Voz nº1992

El descrédito y desorden del gobierno anterior, a tiempo que sirvió para mejorar las ganancias de los gobernantes y de los monopolios económicos, dejó la sensación de la necesidad de cambio. Y este fue el lema de campaña de Pastrana, así como es la bandera de otros sectores llamados independientes. Por esa razón han emprendido el camino de la reforma política, con el argumento de depurar las costumbres políticas del país, como si ese fuera el problema central del país. Hasta ahora no hay nada concreto, más allá de una serie de propuestas que más parecen una feria de ilusiones. Se plantea reformar el sistema electoral, democratizar los partidos, cambiar el procedimiento para elegir procurador y contralor, ciudadanía a los 16 años, más inhabilidades para los congresistas, ampliar el periodo de alcaldes y gobernadores, financiación de campañas electorales, y de ñapa el tema del indulto, que no está pidiendo la guerrilla, y que parece más una oportunidad para el autoperdón del Estado por su responsabilidad en las violaciones a los
derechos humanos y en el fomento al paramilitarismo. El gobierno llega a esta feria con improvisadas propuestas que encubren sus propósitos: aumentar el poder del ejecutivo con facultades de expedir normas con fuerza de ley, e incluso proferir códigos, dejando al Congreso con menos funciones, adelantar la reforma fiscal y el proyecto de desarrollo a espaldas de la nación, derogar el artículo 58 de la Constitución, para garantizar los intereses del capital extranjero, entre otras medidas de un paquete de reajustes de corte neoliberal.
En el Congreso preocupa que no haya revocatoria de su mandato y que el tema de las reformas sea de su competencia, independientemente de los resultados del proceso de paz. Así aseguran las ventajas ofrecidas por el gobierno a cambio de que les apruebe todas las medidas de ajuste económico y social. Por su parte los llamados independientes apuestan sus objetivos a la lucha contra la corrupción, pasando por alto que ésta es consecuencia de la concentración del poder económico y político. Sin embargo, en estos momentos el asunto de la reforma política se hace inconveniente puesto que el momento político es de lucha organizada de los trabajadores por otro modelo económico y de conquista de una nueva fase del proceso de paz por parte del movimiento guerrillero, lo
que convoca a las fuerzas de izquierda y democráticas a poner el acento en abocar los cambios de fondo que precisa el país para salir del atolladero en que lo han colocado sus gobernantes. De una parte se registra una superación en la calidad de la movilización popular. Lo muestra la capacidad de convocatoria al paro nacional estatal, lograda por el movimiento sindical unido y sobre todo levantando la bandera de la negociación global de la política económica y social del Estado. Así, se ha alcanzado un nivel de madurez tal que le posibilita
luchar no solo por las reivindicaciones inmediatas, sino también por definir los rumbos estratégicos del país. Esto no es otra cosa que plantearse en serio el problema de las relaciones de poder. De otra parte, el movimiento guerrillero ha ganado, con el apoyo de amplios sectores sociales, una nueva fase del proceso de paz en Colombia. Sus exigencias parten de una solución política
al conflicto armado, que no es otra cosa que discutir y resolver los aspectos relacionados con el poder político, para lo cual las FARC promueven la idea de un gobierno de reconciliación para adelantar los 10 puntos propuestos por ellos. De conjunto, lo importante es la movilización unitaria y organizada de masas por las soluciones de fondo a la crisis nacional. Lo que implica abocar la lucha en los campos de las relaciones económicas en asuntos como la propiedad de la tierra, la política macroeconómica, la defensa y fortalecimiento de los sectores estatales estratégicos en la economía nacional; por los cambios en las estructuras de poder como el acceso a organismos de control, participación en un nuevo gobierno para la paz, derecho real a los medios masivos de comunicación, nueva fuerza pública; y en el ámbito cultural por políticas educativas democráticas, acceso a instancias de dirección de organismos de coordinación e impulso de políticas de ciencia y tecnología, entre otros
aspectos. De esta manera lo importante en la actual coyuntura es el debate sobre los cambios estructurales que requiere el país. Este asunto, con el avance que se percibe en las luchas de masas y el posicionamiento estratégico de la insurgencia armada están haciendo urgente que el movimiento popular y democrático aboquen una amplia discusión para construir un fuerte consenso
en torno a un programa mínimo para la paz y la justicia social, que necesariamente debe estar soportado por una metodología eficaz de unidad y acción política de extensos sectores del pueblo colombiano.