Represión bajo el 'Imperio de la Ley': reflexiones sobre el proyecto imperialista y las libertades en Jordania tras el 11 de septiembre

Hisham Bustani*

Para CSCAweb, 17 de octubre de 2001
Traducción: CSCAweb

Miembro del Comité Antinormalización de Jordania, Bustani analiza en este artículo elaborado para CSCAweb cómo el régimen jordano está acelerando la promulgación de leyes represivas a fin de desactivar las críticas populares por la sumisión del país a la estrategia norteamericana para Oriente Medio y la actual intervención contra Afganistán

EL LUNES 8 de octubre de 2001 el gobierno jordano aprobó la Ley de carácter temporal número 54. Esta ley es una enmienda al Código Penal, una vuelta de tuerca más de los atentados contra las libertades públicas que se vienen produciendo en Jordania, una ley que convertirá a este país (un país árabe que tiene la más larga historia de confrontación con el enemigo sionista), en un Estado policial por obra y gracia del "Imperio de la Ley". Ahora, ya es posible encarcelar a lo que queda de oposición política por toda una serie de acusaciones; se puede continuar el proyecto para fragmentar incluso las más reaccionarias formaciones sociales con el objetivo de hacer avanzar con mayor facilidad los programas de la globalización y el imperialismo; ahora, es posible seguir creyendo que la "paz" con el enemigo sionista es una "opción estratégica" incluso después de la llegada al poder de Ariel Sharon como líder de la pirámide política sionista (un hombre infame conocido por su proyecto de "transferir refugiados palestinos y establecer un Estado palestino en Jordania", las masacres sin parangón de Sabra y Chatila, y la represión militar por él ordenada de la heroica segunda Intifada de nuestros hermanos en Palestina). Todo esto seguirá adelante con facilidad gracias al imperio de la Ley. Pero, ¿de qué Ley estamos hablando?

Tras la disolución del parlamento jordano el pasado mes de junio, las autoridades políticas pospusieron las elecciones parlamentarias hasta septiembre del 2002. Muchos analistas consideran que esta fue una "medida preventiva" que se tomó para evitar atacar a fondo los problemas nacidos a raíz de la Intifada, la paz con el enemigo sionista, las numerosas campañas relativas al proyecto anti-normalizador, etc., dado que todos estos temas son el pan nuestro de cada día con el que se desayunan los jordanos. Ahora se da el caso de que tras los acontecimientos del 11 de septiembre, el Parlamento jordano permanecerá disuelto durante un largo periodo de tiempo.

Con la adopción de todas estas medidas (la disolución del parlamento y el retraso de las elecciones), la autoridad política ha violado la Constitución, violación que se añade a otras previas que comenzaron el 6 de octubre del 2000, cuando el Primer ministro firmó un decreto por el cual se prohibían todas las manifestaciones y marchas en respuesta a las muchas manifestaciones que habían sido convocadas por todo Jordania en apoyo de la Intifada y las exigencias de que se cerrase la Embajada de Israel.

Así, la autoridad política ha creado deliberadamente un vacío político y legal en Jordania, dándose a sí misma una autoridad ilimitada, y ha empezado a aprobar leyes con carácter temporal por medio de mecanismos anticonstitucionales. El párrafo 1 del artículo 94 de la Constitución afirma que "cuando el Parlamento se disuelva, el Gobierno, con la aprobación del Rey, tiene el derecho a promulgar leyes de carácter temporal en aquellos asuntos que requieran atención inmediata, o que necesiten del empleo de partidas presupuestarias que no puedan ser pospuestas... [estas leyes de carácter temporal] no podrán violar la Constitución". Las leyes que con carácter temporal están vigentes en la actualidad son: la ley electoral del 2001; la ley que con carácter temporal enmienda la Ley del Tribunal de Seguridad del Estado del 2001; la ley general que con carácter temporal regula el derecho de asociación y reunión para el 2001; y la ley que, nuevamente con carácter temporal, enmienda el Código Penal. Ninguna de estas leyes han resuelto problemas que necesiten ser atendidos con urgencia, ni se refieren a la necesidad de realizar un gasto presupuestario que no puede ser retrasado. Además, de acuerdo con la Constitución jordana, que preserva las libertades públicas y privadas en sus artículos 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 y 18, es evidente que estas leyes no son simplemente "otras interpretaciones de la Constitución" como pretende la oposición política "domesticada", sino que constituyen una clara y flagrante violación de la misma.

Leyes anticonstitucionales

Veamos ahora cuáles son algunas de las provisiones de estas leyes anticonstitucionales de carácter temporal:

La ley que corrige la Ley del Tribunal de Seguridad del Estado del 2001 otorga a las fuerzas de seguridad un periodo de 7 días para detener a un individuo antes de que el detenido se presente ante el fiscal general. De manera aún más peligrosa, la ley da al Primer Ministro la potestad de enviar cualquier caso que considere oportuno al Tribunal de Seguridad del Estado.

La Ley de Asociación del 2001 prohíbe cualquier tipo de reunión o manifestación excepto cuando se cuente con un permiso del Gobernador, permiso que ha de ser solicitado durante los tres días previos al evento en cuestión. La ley estipula que la decisión del Gobernador es inapelable. Igualmente la ley otorga al Gobernador la potestad de disolver cualquier reunión o manifestación por la fuerza si se observa alguna desviación de los propósitos iniciales de la reunión en cuestión. La ley también considera responsables de cualquier violación del orden público, así como de cualquier daño que pueda ser causado contra las propiedades o las personas, a los convocantes de la manifestación.

La enmienda al Código Penal del 2001 incluye una definición vaga y amplia de "terrorismo", prevé el envío de todos los "infractores" en el ámbito de la actividad editorial y la prensa al Tribunal de Seguridad del Estado, en lugar de remitirlos a un tribunal civil, y permite el encarcelamiento de individuos que "escriban o distribuyan discursos por cualquier medio de comunicación o publiquen noticias que sean perjudiciales para la unidad nacional; que instiguen a la acción criminal; que siembren el odio y la maldad (¡!); que inciten a la división entre los miembros de la sociedad; que inciten a actos de fanatismo religioso y racial; que supongan un insulto a la dignidad de las personas, su honor, o sus libertades individuales; que alteren las normas básicas que regulan el funcionamiento de la sociedad incitando a la desviación de lo que está bien (¡!); que cometan actos de corrupción o publiquen informaciones falsas o rumores; que inciten a la gente a organizar huelgas o sentadas; que convoquen actos públicos de un modo que viole lo previsto en la legislación vigente; o que cometan actos considerados perjudiciales para la reputación y la dignidad del Estado" (¡!) La ley también permite el "cierre temporal o permanente" de aquellas publicaciones que publiquen "información falsa o difamatoria que atente contra la unidad nacional y la reputación de la nación". Los editores y responsables de medios de comunicación que publiquen artículos en los que se incite a "la huelga, asambleas públicas ilegales, o que atenten contra el orden público", podrán ser sancionados con multas de hasta 5.000 dinares jordanos, condenados a penas de hasta tres años de prisión, o ambos. Las enmiendas incluyen también penas de prisión para todo aquel que "elabore dibujos o caricaturas de Su Majestad el Rey verbalmente, por escrito, o por medios electrónicos , que utilice el material mencionado de una manera que insulte la dignidad del Rey, o de manera que tal cosa quede implícita", y para todo aquel que "utilice cualquier medio de comunicación para hacer públicos" [estos dibujos]. La ley incrimina igualmente los mismos actos referidos a "Su Majestad la Reina, el Príncipe Heredero, o cualquier miembro de la Familia Real".

Pero analicemos todo el conjunto. La elección de las autoridades políticas jordanas se opone totalmente a los intereses y las peticiones populares, y contradice incluso las líneas básicas de actuación que las autoridades han prometido mantener, como por ejemplo:

- Hacer de la "paz" con el enemigo sionista una opción estratégica para Jordania, incluso con la presencia de Sharon [en el Gobierno israelí] y a pesar de que Sharon es partidario de la idea del transferir [a los refugiados palestinos], idea que constituye una amenaza directa para Jordania.

- Acelerar el proceso de transformación de Jordania en una "zona libre" para el imperialismo y la globalización mediante la adopción continuada de recetas del Banco Mundial que ya han conseguido privatizar sectores clave de la economía jordana, introduciendo "socios estratégicos" extranjeros en los mismos y subiendo los precios del petróleo, y que además han dado lugar a la apertura de numerosas fábricas donde se explota a los obreros situadas en "zonas industriales libres" con socios sionistas, en las que el salario es de 80 dólares mensuales por una jornada de trabajo de 12 horas al día.

- La aceptación de las autoridades políticas jordanas como parte del coro de animadores de EEUU en el transcurso de la agresión norteamericana contra Afganistán y Asia Central, un ataque que muy probablemente se extenderá hacia Iraq y quizás a otros países árabes, colocando así a los animadores en una posición muy peligrosa.

Todo esto hace que las autoridades en Jordania se sientan amenazadas y tengan miedo de las consecuencias que puede traer su actual línea de actuación política, línea que las ha obligado a adoptar, ya a cara descubierta, métodos policiales para minimizar las consecuencias de todo lo anterior.

Por una nueva y radical oposición

En consecuencia, y debido a que las autoridades políticas jordanas se esfuerzan por proyectar una imagen de sí mismas como "democracia naciente", como un "país estable" y un "Estado regido por la ley" para atraer a los turistas, a los inversores y al capital extranjero, las autoridades intentan maquillarse la cara: por eso promulgan "leyes con carácter temporal" en lugar de instaurar la ley marcial; por eso hablan de "posponer las elecciones" en lugar de decir que no habrá elecciones; por todo ello aseguran estar "organizando la democracia" en lugar de abolirla. Todo esto se está llevando a cabo con un gobierno compuesto por tecnócratas: el primer ministro es un conocido economista; el ministro del Interior es un antiguo profesor universitario; el ministro de Justicia es hijo del primer (y último) jefe de gobierno elegido democráticamente en 1956: un gobierno que apenas duró unos meses, tras lo cual fue disuelto y se impuso un estado de excepción que duró ¡hasta 1989!

Todo este maquillaje y la complejidad de tratar todos estos temas demuestra que lo que está por venir es algo muy gordo. Estas medidas han puesto también un peso considerable sobre los hombros de la oposición oficial que, hasta el momento, ha fracasado a la hora de oponerse a esta tiranía; es más, hasta ahora ha contribuido a que las cosas sigan como están, puesto que durante los últimos 12 meses han estado de acuerdo en que se suspendieran manifestaciones siguiendo órdenes del ministro del Interior, del Gobernador general, y de otros. Las leyes de carácter temporal se han visto legitimadas cuando la "oposición" islamista pidió permiso para celebrar una manifestación el 7 de septiembre de 2001 siguiendo los principios recogidos en la nueva ley de asociación y reunión y, como muestra de "buena voluntad", la manifestación fue permitida, a pesar de la prohibición que llevaba vigente casi un año sobre la celebración de este tipo de actos. La oposición tradicional oficial está muy lejos de molestar siquiera un poquito a las autoridades políticas. Personalmente, creo que deberían echarse a un lado y dejar el camino libre para una oposición nueva y radical.