Hacia el mercenariado
empresarial
Empresas militares
privadas en el caos iraquí
Sami Makki*
El
Diplo
/ Rebelión.org, 11 de noviembre de 2004. Traducción:
Carlos Alberto Zito
CSCAweb (www.nodo50.org/csca), 12 de novienbre de 2004
La visión
clásica de la guerra sugiere que es obra de ejércitos
oficiales. Sin embargo, históricamente, los actores de
los conflictos armados fueron a menudo entidades privadas con
fines de lucro. La caótica situación vigente en
Iraq pone de manifiesto la importancia de la "tercerización"
de ciertas funciones de defensa por parte de Estados Unidos
Las sociedades militares privadas
(SMP) que suministran hombres, servicios y material, ocupan un
lugar cada vez más importante en la arquitectura de seguridad
nacional estadounidense. Esa utilización de empresas llamadas
"de seguridad" facilita la proyección puntual
de fuerzas al exterior, extiende la influencia geopolítica
y tecnológica de las grandes potencias, permite evitar
los controles parlamentarios, evita las consecuencias nefastas
de acciones de dudosa legalidad, y reemplaza a los ejércitos
que disponen de escasos medios. En los países del Sur,
el recurso a las SMP es símbolo de un debilitamiento global
de los Estados, cuyos presupuestos son cada vez menores. En las
naciones industrializadas, permite a las elites políticas
utilizar, a su favor, la porosidad de los límites entre
lo público y lo privado. En todos los casos, al enturbiar
los puntos de referencia, esa mezcla de géneros se realiza
al margen del derecho y de la responsabilidad política.
Pocos meses después
de la caída del régimen de Saddam Hussein, se contaban
en Iraq unas 20.000 personas afectadas a la seguridad privada.
La incapacidad de las tropas estadounidenses para mantener el
orden y la creciente demanda de los actores internacionales -como
los inversores estadounidenses presentes en Iraq- explican ese
fenómeno. La degradación de las condiciones de
seguridad hizo que esos grupos occidentales -las sociedades militares
privadas (SMP) o private military companies- proliferaran en
gran medida. Un documento del Departamento de Estado titulado
"Security Companies Doing Business in Iraq", fechado
en mayo de 2004, señala la existencia de veinticinco SMP,
fundamentalmente estadounidenses y británicas. Esas empresas
son apenas la parte comercial visible de un mundo más
sombrío. [**]
Desde el fin de la Guerra Fría,
las prácticas de tercerización (outsourcing) se
desarrollaron rápidamente en el seno de las fuerzas armadas
estadounidenses, bajo el efecto conjunto de la globalización
del sector militar-industrial, de la reducción de armamentos
y de las exigencias de "racionalización" de
los presupuestos de defensa. Forma avanzada de la subcontratación,
para volúmenes financieros importantes y que implican
un reparto de riesgos entre el Estado y la industria privada,
la tercerización es ante todo una aplicación de
los métodos del "new public management" (nueva
gestión del Estado) conforme a las políticas liberales
de privatización (1).
Esas nuevas asociaciones publico/privadas
obedecerían a limitaciones presupuestarias, pues liberan
fondos para modernizar las fuerzas armadas y desarrollar y adquirir
nuevos sistemas de armamentos. Así, el Departamento de
Defensa afirmaba en 2002 que podría economizar más
de 11.000 millones de dólares entre 1997 y 2005, gracias
a la tercerización. Se trataba sobre todo de utilizar
ese anuncio para ocultar las consecuencias de la reorganización
operada en la economía de defensa a través de la
reducción del número de empleados federales, en
beneficio del sector privado.
Cuando el ejército estadounidense anunció -en octubre
de 2002- que más de 200.000 empleos serían "tercerizados"
en el marco de la tercera fase de la privatización, fue
objeto de duras críticas. Para muchos especialistas, la
profundidad de esa reforma no implicaría necesariamente
la obtención de una mayor eficacia (2). Según el
sindicalista Robert Harnage, presidente de la Federación
estadounidense de funcionarios federales, "[a comienzos
del año 2003] la cantidad de personas que trabajaban para
la defensa bajo contrato era cuatro veces superior al número
de funcionarios civiles". Desde su punto de vista, la tercerización
"significa por lo tanto una supresión de empleos
y la desaparición de una cierta ética de la responsabilidad
[individual]" (3).
En el marco de la tercerización
de los servicios en las unidades militares en operaciones exteriores,
se firmaron más de 3.000 contratos entre los sucesivos
gobiernos y las SMP, en el periodo 1994-2004, por un monto superior
a los 300.000 millones de dólares. Las firmas involucradas
fueron DynCorp (www.dyncorp.com), Military Professional Ressources
Inc. (MPRI - www.mpri.com) y Kellogg Brown and Root (KBR). El
ingreso de esas firmas implicó un aumento progresivo de
personal privado que trabaja junto a las fuerzas armadas estadounidenses
(logística, mantenimiento, ingeniería, ingeniería
de los sistemas de armas) en el campo de batalla. Durante la
primera Guerra del Golfo, en 1991, la proporción era de
1 actor privado por cada 100 soldados; mientras que en 2003 pasó
a ser de 1 por cada 10 soldados. En la fase actual del despliegue
en Iraq, esos actores privados representan la segunda fuerza
de ocupación, es decir, el equivalente al 20% de las fuerzas
estadounidenses.
Desde un punto de vista económico,
y a pesar de las reducciones presupuestarias encaradas por el
Consejo Científico de la Defensa (Pentágono) de
entre 4.500 y 6.000 millones de dólares, la baja de gastos
esperada no se produjo. En el caso de varios de esos contratos
el Tribunal de Cuentas estadounidense demostró que el
costo real superaba en varios millones de dólares las
estimaciones, y que por medio de abusos se había llegado
a una sobrefacturación importante de ciertos servicios
en los contratos para la reconstrucción de Iraq (4). La
multinacional Halliburton, que hasta el año 2000 era dirigida
por el actual vicepresidente Richard Cheney, obtuvo en 2003,
fundamentalmente a través de su filial KBR, una serie
de contratos por un valor superior a 1.000 millones de dólares,
y estuvo directamente implicada en escándalos relativos
a las condiciones de atribución de licitaciones, probando
así la existencia de colusión entre los intereses
de la administración Bush y las multinacionales del complejo
militar-industrial estadounidense (5).
Flexibilidad
y capacidad de reacción rápida
Más allá de la
"racionalización presupuestaria" y de la dimensión
ideológica inicial de la tercerización, se inició
una reflexión estratégica. Implicado en una guerra
de baja intensidad -pero de largo aliento- contra el "terrorismo"
en todo el mundo, y sin dejar por ello de preparar sus fuerzas
armadas para grandes confrontaciones, Estados Unidos no pude
permitir que se debilite su liderazgo retirándose totalmente
de los espacios de menor importancia estratégica. Esto
explica la delegación de ciertas tareas, con el objeto
de descargar a las fuerzas armadas de misiones menos vitales
para la seguridad nacional.
Una cantidad creciente de esos
programas también prevén un despliegue de fuerzas
que optimice la flexibilidad y la capacidad de reacción
rápida, eliminando etapas de control administrativo y
procedimientos burocráticos. Además, ofrecen una
solución de recambio a una política exterior que
está bajo el control del Congreso en lo que hace al envío
de tropas sobre el terreno, al objetivo político de "cero
muertos" y al desarrollo de acciones clandestinas. También
permitirían operaciones en contradicción con las
opciones estratégicas "oficiales": así,
a la vez que declaraba su neutralidad y se implicaba en el mantenimiento
de la paz en Bosnia por medio de la Implementation Force (IFOR),
el gobierno de Estados Unidos permitía a la firma MPRI
facilitar el tráfico de armas en violación del
embargo de la ONU y entrenar al ejército de la Federación
Croato-musulmana que preparaba la gran ofensiva de 1994 en Krajina
(6).
Las empresas estadounidenses
(Vinnell Corp., MPRI, Cubic y Logicon) instruyeron y entrenaron
a las fuerzas armadas de más de cuarenta países
en la década de 1990, en el marco de programas de cooperación
militar (7). Esas redes son excelentes intermediarios para la
difusión de las normas militares estadounidenses en América
Latina, en África y en Medio Oriente, y para el establecimiento
de alianzas ad hoc. En el continente africano las SMP se encargan
de la logística militar estadounidense y de la gestión
de los expertos de apoyo a las operaciones urgentes. Por otra
parte, esas firmas desarrollaron estrategias de expansión
y conquista de nuevos mercados, en Europa y en los países
del Sur. Por lo tanto, las SMP cumplen actualmente un papel vital
en el sistema de defensa estadounidense, y sobre todo en el apoyo
a su lógica expedicionaria (8). Muchas de ellas realizan
desde hace varios años una importante tarea de lobbying
para presentarse como interlocutores fiables en la gestión
de operaciones de paz. Y ello, a riesgo de profundizar aun más
la confusión que ya existe entre la ayuda para el desarrollo,
la ayuda humanitaria y las operaciones militares.
Precedió a esta fase
una reestructuración en la industria de la defensa estadounidense,
en la que se produjeron numerosas fusiones/adquisiciones en los
últimos cinco años (9). Gracias a las actividades
de servicios, las multinacionales que proponen utilizar las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación
(NTIC) para "dominar los futuros campos de batalla",
desembarcan en un sector lucrativo. Como lo explicaba el dirigente
de L-3 Communications, Frank Lanza, al producirse la compra de
MPRI en 2000: "MPRI es una sociedad en plena expansión,
con buenos márgenes de ganancia y ventajas competitivas
que ninguna otra empresa puede igualar en el terreno del entrenamiento
de fuerzas, y sus servicios son complementarios de nuestros productos.
(...) MPRI también es muy activa en la escena internacional,
dado que el cambio del clima político generó un
aumento en la demanda de ciertos servicios. Por otra parte, esos
programas tienden a extenderse y a brindarnos nuevas oportunidades"
(10).
Pero hay un revés de
la medalla: un informe del Government Accountability Office (GAO)
señala que no existe control sobre las SMP, dado que ningún
sistema centralizado puede hacer el seguimiento de los numerosos
contratos de tercerización firmados por las diferentes
agencias estadounidenses (11). A pesar de que la reglamentación
internacional no se adapta en absoluto a la lucha contra los
excesos del mercenariado empresarial y de la existencia de un
control sobre la venta de servicios militares en Estados Unidos,
las prácticas actuales apuntan a eludir la legislación,
fundamentalmente en el terreno de las operaciones de inteligencia
y de las operaciones especiales (12).
Para la administración republicana, la explotación
de esos vacíos jurídicos constituye un elemento
de respuesta eficaz al terrorismo. Pero la desresponsabilización
de lo político por medio de la tercerización plantea
los límites de esa "mercenarización"
disfrazada. La fachada comercial y liberal de ese movimiento
puede conducir a graves desviaciones (13). La creciente utilización
de los recursos civiles para apoyar las intervenciones prolongadas,
que moviliza al máximo las fuerzas de reserva y los actores
privados, llega incluso a amenazar el equilibrio del ejército
profesional creado luego de la guerra de Vietnam. Además,
a comienzos de 2004, operadores que trabajaban para las SMP estadounidenses
CACI Inc. y Titan Corporation estuvieron implicados en el escándalo
de malos tratos a los prisioneros iraquíes.
Una invitación
a los abusos
Kenneth Roth, director ejecutivo
de Human Rights Watch, dijo ante la prensa el 30 de abril de
2004: "Si el Pentágono planea utilizar contratistas
privados para realizar misiones militares o de inteligencia,
debe asegurarse de que los mismos están sujetos a restricciones
y controles legales [pues permitir a esos operadores] actuar
en un vacío jurídico es una invitación a
los abusos". En 2000, un informe de la muy oficial Universidad
Nacional de la Defensa, de Washington, reconocía por su
parte: "La privatización es posiblemente menos costosa
que una intervención militar, pero la calidad del resultado
y el respeto de los derechos humanos pueden verse comprometidos"
(14).
En la tercerización
se distinguen tradicionalmente los servicios de apoyo a las fuerzas
militares de las funciones operativas en el campo de batalla.
Sin embargo, luego del 11 de septiembre, los límites entre
unos y otros se volvieron borrosos. Debido a las opciones político-estratégicas
asumidas en Iraq, la tercerización y la mercenarización
se funden en nuevas doctrinas operacionales, al punto de que
actores privados estuvieron implicados en varias ocasiones en
los combates.
Tras la derrota de Iraq, la
securización de los sitios sensibles fue inmediatamente
confiada a empresas privadas, sin que existieran realmente medios
para controlarlas. En septiembre de 2003, el gobierno estadounidense
anunció que la firma Erinys Iraq Ltd. tendría a
su cargo la instrucción de los miles de iraquíes
que debían custodiar las instalaciones en torno del oleoducto
Kirkuk-Ceyhan, blanco de frecuentes ataques. A la vez, se convocó
a numerosos efectivos de elite de la policía sudafricana
para ocupar puestos de responsabilidad intermedia e instruir
a los hombres que trabajan para Erinys Iraq. Con efecto boomerang,
esa dinámica afecta gravemente las instituciones militares
y de seguridad occidentales: atraído por remuneraciones
que pueden llegar a ser diez veces superiores, el personal de
las fuerzas especiales emigra hacia el sector privado (15). A
largo plazo, esa hemorragia de recursos humanos muy especializados
puede generar una pérdida de capacitación (en el
mantenimiento de los sistemas de armamentos sofisticados, en
la formación de pilotos) que se desarrollaría únicamente
en el sector privado.
El hecho de que no exista ningún
tipo de unidad de mando ni de control, y la ausencia de procedimientos
normatizados para el reclutamiento del personal de las SMP, inquieta
a un número creciente de oficiales estadounidenses. Los
secuestros y asesinatos de "soldados privados" aumentan,
y los militares no están en condiciones de proteger a
esos "civiles". Los cuatro hombres quemados y colgados
por una muchedumbre en Fallujah a fines de marzo de 2004, y cuya
muerte generó violentos combates, eran empleados de la
compañía estadounidense Blackwater Security.
A pesar de que el plan de desarme, desmovilización y reinsersión
(teórica) en la vida civil de los ex soldados iraquíes
-mal concebido y aplicado de manera desastrosa- generó
un "vacío de seguridad", el Pentágono
anunció a fines de junio de 2003 la firma de un contrato
por 48 millones de dólares con la firma Vinnell Corp.
para crear y entrenar el núcleo del nuevo ejército
iraquí. Otras firmas, como MPRI, fueron asociadas a ese
programa en calidad de subcontratistas. Al mismo tiempo, en abril
de 2003 el Departamento de Estado confió a la empresa
DynCorp Aerospace Operations el entrenamiento de las fuerzas
policiales iraquíes.
Finalmente, con el aumento
de las milicias locales y la intensificación de lo que
los estadounidenses describen como una insurrección, Iraq
entró en una espiral de violencia. En medio de ese panorama,
la intervención de efectivos de seguridad privados, generó
paradójicamente mayor inestabilidad, al punto de crear
un mercado muy lucrativo para ese personal, con remuneraciones
que pueden llegar a los 1.000 dólares diarios. Varios
miles de ex militares trabajan, en el marco de contratos de seguridad,
al servicio de agencias civiles occidentales. Las firmas Kroll
y Control Risks, por ejemplo, tienen a su cargo la seguridad
del personal de la Agencia estadounidense para el desarrollo
internacional (Usaid) y del personal diplomático y de
los organismos de cooperación británicos.
La crisis iraquí pone
claramente en evidencia que esos actores privados, presentes
durante las fases esenciales de la guerra y la posguerra, cumplen
funciones indispensables al ejercicio de fuerza por parte de
la potencia estadounidense. La proliferación del mercenariado
empresarial occidental en Iraq es el resultado de una política
deliberada, que busca experimentar nuevas formas de intervención.
Pero esas opciones políticas ignoran la importancia de
las dificultades actuales, como lo prueba la atribución
en mayo de 2004 de un contrato de 293 millones de dólares
a Aegis Defence Service (una SMP creada en 2003 y dirigida por
el coronel británico Tim Spicer) para coordinar más
de cincuenta empresas privadas y ocuparse de la seguridad de
proximidad de las empresas de reconstrucción.
Sin embargo, numerosos diplomáticos
anglosajones no parecen considerar la privatización como
algo preocupante, sino más bien lo contrario. En mayo
de 2004, un alto responsable civil de la coalición había
afirmado en una conferencia de prensa en París, pidiendo
mantenerse anónimo, que la proliferación de SMP
era "algo sano", y que la experiencia podía
repetirse si al cabo de un tiempo lograba tener éxito
en Iraq. Así es que la privatización de las operaciones
de paz se realiza de manera progresiva, "ampliando permanentemente
los límites" de la tercerización de las funciones
militares.
Al excluir el sector de la seguridad privada de la nueva legislación
iraquí, el ex administrador civil estadounidense en Iraq,
Paul Bremer, impidió toda posibilidad de control de ese
sector por parte de los iraquíes. Si bien, en el caso
de Estados Unidos, el aumento de actores privados civiles y militares
sirve a sus intereses estratégicos nacionales (la cantidad
de contratos firmados con el gobierno federal obliga a las SMP
a mantenerse leales al poder) los últimos acontecimientos
muestran que esa proliferación es sobre todo fuente de
caos y de perpetuación de los conflictos.
En realidad, esa privatización de la violencia pone en
peligro la futura soberanía iraquí, y subraya la
incompatibilidad de los objetivos económicos estadounidenses
con la realidad política local. Así, la creciente
concentración de conocimientos técnicos específicos,
y la naturaleza dual de los sistemas de armas informatizadas,
consecuencia de las NTIC, hace que las SMP propongan soluciones
"integradas", que incluyen desde el asesoramiento hasta
la ejecución sobre el terreno. Así es como esas
compañías imponen una lectura excesivamente técnica
de los conflictos, en detrimento de una lectura política.
Las SMP trastornan profundamente
los equilibrios cívico-militares y políticos tradicionales
en las sociedades que emergen de períodos de crisis, pero
también en las sociedades occidentales. Al mezclar las
categorías tradicionales: civil/militar y privado/público,
esos actores híbridos trabajan a menudo con redes informales
que favorecen la corrupción y la criminalidad. El sistema
estratégico estadounidense de intervención global
tal como se construye actualmente, asignándole a las SMP
un lugar central, genera inestabilidad y hasta caos. De manera
insidiosa legitima el ejercicio unilateral del poderío
estadounidense en el mundo, o en las zonas "inestables"
del Sur donde la CIA, las fuerzas especiales y las compañías
militares privadas desarrollan guerras de baja intensidad.
El mercenariado empresarial
es consecuencia de la aparición de un nuevo tipo de conflictos
y del debilitamiento de los Estados en la escena internacional.
Aunque nacido en el marco de políticas gubernamentales,
prefigura los conflictos que habrán de producirse en las
nuevas fronteras de la globalización. Allí, la
privatización de la violencia desempeñará
un papel determinante. Para los dirigentes de la coalición,
Iraq habrá permitido simplemente experimentar mejor con
los efectos de la tercerización, antes de sistematizarla.
Notas:
1 Frank Camm, Expanding
Private Production to Defense Services, Rand Report MR734,
Santa Monica, 1996.
2 John Deal y James Ward, "Second thoughts on outsourcing
for the Army", Army Magazine, Association of the
United States Army, Arlington (Virginia), mayo de 2001; y Michael
O'Hanlon, "Breaking the Army", The Washington Post,
3-7-03.
3 Citado por Maya Kulycky, "How
far can a war be outsourced?", MSNBC News, 14-1-03.
4 US GAO, Contingency Operations: Army Should Do More
to Control Contract Cost in the Balkans, NSDIAD-00-225, octubre
de 2000.
5 Walter F. Roche Jr. y Ken Silverstein, "Iraq: advocates
of war now profit from Iraq's reconstruction ", Los Angeles
Times, 14-7-04.
6 Sami Makki, Sarah Meek et al., Private Military Companies
and the Proliferation of Arms, "Biting the Bullet Briefing
11", International Alert, Londres, junio de 2001.
7 Deborah Avant, "Privatizing military training",
Foreign Policy in Focus, vol. VII, N° 6, Institute
for Policy Studies, Washington DC, mayo de 2002.
8 Stephen Perris y David Keithly "Out-sourcing the
sinews of war: contractor logistics", Military Review,
US Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth (Kansas),
octubre de 2001.
9 Murray Weidenbaum, "The Changing Structure of the
US Defense Industry", Orbis (Foreign Policy Research
Institute), Filadelfia (Pensilvania), otoño (boreal) de
2003.
10 "L-3 Com. announces acquisition of MPRI",
Business Wire, 18-7-00. Citado por Peter W. Singer, Corporate
Warriors: the Rise of the Privatized Military Industry, Ithaca
and London, Cornell University Press, 2003, p. 134.
11 US GAO, Military Operations: Contractors Provide
Vital Services to Deployed Forces but are not Adequately Addressed
in DoD Plans, Report GAO-03-695, Washington DC, junio de
2003.
12 Eugene B. Smith, "The new condottieri and US policy:
the privatization of conflict and its implications", Parameters,
US Army War College Quarterly, Carlisle (Pensilvania), invierno
(boreal) 2002-2003.
13 Thomas Adams, "The new mercenaries and the privatization
of conflict", Parameters, US Army War College Quarterly,
Carlisle (Pensilvania), verano (boreal) 1999, p. 103.
14 National Defense University, Strategic Assessment
1999, Washington DC, 2000, p. 240.
15 Ver el dossier de Courrier international, N°
710, "Iraq: drôle d'indépendance", junio
de 2004.
[**]:
Sobre
estos extremos véase en CSCAweb: Sinfo
Fernández Navarro: La privatización de la tortura:
Asesinos y 'expertos civiles' al servicio de la ocupación
de Iraq
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