La privatización
de la tortura
Asesinos y 'expertos
civiles' al servicio de la ocupación de Iraq
Sinfo Fernández
Navarro*
CSCAweb
(www.nodo50.org/csca), 31 de mayo de 2004
Nota Informativa CSCAweb, 20 de mayo de 2004
"La
devastación que para el pueblo iraquí han supuesto
la guerra y la ocupación de su país parece no poder
tocar fondo. En ese escenario donde se sigue experimentando y
sufriendo el avance del fenómeno de la privatización
de la industria militar, uno de los últimos hitos bajo
observación y análisis es la relación cada
vez más nítida entre contratistas de seguridad
privada y las torturas en la cárcel de Abu Ghraib"
A la hora de contratar, la
mayoría de las industrias militares privadas no ponen
muchos reparos en situar a cualquiera en Iraq. El pasado 28 de
enero una camioneta camuflada como ambulancia explotó
en Bagdad junto al hotel Shahin. Entre los muertos que
provocó el atentado apareció el nombre de Francois
Strydom, y el de Deon Gouws entre los heridos [1]. Tanto
uno como otro habían pertenecido a un grupo de mercenarios
que había estado actuando durante la época del
apartheid sudafricano. Recientemente habían sido
contratados por SAS International, una compañía
privada de seguridad que tiene su sede en EEUU y que es una de
las empresas subcontratadas por la británica Erinys,
cuya labor en principio era vigilar los pozos de petróleo
iraquíes.
La conexión
sudafricana
Antecedentes de ambos individuos
se encuentran en informes de Amnistía Internacional .
Strydom, que fue miembro del ejército sudafricano durante
la época del apartheid, había cometido numerosos
asesinatos a lo largo de la frontera con Namibia. Gouws, antiguo
oficial de la policía sudafricana, había desempeñado
un papel estelar en los sucesos de KwaNdebele (uno de los diez
bantustanes anteriores a la formación del gobierno que
en 1994 acabó con el régimen de apartheid) donde
en julio de 1986, nueve jóvenes fueron brutalmente asesinados
y quemados después para esconder las pruebas. Y hay más
sobre Guows. Se sabe que tratando de acogerse a los beneficios
de una amnistía en Sudáfrica testificó que
había participado en el incendio de entre 40 a 60 casas
y edificios. Recordó también haber detonado el
coche-bomba que en 1986 mató a Piet Ntuli, un ministro
del gabinete de KwaNdebele. Asimismo, en marzo de 1992, junto
con otros compinches, incendió una furgoneta en la que
había cuatro personas desarmadas y cuyos ocupantes murieron,
intentando hacer creer que habían disparado sobre policías
en un control y que éstos devolvieron el fuego matándolos.
También acabaron con un testigo que se encontraba cerca,
el conductor de Winnie Mandela. Ante el temor de que contara
la verdad, el grupo le disparó, prendió fuego a
sus ropas y volatilizó sus restos con explosivos. En 1996,
Gouws fue separado del cuerpo de policía pero a comienzos
del 2004, SAS International le contrató.
Contratistas
privados y torturas en Abu Ghraib
La devastación que para
el pueblo iraquí han supuesto la guerra y la ocupación
de su país parece no poder tocar fondo. En ese escenario
donde se sigue experimentando y sufriendo el avance del fenómeno
de la privatización de la industria militar [2],
uno de los últimos hitos bajo observación y análisis
es la relación cada vez más nítida entre
contratistas de seguridad privada y las torturas en la cárcel
de Abu Ghraib [3]. Torturas que según los informes
de Cruz Roja Internacional y numerosos testimonios se están
produciendo también en muchos de los centros de detención
y campos de prisioneros con que se ha ido sembrando todo el territorio
de Iraq.
En efecto, hasta los últimos
espantosos sucesos, nadie se preocupó de regular y controlar
las actividades de los más de 20.000 agentes civiles
de seguridad de las sesenta empresas privadas que hay ya en Iraq.
Empleados mercenarios que actúan con total impunidad,
algunos de los cuales han sido contratados a través de
una mera llamada telefónica, como informó Torin
Nelson, un antiguo oficial militar de inteligencia que sirvió
en Bosnia y Guantánamo antes de unirse a la empresa CACI
y que proporcionó pruebas para el denominado Informe
Taguba sobre las torturas en Abu Ghraib [4].
Las empresas militares privadas
que están en el centro del escándalo dado a conocer
internacionalmente por el informe clasificado de 53 páginas
del general Antonio Taguba son fundamentalmente dos: CACI
International, Inc., con sede en Arlington, Virginia, y Titan,
de San Diego, California [5].
En ese informe se citan un
total de cuatro nombres: Steven Stephanowicz, John Israel, Torin
Nelson y Adel Nakhla. Todos ellos trabajaban con la Brigada Militar
de Inteligencia 205.
Las empresas
niegan y defienden a sus mercenarios
El informe del general Taguba
afirma que Stephanowicz, un interrogador de CACI, había
hecho declaraciones falsas al equipo que investigaba los abusos
acerca de la localización de sus interrogatorios y las
actividades durante los mismos. Se averiguó que también
había animado a la policía militar a aterrorizar
a los prisioneros y que no ignoraba que sus instrucciones abrían
la veda a torturas físicas y psíquicas. Stefanowicz
es la ortografía utilizada por Joe Ryan, otro empleado
de CACI asignado con el anterior a Abu Ghraib. Ryan es
una personalidad en la KSTP, una emisora de radio conservadora
en Minneapolis que mantenía un registro diario de sus
actividades en Iraq en la página web de la radio antes
de que fuera desmontada. A través de ella, Ryan indicó
que Stefanowicz (o Stephanowicz) continuó haciendo su
trabajo de interrogador en Iraq incluso aunque el general Taguba
recomendó que perdiera su acreditación de seguridad
y que terminaran los abusos en Abu Ghraib. Según el ejército
estadounidense, se dedica ahora a tareas administrativas.
En una vuelta de tuerca más
sobre el mismo personaje, el Philadelphia Daily News identificó
a un antiguo especialista en relaciones públicas expatriado
por el gobierno del sur de Australia, en Adelaida llamado Steve
Stefanowicz, que puede ser la misma persona identificada en el
Informe Taguba. En 2000, Stefanowicz, que creció en las
áreas de Filadelfia y Allentrown se trasladó para
Australia. El 16 de septiembre de 2001 fue citado por el Sunday
Mail de Adelaida por haber participado en 911 atracos. El
declaró que esa acusación "[...] había
sido una de las cosas más increíbles y devastadoras
con las que había tenido que enfrentarse en su vida".
Sus modales, que en un principio eran solemnes y tranquilos,
fueron alterándose de forma progresiva hasta llegar a
hacerse coléricos. Stefanowicz regresó a EEUU y
entró voluntario en la Marina como reservista, abandonándola
en septiembre de 2003 para unirse a CACI.
En cuanto a Israel, negó que hubiera sido testigo de cualquier
conducta indebida. El informe dice que Israel podía incluso
no haber estado allí, "[...] porque no tenía
acreditación de seguridad". No está claro
si Israel trabaja para CACI o Titan, pero los funcionarios
de CACI han negado que le hayan empleado.
A Najla se le preguntó
sobre el trato dado a varios detenidos. Najla es un nombre corriente
entre la comunidad cristiana copta de Egipto y no se sabe bien
si es un estadounidense de origen egipcio o un nacional de Egipto
El alegó que había dos sargentos del ejército
que obligaban a los prisioneros, que estaban desnudos, a hacer
"ejercicios extraños" y que "los amontonaban
unos sobre otros", después de ponerles esposas y
grilletes en manos y pies.
También aparece en el
informe un civil acusado de violar a una joven prisionera iraquí,
pero no se revela su nombre.
Los investigadores militares
concluían alegando que "[...] En general, el personal
civil contratado tanto estadounidense a través de Titan
Corporation, CACI, etc., como nacionales de terceros países
y contratistas locales no eran supervisados adecuadamente en
la prisión de Abu Ghraib".
Pero CACI niega las
acusaciones y mantiene que sus trabajadores han hecho "un
trabajo delicado". Durante una reciente conferencia con
analistas de la investigación, Jack London, el jefe ejecutivo
de la firma, aseguró que todavía no había
sido contactado por el gobierno ni se habían presentado
cargos contra la compañía y afirmó que "[...]
CACI no tolera ni aprueba formas de conducta inadecuadas
o ilegales por parte de ninguno de sus empleados como las cometidas
en Iraq y, si se hubieran producido, yo tomaría personalmente
con esos empleados las acciones apropiadas de forma inmediata".
Se negó a divulgar detalles sobre sus trabajadores en
Iraq, pero poco a poco la información ha ido trascendiendo,
como demuestran los datos apuntados anteriormente.
Por otra parte, William Lawson,
tío del sargento Ivan Chip Frederick, uno de los
soldados también nombrados en el informe del general Taguba
y que tendrá que hacer frente a un tribunal militar, declaró
que su sobrino le había comunicado que cuando intentó
protestar por las órdenes que le hacían cumplir,
sus oficiales superiores le dijeron que siguiera las instrucciones
de los trabajadores civiles contratados que interrogaban a los
prisioneros iraquíes: "Haz lo que los contratistas
civiles te digan que hagas y no interfieras con ellos en los
interrogatorios". Lawson ha declarado que no está
dispuesto a permitir que su sobrino sea utilizado como cabeza
de turco y que los empleados de esas compañías
deberían ser investigados y perseguidos, lo cual es jurídicamente
viable ya que, en el año 2000, el Congreso de EEUU aprobó
una ley que permitía procedimientos criminales contra
los contratistas del Departamento de Defensa que trabajaban en
el extranjero, después de que los contratistas civiles
de Dyncorp, una empresa con sede en El Segundo, lograran
escapar de las acusaciones de estar manejando una red de prostitución
con menores en Bosnia.
Trayectoria
de 'CACI'
CACI International Inc.
se llamaba en sus orígenes
California Analysis Center Incorporated. Fue creada en
los años sesenta por Hebert Karr y Harry Markowitz. Este
último ganó el premio Nóbel en economía
en 1990 por sus investigaciones sobre la diversificación
de las especies. Los primeros contratos federales de la compañía
fueron para proporcionar sistemas de ordenador al Pentágono
con los que poder elaborar programas de simulación de
batallas.
Hasta alcanzar la actual coyuntura,
CACI, que emplea aproximadamente a 6.300 personas, ha
seguido calladamente una agresiva estrategia de negocios enfocada
a expandirse a base de absorber compañías más
débiles y a aumentar sus negocios con el gobierno federal
proporcionando personal de apoyo en las bases de las fuerzas
armadas Nelly, en Texas, y MacLellan, en California. Sus beneficios
se doblaron entre 2001 y 2003. Mientras otro tipo negocios luchan
para sobrevivir, aquéllos que se han enganchado
a la "Guerra contra el terrorismo" siguen elevando
vertiginosamente la cuenta de sus beneficios.
Hoy, CACI, como la mayoría
de los integrantes de la industria militar, se jacta de tener
una lista de antiguos soldados y espías y, asimismo, de
contar con miembros de varios consejos de administración,
como Michael Bayer (antiguo vicepresidente de la Junta de Administración
del Pentágono, y asesor en la Fuerza Aérea, en
el Colegio Naval de Guerra y en el Laboratorio Nacional Sandia),
Bárbara McNamara (exdirectora adjunta de la Agencia Nacional
de Seguridad), Arthur L. Money (antiguo ayudante del Secretario
de Defensa) y Larry Welch (un exgeneral de la Fuerza Aérea
que sirvió en la junta de jefes de estado mayor durante
la primera Administración Bush).
CACI publica habitualmente diversos anuncios en su
página de Internet solicitando interrogadores para enviarlos
a Afganistán, Iraq y Kosovo. El empleo necesita una "acreditación
muy secreta y la ciudadanía estadounidense", según
la página de CACI, y los candidatos deben "[...]
tener por lo menos dos años de experiencia como policía
militar o haber trabajado en alguna agencia de inteligencia donde
los individuos utilizaran técnicas de entrevistar".
David Isenberg, un analista
que busca compañías militares privadas para el
Consejo de Información de Seguridad EEUU-Reino Unido,
declaró que estos puestos aparecen en el sector privado
debido a los planes a largo plazo del Pentágono que van
recortando el número de las fuerzas armadas (en 1991 alcanzaban
la cifra de dos millones; hoy son 600.000 efectivos menos), a
la vez que aumentan los gastos dedicados a nuevos sistemas tecnológicos
militares.
No obstante, el impacto tremendo
que el conocimiento de las torturas en la cárcel de Abu
Ghraib (a la que han pasado a denominar ahora "Campo de
Redención") ha causado en la opinión pública
mundial ha hecho que incluso desde algunos sectores militares
se empiece a cuestionar el uso de contratistas privados para
la guerra.
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Notas:
1. Hamilton
III, H.: Milwaukee Courier, 23 de abril de 2004.
2. Véase en CSCAweb: Tras los sucesos de Faluya. Soldados,
mercenarios y empresarios: La privatización de la guerra
avanza en el Iraq ocupado y enlaces relacionados.
3. Véase en CSCAweb: Eman Jamas: Las mujeres iraquíes
en las cárceles de la ocupación, objetos e instrumentos
de violaciones y enlaces relacionados.
4. Chatterjee, P. y Thompson, A.C.: "Private contractors
and torture at Abu Ghraib, Iraq; Special to CorpWatch,
7 de mayo de 2004. Véase el Informe Taguba (texto
original completo editado por la BBC) en CSCAweb:
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Investigation
of the 800th Military Police Brigade así como el texto de presentación
de CSCAweb del citado informe en: La Administración Bush lo sabía. Informe del Ejército de
EEUU sobre abusos cometidos contra prisioneros iraquíes.
Las presas de Abu Ghraib sometidas a violaciones y vejaciones
5. Leigh. D.: "Who commands the private soldiers?", The Guardian,
17 de mayo de 2004 y Madsen, W: "The Israeli torture template"
CorpWatch, 13 de mayo de 2004.
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