Prontuario
del asesor sobre DD.HH de Lagos
Sergio
Ramírez
Las
maniobras se suceden para silenciar críticas y justificar falacias
y errores del informe castrense sobre detenidos desaparecidos. La inconsecuencia
y protección de la corrupción designan a Luciano Foillioux
como asesor de DD.HH. del gobierno de Lagos. Antecedentes de su "prontuario"
indican sus "méritos para ocupar tal cargo.
El ministro de Defensa, Mario Fernández (DC),
señaló que comenzará a operar el consejo asesor sobre
DD.HH a cargo de Luciano Fouillioux (DC), que se dedicará a "cotejar"
los antecedentes del informe de las FF.AA sobre los detenidos desaparecidos.
Declaración que provoca el rechazo de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos (AFDD) a tal función del mencionado Consejo.
La presidenta de la AFDD, Viviana Díaz, sostiene que son los tribunales
de justicia quienes deben "chequear" este tipo de información. Este
rechazo involucra acusar al gobierno de entrometerse en las labores de
los tribunales para intentar "abaratar los costos" que significa para las
FF.AA el haber entregado información "errónea y falsa" sobre
el paradero de las víctimas de la dictadura militar. Al respecto,
denuncia: "La creación de esta comisión asesora para verificar
los datos… representa una clara intromisión en la labor de los tribunales
de justicia. Lo que aquí corresponde es que sean los tribunales
los que investiguen, determinen responsabilidades y sancionen a los culpables".
Por lo cual, dice: "rechazamos el intento por salvar de su responsabilidad
a quienes han entregado al país una información errónea
y falsa… ".
Como una forma de silenciar las críticas
por las falaces afirmaciones y justificar las siniestras maniobras contenidas
en el informe, Luciano Fouillioux se ha contactado con monseñor
Valech para que asuma un rol protagónico. La desesperación
ronda en las cúpulas del poder. El panorama de impunidad y mentiras
se complica ante las nuevas notificaciones del SML a otras tres familias
que sus parientes no están en el fondo del mar. Mientras aumenta
la tensión sobre la credibilidad del informe de las FF.AA., el jefe
del equipo asesor en DD.HH del gobierno intenta lograr la colaboración
de la Iglesia Católica para acentuar la impunidad. Es decir, aprovechar
el secreto de confianza que protege a los sacerdotes cuando actúan
como vehículo de información sin obligación de revelar
la fuente. Con esta iniciativa se busca dar una nueva cobertura a las mentiras
castrense, después que se constata que el cuerpo hallado en Fuerte
Arteaga correspondía a Juan Rivera Matus, incluido entre los lanzados
al mar en el informe castrense.
ACUERDO GOBIERNO-MANDO MILITAR
Si cuando se conoció el caso Rivera Matus, los
abogados que participaron en la Mesa de Diálogo demostraron inquietud
por el "lamentable error", con la constatación de una situación
similar con los restos de Samuel Lazo Quinteros, el problema se ha agravado.
Sobre todo, a solo horas de que la jefa de la unidad de identificación
del SML, doctora Patricia Hernández, comience a notificar a otras
tres familias de Paine que los cuerpos de sus parientes están entre
los exhumados en 1991 en el Cementerio General. Por lo cual, el abogado
Nelson Caucoto expresaba: "El informe está haciendo aguas por todos
lados. Hemos quedado atónitos ante la constatación del poco
profesionalismo demostrado en la confección de un informe que -por
el origen que tenía- debía ser serio. Lo menos importante,
dentro de este contexto, es la garantía que se le pueda dar a las
fuentes". En efecto, incluso al interior del propio gobierno se reconoce
que las osamentas de los cinco no serían los únicos identificadas
en los próximos días. Por ello, Lagos y sus asesores trabajan
en la elaboración de una estrategia que permita encubrir las falacias
del informe castrense. En tal sentido, son elocuentes las afirmaciones
del ministro de Defensa al ser consultado por las declaraciones de los
abogados de DD.HH que señalan que "se han fracturado" las confianzas
en torno a las FF.AA y su trabajo en la Mesa de Diálogo, Fernández
sostuvo: "Nunca he perdido la confianza; todo lo contrario, sigo manteniendo
que las FFAA aportaron todo lo que podrían entregar y, por lo demás,
fueron intermediarios de información que recibieron".
En tal perspectiva, el gobierno y el ejército
llegaron a un acuerdo. Con previo aviso a La Moneda, el Ejército
junto con romper su silencio ante las críticas a las mentiras de
su informe, asumió públicamente las "contradicciones" que
tienen sus datos con la realidad criminal de sus acciones de genocidio.
En un comunicado destaca el supuesto "esfuerzo" que desplegó para
recopilar antecedentes sobre el paradero de los detenidos desaparecidos
y que el informe entregado al gobierno se basó en datos obtenidos
de "fuentes cuya veracidad se confió en su buena fe, dado lo particular
del procedimiento y la distancia temporal de los hechos que se intentaban
clarificar", lo que "implicó riesgos de imprecisiones que desde
un comienzo pudieran ser evidentes y cuyas consecuencias, por tanto, hemos
asumido". Además, el Ejército considera que cumplió
con los acuerdos de la Mesa de Diálogo y con el gobierno. No obstante,
agrega que "las contradicciones evidenciadas han dado margen a suspicacias
infundadas respecto de las intenciones de la institución, que no
son congruentes con su permanente disposición a favor de iniciativas
que contribuyan a la unidad nacional".
El acuerdo gobierno-cúpula militar termina
con recíprocas alabanzas. El comunicado dice que "el Ejército
valora las precisiones que han hecho en su momento las autoridades de gobierno
y determinadas personalidades públicas y morales… y solicita a todas
las instancias responsables que fortalezcan y expliciten las acciones de
su competencia, evitando así interpretaciones erradas que impiden
avanzar decididamente hacia un futuro mejor". Mientras que el gobierno,
a través de Huepe, valoró las explicaciones: "Han dado una
explicación que nos parece positiva sobre el espíritu que
motivó su participación en la elaboración del informe".
Además, el vocero de Lagos agregó que el rechazo judicial
a la querella por obstrucción a la justicia contra los jefes castrenses,
coincide con la valoración del gobierno al aporte de las FF.AA en
la mesa de diálogo y recalcó la coincidencia que existe entre
el Ejército y el gobierno a que la verificación de los datos
corresponde a los tribunales. Producto de esta "coincidencia", han formado
una comisión conjunta para "cotejar" el informe castrense y justificar
sus mentiras, a pesar del desmentido que hiciera el ministro Insulza a
su "colega Fernández en el sentido que tal operación de blanqueo
sería realizada por los tribunales de justicia.
ASI SE ROBARON EL DINERO DE LOS
RETORNADOS
En otro plano, airadas han sido las reacciones por la
designación de Luciano Fouillioux, actual asesor del ministerio
de Justicia, como sucesor en la ex Corporación de Reparación
y Reconciliación de Alejandro González, quien renunció
luego de reconocer el fracaso de la Mesa de Diálogo y la intención
de Lagos de convertir a dicha institución en una especie de mediador
entre las FF.AA y el gobierno. La AFDD es la que más ha criticado
la determinación de Lagos de nominarlo para el cargo, reconociendo
que el abogado tuvo un paso por la Vicaría de la Solidaridad pero
que eso no es aval para su designación actual, menos con los antecedentes
de Fouillioux que, desde cargos de subsecretarías en el ministerio
de Defensa y su rol en la concreción de la farsa de la Mesa de Diálogo,
representó las posiciones de impunidad propiciadas por la Concertación.
Pero, además, Fouillioux tiene cuentas pendientes con la justicia.
En diciembre de 1998, una Comisión de la
Cámara de Diputados culmina la investigación sobre el uso
de los dineros donados por Alemania para ayudar a la reinserción
de retornados políticos. En la investigación se descubre
que la mitad de las donaciones, unos 4,5 millones de dólares, fueron
destinados por el Banco Central a una entidad privada denominada Fundación
de Ayuda a los Retornados (FARET), de manera irregular, constituyéndose
el delito de "malversación de fondos". La Comisión implica
en este delito al presidente del Banco del Estado, en ese momento Andrés
Sanfuentes, y al presidente de FARET y luego Subsecretario de Carabineros,
Luciano Fouilloux. Según el presidente de FARET, este dinero se
usó para ayudar a exiliados chilenos en Argentina, pero éstos
aseguran desconocer la existencia de dicha entidad y no haber recibido
ayuda.
La comisión denunció que varios ministros
citados a declarar se negaron a asistir "por instrucciones expresas del
Presidente de la República", Eduardo Frei, para boicotear la investigación
de la Comisión. Entre los ministros que no respondieron a la citación
de los diputados se encuentran el de Interior, Carlos Figueroa, que fue
miembro del directorio de FARET, la de Justicia, Soledad Alvear (actual
canciller), y un ex ministro de Interior, Raúl Troncoso, todos militantes
de la DC. Pero, ésto no es todo en el "prontuario" de Foillioux.
HISTORIA DE ROBOS, COIMAS Y NEGOCIADOS
En diciembre de 1996 se conoce el "Caso DIPRECA". Se
comprueban irregularidades en la compra de insumos a farmacias Salco y
Optica Place Vandome. La denuncia las formula en noviembre la Fiscal de
DIPRECA, Dora Silva, al Subsecretario de Carabineros, Luciano Fouillioux,
quien en lugar de investigar optó por solicitarle la renuncia a
la Fiscal. La compra fraudulenta de insumos a dichas empresas se realizaba
a través de un "intermediario", Carlos Barría (DC), que había
sido recomendado por la diputada de la DC Eliana Caraball. Barría
exigía el pago de "coimas" a fin de asegurar los contratos para
abastecer a DIPRECA y tenía órdenes de detención pendientes
por varios delitos económicos. Por otra parte, el Director de DIPRECA,
Carlos Nazar (DC), destituido y encarcelado por estos hechos, recibía
sobornos de una empresa constructora que se había adjudicado el
contrato para la construcción del nuevo edificio de DIPRECA. La
Contraloría General ordenó, además, la destitución
del Director del Hospital de DIPRECA, el oficial de Carabineros Rolando
Ramírez.
Las investigaciones revelaron, además, la
existencia de contratos irregulares para "asesorías externas", varias
de las cuales favorecían a la esposa del Subsecretario Fouillioux.
Además, la Jefa de Farmacias, Laura Mora, denuncia que todo el stock
de medicamentos del Hospital de DIPRECA fue vendido a Farmacias Salco con
pérdidas de $350 millones para la institución, como también
que Salco realiza importaciones de medicamentos a través de DIPRECA
para eludir el pago de impuestos. La funcionaria es despedida por los administradores
del Hospital de DIPRECA tras denunciar estas irregularidades y señalar
que el Subdirector del Hospital de DIPRECA, Oscar Moreno, falsificó
la firma del Director para importa US$500 mil en medicamentos. En las investigaciones
del caso se comprobó que este sujeto tenía fuertes depósitos
en su cuenta bancaria.
En mayo de 1997, la Comisión Investigadora
del Caso DIPRECA, de la Cámara de Diputados, entrega nuevos antecedentes
sobre la corrupción allí reinante. Aparece el estudio encargado
a la Consultora INCOSA para la transformación de DIPRECA en una
AFP. Entre los "consultores" figuraban el propio Director de DIPRECA, la
Fiscal de la institución y la esposa del Subsecretario de Carabineros,
que había declarado desconocer la existencia de INCOSA. Sin embargo,
entre las actas de INCOSA figura una reunión almuerzo entre el directorio
de DIPRECA y los "consultores" de INCOSA, la que fue presidida por el mismo
Subsecretario Fouillioux, al inicio de la "asesoría", y otra donde
se recibió el informe final del estudio, también con la asistencia
del Subsecretario.
La Contraloría General ordenó la destitución
del Director de DIPRECA y del Subdirector Administrativo, Oscar Moreno,
además de una multa al Jefe del Departamento de Auditoría
Interna, Gustavo Gutiérrez Celsi, por recibir soborno de las empresas
SALCO y Place Vandome, a través de contratos que significaron pérdidas
de $138 millones para la institución. La investigación de
la Contraloría permitió comprobar que el Director del Hospital
de DIPRECA contrató a su hermana y a su hijo para hacer obras en
el recinto médico y en la casa institucional del Director del Hospital,
usando dinero de DIPRECA para comprar cortinas, cojines y cubrecamas para
su casa particular, por un total de $1,2 millones.
En febrero del 2001, el Consejo de Defensa del Estado
solicitó a los tribunales de justicia someter a proceso al ex Subsecretario
de Carabineros por el delito de "negociación incompatible con el
ejercicio del cargo" cometido en este caso, sin embargo Fouillioux continúa
desempeñándose como asesor del ministerio de Justicia mientras
espera su nombramiento en la ex Corporación.
Ante la realidad concreta de impunidad en las violaciones
a los DD.HH y las acciones corruptas de personeros del oficialismo, se
alza el mundo virtual que describe Lagos en su reciente discurso del 21
de mayo: "Nuestra patria vuelve a ser hoy la casa de Todos, hemos recuperado
los grandes valores de la República y afirmándonos en la
verdad y la justicia, hemos dado pasos trascendentales en la reconciliación
de los chilenos".
