Desde el primer día de la dictadura militar en Chile - el 11 de septiembre de 1973 -, miles de chilenos conocieron la prisión política; los que se entregaron voluntariamente o fueron detenidos en los primeros meses y ejecutados y desaparecidos, como los que pasaron algunos o largos años detenidos en virtud de leyes especiales destinadas a penalizar toda resistencia contra el poder militar y su Estado terrorista.
    Los centros de tortura-cárceles clandestinas como Londres 38, la Venda Sexy, Villa Grimaldi, etc., las cárceles-campos de concentración como el Estadio Chile, el Estadio Nacional, la Isla Dawson y, más tarde, Pisagua, Chacabuco, Cuatro Alamos, Ritoque, Puchuncaví, etc. y las cárceles comunes de todo el país, fueron lugares en que la dictadura militar terrorista intentó inútilmente doblegar la voluntad de resistencia de los que se levantaron, con armas y con ideas, para combatir por la libertad, la justicia y la democracia.
    La prisión política fue y sigue siendo, hoy en Chile, territorio de resistencia a la opresión, de rescate de la dignidad y de solidaridad intransables.
    La libertad condicionada de los presos políticos por el gobierno de la Concertación
    A partir de 1990, al producirse el traspaso negociado del gobierno desde manos militares a civiles y durante los 3 primeros años de la administración Aylwin, coinciden en la prisión política dos realidades: la de los presos políticos encarcelados por la dictadura y la de los nuevos presos que reivindican la legitimidad política de su lucha.
    Por estar en su programa, el gobierno civil que asume el 11 de marzo de 1990 está obligado a buscar una solución al problema de la prisión política. De los 397 presos y presas políticos encarcelados a esa fecha, un 89 % estaba siendo procesado por la Justicia Militar, principalmente por delitos tipificados en las siguientes leyes:

- Ley N° 12.927 sobre Seguridad Interior del Estado;
- Ley N° 17.798 sobre Control de armas y explosivos, y
- Ley N° 18.314 sobre conductas terroristas, además de algunas normas especiales        contenidas en el Código de Justicia Militar.

    En este contexto, el 30 de enero de 1990, medio centenar de presos políticos se fuga de la Cárcel pública a través de un túnel. Al recuperar la libertad por sus propios medios, rompen el proceso de recuperación simbólica de la cárcel política iniciado por la Concertación. No sólo el gobierno de Aylwin no tuvo la voluntad política para poner en libertad a todos los presos políticos, sino que el poder legislativo y el poder judicial entrabaron e impidieron constantemente asegurar a los presos políticos procesos justos ante un tribunal independiente y reconocer su derecho a un debido proceso.
    El gobierno de Aylwin negoció entonces con la derecha, especialmente con Renovación Nacional, una serie de reformas constitucionales que se concretaron en la ley Nº 19.055 del 26 de marzo de 1990, más conocida como "leyes Cumplido", que permitían conceder la libertad provisional a los procesados por Ley Antiterrorista, otorgar indultos generales y amnistía. Estas modificaciones permitieron que en el curso de 1990 fueran cerrados los procesos y otorgada la libertad por indulto presidencial a 47 presos políticos, 13 de los cuales se encontraban en libertad provisional. Sin embargo, el gobierno, presionado por la derecha, no pudo extender el beneficio a la totalidad de los presos, lo que motivó diversas movilizaciones y huelgas de hambre:

- entre el 14 de marzo y el 9 de abril de 1990, 138 presos políticos de todo el país realizaron un ayuno prolongado, rechazando de la distinción oficial que se hizo entre presos "de conciencia" y presos "por hechos de violencia".
- entre el 29 de mayo y el 22 de junio de 1991, los presos políticos realizaron una huelga de hambre exigiendo libertad e inserción plenas en la sociedad.
- el 2 de octubre de 1991 hubo incidentes y un motín en la ex Cárcel Pública y la Penitenciaría como consecuencia de un allanamiento en busca de túneles, y
- el 30 de septiembre del mismo año, 6 presos políticos iniciaron una huelga de hambre de carácter indefinido, que se prolongó por 45 días.

    En gran medida como producto de estas movilizaciones y de la campaña de denuncias y marchas realizadas por familiares y amigos, en 1991 recuperaron su libertad 160 presos políticos, tras la aprobación de las "leyes Cumplido"; en 1992, 133 recuperaron su libertad, y 13 en 1993. El año 1994 se inició con 14 presos políticos, los que abandonaron finalmente la Cárcel de Santo Domingo en el marco de la conmutación de su condena por penas de extrañamiento o exilio forzoso: en marzo parten a Bélgica los militantes del FPMR acusados de la tentativa de "tiranicidio" y en mayo del mismo año, 2 militantes del Mapu Lautaro viajan a Noruega, país que les concede una residencia humanitaria. Reacio a enfrentar un destino incierto en la Penitenciaría, Rodrigo Morales, militante del FPMR, se fugó e ingresó a la clandestinidad días antes de la partida al exilio de sus compañeros y 1 militante del MPMR del "caso Carrizal" fue trasladado al anexo cárcel de Capuchinos y posteriormente puesto en libertad. En total, 25 presos políticos vieron conmutada la pena de prisión por la de "extrañamiento" o exilio forzado, que oscilan entre 5 y 40 años.
    No obstante aún hoy continúan estando pendientes numerosos casos judiciales de perseguidos políticos, los que enfrentan las siguientes situaciones:

- procesos sin sentencia de término para presos políticos que se encuentran en libertad provisional;
- indultos en trámite en favor de presos políticos condenados cuando se encontraban en libertad provisional y que deberían cumplir con sus condenas o vivir en la clandestinidad;
- exilio forzado para cientos de compatriotas que no pueden retornar al país por tener órdenes de detención emanadas principalmente de la justicia militar por supuestos delitos cometidos bajo la dictadura;
- dificultades de sobrevivencia para muchos ex presos políticos que esperan que sean eliminados sus antecedentes penales y recuperar sus derechos civiles y políticos.

    Como vemos, la prisión política para los presos de la dictadura subsiste aún en cierto modo y sigue siendo un problema pendiente de derechos humanos, en la medida en que no se buscó una solución global, que contemplara al menos:

1. Una política de reinserción de los ex-presos políticos, puesto que quienes fueron condenados bajo la dictadura militar aún están fichados como delincuentes, con todos los problemas que ello implica para encontrar un trabajo.
2. Una política de reparación moral, que reconozca la legitimidad de su lucha contra un poder ilegítimo, las torturas a que fueron sometidos y los prolongados períodos de encarcelamiento.
    El gobierno tiene la obligación y la posibilidad de exigir que sean juzgados y castigados los responsables de torturas y de poner término a estas prácticas ilegales de la policía. Lo que no se ha hecho, como lo demuestran las frecuentes denuncias que dan cuenta de la continuidad de estas prácticas.
    En definitiva, el gobierno sólo procedió a "vaciar" las cárceles de presos políticos, pero sin considerar una política global de reinserción y reparación moral ni resolver la situación de quienes están prófugos u obligados a vivir en la clandestinidad por tener procesos y órdenes de detención pendientes. En definitiva, el gobierno de la Concertación no asumió exactamente lo que significa hacer justicia, tal como había prometido en su Programa de gobierno.

    Si bien las "leyes Cumplido" permitieron la excarcelación de los presos políticos de la dictadura, la negociación con la derecha implicó que a partir del 11 de marzo de 1990, fecha en que formalmente se inicia la "transición a la democracia", se cerró la posibilidad de indultar a los presos encarcelados por motivaciones políticas con posterioridad a esa fecha.
    De este modo, la prisión política se perpetuaba en nuestro país adoptando características mucho más sofisticadas e inhumanas.
    ¿Quiénes son estos nuevos presos y presas políticos cuyo carácter de tales niega el gobierno, que prefiere tildarlos de "delincuentes terroristas o subversivos"?
    Son jóvenes militantes o simpatizantes - en 1993, el promedio de edad era de 27 años -, de organizaciones y fragmentos de orgánicas del movimiento popular chileno: el FPMR y rodriguistas aislados, el MPMR, el complejo MAPU Lautaro (FRPL y MJL) y el MIR (EGP). En su mayoría, nacidos en los primeros años de la dictadura militar, provenientes de sectores populares (más de la mitad son trabajadores manuales y los demás estudiantes y profesionales) y en cuya historia familiar se conjuga la pobreza con la violencia política de la dictadura. Su aprendizaje político lo hicieron principalmente en las grandes protestas antidictatoriales de mediados de los 80.

    Los nuevos presos políticos fueron detenidos en el marco de enfrentamientos, en sus domicilios o en la calle como resultado de labores de inteligencia con la participación de delatores infiltrados, acusados de pertenecer a organizaciones llamadas "subversivas" o "ilegales" y de haber incurrido en diversos delitos contra la propiedad y personas. En este último caso, por supuestos atentados en contra de miembros de organismos represivos, ajusticiamiento de torturadores y/o de ideólogos de la dictadura militar.
    Desde el punto de vista procesal, sus procesos se ventilan simultáneamente en tribunales civiles y militares, en aplicación del artículo 8° de la ley de Control de Armas (tenencia ilegal de armas y explosivos), de la Ley 18.314 de conductas terroristas (Asociación ilícita terrorista) y de la Ley de seguridad interior del Estado (creación de grupos armados de combate). Es decir, se les procesa en virtud de las mismas leyes que la dictadura utilizó para encarcelar y procesar a los ex-presos políticos. Se viola el principio del non bis ibidem cuando se les procesa por un mismo hecho en la justicia ordinaria y en la Justicia Militar que sigue operando en Chile para juzgar a civiles, y las penas son acumulativas, por lo que en algunos casos se producen aberraciones tales como dobles cadenas perpetuas.
    Encarcelados durante largos años en prisión preventiva, sus familias no tienen medios económicos para costear una defensa y las instituciones de Derechos Humanos tradicionales no les entregan defensa jurídica sobre la base de criterios políticos cuestionables. En consecuencia, la gran mayoría está en una total indefensión jurídica y expuestos a ser condenados por tribunales militares parciales a penas desproporcionadas, incluida la pena de muerte.
    Todos fueron torturados en cuarteles policiales al momento de ser detenidos e incomunicados por períodos prolongados, están sometidos a un régimen carcelario especial que contempla la segregación externa e interna con prohibición de relacionarse entre distintos módulos y de recibir visitas de amigos y se les niegan derechos carcelarios a que puede acceder todo detenido.
    A todos se les ofreció acogerse a la Ley Nº 19.172 de arrepentimiento eficaz o delación compensada que permite rebaja de penas y libertad a cambio de delatar a sus compañeros y organizaciones. Esta ley éticamente reprobable fue aprobada a fines de 1992. Todos se negaron a aceptar la oferta.
    ¿Cuáles son los hitos de la prolongada lucha por la libertad de los nuevos presos políticos, sus familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos?
    La lucha de los nuevos presos políticos es prácticamente desconocida por gran parte de la sociedad chilena, debido a una verdadera conspiración del silencio de parte del gobierno, de instituciones como la iglesia y de la falta de apoyo de organizaciones de derechos humanos.
    A continuación, haremos una síntesis de los momentos más importantes de la larga lucha de los presos por reivindicar la legitimidad política de sus acciones, por denunciar la conspiración del silencio que rodea la prisión política, por exigir el respeto a su dignidad de revolucionarios y por su derecho a la libertad.

    A fines de 1990 nace la Organización de presos políticos (OPP) que se coordina con los presos políticos del período anterior a junio de 1991. En mayo de 1992, se crea la Coordinadora de Combatientes Encarcelados del Mapu Lautaro, que en los primeros años constituye el grupo mayoritario de los nuevos presos políticos. Ambas organizaciones actúan conjuntamente.

    En noviembre de 1991, el gobierno aprueba la construcción de la Cárcel de Alta Seguridad, asignando para ello un presupuesto especial de tres mil millones de pesos y pidiendo asesoría a especialistas de la policía española y del servicio secreto italiano. Al mismo tiempo, crea al interior de Gendarmería el GEAM (Grupo Especial Antimotines), destinado a reprimir toda protesta de los presos políticos.

    Para exigir derechos carcelarios se realizan las primeras tomas de gimnasio con visita en junio y julio de 1992 y marzo de 1993. El 23 de julio de 1992, 5 presos políticos son trasladados a la cárcel de San Miguel, en el marco de una política de castigo por aislamiento. El conjunto de los presos políticos opone una resistencia activa a este traslado.

    El 10 de octubre de 1992 se realiza la primera tentativa de fuga de militantes del FPMR. Tres presos políticos logran huir, pero caen bajo las balas de gendarmería que los rematas alevosamente, José Miguel Martínez Alvarado, Mauricio Gómez Lira y Pedro Ortíz Montenegro. Patricio Ortíz Montenegro y Pablo Muñoz Hofmann son recapturados.
    Nace la Organización de Defensa Popular (ODEP), que reconoce la calidad de presos políticos a todos los militantes encarcelados con posterioridad al 11 de marzo de 1990 e inicia una activa campaña de información, denuncia y movilización por su libertad.

    En 1993 se constituye el Departamento de Seguridad de Gendarmería, con personal que participó en la disuelta CNI; entre ellos, Edmundo Letelier, Guillermo Lepín y Orlando Epullanca. Edmundo Letelier, el actual encargado de Seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad forma parte de la Dirección de Seguridad Pública que reemplazó a la Consejo Coordinador de Seguridad Pública e informaciones (La "Oficina"), creada ésta en 1991. Cabe destacar que estos organismos de seguridad se les asignó un presupuesto especial para jefes y directores de área pero también para la contratación de "informantes" cuya tarea principal era infiltrar las organizaciones políticas de izquierda. Según una circular interna del ministerio del Interior, la labor de estos organismos debía orientarse a desarticular y aniquilar al FPMR, el Mapu Lautaro y el MIR. Todo esto en plena "transición a la democracia".

    Entre abril y junio de 1993 los presos políticos inician una campaña de resistencia en que se niegan a ser trasladados a declarar a los tribunales de justicia, siendo castigados con la privación de visitas.

    Durante los primeros años, los nuevos presos políticos fueron recluidos en la ex-Penitenciaría, hoy Centro de Detención Preventiva (CDP), situado en Santiago Sur; luego fueron trasladados a la Cárcel de San Miguel y, en 1994, a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS).
    El 20 de febrero de 1994 Gendarmería traslada a la CAS 45 a presos políticos, en medio de un violento operativo denominado "Operación Canario" en que hubo heridos a bala y contusos graves. Los presos políticos organizan de inmediato una mesa política que elabora una Plataforma de lucha cuyos puntos principales son: rechazo al locutorio, derecho a visita familiar, conyugal y de amigos en forma directa, rechazo del régimen interno que impone la segregación entre los Presos Políticos y recuperación de los derechos conquistados en los penales de origen, como el derecho al trabajo, al estudio, al deporte, etc.

    El 26 de febrero se inicia la PRIMERA HUELGA DE HAMBRE DE LA CAS, que se extenderá por 46 días. A ella se suman las presas y presos políticos de San Miguel y de la Penitenciaría. Mientras tanto, os familiares y organizaciones de Derechos Humanos se movilizan para denunciar la situación de la CAS a nivel nacional e internacional. A mediados de año se abren negociaciones entre el gobierno, representado por Gendarmería, con delegados de los presos políticos y de organizaciones de familiares y de derechos humanos (Madres Guacolda, Agrupación de Familiares de Presos políticos y ODEP). Se obtiene la visita familiar y la de los niños sin locutorio y dos visitas conyugales al mes. La visita de amigos se mantiene en locutorio, pero hasta hoy jamás ha sido aceptada. El 10 de julio se realiza la primera visita dominical de niños.
    A comienzos de agosto se definen nuevas acciones para exigir visitas conyugales interpenales y el derecho al estudio, trabajo y deportes. Los Presos se niegan a prestar declaración ante los tribunales de justicia y las Fiscalías militares. Gendarmería responde aplicando castigos individuales de suspensión de visitas por 1 mes, de modo que a desde mediados de agosto y todo septiembre la mayoría de los Presos políticos no recibe sin visitas, tanto en la CAS como en San Miguel y la Penitenciaría. No obstante, las visitas dominicales de los niños se mantuvieron.

    El 22 de octubre de 1994 se realiza el segundo traslado de presos políticos a la CAS y a partir de ese día se suspenden las visitas de manera indefinida. En diciembre y enero la CAS es copada por el GEAM, que procede a realizar un operativo de redistribución y allanamiento caracterizado por una gran violencia. Los Presos políticos descubren, desmantelan y denuncian a la prensa la existencia de micrófonos en diversas dependencias del penal y presentan una querella criminal ante la justicia. El 27 de marzo los Presos Políticos del Mapu Lautaro inician una Huelga de Hambre indefinida en la CAS que, a partir del 3 de abril, asume las características de una Huelga seca y masiva, sumándose todos los Presos Políticos de la CAS y las presas políticas. Los familiares realizan un ayuno en la Comisión Chilena de Derechos Humanos. La Huelga de Hambre concluye el 7 de abril con un principio de acuerdo que contempla dos visitas conyugales interpenales.
    Desde el punto de vista de infraestructura, la situación carcelaria reviste hoy características más sofisticadas que en el pasado, violando la integridad física y psíquica de los detenidos, a través de la política de segregación interna y externa, de la vigilancia permanente a través de cámaras, del clima de violencia y hostigamiento latente que se expresa en allanamientos y golpizas frecuentes, de los obstáculos a entregar asistencia médica y dental y a proseguir o iniciar estudios, etc.

    El 29 de marzo de 1997 las Presas Políticas son trasladadas desde la Cárcel de San Miguel a una Sección de Alta Seguridad (SEAS) construida al interior del Centro de Orientación Femenina (COF).

    El 30 de diciembre de 1996, el FPMR sorprende al gobierno y a Gendarmería, al rescatar a 4 de sus militantes utilizando un helicóptero. La inmensa mayoría del país solidariza con esta acción. De inmediato los presos políticos emiten un comunicado saludando la acción del FPMR y Gendarmería responde aislándolos durante dos meses, al mismo tiempo que traslada a un nuevo contingente de presos políticos desde diversos penales del país a la CAS y a la Cárcel El Manzano de Concepción y cierra los patios con una malla antiaérea.

    En octubre de 1996 se crea la Red de Familiares y Amigos de Presos Políticos, con la información aportada por la ODEP y la colaboración de los presos y presas políticas. Desde entonces esta página se transforma en obligada referencia para todos los grupos de chilenos y de la solidaridad internacional en el mundo entero. Posteriormente se crea en Italia la página de presos políticos Arcoiris, en lengua italiana y la Odep mantiene su propia página con información general sobre la situación de los derechos humanos en Chile. Mucha de la información publicada, es sacada clandestinamente desde las cárceles y retransmitida a la comunidad internacional.

    El 18 de octubre de 1997 Gendarmería traslada a Colina a 16 Presos políticos de la CAS. Familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos se movilizan de inmediato contra este atropello y comienzan una denuncia en el ámbito nacional e internacional. Todos los Presos Políticos inician una Huelga de Hambre. Finalmente, en menos de una semana, los 16 presos son reintegrados a la CAS.

    El 23 de julio de 1998 a las 15 hrs. se presentan ante la guardia de la CAS la presidenta y un abogado de la Asociación Argentina Madres de Plaza de Mayo, acompañados por miembros de la ODEP. Tras una espera que se prolongó por 3 horas y tras múltiples consultas, Gendarmería autoriza finalmente el ingreso al penal de Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender, de Madres de Plaza de Mayo, pero la visita debe hacerse a través del locutorio. La delegación de las Madres exige una visita directa y se niega a abandonar el penal, dejando claramente establecido que no abandonarán el recinto aunque deban permanecer toda la noche en la guardia. Por su parte, los Presos Políticos presionan con la destrucción de cámaras y paneles de división. En las puertas de la CAS, se congregó un numeroso grupo de manifestantes portando un gran lienzo y velas, acompañados de un amplio espectro de los medios de comunicación. Sólo a las 22 hrs. la delegación de las Madres logró entrevistarse directamente con 6 delegados de los Presos Políticos, abandonando el penal cerca de la medianoche, visiblemente emocionados.

    En febrero se cumplían 5 años de Cárcel de Alta Seguridad. El 6 de febrero, un operativo de gendarmería en que participan 180 gendarmes traslada a todos los presos políticos al penal de Colina. Abogados de derechos humanos, la ODEP y familiares presentan querellas y recursos de protección ante la justicia por torturas y robo de pertenencias. El CODEPU solicita un Relator de Naciones Unidas contra la Tortura y Amnistía Internacional lanza una Acción Urgente. Si bien la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones reconoce la existencia de "terror institucional" contra los presos políticos, el gobierno paga 12 millones de pesos al abogado y ex ministro del Interior, Carlos Figueroa, para que defienda al Director de Gendarmería, Hugo Espinoza. La Corte Suprema acoge la defensa del Director de Gendarmería y avala las torturas que considera como "procedimientos normales".

    Las motivaciones de la prisión política tanto de la dictadura militar como de los dos gobiernos civiles concertacionistas son similares: castigar cuerpos e ideas de manera ejemplarizadora.
    También los mecanismos legales son similares, materializados en un cuerpo legal destinado a reprimir especialmente la disidencia política. Lo que decía el CODEPU sobre los presos políticos de la dictadura puede aplicarse fielmente a los actuales presos políticos: "El derecho básico a ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, fue violentado: la mayoría de los detenidos eran (son) procesados por tribunales militares y especialmente por fiscalías militares ad hoc, que dictaban (dictan) sentencias desproporcionadas para la magnitud de los presuntos delitos, incluyendo numerosas penas de muerte (5 peticiones para militantes del Mapu Lautaro)... No se reconoció (y no se reconoce) el derecho a la libertad provisional en virtud de la ley Antiterrorista que negó legalmente ese derecho a los procesados...", etc.
    Existe igualmente una continuidad ideológica de pensamiento de izquierda en los actuales presos políticos, en tanto todos se reivindican como parte del movimiento popular, pertenecen a organizaciones que sustentan ideas antisistémicas y utilizan métodos similares de lucha. Esta continuidad es aplicable también a los métodos que utilizan contra ellos las instituciones policiales y las fiscalías militares, dejando en evidencia que el tema de fondo, vale decir, las contradicciones sociales y el enfrentamiento de dos proyectos de sociedad, continúa vigente.
    Desde el punto de vista jurídico, los presos políticos se encuentran en la más absoluta indefensión, con procesos que se abren uno tras otro y que no se cierran durante años, enfrentados a una Justicia Militar omnipotente que los condena a penas desproporcionadas, sin derecho a un debido proceso, con dobles procesamientos por un mismo delito, sin derecho a solicitar indulto, etc.
    La lucha por la libertad de los presos políticos es una tarea ineludible para quienes trabajan en el ámbito de los derechos humanos y para todas las personas comprometidas con su defensa; también lo es la exigencia del retorno de quienes tienen procesos pendientes y no pueden vivir en su patria, como también el derecho a vivir en libertad para quienes están obligados a hacerlo en la clandestinidad.
    La ODEP, durante sus 7 años de existencia como organismo de derechos humanos, junto con oponerse a la impunidad, trabaja para ello con organizaciones políticas y sociales hermanas y no ha vacilado en defender, denunciar y apoyar permanentemente la causa de los presos políticos de antes y después de 1990. En materia de defensa, hemos realizado una vasta labor de información sobre la indefensión jurídica en que se encuentra la mayoría de los presos políticos, los dobles procesamientos, la inexistencia de un debido proceso. Hemos denunciado la Justicia Militar que procesa a civiles, las torturas inflingidas por el personal de Gendarmería a los presos, la inhumanidad de la Cárcel de Alta Seguridad, apoyando y solidarizando con las huelgas de hambre, las fugas y las movilizaciones por la libertad de las presas y presos políticos.
    La ODEP comparte la opinión de Alberto Espinoza - destacado abogado de derechos humanos- expresada en una carta dirigida al presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que "el problema de los presos políticos exige, en primer término, voluntad política del gobierno para respaldar modificaciones legales y constitucionales que le faciliten la recuperación de su libertad. En este sentido, la experiencia de las Leyes Cumplido del primer gobierno de la Concertación que permitió conmutar las penas de encarcelamiento por extrañamiento, constituyen un ejemplo que bien podría ser imitado. Lo que no es obstáculo para que, desde ahora, se implementen medidas de orden administrativo emanadas de la autoridad ejecutiva como mejor trato carcelario y el otorgamiento de beneficios carcelarios e indultos."
    La libertad de los presos políticos no podrá ser realidad sin la derogación de la ley antiterrorista y otros códigos legales especiales, sin la limitación de las atribuciones de la justicia militar y sin el cierre definitivo de las Cárceles de Alta Seguridad. Tareas que sólo puede abordar un gobierno verdaderamente democrático y no por quienes que han hecho de la prisión política la otra cara de la impunidad.