Buscando Camino Buscando Camino
Panamá, Año VII, No. 183
25 al 31 de mayo de 2008
El gobierno de Martín Torrijos acaba de anunciar lo que supone ser la solución al problema del transporte público en Panamá. El sistema vigente está basado en buses escolares de desecho traídos de Estados Unidos, que han sido puestos en circulación por propietarios privados, que en su mayoría se los alquilan diariamente a terceros, denominados popularmente palancas, quienes deben cometer todas las tropelías conocidas para entregar una cuenta diaria, bus lavado, tanque lleno, y llevarse algo para su casa, sin goce de salario estable, seguro social ni posible jubilación.
Para ganar en ese sistema privado de transporte, esos chóferes deben de sobrellenar los buses con gentes paradas, manejar a velocidades temerarias con la práctica de las fatídicas «regatas», obstaculizar en la vía y en las paradas los otros buses, en fin, el infierno diario de la mayoría de los habitantes del área metropolitana.
La consecuencia de ese sufrir ha sido que los(as) usuarios(as), a la primera oportunidad que se tenga algo de dinero, lo inviertan en un carro particular, con los que ya se ha llegado a la saturación de la capacidad vial con los consiguientes tranques, sin distingo del momento del día. Ello a su vez ha conllevado que quienes trabajan o estudian, sea que usen buses o carros particulares, tengan que levantarse en los barrios dormitorios de la ciudad a horas tales como las 3:30 – 4:00 de la mañana para entrar a tiempo a trabajos y centros escolares.
Siendo como es un sistema privado, el margen de ganancia se ve afectado por los incrementos del combustible, con lo que el Estado ha estado gastando millones en subsidiar… lo que es un negociado de particulares. Ello contradice el supuesto espíritu de empresa privada, que deben ser sostenidas por su propia viabilidad económica y no a costa del erario público. En otros países del primer mundo, son empresas estatales o municipales las que se encargan de eficientes sistemas de transporte masivo, ante la incapacidad manifiesta de la empresa privada para dedicarse a tales menesteres a precios accesibles.
El sistema anunciado por el presidente Martín Torrijos esconde varias trampas.
La primera es que se basa en buses que operan con combustible, cuyo costo no tiene visos de dejar de incrementarse, con lo que tendrán que aumentar permanentemente el pasaje a sus usuarios(as).
La segunda trampa es que el Estado invertirá del erario público cifras millonarias para después entregar el sistema a dos concesionarias privadas. El Estado adquirirá en aproximadamente 60 millones de balboas los primeros 420 buses que entrarán en circulación a principios del 2009, y construirá a costo de los contribuyentes los carriles únicos por donde circularían esos buses, obras estas últimas por el orden de unos 80 millones de balboas. Todo el sistema sería entregado a dos compañías privadas a principios del 2010, con lo que se iniciarían las alzas del pasaje.
La tercera trampa es que la existencia de nuevos buses no va a descongestionar las arterias viales, con lo cual no se soluciona el aspecto referido a la cantidad de tiempo que demoran los viajes ni la contaminación ambiental propia de tal sistema.
Necesitamos un sistema de transporte ecológico, basado en electricidad, masivo y rápido. El costo que implica el sistema propuesto por el gobierno, sumando buses, construcción de carriles únicos, aunado a la indemnización pirata que exige la mafia transportista, lo convierte en un sistema supremamente más costoso e ineficaz, comparado con los 200 millones que costaba una de las líneas del sistema de tren ligero, que ofrece la ventaja de no usar combustible sino energía eléctrica, como también ser tan rápido-por no tener nada que ver con los tranques en las arterias de circulación vial- que se estaría en 25 minutos de Mañanitas al centro de la ciudad.
Por otra parte, nos debemos oponer rotundamente a indemnizar a la mafia transportista, que suficiente ha lucrado ya con los subsidios del patrimonio de los(as) contribuyentes. Ya que se proclaman adalides de la libre empresa, que mantengan sus buses en competencia al sistema de tren ligero, sin subsidio de ninguna clase, eso si, pagando salarios y seguro social como establecen las leyes nacionales.
No hay ninguna razón para que el sistema que se escoja no sea público, única manera viable y realista de mantener los precios de su pasaje, tal y como lo demuestran las ingratas experiencias de las privatizaciones de la luz y telefonía.
El anuncio de Martín Torrijos es un reto que plantea la urgencia de generar, a nivel nacional, un amplio movimiento contra otra entrega de fondos estatales para negociados que no dan solución a una necesidad tan apremiante, y por la utilización de los dineros públicos en un sistema que elimine de raíz el sufrimiento diario de los(as) usuarios(as).
Por ser una necesidad tan sentida, dicho movimiento puede partir de las comunidades y centros escolares, para convertirse en un torrente poderoso a nivel nacional, que obligue al gobierno, tanto a dar marcha atrás en sus nefastas pretensiones, como a invertir los dineros de la ciudadanía en un sistema público, masivo, barato y ecológico de transporte.
