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INFORME EJECUTIVO SOBRE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS SINDICALISTAS COLOMBIANOS[1]
ENERO 1°- NOVIEMBRE 30
CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Área
Derechos Humanos y Laborales
Escuela Nacional Sindical
1.
Una lectura general de la totalidad de
violaciones
La información sistematizada por el Banco de Datos en
Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical muestra que en Colombia, entre
el primero de enero y el 30 de noviembre del
2003, fueron asesinados 62 sindicalistas, 288 fueron
víctimas de amenazas de muerte, 17 sufrieron atentados contra su integridad física
y 4 fueron secuestrados. A este preocupante panorama se suman los 40 sindicalistas
detenidos[2]
en el mismo período, los 11 allanamientos
a residencias de dirigentes sindicales y 54 casos de hostigamientos por parte de la
fuerza pública.
Una mirada panorámica a los 569 casos totales de violaciones
a la vida, a la libertad y a la integridad de los sindicalistas, muestra que paralelamente, el año 2003 presenta una
mayor magnitud en aquellas violaciones referidas a la libertad y a la integridad
física, una disminución en los homicidios,
los secuestros y las desapariciones forzadas de sindicalistas y un cambio en las
modalidades de la violencia. El cuadro
siguiente nos muestra, en términos estadísticos, estas variaciones comparativas
con los años 2001 y 2002.
VIOLACIONES
A LA VIDA, A LA LIBERTAD Y A LA INTEGRIDAD DE
SINDICALISTAS
COLOMBIANOS
Enero
1° – Noviembre 30
2001,
2002 y 2003
| Tipo de violación | 2001 | 2002 | 2003 |
|
Amenazas
de Muerte |
232 |
189 |
288 |
| Homicidios | 180 | 182 | 62 |
|
Atentado con
o sin lesiones |
24 |
17 |
17 |
|
Desaparición |
12 |
8 |
1 |
|
Allanamiento
|
1 |
- |
11 |
|
Detención
|
7 |
11 |
40 |
|
Hostigamiento
|
12 |
19 |
54 |
|
Secuestro
|
40 |
27 |
4 |
|
Desplazamiento |
70 |
2 |
91 |
|
Tortura |
1 |
- |
1 |
|
Total |
579 |
455[3] |
569 |
Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos,
Escuela Nacional Sindical
Estas cifras proporcionan una imagen de la intensidad de
la violencia contra los sindicalistas colombianos
en los últimos tres años y develan al mismo tiempo, los cambios más significativos
de la violencia actual. La mayor magnitud que se observa, en algunas de
las violaciones, permite señalar en términos
generales, que la violencia contra el
sindicalismo se inscribe en las tendencias registradas en el periodo 1991-2002, que nos mostraba
una tendencia regular en los homicidios a dirigentes, un aumento de amenazas y
desplazamiento forzado y una eliminación deliberada de organizaciones sindicales[4]. El cambio de modalidad señala una disminución
de los homicidios, los secuestros y las desapariciones forzadas, que se encuentra
relacionada en primer lugar, con los cambios en las estrategias y lógicas de la
guerra implementadas por los actores extrainstitucionales del conflicto armado
(organizaciones paramilitares y guerrilleras)[5], en segundo
lugar, con el aumento de la violencia
de origen estatal y, finalmente, con la
formulación de una política de seguridad a través de la cual se usan formas y
fórmulas legales para restringir e impedir
los derechos de libertad sindical.[6]
En términos generales, se
puede decir, que la violación a los derechos humanos de los sindicalistas en el
año 2003, se inscribe en el contexto de una violencia sistemática,
selectiva, extendida en el tiempo y con impunidad de los derechos a la vida, a
la libertad y a la integridad de los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones
y, que esta violencia ocurre, en la mayoría de los casos, en el contexto de fuertes
conflictos laborales. Sin embargo, la información registrada
en el periodo enero 1° noviembre 30 de 2003, presenta las
siguientes variaciones.
·
Una disminución del 65% en los homicidios contra sindicalistas;
·
Una Disminución del 85% en los secuestros de sindicalistas;
·
Una Disminución del 87% en las desapariciones forzadas;
·
Una aumento del 34% en las amenazas de muerte contra sindicalistas y una extensión de ellas
en el 25% de los casos a los familiares
de sindicalistas[7];
·
Un aumento
en las privaciones de la libertad detenciones, allanamientos y hostigamientos
en más de 70 casos;
·
Un aumento de las
violaciones por parte de organismos de
la fuerza pública (policía y ejército);
·
Un incremento en
149 casos individuales de violencia contra
mujeres sindicalizadas;
·
Un incremento de la violencia contra los trabajadores
afiliados a la Central Unitaria de trabajadores CUT;
·
Disminución de la violencia contra trabajadores en
el departamento de Antioquia y el aumento de la violencia sindical en las zonas
de Arauca, Norte de Santander;
2. Cuadros y graficas del 2003
Cuadro 1
TOTAL DE VIOLACIONES A LA VIDA, A LA LIBERTAD Y A LA INTEGRIDAD
MUJERES SINDICALIZADAS
Enero
1°- Noviembre 30
COLOMBIA
2002 y 2003
| Tipo de violación | 2002 | 2003 |
|
Amenazas de muerte |
6 |
100 |
|
Homicidios |
20 |
20 |
|
Allanamiento Ilegal |
- |
2 |
|
Desaparición |
1 |
- |
|
Desplazamiento forzado |
1 |
42 |
|
Detención arbitraria |
- |
7 |
|
Hostigamiento |
1 |
7 |
| Secuestro | 3 | 1 |
|
Atentados |
- |
1 |
|
Total |
32 |
180 |
Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos, Escuela
Nacional Sindical
El cuadro No. 1 es concluyente
en sí mismo, en él se evidencia el aumento
en 149 casos de violencia contra mujeres
sindicalizadas y en especial, un aumento en las violaciones referidas a las amenazas
de muerte y los desplazamientos forzados. Sin embargo, lo más grave y significativo de la violencia contra las trabajadoras
colombianas, es la reaparición de formas
y métodos que no sólo se encuentran proscriptos
por el Derecho Internacional Humanitario sino que además, constituyen actos
de crueldad, inhumanidad y barbarie.
El Fusilamiento de la profesora
María Rebeca López, por un grupo armado desconocido en el municipio
de Uramita, departamento de Antioquia[8]; el asesinato de Morelly Guillen trabajadora
de la salud, afiliada a ANTHOC en el municipio de Tame, departamento de Arauca[9];
la detención, tortura y decapitación de la Maestra Liliana Caicedo Pérez, por Ejército
Nacional en Ricaurte, departamento de Nariño[10]
y, el secuestro y posterior asesinato de la
educadora Ana Cecilia Duque Villegas[11], por el
Ejercito de Liberación Nacional –ELN-, muestran como en
Colombia lo imposible se hace posible y, se convierte en una forma de regulación y dominación.
Es importante señalar que Maria
Rebeca fue fusilada frente a su hijo de tres años, que Morelly Guillen fue asesinada en
el interior de su casa; que el cuerpo de Liliana Caicedo fue encontrado
decapitado y con señales de tortura en
el exterior de su casa y, que
el secuestro y posterior asesinato de Ana
Cecilia Duque fue el resultado de una retaliación contra su padre.
Cuadro 2
DEPARTAMENTOS MÁS PELIGROSOS PARA LA ACTIVIDAD SINDICAL
TOTAL DE VIOLACIONES
Enero 1°- Noviembre 30
2003
| Departamentos | Homicidios | Amenazas |
|
Antioquia |
9 |
37 |
|
Atlántico |
7 |
3 |
|
Arauca |
6 |
135 |
|
Valle |
6 |
22 |
|
Cesar |
5 |
22 |
|
Magdalena |
5 |
- |
|
Bolivar |
1 |
4 |
|
Santander |
1 |
25 |
|
Norte de Santander |
5 |
1 |
|
Tolima |
2 |
1 |
|
Risaralda |
1 |
20 |
|
Cundinamarca |
2 |
3 |
|
Bogotá D.F. |
- |
34 |
Fuente: Banco
de Datos de Derechos Humanos, Escuela Nacional Sindical
Cuadro 3
TOTAL DE VIOLACIONES A LA
VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD DE SINDICALISTAS COLOMBIANOS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ENERO 1°- Noviembre 30
2003
| Tipo de violación | No. De Casos |
|
Homicidios |
9 |
|
Amenazas de
muerte |
37 |
|
Desplazamiento
forzado |
4 |
|
Atentados |
1 |
|
Secuestro |
1 |
|
Detenciones |
1 |
|
Total |
53 |
Los cuadros 2 y 3 son reveladores
de tres situaciones. En primer lugar, señalan una disminución de
la violencia contra trabajadores en el departamento de Antioquia, departamento
que hasta el año 2001 era considerado el lugar más peligroso de Colombia para
ejercer la actividad sindical. En segundo lugar , evidencian la aparición
de nuevos territorios disputados por los actores armados y como correlato, de
estas nuevas disputas, la ampliación geográfica
de los espacios en los cuales se violaban los derechos humanos de los trabajadores
y, finalmente, muestran el aumento de
las violaciones en zonas que fueron consideras
como zonas especiales de orden público, Arauca, por ejemplo .
Cuadro 4
TOTAL DE VIOLACIONES POR CENTRAL SINDICAL
Enero 1°- Noviembre 30
Colombia
2003
| Central | 2003 |
|
CUT |
555 |
|
CGTD |
2 |
|
CTC |
- |
|
No Confederado |
12 |
|
Total |
569 |
Fuente: Banco de
Datos de Derechos Humanos, Escuela Nacional Sindical
Cuadro 5
TOTAL DE VIOLACIONES POR SECTOR ECONOMICO
Enero
1°- Noviembre 30
2003
| Sector | No.
de casos |
|
Sector servicios |
405 |
|
Minas y canteras |
81 |
|
Industria Manufacturera |
22 |
|
Electricidad |
26 |
|
Comercio |
12 |
|
Agricultura |
18 |
|
Construcción |
1 |
| Transporte | 2 |
|
Financiero |
2 |
|
Total |
569 |
Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos, Escuela
Nacional Sindical
Cuadro No.6.
TOTAL DE VIOLACIONES POR SECTOR SERVICIOS
Enero
1°- Noviembre 30
2003
| Sub.
sector |
No.
casos |
|
Educación |
339 |
|
Salud |
12 |
|
Trabajadores municipales |
19 |
|
Otros |
35 |
|
Total |
405 |
En los cuadros
4, 5 y 6 se aprecia que la Central Unitaria de Trabajadores –CUT- y el
magisterio afiliado a la Federación Colombiana de Educadores –FECODE-, siguen
siendo los sectores más afectados por la violación a los derechos humanos de los
trabajadores en el país. El primer caso se explica, porque la CUT además de poseer
el 63% de la afiliación sindical, posee altos niveles de presión política, de protesta social y de interlocución con el Estado. El segundo caso se explica, en primer lugar, por el papel estratégico
del magisterio, en las protestas contra las políticas neoliberales y de reducción
del gasto social aplicadas en Colombia en la última década; en segundo lugar,
por la ubicación de las sedes escolares
en zonas y territorios disputados por los actores armados
y, finalmente, por el peso preponderante que sigue teniendo el ámbito municipal
y rural dentro de las estrategias de consolidación y dominio territorial de las
guerrillas y los paramilitares.
PRESUNTOS RESPONSABLES
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Tal como se señaló
anteriormente, en lo que va corrido del año se han presentado 569 violaciones
a la vida, a la libertad y a la integridad; de éstas en 360 casos, el 63% del total, no se conoce o
no se ha denunciado al autor. Igual situación se presenta respecto de los 62 homicidios
de sindicalistas: en 53 casos, es decir en el 76% del total, o no se conoce o
no se suministra información respecto del autor o responsable del homicidio.
En los casos restantes las organizaciones paramilitares son responsables
de 81 casos de amenazas de muerte y 8 casos de homicidios de sindicalistas, las organizaciones guerrilleras
son responsables de 2 homicidios, 7 amenazas
de muerte y 2 secuestros y los organismos
de la fuerza pública (DAS, ejército y policía) son responsables de los allanamientos,
las detenciones y de 10 casos de hostigamiento.
- Conclusiones
generales
Los cambios generales
sobre las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores colombianos,
en términos de la disminución de los homicidios, los cambios de modalidad en las
violaciones, el aumento del desplazamiento y de las violaciones a la libertad,
se encuentran relacionados con los cambios en las estrategias de guerra,
la movilidad territorial de los actores, la resolución o disminución de las disputas
territoriales armadas y la implementación de procesos de negociación
o acuerdos puntuales entre algunos de los actores armados y el gobierno
actual.
En este sentido,
es posible afirmar que las variaciones positivas que se presentan en algunos indicadores
sobre la violación de derechos humanos de los trabajadores en el país, no son
necesariamente, el resultado de la aplicación
de políticas gubernamentales deliberadas orientadas a garantizar y proteger los
derechos de asociación sindical, sino el resultado, bastante contingente, de las lógicas
de acción y los cálculos políticos y estratégicos de los actores del conflicto.
Incluso,
ciertas modificaciones en las tendencias, en términos del deterioro en algunos
derechos, libertad personal y libertad sindical
por ejemplo, son el resultado directo
de la acción estratégica desplegada por el Estado cuando se generan procesos de
acercamiento con alguno de los actores armados para la búsqueda de salidas negociadas al conflicto.
Una mirada global a los indicadores nos muestra que todos aquellos gobiernos que
se han propuesto como objetivo conseguir la paz –o ganar la guerra-,
han acompañado su discurso de voluntad de paz –o voluntad de guerra-, con un progresivo
endurecimiento con los actores del conflicto económico y social que se ubican
por fuera de la acción armada. El aumento de las detenciones, los allanamientos
y hostigamientos por parte de la fuerza pública a las organizaciones sindicales,
la judicialización de altos dirigentes sindicales, como los casos de Hernando
Hernandez y Robinso Beltran evidencia
una politica gubernamental y una politica estatal “que
dialoga con más facilidad con los grupos armados que con las organizaciones legítimas
del trabajo”.
Las detenciones "legales",
las retenciones arbitrarias, los allanamientos y los hostigamientos a sindicalistas
por parte de organismos estatales, desconocen y traslapan
el marco internacional de derechos humanos, se constituyen en elementos
violatorios de la libertad sindical y
contribuyen a la generalización de una cultura antisindical que continua
señalando a las organizaciones sindicales como una amenaza
para el orden público interno, como organizaciones funcionales a la subversión
y como un estorbo para el progreso económico
de las empresas.
La extensión de las amenazas de muerte y hechos violentos
a familiares, hijos y esposas de sindicalistas, el resurgimiento de
formas aberrantes de violencia
(decapitaciones y mutilaciones) contra trabajadores sindicalizados y, la aparición
de panfletos amenazantes y pronunciamientos con un fuerte contenido político, retórico[12] y retaliativo
muestran, que las organizaciones paramilitares siguen
utilizando estas estrategias como una
forma para inmovilizar a las organizaciones sindicales.
La recurrente violencia contra
la Central Unitaria de Trabajadores –CUT-,
el asesinado de 27 dirigentes sindicales y, el hecho de
que el 91% de las violaciones tuvieran por causa la actividad sindical, evidencia
una vez más que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas
en Colombia se encuentran ligadas a conflictos laborales, aunque ellas ocurran
en el contexto de la guerra y sean cometidas, en la mayoría de los casos, por
alguno de los actores de la guerra y en segundo lugar, que esta violencia
es una violencia discriminada,
selectiva, extendida en el tiempo y con impunidad.