* Loles Oliván es arabista y miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
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Palestina: Documento de los veinte
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31 de julio de 2002. CSCAweb (www.nodo50.org/csca)
El pasado 15 de mayo, Arafat anunció ante el Consejo Legislativo Palestino (CLP) la apertura de un periodo de reformas en el seno de la Autoridad Palestina (AP), que además de avanzar en el establecimiento de un proceso electoral para principios del 2003, se asoció directamente con el cambio inmediato de gobierno de la AP y con la reestructuración de las fuerzas de seguridad palestinas. Este anuncio de Afarat se producía inmediatamente después del asalto militar israelí a las Áreas Autónomas en Cisjordania y tras reiteradas exigencias manifestadas informalmente por Washington e Israel en tal sentido. Previamente, y como señalaba la prensa estadounidense el 16 de mayo [1], la Administración Bush habría propuesto un paquete de ayudas de 70 millones de dólares para garantizar la reconversión de los 12 cuerpos de seguridad palestinos (que suman un total de 30.000 efectivos) en una única agencia, y financiar su entrenamiento y sus sistemas de seguridad. La ayuda estaría condicionada al compromiso palestino en la reforma de la estructura de las fuerzas de seguridad, la eliminación de la corrupción y la confiscación de las armas palestinas en las Áreas Autónomas. Igualmente, a comienzos de mayo, el denominado Comité de Gastos del Congreso estadounidense aprobó la concesión de 50 millones de dólares de ayuda humanitaria para los palestinos, si bien en proyectos de destino no especificados. Contrariamente a lo que pudiera parecer, la concesión de estas ayudas en este momento (por lo demás nada relevantes si se comparan con las que EEUU dona a Israel anualmente [2]) no están destinadas a reforzar a las instituciones palestinas. Por el contrario, tienen un significado político preciso en el marco de la actual "política antiterrorista" de EEUU, así como una repercusión concreta en la cuestión palestina: el Congreso estadounidense ha propuesto legislar a favor de la imposición de sanciones a la OLP que incluyen la congelación de sus activos financieros y la prohibición a Arafat y a sus asistentes directos de entrar en EEUU. La aplicación de esta legislación implicará asimismo la obligación de que el presidente Bush informe al Congreso cada 90 días sobre el compromiso de la OLP en su "lucha contra el terrorismo". Semanas más tarde de producirse este anuncio, en su discurso oficial del 24 de junio [3], el presidente Bush fijó formalmente las bases de la Administración de EEUU para reabrir el proceso a un arreglo de la cuestión palestina, que esbozaba el apoyo estadounidense a la creación de un Estado palestino provisional a condición de que "los palestinos acepten la democracia, hagan frente a la corrupción y rechacen el terrorismo con firmeza". Previamente, ya el 4 de junio el director de la CIA, George Tenet había remarcado ante Arafat que la reforma de la AP pasaba prioritariamente por la transformación de las fuerzas de seguridad palestinas, poniendo fin a la resistencia armada palestina -desmantelando a las milicias, en suma-, procediendo a la unificación del mando de los diferentes cuerpos de seguridad palestinos y sometiéndolo a un Consejo de Seguridad Nacional de nueva creación, supervisado directamente por EEUU, la UE y Egipto. La relevancia de esta imposición estadounidense no es baladí:
Por todo ello, el discurso de la Administración Bush acerca de la urgencia de reformar democráticamente la AP y acabar con la corrupción en su seno no puede ocultar el verdadero interés estadounidense e israelí de crear un nuevo liderazgo palestino más favorable a sus intereses. Con ello, EEUU e Israel no solo pretenden suprimir de un plumazo a quien ha representado durante décadas la existencia de la lucha nacional palestina, sino que sustraen y pervierten el verdadero significado de una reforma profunda y democrática de las instituciones palestinas tan necesaria y reivindicada desde hace años por el conjunto de su sociedad. Además, merece la pena no olvidar que esta exigencia de reforma interna palestina se ha producido en un momento en que la ofensiva militar israelí ha creado una situación catastrófica desde el punto de vista humanitario y asistencial en las Áreas Autónomas, que hace imperativo tomar decisiones inmediatas y concretas para atender las necesidades básicas de la sociedad palestina [5]. Siendo ello prioritario, su resolución práctica y, sobre todo, eficaz, parece compleja habida cuenta de que Israel ha creado una nueva realidad en la que la AP, con sus infraestructuras desmanteladas, ya no tiene capacidad de actuar ni siquiera en los parámetros más limitados que le otorgó en su día los Acuerdos de Oslo. La ayuda que las instancias internacionales -particularmente la UE- deberán facilitar para la reconstrucción de la infraestructura civil palestina, mediante ayudas institucionales directas o vía ONG, exige la definición previa de un marco institucional en el que los gestores palestinos sean reconocidos y legitimados esencialmente por la Administración Bush. [6] ¿Reforma democrática o reajuste interno de poder? La institución de la AP como autoridad política, administrativa y militar surgió de los Acuerdos israelo-palestinos de Oslo con un carácter de soberanía limitada y duración transitoria que, según el calendario establecido en su día, debería haber durado tres años, hasta el término del periodo interino que debía dar paso a la constitución del Estado palestino. En las elecciones presidenciales y legislativas de enero de 1996, la AP refrendó su competencia institucional en las Áreas Autónomas, siendo Arafat respaldado como presidente con un 87,1% de los votos de los electores palestinos. De las elecciones legislativas celebradas paralelamente surgió la composición de un CLP mayoritariamente integrado por diputados de al-Fatah, la formación política mayoritaria que preside Arafat. En 1997 el CLP elaboró un borrador de Ley Básica o Constitución palestina, que, al igual que los proyectos que debían regular la separación y funcionamiento democrático de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), ha estado paralizado para su aprobación por el gobierno de Arafat desde 1997. Este hecho, se ha venido denunciando reiteradamente en los últimos años y desde muchos sectores del CLP y de otras organizaciones palestinas como sintomático del nulo interés del presidente Arafat por favorecer un sistema realmente democrático en la AP, mientras en su seno se instalaban prácticas autoritarias de poder. La ineficacia de unas instituciones excesivamente burocratizadas -asociadas en muchos casos a la corrupción y al clientelismo de sus responsables- ha contribuido a consolidar el centralismo de Arafat y de su estrecho círculo de colaboradores dentro la AP. Ya en su día, el manifiesto "La Patria nos llama" (27 de noviembre de 2000), firmado por diferentes personalidades de la sociedad palestina [7], hizo trascender abiertamente en las Áreas Autónomas y en el exterior la abierta crítica de amplios sectores palestinos contra el funcionamiento de la AP. Varios diputados palestinos han dimitido a lo largo de estos últimos años, y muchas personas han sido enjuiciadas y condenadas por denunciar públicamente los desmanes autoritarios y corruptos de algunos representantes de la AP. A nadie se le escapa que es el mismo sistema judicial controlado por la AP y que ha rechazado afrontar las reformas imperantes promovidas por el CLP y reclamadas por las organizaciones palestinas, el que ha servido para condenar y encarcelar, a través de procedimientos sumarios en el Tribunal de Seguridad del Estado -demasiadas veces sin garantías- a las figuras críticas palestinas que se han pronunciado contra el poder de la AP y/o contra su papel en el proceso de Oslo. Todo ello ha de sumarse al papel político de la dirección palestina en la medida en que la doble legitimidad de Arafat -la que ostenta como depositario histórico de las aspiraciones nacionales palestinas, refrendada en las únicas elecciones presidenciales de 1996, y la que le otorgaron las instancias internacionales, EEUU e Israel fundamentalmente en el marco del proceso de Oslo- se ha revelado abiertamente contradictoria y excluyente, pues no se puede ceder permanentemente ante Israel procurando mantener, al mismo tiempo, el apoyo popular en el interior de las Áreas Autónomas y en la diáspora palestina. Cambio de gobierno en la AP y pugnas internas A la exigencia de EEUU e Israel sobre una reforma interna, Arafat ha respondido con un cambio de gobierno el pasado 12 de junio en el que se han eliminado algunos ministerios (se pasa de 30 a 21) y aparecen cinco nuevos nombramientos. La nueva formación de la AP se ha evaluado como un "gobierno de transición" en tanto se producen las anunciadas elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales a comienzos del próximo año. De su composición destaca el nombramiento como ministro de Finanzas de Salem Fallad, reconocido en la sociedad palestina por su determinación en la lucha contra la corrupción económica de la AP, y cuya designación debe entenderse como una muestra pública del compromiso de Arafat por poner control a los desmanes del clientelismo palestino que tantas críticas internas le ha acarreado en los últimos años. Junto a Fallad, 20 nuevos ministerios han pasado a ser dirigidos por figuras vinculadas a al-Fatah y a independientes leales a Arafat, como es el caso de Ghasan Jatib, nombrado ministro de Trabajo. Por lo que tiene de relevante dentro de las exigencias de EEUU, en el ámbito de la seguridad destaca igualmente el nombramiento de Abedl Razzaq Yahya como ministro de Defensa, que contraviene las expectativas de acceso al control de las fuerzas de seguridad de Mohamed Dahlan, ex responsable de la Fuerza de Seguridad Preventiva en Gaza y quien ha tenido una implicación directa en los acuerdos alcanzados con Israel y con la CIA en materia de seguridad en el marco de Oslo. Tras dimitir de su cargo, y en el corto proceso que condujo al cambio de gobierno de la AP, Dahlan rechazó la designación de Arafat como ministro de Defensa aduciendo no contar con el respaldo del liderazgo político en los cambios de los funcionarios propuestos por él en dicho ministerio. Dahlan bien pudiera haber optado por renunciar a formar parte del gobierno transitorio a cambio de poder situarse en una posición más ventajosa si, de prosperar la idea de EEUU e Israel, Arafat quedase marginado en el proceso reformista y el vacío de poder le puede situar como nuevo interlocutor palestino ante estadounidenses e israelíes. Para ello, Dahlan ya habría neutralizado previamente -en el contexto de la reocupación israelí de Cisjordania- la competencia que le enfrentaba con Yibril Rayub, jefe de la Seguridad Preventiva en Cisjordania y, al igual que aquél, fiel servidor de los intereses de EEUU e Israel. La ofensiva israelí iniciada en marzo en Cisjordania ha desencadenado, a diferencia de en Gaza, un duro golpe militar contra las fuerzas de seguridad de la AP dependientes de Yibril Rayub y contra él mismo. Debilitado en esta coyuntura, Rayub ha tenido que hacer frente, sin éxito, a una segunda ofensiva, esta vez de carácter interno, promovida por Dahlan para favorecer la desactivación total de su control y garantizarse un puesto ventajoso y diferenciado en el reordenamiento del poder interno palestino. Ello permite a Dahlan avanzar en la carrera a la sucesión de Arafat, haciéndose candidato a la interlocución con estadounidenses e israelíes una vez que, desaparecido Arafat o condenado a un puesto meramente honorífico, se aplique el plan de la Administración Bush para el futuro de las Áreas Autónomas -la instauración de un protectorado en una porción limitada de los Territorios. A pesar de la determinación con la que Arafat ha respondido al rechazo estadounidense e israelí de que permanezca en la dirección palestina (anunciando su candidatura a las presidenciales del 2003), la llamada reforma de la AP -y el reconocimiento y legitimación norteamericano e israelí de una nueva dirección- parece abocada a definirse exclusivamente en el marco de la pugna interna abierta en los círculos de la propia AP y la elite al-Fatah, la formación política de Arafat bajo cuyo paraguas diferentes nombres e intereses han forjado durante el periodo de Oslo su influencia. Así, desactivada la dirección de las maltrechas organizaciones políticas palestinas que han retomado el protagonismo en la Intifada (incluido el sector minoritario de al-Fatah que lidera el hoy encarcelado por Israel, Marwan Barghouti) por medio de las detenciones o de las ejecuciones extrajudiciales israelíes, y anulada durante años la capacidad de regeneración democrática de la dirección palestina, no se ocultan los enfrentamientos de los diversos sectores de al-Fatah mantenidos soterradamente en estos años entre el llamado clan de Túnez (en alusión a aquellos dirigentes que se instalaron junto con Arafat en las Áreas Autónomas surgidas de Oslo y a los que el presidente ha situado en posiciones de influencia dentro de la AP) y los sectores de los Territorios, a quienes la AP les hizo el vacío y que sin embargo, como se ha demostrado en esta Intifada, también aspiran a ocupar un espacio de poder, como es el caso del propio Barghuti. Ante la previsión electoral y los cambios sustantivos que ratifiquen una nueva configuración del poder palestino, los candidatos de las elites vinculados a Arafat habrían comenzado a tomar posiciones para fortalecer su situación ante la reforma del poder palestino. Así, a la mencionada competencia entre Rayub y Dahlan, hay que unir los nombres de otras figuras históricas, como la representada por Mahmoud Abbas, Abu Mazen, fundador de al-Fatah, secretario general del Comité Ejecutivo de la OLP desde 1996 y arquitecto del Acuerdo de Oslo I (1993). Abu Mazen mantiene unas privilegiadas relaciones con EEUU y Jordania y ha sido un reconocido negociador con los israelíes, pero, al igual que los anteriores, está extensamente señalado por la corrupción desde la instauración de la AP y carece de apoyos a nivel popular. Otra figura señalada es la de Ahmad Qria, Abu Ala, presidente del CLP, quien dirigió las negociaciones palestino-israelíes que culminaron con la firma del Acuerdo de Oslo I y condujo las negociaciones sobre el estatuto final hasta su quiebra en 2000. Abu Ala cuenta con el respaldo de la elite comercial de Cisjordania y Gaza, así como de la comunidad internacional, aunque es difícil que su candidatura pudiera tener un amplio respaldo popular por carecer de carisma y de respaldos sólidos dentro de la OLP. Resistencia contra la ocupación y democracia Pero más allá de la reforma como mera sucesión de Arafat, el debate de fondo es otro y pasa por cuestionar si la verdadera transformación democrática palestina que exige la mayor parte de su sociedad en el marco de su lucha contra la ocupación puede resolverse exclusivamente con una reforma limitada de la AP, la cual, basada en constituir una nueva dirección y de acuerdo con las exigencias estadounidenses e israelíes, está orientada fundamentalmente a recrear la misma funcionalidad para la que fue concebida en el marco ya obsoleto de los Acuerdos de Oslo, al tiempo que se pretende obviar la nueva realidad interna palestina el mantenimiento de la ocupación. ¿Es posible afrontar con garantías una reforma interna que, habiendo sido reclamada durante los últimos siete años por la mayoría de la población palestina, se promueve sólo ahora -cuando la injerencia estadounidense e israelí lo impone y en una coyuntura de asedio militar sin precedentes- por la misma elite palestina cuya gestión ha resultado abiertamente perniciosa para los intereses palestinos en los últimos diez años? Este es el debate que emerge en el interior de las Áreas Autónomas y entre los palestinos de la diáspora tras el discurso de Bush y que, a diferencia de la visión de EEUU y de Israel, conecta indisolublemente democratización con lucha contra la ocupación israelí. Frente a la corriente de la oficialidad palestina que durante el periodo de Oslo ha establecido que la democratización de la vida política palestina debía supeditarse al proceso negociador con Israel, amplios sectores del pueblo palestino (buena parte de las organizaciones históricas de la OLP y numerosas figuras relevantes palestinas) han reivindicado que la lucha contra la ocupación, la independencia y la soberanía se inserta en el vértice del proyecto histórico del movimiento nacional palestino que es -por definición- un proyecto transformador, plural y democrático. Si la Intifada abrió el camino para reorganizar la resistencia a la ocupación en el llamado Frente de Fuerzas Nacionales e Islámicas (que aglutinaba a las diferentes organizaciones políticas palestinas del interior de las Áreas Autónomas, incluidas las islamistas Hamas y Yihad Islámica), las presiones de EEUU, de Israel y de la comunidad internacional tras el 11 de septiembre a la AP para que reprimiera la resistencia a la ocupación han desnaturalizado ese derecho al pretender diluirlo en el discurso estadounidense, israelí y de la UE antiterrorista. En esta coyuntura, frente a una necesaria unidad de organización y planificación de la resistencia palestina, enmarcada en la lucha básica contra la ocupación y por un Estado soberano y democrático, la resistencia palestina está sometida a las tensiones derivadas de la extrema debilidad creada por el asedio permanente del ocupante y a las presiones estadounidenses y de la comunidad internacional sobre la AP. Esta debilidad extrema ha creado una falta de estrategia organizada que ha ocasionado, junto a acciones armadas que atentan directamente contra objetivos militares israelíes o contra los asentamientos de colonos en las Áreas Autónomas, acciones indiscriminadas suicidas contra población civil en el interior de Israel, cuestionadas tanto en su legitimidad como en sus resultados [8]. Las contradicciones internas derivadas de esta coyuntura está creando, igualmente, un segundo debate entorno, no ya al derecho a la resistencia, que ningún palestino cuestiona, sino en cómo se debe ejercer este derecho. Al menos cuatro corrientes principales se destacan:
Ciertamente, ninguno de los tres últimos frentes goza del reconocimiento de EEUU y de Israel, a quienes condenan en igual medida. Conclusión La prioridad de hacer frente a la brutal agresión y ocupación israelíes por necesidad vital y política no rebaja, sin embargo, la clara idea que el pueblo palestino ha mantenido históricamente asociada a su proyecto nacional democrático. Por el contrario, es esta la base que le legitima frente al coyuntural dictado democratizador de la Administración de EEUU, frente al permanente proyecto sionista de Israel y frente a la mera suplantación reformista que pretende la AP. Asediado desde todos los frentes posibles, el movimiento nacional palestino afronta el reto de reevaluar su historia reciente, transformarla de acuerdo con sus aspiraciones nacionales y reorganizar su acción colectiva contra los planes que pretenden disolverlo a cambio de falsas expectativas y renuncias. Siendo en la actualidad la región árabe el epicentro en el que confluye la devastación del intervencionismo de EEUU, el referente palestino sigue siendo imprescindible en la formulación de la resistencia internacionalista contra el imperialismo.
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'¿Es
posible afrontar con garantías una reforma interna que,
habiendo sido reclamada durante los últimos siete años
por la mayoría de la población palestina, se promueve
sólo ahora -cuando la injerencia estadounidense e israelí
lo impone y en una coyuntura de asedio militar sin precedentes-
por la misma elite palestina cuya gestión ha resultado
abiertamente perniciosa para los intereses palestinos en los
últimos diez años? Este es el debate que emerge
en el interior de los Territorios y entre los palestinos de la
diáspora tras el discurso de Bush y que, a diferencia
de la 'visión' de EEUU y de Israel, conecta indisolublemente
democratización con lucha contra la ocupación israelí'
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