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Al cumplirse un mes de los atentados contra Nueva York y Washington del 11 de septiembre, la Administración Bush ha dado finalmente el paso esperado, produciéndose el ataque masivo contra un indefenso Afganistán, ataque que previsiblemente se extenderá a terceros países en los próximos días. Una vez más, la magnitud de los ataques y su previsible prolongación en el tiempo y extensión a otros puntos del globo, ponen de manifiesto la utilización más que interesada que ha hecho EEUU de los atentados del día 11 de septiembre. La figura de Osama Ben Laden, que con sus declaraciones ha hecho un flaco favor a algunos de los pueblos más indefensos de la tierra (además del propio Afganistán, Iraq y Palestina), ha proporcionado la excusa perfecta para una operación militar que tiene como objetivo fundamental la consagración definitiva del dominio político, económico, y geoestratégico de EEUU en todo el planeta. Según las últimas declaraciones de los responsables de la Administración Bush, EEUU extenderá próximamente sus ataques contra "terceros países" en clara referencia a Iraq. Habiendo fracasado al comienzo de este año en su intento de endurecer el régimen de sanciones recurriendo a nuevas resoluciones del Consejo de Seguridad (las llamadas "sanciones inteligentes"), la Administración Bush podrá emprender ahora lo que ya era una determinación manifiesta antes del 11 de septiembre: asestar un último golpe a un país cuyo sometimiento a los dictados de EEUU es un componente clave en la política geoestratégica norteamericana para Oriente Medio. La responsabilidad por la autoría de los atentados ha quedado hace ya algún tiempo en un segundo plano y únicamente se utiliza como recurso propagandístico en las numerosas batallas de imagen que se vienen librando desde el inicio de la crisis. Mientras auspicia tribunales internacionales creados a medida de sus intereses, EEUU se ha beneficiado de la inexistencia de un Tribunal Internacional de Justicia que permitiera juzgar a los autores de los crímenes, en gran medida debido a su oposición a que dicho tribunal se convierta en un mecanismo sancionador efectivo a nivel internacional. ¿Por qué Afganistán? Económicamente, EEUU tiene un enorme interés por ejercer un control absoluto sobre Asia Central, una región del globo que hasta la década de los noventa había escapado al capital norteamericano por encontrarse bajo el control efectivo de la Unión Soviética. Económicamente, EEUU intenta, mediante la imposición de su hegemonía geoestratégica sobre la región, asegurarse el control de los recursos energéticos de la región del Golfo y ampliarlo al de los recursos centroasiáticos, sobre todo teniendo en cuenta que sus más directos competidores en el consumo de petróleo y reservas energéticas del globo (China, Rusia y la India) desean erigirse en competidores de EEUU en la zona. La dependencia de los recursos energéticos de Asia Central afecta igualmente a los países de la UE y, sobre todo, a Japón. Durante los últimos años de la década de los setenta, Afganistán exportaba entre el 70%-90% de su gas natural a la Unión Soviética a través de Uzbekistán. En 1992, las autoridades afganas afirmaban que un nuevo tratado de exportación de gas con Rusia estaba siendo negociado. La producción y distribución de gas natural está en la actualidad en manos de la Agencia de Gas Natural controlada por el régimen talibán, que desde 1999 había iniciado una serie de reparaciones en el gaseoducto de Mazar-i Sherif y en los campos de Khowaja Gogerak, lo cual había tenido como resultado un aumento en la producción de gas. El proceso de reparaciones de instalaciones productoras de gas se había extendido igualmente al campo de la exploración petrolífera. Las estimaciones de época soviética hablan de unas reservas de 95 millones de barriles de petróleo en suelo afgano, así como de enormes reservas de carbón. Desde el año 1998, el gobierno afgano se encontraba inmerso en negociaciones tendentes a la construcción de un nuevo gaseoducto de gran capacidad (Turkmenistán-Afganistán-Pakistán), así como de un oleoducto que uniría Turkmenistán y Pakistán a través de territorio afgano. Con la primera intervención militar norteamericana en la región en 1998 en respuesta a los atentados contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, el consorcio responsable del proyecto (UNOCAL) anunció su retirada del mismo hasta que en Afganistán no hubiera un gobierno "reconocido internacionalmente". Todo lo anterior pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta un país destrozado por más de 20 años de guerra continuada y sujeto a un régimen internacional de sanciones que sin lugar a dudas se extenderá y prolongará tras el fin de la intervención militar. Los proyectos norteamericanos para la región tratan de asegurarse el control estratégico sobre un país que había empezado a constituirse desde finales de los noventa en una zona de paso estratégica para el transporte de gas y petróleo hacia Pakistán, con un relativo nivel de independencia respecto a los proyectos estadounidenses, al menos desde la intervención militar de 1998. La actual intervención militar norteamericana y la previsible caída posterior del régimen talibán harán sin duda que los proyectos de explotación de los recursos energéticos del país asiático y la proyectada construcción de nuevas vías de transporte de la energía queden exclusivamente en manos de capital norteamericano. La confluencia de los intereses geoestratégicos norteamericanos -económicos y militares- con los nuevos mecanismos de seguridad regionales reforzará el papel del eje Israel-Turquía, que sin duda resultará determinante para el nuevo diseño de relaciones de poder en la región centroasiática conectándola con el Oriente Medio árabe. La voluntad expresa de EEUU es conectar redes de seguridad militares (en concreto, la OTAN, pero igualmente las derivadas de acuerdos bilaterales con terceros países, como el que rige el uso de las bases en el Estado español de Rota y Morón) con aliados regionales no miembros de la Alianza Atlántica (Israel y Jordania, en concreto, además de las "petromonarquías" árabes del Golfo) a fin de garantizarse una estructura militar continua de intervención en Oriente Medio en su totalidad (áreas árabe y asiática). Como ocurrió en 1990 en la Europa meridional balcánica, EEUU ya ha logrado un primer éxito que perdurará a la intervención contra Afganistán: justificar la ampliación de su presencia militar directa en la zona de la Península y Golfo Árabigos, y nuevas ubicaciones en la región del Cáspio y Caúscaso. Finalmente es de resaltar que, si bien EEUU se
ha cuidado de recibir el apoyo y la legitimación explícitos
de organismos supranacionales políticos o militares (G-7,
UE, OTAN, Consejo de Seguridad...), la intervención contra
Afganistán y el despliegue previo en la zona son casi
exclusivamente norteamericanos (además de británico),
en un nuevo ejemplo de la voluntad hegemónica, en este
caso en el ámbito estrictamente militar, de EEUU. Desde el 11 de septiembre, el gobierno israelí encabezado por Ariel Sharon ha endurecido aún más si cabe la represión sobre la población palestina de los Territorios Ocupados (TTOO). Desde el 26 de septiembre, fecha en la que supuestamente habría entrado en vigor un "alto el fuego" en los TTOO, hasta el 5 de octubre, 34 palestinos habían sido asesinados por el ejército israelí. El pasado lunes día 8 de octubre 3 palestinos murieron como resultado de los disparos de la policía palestina, y dos palestinos más eran asesinados por el ejército israelí. Las autoridades israelíes, haciendo gala de un cinismo sin límites, felicitaron a la Autoridad Palestina (AP) "por haber puesto en práctica por primera vez las medidas que prometió ejecutar contra los terroristas" (en referencia al asesinato por parte de la policía palestina de tres estudiantes en Gaza que se manifestaban contra la intervención militar de EEUU). Tras el inicio de la escalada militar contra Afganistán, únicamente se puede prever un endurecimiento de la represión contra el pueblo palestino, tanto por parte israelí como por parte de la propia AP. La campaña estadounidense ha tenido además desde el pasado mes inmediatas repercusiones graves sobre la limitación de libertades individuales y colectivas en todos los países del mundo. En primer lugar, se han producido ya más de 600 ataques de corte racista y xenófobo en EEUU y Canadá desde el 11 de Septiembre. En Palestina, Indonesia, y Pakistán, fuerzas policiales han asesinado ya a varios manifestantes que protestaban contra la intervención norteamericana en Afganistán. La situación es especialmente grave dentro de los TTOO y Áreas palestinos, ya que los ataques de la policía palestina contra su propia población se suman a las políticas represivas del ejército israelí intensificadas desde el comienzo de la segunda Intifada en septiembre del 2000. La brutal represión de las manifestaciones antibélicas en Palestina es un claro reflejo de las repercusiones que tiene para la población palestina el acatamiento impuesto por EEUU a la AP sobre la intervención militar: contención de la Intifada y represión interna de toda expresión colectiva contra la guerra. Aprovechando la situación, EEUU pretende forzar un acuerdo palestino-israelí que le deje las manos libres para acometer el definitivo control estratégico de la zona y, muy probablemente, un asalto final contra Iraq tras la intervención en Afganistán. alineamiento de la AP con los intereses y proyectos norteamericanos e israelíes para la región. Los regímenes árabes aliados de EEUU aprovecharán en el futuro inmediato la oportunidad que les brinda el actual contexto de crispación a nivel mundial para endurecer aún más la represión que venían ejerciendo contra los movimientos locales de asociacionismo y grupos contrarios a la normalización de relaciones con el Estado de Israel. El caso de Jordania es asimismo paradigmático a este respecto: el gobierno jordano ha adoptado el pasado 8 de octubre una serie de medidas punitivas y enmiendas legales que, orientadas a intensificar el control interno, prohibir las movilizaciones, restringir la actividad de los partidos políticos y recortar la exigua libertad de prensa, suponen la reactivación de facto de la ley marcial vigente durante tres décadas hasta finales de los 80. Manipulación mediática y brotes de racismo y xenofobia Igualmente denunciables son las evidentes censura y manipulación informativas que en las últimas semanas está alcanzando cotas prácticamente insuperables. Junto a la criticada decisión de las autoridades norteamericanas de no hacer públicas las pruebas que supuestamente convierten a Ben Laden en responsable de los atentados, los medios de comunicación repiten las consabidas letanías de "guerra contra el terror", hablan de "redes terroristas globales", y se refieren a las protestas contra la intervención armada en Afganistán no como protestas anti-bélicas, sino anti-norteamericanas. El clima de paroxismo anti-árabe y anti-islámico creado tras los atentados ha tenido ya un efecto inmediato sobre los gobiernos de EEUU y la UE, que están estudiando el endurecimiento de sus respectivas leyes de inmigración en lo que se prevé supondrá un recorte aún mayor sobre los ya escasamente respetados derechos y libertades de las poblaciones inmigrantes. Igualmente preocupante resulta el hecho de que el Secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, haya instado al Emir de Qatar a que ejerciera un control férreo sobre el canal de TV independiente Al-Jazeera, único medio que cuenta con corresponsales y oficinas dentro de Afganistán. Powell acusó a Al Jazeera de "fomentar sentimientos anti-americanos" entre su audiencia árabe. La actitud del gobierno español Desde el inicio de la crisis, el gobierno español ha mostrado una actitud de servilismo absoluto frente a las tesis y proyectos norteamericanos. Paradójicamente, si bien el presidente norteamericano se vio obligado a solicitar la autorización del Congreso para recurrir al uso de la fuerza (en una intervención que permitió la aprobación de una resolución de ayuda por parte del Congreso a la campaña bélica), el presidente del gobierno español no ha sometido la decisión de intervenir en la guerra al Parlamento y ni ha explicado en qué consistirá la intervención estatal en la guerra, ni cuál está siendo el nivel de utilización de las bases de Rota y Morón en el marco de esta nueva intervención. La sociedad ha conocido el apoyo brindado por el gobierno a través de los medios de comunicación, en una verdadera demostración de la falta de talante democrático del Gobierno. Defecto éste que sin duda se repetirá en el previsible endurecimiento de la represión a nivel interno dentro del Estado en respuesta a las protestas que ya se están produciendo contra la intervención militar. Cabe también resaltar la complicidad de la mayor parte de los medios de comunicación estatales (con contadas excepciones) en la repetición y diseminación de contenidos claramente propagandísticos, carentes de auténtico valor informativo, y tendentes a la reproducción de estereotipos racistas y xenófobos que pueden tener y de hecho ya están teniendo un impacto negativo sobre el conjunto de la sociedad. Madrid, 10 de octubre de 2001
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