado a la región de Oriente Medio [3] para presentar a sus aliados árabes una nuevo plan para el arreglo del conflicto palestino-israelí respaldado por la UE, Rusia y Naciones Unidas (NNUU) -el llamado Quarteto. Fruto de la coyuntura que ha situado nuevamente a Iraq como objetivo prioritario de la política belicista estadounidense, la respuesta actual de la Administración Bush a la exigencia de su mediación en el conflicto palestino-israelí, está fundada en la necesidad de recabar el apoyo de sus aliados árabes para la guerra contra Iraq y combatir el rechazo popular árabe a su intervensionismo regional y a su respaldo impúdico a Israel en la brutal contención de la Intifada. La intervención actual de la Administración de EEUU en el anquilosado conflicto palestino-israelí, reclamada por sus aliados árabes, por la AP y por los grandes de la comunidad internacional oficial, ha derivado en un dictado de obligado acatamiento que ha forzado a Arafat a sucumbir contra su propio pueblo y contra si mismo en la lucha "contra el terrorismo". Dictado que EEUU sustenta al adoptar como propia la unilateral determinación israelí de suplantar a su conveniencia la interlocución palestina, poner fin a las milicias de la resistencia y acabar con la Intifada. Desde finales del año 2001, EEUU ha condicionado su apoyo a un Estado palestino siempre y cuando Israel vea satisfechas las exigencias propias respecto a su seguridad, que el gobierno de Sharon ha sabido tan beneficiosamente vincular al discurso "contra el terrorismo" de Bush para incrementar la ofensiva de represión contra la población, la resistencia y las instituciones palestinas. De allí se deriva el protagonismo concedido a la cuestión palestina en el discurso de Bush del pasado 25 de junio sobre Oriente Medio [4] y el pronunciamiento a favor de la creación de un Estado palestino -cumplidas ciertas condiciones- que EEUU apoyará "cuando el pueblo palestino tenga nuevos líderes, nuevas instituciones, y nuevos acuerdos de seguridad con sus vecinos"; Estado palestino "cuyas fronteras y ciertos aspectos de su soberanía serán provisionales, hasta que la cuestión se resuelva dentro del contexto de un acuerdo final para todo Oriente Medio". El interés político de la Administración estadounidense por la cuestión palestina únicamente tiene consistencia cuando se integra en los planes de su política regional. Sirva de ejemplo el proceso de paz iniciado en 1991, lanzado por EEUU solo cuando la guerra y el embargo contra Iraq abrieron por la vía del intervencionismo militar, económico y político el espacio ideal para la potenciación de sus intereses hegemónicos en Oriente Medio y ello requería un arreglo favorable a la normalización regional de Israel y, por tanto, de la cuestión palestina. En el momento actual, y ante el impasse imperante hasta que la crisis iraquí se resuelva favorablemente para EEUU, la Administración Bush únicamente mide y expresa su posición política respecto a la cuestión palestina en función del respaldo que debe dar a Israel cuando la comunidad internacional condena los excesos de su violencia contra todo lo palestino. En todo caso, la pantomima de mantener un compromiso formal con la creación de un futuro Estado palestino y el envío de un nuevo representante a la zona solo sirve a la diplomacia de ganar adeptos entre los regímenes árabes para su guerra contra Iraq y a su inútil lavado de cara ante las sociedades árabes [5]. Por ello, igualmente, EEUU acepta en la actualidad del impasse la intervención diplomática de terceros como la UE, Rusia y Naciones Unidas en la formulación de un nuevo plan de arreglo para palestinos e israelíes que (retomando los criterios estadounidenses e israelíes) está condenado al fracaso, pues no se puede pretender hacer la paz con una Palestina aniquilada en población y dirección política cuando se está imponiendo, además, la guerra sobre Iraq. La aceptación estadounidense del Cuarteto en una cuestión en la que solo EEUU se otorga el derecho a intervenir, entronca igualmente con la inconveniencia de mantener públicamente una actitud de apoyo explícito a Israel cuando se sigue reclamando a la comunidad internacional el apoyo a su lucha "contra el terrorismo" y el respaldo de NNUU a su guerra contra Iraq mientras se desentiende de la cuestión palestina. Asimismo, la falacia del interés formal de la Administración Bush en la cuestión palestina se contradice con la determinación práctica con que todos sus representantes oficiales, desde el presidente hasta los enviados especiales pasando por el secretario de Defensa Powell, respaldan explícitamente las consideraciones políticas de Sharon -cuando rechaza a Arafat como interlocutor palestino y exige el nombramiento de una nueva dirección palestina [6], o consienten implícitamente con su actuación sobre el terreno- con el proyecto de aniquilación de todo el pueblo palestino y de su presidente, con la ocupación, con la aplicación mantenida del transfer masivo (provocación del éxodo forzado de población palestina por la vía militar o por la no menos dramática de la inanición, la miseria y el miedo), con la violencia del ejército y de los colonos, con la devastación y el empobrecimiento y con la alteración de la realidad a través de los hechos consumados. El plan del 'Cuarteto': un nuevo Oslo sin Arafat El 17 de septiembre pasado los representantes del Cuarteto(EEUU, Rusia, la UE y Naciones Unidas) hicieron público el nuevo plan para la paz en Oriente Medio en el que se asientan las bases de un denominado roadmap ("mapa vial" en su versión aproximada al castellano) concreto y a ejecutar en tres fases para alcanzar un arreglo político entre palestinos e israelíes en un periodo de tres años [7]. La primera fase (desde 2002 hasta la primera mitad de 2003) establece los criterios de actuación para proceder a una reforma global en la seguridad, para la retirada de Israel a sus posiciones previas al 28 de septiembre de 2000 (inicio de la Intifada y de la reocupación de las Áreas Autónomas) "según vaya mejorando la situación", y para apoyar la celebración de elecciones palestinas "libres, justas y creíbles" a comienzos de 2003, basadas en las recomendaciones establecidas por el Cuarteto para el programa de reformas palestinas. Una segunda fase (a desarrollarse en 2003) en la que los esfuerzos se orientarán a "la opción de crear un Estado palestino con fronteras provisionales basado en una nueva constitución, como 'periodo de transición' (way station) a un arreglo del estatuto permanente". En su fase final (2004 y 2005) el plan prevé negociaciones palestino-israelíes orientadas a una solución de un estatuto permanente para 2005. Asociado al proceso, el Cuarteto estima que "el plan no tendrá éxito a menos que se apliquen las dimensiones políticas, económicas, humanitarias e institucionales y debe avanzar con pasos recíprocos tomados por las partes en cada una de las fases". Igualmente, el plan estipula que será el Cuarteto quien supervise y asesore a las partes. Este nuevo plan de factura estadounidense reitera las bases de las anteriores recomendaciones del Informe Michael y el Plan Tenet [8] y abunda en la exigencia de que sean los palestinos quienes garanticen la seguridad de Israel. Así, la primera fase requiere a la AP -asumiendo las exigencias que Israel y Washington vienen haciendo a Arafat desde comienzos de año- que ponga fin a la Intifada armada, que reorganice sus fuerzas policiales en un comando unificado y que reestablezca la "cooperación sobre seguridad" con Israel. Solo a cambio, se espera que Israel ponga fin la ofensiva de castigo en los TTOO, incluyendo las invasiones, las demoliciones de viviendas y la devastación de la tierra agrícola. Por sus características, este plan hace honor a la máxima del sionismo según la cual los hechos consumados ilegalmente pueden alterar tanto la realidad que en el recorrido improbable de retorno a la legalidad siempre se habrá ganado algo para Israel. Se requiere del gobierno israelí que retire sus tropas a las posiciones previas al 28 de septiembre de 2001. Esas posiciones no eran sino los mal aplicados acuerdos que se derivaron de la retirada parcial israelí en el marco de Oslo y que convirtió a los TTOO en un espacio discontinuo, cantonalizado en áreas autónomas disgregadas y territorios ocupados controlados ambos por el ejército israelí y por los asentamientos ilegales de colonos. Las áreas autónomas (el limitado espacio donde la AP tenía un también limitado poder administrativo y policial) fueron en su mayoría reocupadas por el ejército de Israel -primero a las ordenes de Netanyahu y Barak y después de Sharon y Eliezer- en el curso de los dos años de Intifada. Un arreglo basado en la retirada a estas posiciones está condenado al fracaso porque, al igual que el mapa de Oslo, pretende crear para Israel un nuevo referente territorial que oculta la realidad de su ocupación ilegal desde 1967 de todos los TTOO. Igualmente, y por esa misma lógica de creación de nuevos referentes, el enviado especial Burns no ha mencionado a la delegación palestina que lo recibió el desmantelamiento de los asentamientos de colonos. En su encuentro con los palestinos, Burns únicamente se refirió al "desmantelamiento de los ilegales 'puestos avanzados' (outpost)" [9], un eufemismo que designa los nuevos puestos de control militar instalados ilegalmente por el ejército israelí en el proceso de reocupación de los últimos dos años. Respecto a los asentamientos, únicamente el texto original de 17 de septiembre firmado por el Cuarteto señala que "de acuerdo con las recomendaciones del Informe Mitchel, la actividad israelí de los asentamientos en los TTOO debe parase". Nada ha dicho Burns ni nada dice el texto base del Cuarteto de Jerusalén ni de los refugiados palestinos que se supone son cuestiones cuya resolución se pospone -al igual que hiciera Oslo- para un futuro indeterminado. Por el contrario, el plan es bien explícito cuando se trata de abordar lo que debe hacer la parte palestina al requerir que nombre un presidente con poderes, redacte una constitución que delegue la autoridad a los líderes locales y que elija a un nuevo Consejo legislativo a través de un proceso electoral en el 2003 [10]. Mientras Sharon ha negado ninguna concesión por parte de Israel a este plan -que ya le fue consultado en su última visita a Washington el pasado mes de octubre- a menos que "se condicione a una acción determinada contra el terror y la incitación" los representantes palestinos han respondido que ninguna acción puede llevarse a efecto sin que se produzca previamente la retirada israelí de los pueblos y ciudades palestinas y se congele de manera inmediata e incondicional la construcción de asentamientos. [11]. De igual modo, es difícil prever cómo se puede poner en marcha un plan en el actual y contradictorio proceso de reformas políticas que la AP se ha visto forzada a emprender y que, de acatarse estrictamente las exigencias de Israel y EEUU, obligaría al propio Arafat a abandonar su puesto y nombrar un nuevo presidente para la AP. Por todo ello, y parafraseando a Grahm Usher "todos [estadounidenses, israelíes, palestinos y miembros del cuarteto] son conscientes de que el plan es un tren aparcado en la estación. No se moverá hasta que la cuestión de Iraq se resuelva. Y para entonces, tanto el plan para la paz como el mapa de la región pueden haber cambiado tanto como para que ninguno los reconozca" [12]. La convulsa reforma palestina Condenado por Sharon y presionado por Bush, Arafat pretende mantener su supervivencia política dando respuesta a través de las reformas internas que ya no solo Israel y EEUU sino la propia UE y Rusia exigen desde mayo del 2002. El proceso de reformas forzado ha operado desde entonces en la plasmación de dos dinámicas que se contraponen: mientras Israel y EEUU exigen las reformas para modificar en beneficio propio el mapa político palestino y forzar una nueva dirección palestina más conveniente a sus intereses, los grupos políticos palestinos reclaman que las reformas de la AP den respuesta a las exigencias de renovación política, de planificación colectiva de una estrategia nacional y de corrección de los desvíos de su dirección. En esta dinámica interna, la disidencia política ha emergido abiertamente mezclándose con los intereses de poder (muy sintomáticamente en el seno de la propia organización de Arafat, Fatah) en dos cuestiones claves: cómo ejercer la resistencia a la ocupación israelí en la Intifada y cómo reorganizar el poder. Desde finales de mayo, y atendiendo a las exigencias de Washington y de Israel, los representantes de la AP y algunos miembros fieles a Arafat del grupo mayoritario de Fatah abrieron una vía de consultas con las diferentes facciones palestinas con el fin de obtener su respaldo para el proceso de reformas y la creación de un gobierno de unidad nacional. Todos los grupos políticos palestinos lo rechazaron poniendo de manifiesto el desacuerdo mayoritario con la AP. Frente a la posición oficial que asociaba las reformas a poner fin a la resistencia armada en la Intifada, Hamas y Yihad reivindicaron su continuación. Fatah, por su parte, mostró su división interna cuando el sector más joven de la formación palestina expresó a través de su Alto Comité de Cisjordania que las reformas deberían incluir tres aspectos fundamentales: el primero, que el nuevo gobierno de la AP debería constituirse principalmente por técnicos coordinados cuya única labor sería proveer servicios eficientes y transparentes a la población palestina devastada por la represión militar y económica israelí; el segundo, que fuese una revitalizada OLP quien negociase con Israel, en contra de lo establecido hasta el momento, en que las negociaciones más importantes dependen de los jefes de la seguridad palestina y de asesores económicos del Kurdistán [13], y tercero, que debería pactarse un acuerdo con todas las facciones políticas palestinas, incluida Hamas, para establecer los medios y planificar la coordinación de la resistencia. Lejos de atender las peticiones del sector más crítico de Fatah, y a la luz de las aclaraciones estadounidenses hechas a Arafat por el director de la CIA, George Tenet (el 4 de julio de 2002) al respecto de lo que significan las reformas para EEUU (desarme de las milicias palestinas; reagrupación de los diferentes servicios de seguridad de la AP en un solo cuerpo y su sometimiento a un "Cconsejo de seguridad nacional" supervisado por EEUU, la UE y Egipto [14]) Arafat disolvió el Alto Comité de Fatah y nombró, con el respaldo de su vieja guardia y aislando a sus críticos del partido, un nuevo Consejo Revolucionario de Fatah (CRF) que se pronunció contra las acciones armadas palestinas en el interior de Israel, contra las milicias organizadas de la resistencia y a favor de popularizar la Intifada para dotarle de un carácter civil y pacífico. Igualmente, introdujo parcialmente las modificaciones requeridas por el plan estadounidense de la CIA para las fuerzas de seguridad. Fruto de esa reforma, el jefe de la seguridad de Cisjordania, Yibril Rayub, fue destituido, lo que ocasionó revueltas entre las fuerzas de seguridad palestinas leales a su comandante. Igualmente, Mohamed Dahlan, jefe de la seguridad en Gaza abandonó su puesto. Tanto Rayub como Dahlan han sido figuras fundamentales en los acuerdos de seguridad alcanzados con Israel y son ambos candidatos a la sustitución de Arafat bien vistos por EEUU e Israel. Mohamed Dahlan ha sabido mantenerse al margen de cualquier otro nombramiento (incluido el de ministro de Interior que Arafat le ofreció en su gobierno de junio de 2002) a la espera de neutralizar a sus adversarios políticos y preparar el camino para lanzar su mejor posición como sustituto de Yaser Arafat. Afrontado el cambio en las fuerzas de seguridad, Arafat puso en marcha las recomendaciones del Banco Mundial y de la UE para la reconstrucción y la transparencia financiera en varios ministerios de la AP promoviendo el nombramiento de un nuevo gobierno de transición en junio de 2002 hasta la celebración de nuevas elecciones legislativas y municipales anunciadas para comienzos del 2003. El 9 de septiembre, tras tres meses de impedimento por el cerco israelí de Ramala, Arafat convocó en las oficinas de la AP de la Muqata' la reunión del CLP para someter a su aprobación exclusivamente el nombramiento de los cinco nuevos ministros del gobierno creado en junio. El día anterior Israel había emitido una orden que prohibía a 13 miembros del CLP desplazarse desde Gaza a Ramala para atender la sesión acusados de participar y apoyar "operaciones terroristas" [15]. Los parlamentarios palestinos (en su mayoría pertenecientes a Fatah) se posicionaron mayoritariamente en contra de que únicamente se sometiera al CLP la aprobación de los cinco nuevos miembros y no de todo el gobierno. Con su rechazo se visualizó la abierta quiebra de Fatah y la lucha interna que el emergente sector de la organización que ha tomado parte activa en la Intifada viene ejerciendo contra la dirección política establecida en su organización y en la AP. Básicamente, la negativa a poyar al nuevo gobierno por parte de esta corriente de Fatah se derivó de dos demandas desatendidas por Arafat: la renovación de, al menos, ocho ministros que habían sido acusados de corrupción en reiteradas ocasiones por el CLP (entre ellos, Nabil Sha'at y Yaser Abel Rabo), y la de nombrar un nuevo presidente de gobierno que pudiera debilitar los métodos autocráticos y patrimonialistas de Arafat. [16]. Ante la previsión de que el CLP no aprobase un voto de confianza solicitada por Arafat, el nuevo gobierno decidió el 11 de septiembre dimitir en bloque y el presidente de la AP quedó comprometido en formar un nuevo gobierno para someterlo a la aprobación del CLP en una sesión posterior. El rechazo del CLP y la dimisión del gobierno enfatizaron el debate en medios políticos palestinos en torno a la conveniencia y/o necesidad de que Arafat designe un nuevo candidato a presidente del gobierno de una AP reformada antes de las elecciones previstas para 2003. Recuperada la imagen pública por el apoyo popular recibido en las manifestaciones del 21 y 22 de septiembre en los TTOO durante el asedio y cerco que sufría en la Mutaqa', Arafat desestimó atender las demandas al respecto del nombramiento alegando que tal designación solo de producirá cuando se establezca un Estado palestino y que un nombramiento en ese momento significaría una concesión a la determinación de EEUU e Israel de eliminarlo de la escena política palestina precisamente cuando el ejército trataba de aniquilarlo físicamente en Ramala. [17]. En su lugar, Arafat volvió a centrar el debate de la reforma palestina en la necesidad de que Israel se retirase de los territorios reocupados, permitiese las mejoras de las condiciones de vida palestinas y levantase el cerco a la Muqata', remitiéndose al cumplimiento de la resolución 1435 (2002) de 24 de septiembre, adoptada por el Consejo de Seguridad y que reclama la retirada israelí de las posiciones ocupadas desde septiembre de 2000 [18]. Arafat fue liberado del cerco israelí el 29 de septiembre, tras diez días de asedio y solo cuando se impuso ante Israel la consideración de EEUU al respecto de que el aislamiento y ninguneo de Arafat estaba dañando sus esfuerzos diplomáticos para recabar apoyos a la guerra contra Iraq entre sus aliados árabes. El segundo aniversario de la Intifada se celebró en los TTOO con manifestaciones populares y con declaraciones de todos los sectores del Movimiento Nacional Palestino acerca de la necesidad de mantener el levantamiento. De nuevo, el debate en torno a cómo proceder con la resistencia permitió a la oficialidad de Fatah reclamar una resistencia pacífica frente a las acciones armadas que propugnan Hamas, Yihad, el FPLP y los sectores críticos de Fatah; un debate que para estos grupos carece de fundamento cuando la agresividad israelí mantiene la ofensiva final contra Gaza reocupando amplias áreas de la Franja y aniquilando a civiles palestinos y activistas de la Intifada. Paralelamente, mientras Arafat retomó la tarea de formar un nuevo gobierno (retrasada por la ocupación y cerco israelí de Ramala) el debate en torno al nombramiento de un presidente para la AP quedó zanjado por el Consejo Central de Fatah que el 2 de octubre emitió la consigna a la organización de no plantear esta cuestión en tanto no se haya establecido un Estado palestino [19]. ¿Un gobierno de unidad? En la elección de un nuevo gobierno, tres elementos fueron determinantes: a) elegir a personas con experiencia y garantías de integridad a fin de dotar de seriedad a la reforma y garantizar la aprobación del CLP; b) mantener el compromiso de la celebración de elecciones encargando mediante decreto presidencial la creación de un Comité Electoral integrado por acreditadas figuras honestas y cualificadas que asegurasen la preparación de las elecciones libres y participativas incluidas en Jerusalén Oriental-; y c) contar con el respaldo de las fuerzas políticas y las figuras independientes palestinas para aproximarse a un gobierno de unidad nacional. Para ello, Arafat abrió desde comienzos de octubre varias rondas de contactos y consultas con el Comité Ejecutivo de la OLP, el Comité Central de Fatah, [20] , con ciertos miembros del CLP, así como con el FPLP, FIDA, FDLP y el PPSF (ex comunistas). Tanto el FPLP como el FDLP rechazaron la propuesta de participar en el gobierno. Abdul Rahim Mallouh, miembro de la secretaría general del FPLP adujo razones políticas al no haberse modificado la posición de su organización respecto a que lo prioritario es alcanzar un acuerdo nacional sobre la posición política en la situación actual y la definición de una estrategia para el futuro próximo [21]. Por su parte el FDLP, rechazó igualmente la propuesta hecha a su secretario general Qays Abdul Karim Samerai, que fijó la posición se su organización en los siguientes términos: "No puede rectificarse la posición interna palestina reemplazando a unas personas por otras en el gobierno; debe hacerse cambiando el modelo, la política y el programa". [22] A pesar de las especulaciones a cerca de que el sector disidente de Fatah volvería a presionar para que el grupo mayoritario del CLP rechazase el nuevo gobierno, la influencia de la vieja guardia del Comité Central de Fatah y, particularmente, la determinación con que el enviado de EEUU, Burns, había condicionado la aplicación del plan del Cuarteto al nombramiento de un nuevo presidente en la AP, determinó un apoyo favorable al gobierno de la mayoría de Fatah en el CLP como muestra de respaldo a Arafat en contraposición a la exigencia de Israel y EEUU. Apoyo que finalmente se materializó el pasado 29 de octubre cuando Arafat presentó su gobierno y lo sometió a la aprobación del CLP [23]. En una sesión atendida por 78 miembros, 56 votaron a favor del gabinete propuesto y 18 (la mayoría independientes o del bloque islamista) en contra. Cuatro, incluido el dimitido ministro Nabi Amr, miembro de Fatah, salieron de la sala durante la votación en señal de protesta. Otro miembro de Fatah, Husam Jader, rechazó asistir a la sesión. A pesar de los requerimientos de mediación hechos por la AP ante la UE para que Israel permitiese la salida de 13 parlamentarios de Gaza, debieron atender la sesión por videoconferencia pues las autoridades militares de Israel les denegaron los permisos. Esta situación es reveladora del alcance real que pueda tener cualquier programa de reforma en la AP cuando la autoridad militar israelí se abroga el derecho de determinar quien acude y quien no a una reunión del CLP. Según lo expresó el parlamentario Abbas Zaki, "Sorprenderá saber que personalmente no me preocupa ni el programa de gobierno, ni sus miembros ni su voto de confianza. La prohibición de que algunos miembros del CLP puedan asistir a la sesión del Consejo prueba que ni el presidente ni el gobierno pueden ejecutar ningún programa". [24] En su discurso ante el CLP Arafat esbozó las líneas generales del nuevo gabinete ys u compromiso con la preservación de "la unidad nacional de acuerdo con nuestras tradiciones democráticas bajo el marco de una autoridad, con el respeto de la ley y la construcción democrática a través de las elecciones presidenciales y municipales bajo supervisión internacional [25]. Asimismo, continuar el proceso de reformas en todos los campos atendiendo prioritariamente las cuestiones de la seguridad, la judicatura, la educación, la salud la economía y el empleo [...] así como el manejo de las finanzas públicas y la reconstrucción de lo que la ocupación israelí ha destruido" [26]. La composición del gobierno revela un limitado cambio de perfil al mantenerse figuras que ya han ocupado carteras en gobiernos anteriores, algunas de las cuales habían sido mayoritariamente criticadas por los miembros del CLP, como es el caso de los desprestigiados Yasser Abed Rabbo y a Nabil Shaath que repiten como ministros de Información y Cultura y de Planificación y Cooperación Internacional respectivamente. Junto a ellos se mantiene Salam Fallad como ministro de Hacienda (cuya labor ha sido reconocida por las instancias económicas internacionales, por EEUU y la UE desde que iniciara la reforma financiera de la AP tras su nombramiento el pasado junio). Igualmente se mantiene el nombramiento de Junio de Gashan Jatib como ministro de Trabajo. Entre los nuevos nombramientos destaca como ministro de Interior Hani al Hasan (miembro fundador de Fatah, asesor de Arafat, presidente del Comité de relaciones Exteriores del Consejo Nacional Palestino y miembro del Comité Central de la OLP) que substituye no solo a Abdel Rizaq al Yahia en su puesto sino a Yamil Tarifi (al integrarse en el de Interior el ministerio de Asuntos Civiles que éste encabezaba). Al Yahia había sido duramente criticado por sus declaraciones contra las milicias palestinas; Tarifi, por su parte, había sido denunciado por corrupción en el desempeño de sus labores con las autoridades israelíes. Otros nuevos ministros son: Samir Ghoshen (miembro del Frente de Lucha Popular Palestina, PLPP; Ghosen había sido ministro de Trabajo hasta su dimisión en 1998) como ministro para los Asuntos de Jerusalén; el ex fiscal general Zuhair Surani, (independiente) como ministro de Justicia; Ahmad al Shibi (miembro del Consejo Legislativo de Fatah) como ministro de Sanidad y Hisham Abu Rizaq (miembro, igualmente del Consejo Legislativo de Fatah) como ministro para los Asuntos de los Presos y Detenidos. Balance final Respaldado por EEUU, el ahora quebrado gobierno de unidad nacional Likud-Laborista ha venido realizando en el último año uno de los designios estratégicos del sionismo israelí: debilitar hasta su extinción la dirección política palestina a fin de substituirla por elementos que adopten sin pudor el programa israelí para Palestina: mantenimiento de la ocupación, anulación del derecho al retorno de los refugiados y aniquilación progresiva de la presencia nacional palestina. Los Acuerdos de Oslo fueron el marco diseñado por EEUU y el laborismo israelí para propiciar, a través de la instauración de la AP, la emergencia de una clase política palestina vulnerable a los dictados israelíes a cambio de réditos económicos, poder limitado y prebendas de falsa legitimación internacional. En ese marco, la deriva del poder oficial palestino, sujeto al diseño de la dependencia territorial, política y económica de Israel y sometido a las directrices marcadas por EEUU para un "Nuevo Orden Regional", situó a la sociedad palestina en una crisis multifacética sin precedentes en la que las reivindicaciones nacionales y las referencias políticas (grupos e ideologías que conformaron la lucha histórica palestina en la OLP) quedaron, para beneficio de Israel, neutralizadas y/o represaliadas en el entramado de la falsa paz de Oslo. Solo la Intifada pudo quebrar, aún a costa de más sacrificios y humillación colectivos, la perpetuación de un falso orden que, lejos de beneficiar las aspiraciones y derechos palestinos únicamente pretendía otorgar a la ocupación israelí un marchamo de legitimidad con la aprobación de una clase dirigente en muchos casos corrupta y vasalla de Israel y de EEUU. Uno de los aspectos menos reseñados pero más cruciales de la Intifada palestina es el traumático proceso que atraviesan las fuerzas políticas palestinas en el contexto de la lucha colectiva contra la ocupación para la reactivación de su papel tras diez años de anulación en el marco de Oslo. El esfuerzo de recomposición del mapa político palestino que están llevando a cabo las fuerzas políticas palestinas en los TTOO desde que estalló la segunda Intifada -inmerso en la lucha cotidiana por la supervivencia física y política frente a la represión israelí- solo es comparable a aquél que Israel ejerce sistemáticamente para quebrar cualquier atisbo de reorganización que pueda dar al traste con uno de los objetivos explícitos del gobierno de Sharon: liquidar la representatividad política palestina (oficial y disidente) y, con ella, la resistencia palestina. Para ello, la vía libre otorgada a Israel por EEUU tras el 11 de septiembre bajo el pretexto de asumir como propio el discurso de "lucha contra el terrorismo" de la Administración Bush ha resultado altamente eficaz no solo para intensificar la represión colectiva contra toda la sociedad palestina sino para polarizar hasta lo absurdo la quiebra política interna palestina. La exigencia de EEUU y de Israel de que fuese Arafat y la AP quien resolviese la cuestión de la seguridad identificándola como "lucha contra el terrorismo" contra su propio pueblo a finales de 2001, acrecentó la imagen de la AP como salvaguarda de los intereses israelíes y estadounidenses frente a los de la población palestina, particularmente cuando la AP, a instancias del gobierno Sharon y de Bush, y de acuerdo con la funcionalidad que Oslo le había asignado, intensificó la represión contra los activistas palestinos islamistas y nacionalistas de la Intifada. [27]. Sin embargo, el esfuerzo oficial palestino por mantener el difícil equilibrio como representante legítimo del pueblo palestino aceptando simultáneamente -a cambio de supervivencia política- las exigencias israelíes encontró únicamente la posición más extrema del gobierno de Sharon, volviendo el discurso de "lucha contra el terrorismo" contra el propio Arafat hasta aislarlo física y políticamente, con tanques y ocupación militar, en los cercos de Ramala. En los seis meses transcurridos desde el primer cerco a las oficinas de Arafat en Ramala hasta el último, en septiembre, la legitimidad otorgada a la AP y Arafat derivada de Oslo y de las elecciones palestinas de 1996, se ha perdido no por efecto de la voluntad popular palestina (a quien no se le ha pedido pronunciamiento en los últimos cinco años en que la AP retrasó, sistemáticamente y contraviniendo la legalidad democrática, los procesos electorales municipales y legislativos previstos) sino por la determinación israelí, respaldada por la Administración Bush, de anular al presidente Arafat como representante e interlocutor palestino. Son Israel y EEUU, y no el pueblo palestino, quienes determinan, en función de los intereses propios, quién y quien no está legitimado para representar al pueblo palestino. En este contexto, las denuncias internas sobre los excesos y desmanes de muchos de los dirigentes de la AP en los últimos años, la denuncia de la corrupción instalada en el poder y, sobre todo, la crítica política emanada de importantes sectores políticos, intelectuales, sociales y populares palestinos al respecto de la actuación de la AP, es decir, lo que constituiría el fundamento esencial para reclamar un proceso de reforma política interna, ha quedado desdibujado y suplantado por la exigencia de reformas que Israel y EEUU han impuesto con el único fin de promover para su conveniencia una nueva representatividad palestina capaz de firmar lo que Oslo no alcanzó: la rendición. Notas: 1. Ha'arezt,
31 de octubre de 2002 |
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