Comité de Derechos Humanos por Perú en Buenos Aires

AL PUEBLO PERUANO
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
A LOS ORGANISMOS DE DD.HH.
A LAS INSTITUCIONES SINDICALES, GREMIALES, ESTUDIANTILES.
PRESENTE.-

    La conciencia política de una nación no se apaga encarcelando a los cultores del sueño a una sociedad justa, sin diferencias, donde los gobiernos no conculquen los derechos a pensar, a elegir a ser solidarios y tener ilusiones a un mundo sin amos, ni alguacil con prácticas de inquisidor moderno.
    Perú: país de eterna resistencia contra la violencia de estado construyó esta cultura desde tiempos inmemoriales: colonia, virreinato, república y contra las dictaduras que impusieron la corrupción y abuso del poder como norma legal.
    En este contexto, desde que la violencia se intensificó en el Perú, ésta ha tenido distintas manifestaciones y nos remitimos a las décadas del 60 y 70.
    El descontento se expresó en bloqueos de carreteras, toma de fábricas, movilizaciones estudiantiles, tomas de tierras, paros nacionales y otras formas de resistencia contra regímenes cada vez más des-legitimados y anti-populares.
    Era la lucha del pueblo por mejores condiciones de vida y por una real y auténtica democracia. Siempre la respuesta fue la represión indiscriminada contra los luchadores sociales, dirigentes gremiales, estudiantiles y militantes de la izquierda que fueron vinculados directamente con la resistencia a las dictaduras de entonces que desarticularon las incipientes organizaciones armadas que insurgieron para exigir soluciones a las justas demandas de las necesidades básicas del pueblo.
    En la década del 80 un grupo más numeroso de peruanos insurgen con un nuevo referente de insurrección armada para tratar de construir una alternativa de sociedad diferente. Existió una respuesta integral que implicó iniciativas de carácter legal. Penalizando y tipificando las acciones armadas como delitos de terrorismo, implementando también acciones de carácter asistencial en las zonas donde actuaban las organizaciones alzadas en armas.
    La represión se intensificó declarando vastas zonas del territorio peruano en estado de emergencia, controladas por las Fuerzas, Armadas (FF.AA.), Las torturas, las violaciones a los derechos humanos fueron en aumento: comunidades campesinas arrasadas, matanza de periodistas que buscaban la verdad de la escalada de violencia de las FFAA. torturas, fosas con los cadáveres de los detenidos desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones se fueron dando como parte de la estrategia contra la subversión. Esta llamada democracia del conservador Fernando Belaúnde Terry (AP. 1980- 1985) salpicado de sangre y demagogia terminó sin resolver las graves denuncias de abuso de poder y violación a los derechos humanos por parte del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales (FF.AA. y FF.PP.)
    Luego dejó el poder al populista socialdemócrata Alan García Pérez (APRA 1985-1990) sanguinario "demócrata" que ordena a las FF.AA. el aniquilamiento en una emboscada por aire y tierra a una columna guerrillera en Molinos-Jauja (Abril 1989) así como la masacre en los penales de Santa Bárbara, Lurigancho y El Frontón durante el congreso socialista en Lima (1986). Más de 300 muertos fue el saldo en este ataque de la "democracia" contra los presos políticos. Las violaciones a los derechos humanos y el abuso de poder se dieron en todas las capas sociales y políticas del país.
    La corrupción se agudizó y la situación económica se reflejó en una traumática recesión económica y una inflación del 3000%. Entre el caos y la desesperanza de las mayorías terminó su período el 28 de julio de 1990.
    En la década pasada (90) con Alberto Fujimori Fujimori como presidente, se esperaba un acercamiento a las organizaciones alzadas en armas para la conformación de una mesa de diálogo, de acuerdo a lo prometido durante la campaña electoral donde también ofreció no aplicar el shock económico por la crisis económica que afectaba a la gran mayoría del país. Pero ante el estupor del pueblo en agosto de 1990 aplica el shock económico contra las grandes mayorías, los efectos de esta medida fueron catastróficos. La economía cayó en un 400% y las pequeñas y medianas empresas cerraron sus puertas con el consiguiente aumento de la desocupación y pérdida de la capacidad adquisitiva. La pobreza aumentaba con más dureza contra la gruesa capa social del pueblo y el descontento se generalizó en todo el país.
    Ante la creciente ola de protestas y la aguda crisis política el 5 de abril de 1992 con el respaldo de las FF.AA, toma por asalto el congreso, el ministerio público. Declara en reorganización el poder judicial decreta el estado de emergencia y se constituye un nuevo gobierno bajo el nombre de gobierno de reconstrucción nacional. Cerrado el congreso de la república y suspendida la carta magna, sometidos los poderes de estado, a partir de esa fecha el país sería gobernado por decretos firmados por Fujimori nuevo dictador y respaldados por el consejo de ministros.
    El endurecimiento del sistema carcelario contra los presos políticos, implementando el régimen especial cerrado de aislamiento y aniquilamiento sistemático, tanto físico como psicológico y moral provocó una reacción de rechazo y protestas por parte de los presos políticos del penal Miguel Castro Castro, la respuesta fue una intervención armada a cargo de la marina y las fuerzas policiales, que atacaron con artillería pesada los días 7, 8 y 9 de mayo de 1992; el resultado: 65 muertos y desaparecidos según el propio Fujimori.
    Todo esto en el marco global de una estrategia antiterrorista que Fujimori establecía en alianza con las FF.AA. y los organismos financieros internacionales, para implementar sus políticas económicas neoliberales, que requería de un gobierno autoritario y un estado dictatorial que militarizara la sociedad peruana usando como mecanismo formal el estado de emergencia y la total suspensión de garantías constitucionales.
    Fue así que, la clase dominante no tuvo mayores reparos en que se violentara la legalidad burguesa, si de esa forma se garantizaban sus intereses y su propia sobrevivencia como clase. La dictadura cívico-militar que dirigió Fujimori implementó un conjunto de medidas de carácter político-represivos, en su afán de acabar con el problema de la violencia política que era un factor importante de la inestabilidad política-económica. El gobierno dictatorial enquistado en el poder priorizó la salida y el tratamiento militar a la existencia de la subversión, dejando de lado los problemas sociales para hacer más grande la brecha existente entre pobres y ricos.
    El argumento de Fujimori para el auto golpe del 5 de abril fue la agudización y la generalización de la guerra interna, la poca ayuda y comprensión del congreso para enfrentar la cuasi guerra civil que se vivía en el Perú. La dictadura decretó un conjunto de leyes y normas (DL. 25475 y 25659) violatorios a los principios básicos y jurídicos. Amparados bajo el gobierno de reconstrucción nacional, diseña toda una política para derrotar a las organizaciones alzadas en armas y quebrar moralmente a los presos políticos. En este marco se constituyen los tribunales militares sin rostro y la figura jurídica de traición a la patria penalizada con cadena perpetua.
    El 28 de julio de 1995 entra en vigencia la constitución política elaborada por el Congreso Constituyente Democrático CCD de (1993). Y se restituye el estado de derecho. Sin embargo, para los miles de presos políticos no se restituyen los derechos establecidos en la carta magna convirtiendo las prisiones en zonas extraterritoriales en donde no se aplica la constitución de la república, ni tampoco el código de ejecución penal, de esta manera se viola flagrantemente el artículo 1 de la constitución y los incisos 1.2 y 1.5 del código de ejecución penal, es letra muerta en sus artículos tres, cuatro, titulo 1, artículo 1.
    Las causas reales que provocaron la violencia política se dan por la falta de soluciones a la miseria y pobreza degradante que sufren millones de peruanos, a la justicia parcializada sólo para los grupos de poder, la falta de atención a las necesidades básicas del pueblo, trabajo, salud, educación.
    En este marco de análisis político, social y económico, exigimos se nos restituyan nuestros legítimos derechos conculcados con leyes de venganza, aislamiento y de exterminio sistemático; para lo cual los presos políticos asumimos nuestra lucha activa y pasiva, agitaciones, huelgas de hambre coordinadas: nuestros familiares se constituyeron en pilares de apoyo por nuestra lucha, informando y denunciando ante los organismos internacionales de Derechos Humanos DD.HH. a los medios de información, realizando diferentes manifestaciones en las plazas, locales públicos. En esta etapa de resistencia a los objetivos de aniquilamiento, estuvimos solos, los organismos nacionales de DD.HH. fueron casi indiferentes a nuestros reclamos, mas bien sugirieron acogernos a la ley de arrepentimiento y buscar así la flexibilización carcelaria, los medios de información casi todos chantajeados y manipulados por el SIN. nunca recepcionaron la lucha por nuestras reivindicaciones. Ha sido nuestra lucha, nuestros esfuerzos, la entrega de nuestros familiares y el debilitamiento creciente de la dictadura, lo que provocó finalmente la conquista de espacios, podríamos afirmar que fue la primera gran derrota que tuvo la mafia con su secuela de corrupción que se apoderó del país.
    Hoy en día la situación a cambiado, tenemos un contexto político diferente y se han formalizado un conjunto de conquistas obtenidas por los presos políticos. Pero aún quedan otras demandas pendientes de solución, entonces la lucha de los Presos Políticos, no ha terminado por lo que hoy iniciamos la Huelga de Hambre como forma de lucha para la conquista de nuestros derechos así como también para la solución a nuestras demandas, expresadas en nuestra plataforma:
    1º. Juicio y sanción a Fujimori, Montesinos y Hermoza por el asesinato de guerrilleros rendidos en la Embajada de Japón.
    El asesinato de los militantes del MRTA. en la residencia japonesa tiene que ser aclarada y hacerse justicia; en esta acción se denunció ante la prensa mundial la miseria que provoca el modelo neoliberal, el sistema inhumano de aislamiento y exterminio al que estaban sometidos los presos políticos y la corrupción que el narco estado creó en toda la clase política. Durante la toma de la residencia Japonesa se demostró el respeto irrestricto por la integridad y la vida de los rehenes, la moral revolucionaria, anteponiéndose la grandeza espiritual que caracteriza a los revolucionarios.
    2º. Exigimos el cese de la represión y los traslados de castigo en los penales, el retorno de las compañeras Nancy Gilvonio y Lori Berenson a Chorrillos.Renuncia del Ministro de Justicia Fernando Olivera.
    3º. Cierre de los penales de máxima seguridad y de altura: la de la Base Naval, Challapalca y Yanamayo.
    4º. Derogatoria de las leyes terroristas anticonstitucionales de la dictadura. Nuevos juicios con nuevas leyes. ¡Abajo la cadena perpetua, restitución de beneficios penitenciarios!
    5º. Reubicación de los presos políticos a penales cercanos de sus familiares.
    6º. Exigimos se busque realmente la verdad. Los prisioneros políticos no somos terroristas, somos revolucionarios que luchamos por nuestro pueblo y nuestra patria. Sanción paratodos los criminales de guerra. Que se diga dónde están los desaparecidos: No habráreconciliación mientras haya presos políticos, desaparecidos, perseguidos e impunidad para los crímenes.
    7º. Apoyo a las luchas de nuestro pueblo por sus derechos. ¡Abajo la continuación de la política neoliberal de la dictadura.

Presos Políticos del MRTA.
Febrero del 2002.

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