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La imposición norteamericana de acatamiento de la intervención militar a la Autoridad Palestina desencadena la contención de la Intifada y la represión interna de toda expresión colectiva contra la guerra. Aprovechando la situación, EEUU quiere forzar un acuerdo palestino-israelí que le deje las manos libres para acometer el definitivo control estratégico de la zona y, muy probablemente, un asalto final contra Iraq tras la intervención en Afganistán La contundente respuesta policial que recibió ayer en la ciudad de Gaza la manifestación de los estudiantes palestinos contra la intervención de EEUU en Afganistán -con la muerte de tres jóvenes palestinos por disparos de la policía de la Autoridad Palestina (AP)-, refleja la primera consecuencia dramática en el contexto palestino de la polarización creada entre los gobiernos árabes, en este caso, la Autoridad Palestina (AP), y las poblaciones árabes, como consecuencia directa de la imposición norteamericana de acatamiento de la intervención militar en la región árabe. Esta polarización, que no puede sino desencadenar una mayor quiebra entre los regímenes y las sociedades árabes, no ha hecho más que empezar y habrá de tener graves repercusiones, especialmente en Palestina. En el contexto de la Intifada contra la ocupación israelí -sometida a una extrema represión militar y económica por parte de Israel, intensificada desde los ataques a EEUU-, la población palestina está abocada a padecer, como primera destinataria, las presiones a las que la AP está siendo sometida por parte de la Administración Bush en el doble sentido de contención y represión de su levantamiento y/o de toda expresión colectiva contra la guerra. La extrema debilidad de la AP sitúa al liderazgo institucional palestino a merced de EEUU y de Israel, e incrementa el riesgo de un mayor rechazo popular contra su actuación. EEUU está imponiendo a los dirigentes árabes, al igual que ocurriera en 1990 antes de la guerra contra Iraq, la lógica de "conmigo o contra mí", situando a los gobiernos árabes nuevamente en un callejón sin salida de deslegitimación y represión. Al igual que en los Estados vecinos de Egipto y Jordania, sólo parece restarle a la AP la represión policial para contener -siguiendo el acatamiento debido- la lógica explosión popular contra la intervención en Afganistán. Esta situación incuba un riesgo de mayor índice de violencia en los Territorios Ocupados y Autónomos si, como parece previsible, la determinación norteamericana de extender la intervención militar se lleva a efecto en el escenario del Oriente Medio árabe, concretamente contra Iraq. Ello, en una lógica perversa, retroalimentará la identificación por parte de EEUU y sus aliados y de las propias poblaciones árabes de las reivindicaciones populares y nacionales con la figura del Ben Laden, un producto, por loo demás, de la política norteamericana para la región. Beneficiario directo de esta crisis internacional, el Estado de Israel canaliza la cuestión palestina radicalizando el uso de la fuerza militar contra la población ocupada palestina, intensificando la asfixia económica en Gaza y Cisjordania y rentabilizando el papel policial que sin duda deberá seguir jugando la AP en el interior de las Áreas Autónomas a fin de forzar el control interno de la Intifada y, tras ello, una nueva base de resolución del conflicto negociada a la baja para la parte palestina. En este contexto deben entenderse las declaraciones del propio Bush y de otros responsables de su Administración referentes a la reanudación de las negociaciones entre la AP e Israel, y la necesidad del logro de un acuerdo, que pudiera contemplar incluso la creación de un Estado palestino. Al igual que ocurriera en 1991 tras la guerra contra Iraq, EEUU quiere forzar un acuerdo plaestino-israelí que le deje las manos libres para acometer el definitivo control estratégico de la zona y, muy probablemente, un asalto final contra Iraq tras la intervención en Afganistán. Madrid, 9 de octubre de 2001
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