Sergio Ramírez
Rebelión

    En Chile se logra consolidar la impunidad y la negación de justicia en nombre del perdón y la reconciliación. Se intenta borrar el pasado dictatorial de crímenes de lesa humanidad. Pero, la inconsecuencia y la traición no logran borrar los crímenes cometidos ni ocultar la identidad de sus autores. De la memoria histórica del pueblo extraemos el recuerdo permanente de asesinatos de jóvenes y niños por las hordas de Pinochet.
    Mientras los pinochetistas de dentro y fuera de la Concertación presionan a los tribunales de justicia para que mantengan la impunidad de los asesinos, incluyendo a Pinochet, el libro "Difícil Envoltorio" de Mónica Echeverría denuncia nuevas facetas de la represión dictatorial, al relatar la historia de Tamara Callejas Leiva, hija de una detenida desaparecida, María Isabel Beltrán, y de un ejecutado político, Javier Antonio Pacheco Monsalve, adoptada ilegalmente en 1977 por una pareja de partidarios de la dictadura. Producto de las presiones del gobierno y de los mandos castrenses se ha intentado impedir su venta. La joven afirma ahora que decidió relatar su historia, pero bajo la condición de resguardar su identidad y la de sus padres adoptivos, pues sólo aceptó que se identificara a sus padres biológicos, por lo cual solicitó se suspendiera el lanzamiento del libro. Sin embargo, esta versión fue descartada por la autora al señalar que a Tamara "le bajó la inseguridad y el miedo". Había sido visitada por un secretario del actual director de Investigaciones, Nelson Mery. En el libro se menciona al jefe de la policía civil como responsable de la detención y desaparición de María Isabel Beltrán en Linares. Por lo cual, Arturo Infante, gerente de la editorial, indicó que lo importante "es contar esta historia" y que "la verdad es la única verdad que podemos asumir. Ella (Mónica Echeverría) contó la historia, la narró y no la tergiversó…. El libro tiene el mismo valor con el apellido y sin el apellido."
    El debate suscitado por la publicación del libro citado, actualiza la represión, raptos y crímenes cometidos contra niños y jóvenes por las hordas asesinas de Pinochet. Violaciones a los DD.HH. que permanecerán en la impunidad gracias al acuerdo negociado de la Mesa de Reconciliación y a la Ley Lagos ("Secreto Profesional"). ¿Cuáles son estos crímenes de lesa humanidad que el contubernio Concertación-militares encubren?. Una síntesis de la obra de la brutalidad fascista que la inconsecuencia y traición protegen:

    En Laja y San Rosendo 19 personas fueron detenidas por Carabineros entre el 13 y el 17 de septiembre de 1973. Entre ellas se encontraban dos menores: Mario Manuel BECERRA AVELLO (18 años) y Juan Carlos JARA HERRERA (17 años). Todos fueron trasladados supuestamente hacia el Regimiento de Los Angeles, lugar al que nunca llegaron. El 11 de octubre, sus cuerpos fueron descubiertos por lugareños en una fosa de arena en el Fundo San Juan, en el camino entre Laja y Yumbel. El arzobispado de Concepción presentó una querella en contra de Carabineros. La Corte de Apelaciones de Concepción designó un ministro en Visita. Esto permitió identificar a las víctimas y determinar que habían sido ejecutadas por Carabineros de Laja. El 18 de marzo de 1989, el ministro en Visita se declaró incompetente y la causa pasó a la Fiscalía Militar de Concepción, siendo sobreseída de forma definitiva el 9 de junio de 1980. Sobreseimiento aprobado por la Corte Suprema el 3 de diciembre de 1981. Se aplicó a los asesinos la amnistía de 1978.
    El 20 de septiembre de 1973 fue asesinado Roberto HUAIQUI BARRIA (17 años). El joven había salido de Lago Ranco (11.09.73) junto a otras personas hacia Argentina. Cuando cruzaban el río Nilahue, les dispararon desde una avioneta dándoles muerte. Su cuerpo cayó al río y fue arrastrado por la corriente sin que pudiese ser recuperado. Mientras que 4 días después (14.09.73), en la viña El Escorial de Paine efectivos del Regimiento de Infantería de San Bernardo detuvieron a 4 trabajadores. Fueron trasladados al Regimiento y luego vendados y subidos a un camión con destino al Centro de Detención Cerro de Chena. Entre los arrestados estaban los menores Héctor CASTRO SAEZ, de 18 años; Gustavo Hernán MARTINEZ VERA, de 18 años, e Ignacio del Tránsito SANTANDER ALBORNOZ, de 17 años. Nunca más se supo de ellos. Al mes siguiente, el 3 de octubre de 1973 se realizó un operativo y se detuvieron a 13 campesinos de Paine. Efectivos del Regimiento de Infantería de San Bernardo los trasladaron al Centro de Detención Cerro Chena. Entre ellos se encontraban Carlos Manuel ORTIZ ORTIZ y Víctor Manuel ZAMORANO GONZÁLEZ, ambos de 18 años. En diciembre, el Servicio Médico Legal informó a los familiares que habían sido enterrados en el Patio 29 del Cementerio General. En la misma fecha, lugareños descubrieron restos humanos en el sector de la cuesta de Chada. Los familiares pudieron reconocer restos de la vestimenta que llevaban los detenidos el día de su detención. Las osamentas fueron remitidas al Servicio Médico Legal. En septiembre de 1990, el ministro de la Corte de Apelaciones, Germán Hermosilla, se constituyó en ese servicio para identificar los restos. Entre los cuerpos reconocidos se encontraban los de Héctor Castro y Víctor Manuel Zamorano. El mismo día fueron detenidos por militares los hermanos Juan Enrique RODRIGUEZ AQUEVEQUE (20 años), y Florentino Aurelio RODRIGUEZ AQUEVEQUE (17 años). Días después, la familia encontró sus cadáveres en el Instituto Médico Legal. Ambos cuerpos presentaban múltiples heridas de bala.
    El 7 de octubre de 1973, 11 campesinos de Isla de Maipo fueron detenidos por Carabineros. Los detenidos fueron trasladados a la Tenencia del lugar. El mismo día, 4 jóvenes que se encontraban en la plaza del lugar fueron detenidos por Carabineros siendo trasladados a la misma tenencia. Entre ellos se encontraban dos menores, José HERRERA VILLEGAS e Iván ORDOÑEZ LAMA, ambos de 17 años. La búsqueda de los familiares resultó infructuosa. Sin embargo, una denuncia anónima que conoció la Iglesia Católica a fines de 1978 informaba sobre la existencia de restos humanos en una mina abandonada de Lonquén. Se inició una investigación judicial a cargo del ministro en Visita Adolfo Bañados. El 4 de abril de 1979, el ministro se declaró incompetente para proseguir la causa, remitiéndola al Segundo Juzgado Militar de Santiago. Esta resolución establece que los cadáveres enterrados en el horno de cal de Lonquén corresponden a los 15 detenidos y que en sus muertes tuvo "injerencia y responsabilidad directa" el jefe de la Tenencia de la época, "sin perjuicio de la que pueda afectar a los que obraron bajo su mando…". Posteriormente, el Fiscal Militar acusó a los Carabineros, en calidad de autores de delito de "violencias innecesarias", causando la muerte de todos los detenidos. Más tarde se dictó sentencia que sobreseyó total y definitivamente a los asesinos; Eliseo Maximiliano TROCANAO VALENZUELA, de 18 años, y Modesto Juan REINANTE RAIPAN, de 18 años, fueron detenidos el 10 de octubre de 1973 en el sector de Trafún, y llevados hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén, donde fueron ejecutados. Sus cuerpos nunca fueron encontrados.

    La siniestra historia de crímenes continúa con historiales de ejecuciones. El 12 de septiembre del 73, Mercedes del Pilar CORREDERA REYES, de ocho años, murió en Santiago víctima de un impacto de bala en la rodilla izquierda. Mientras que el 14 de septiembre de 1973 murió en Santiago Angel Gabriel MOYA ROJAS (15 años). La víctima se dirigía a su casa junto a un amigo encontrándose con una patrulla de militares que los detuvieron. Les dieron orden de correr y les dispararon. La víctima murió instantáneamente. El mismo día fue ejecutada en Talca Claudia Andrea VALENZUELA VELAZQUEZ, de 6 años. También fueron ejecutados su padres y heridos sus dos hermanos menores. Los antecedentes indican que en verdad la casa fue allanada por Carabineros y las víctimas ejecutadas. Dos días después (16.09.73) fue ejecutado en la población Los Nogales (Santiago) Ricardo del Carmen SEPULVEDA BRAVO (16 años) junto a sus dos hermanos. Los policiales allanaron la vivienda, golpearon a sus moradores y se llevaron detenidos a los tres hermanos hasta la esquina. Allí, ante la presencia de testigos, los ejecutaron; el 18 de ese mes de 1973 Carabineros detiene a Gabriel Marcelo CORTEZ LUNA (17 años) y lo trasladan a la Segunda Comisaría de Chillán. Un mes después, la familia supo que había sido enterrado en el cementerio. Fue exhumado. Presentaba huellas de bala en la cabeza. Al día siguiente (19.09) fue ejecutado Luis Gilberto MATAMALA VENEGAS, de 16 años. Carabineros de la Tenencia San Joaquín ingresaron violentamente a su domicilio en la población Isabel Riquelme (Santiago). Le dispararon, dejándolo herido de gravedad, y escaparon. Falleció cuando era trasladado a la Cruz Roja. En la misma fecha se registran otros crímenes. Es asesinado Segundo Enrique THOMAS PALAVECINOS (15 años). El menor tomó un bus, el cual fue interceptado por Carabineros, procediendo a detener a todos los varones. Su cuerpo, encontrado en la vía pública, presentaba múltiples impactos de bala, según consta en el certificado de defunción. También, en Tocopilla, fue muerto Ernesto Manuel MORENO DIAZ (18 años). Había sido detenido el día anterior, junto a otro joven, por Carabineros del lugar. Al día siguiente, sus cuerpos fueron entregados en la morgue del hospital, explicándose que la muerte ocurrió en el curso de un intento de fuga. Los jóvenes habían muerto producto de impactos de bala.
    La Comisión Rettig se formó convicción de que la muerte de ambos constituyó una ejecución al margen de toda legalidad, de responsabilidad de agentes del Estado. El 21 de septiembre de 1973 fueron asesinados 2 jóvenes: Fue ejecutado Patricio Enrique MANRIQUEZ NORMABUENA (17 años). El día anterior era detenido por Carabineros de la Cuarta Comisaría de Santiago, quienes además allanaron su casa. Al día siguiente, fue hallado su cadáver con múltiples heridas de bala. Mientras que Carabineros de la Comisaría Walker Martínez de Santiago detienen en su domicilio a 3 personas, entre las cuales se incluye a Manuel José GONZALEZ ALLENDE, de 16 años. Según testigos, los uniformados se encontraban en estado de ebriedad. Al día siguiente, los familiares encontraron sus cadáveres en el Mapocho. El 23 de septiembre de 1973 fue ejecutado en Santiago Fernando Isidro VERA ORTEGA, de 18 años. Había sido detenido en su domicilio de la población La Pincoya en un allanamiento colectivo. Todos los detenidos fueron llevados a la unidad de Carabineros de La Pincoya. Posteriormente su cuerpo fue encontrado en la carretera del General San Martín, con heridas de bala craneal y torácica. Un día posterior, fue ejecutado, tras ser detenido por personal de Carabineros, Roberto Hernán CACERES SANTIBAÑEZ, de 16 años. Fue llevado a la Cuarta Comisaría de Carabineros. Días después, su cuerpo, remitido por la Fiscalía Militar, fue encontrado en el Instituto Médico Legal, presentando múltiples impactos de bala. Y el 27 de septiembre de 1973 es asesinado en Santiago Juan Patricio PALMA RODRIGUEZ (17 años). Había desaparecido el 11 de septiembre de 1973, en el curso de un operativo en que fueron detenidas varias personas. Su cadáver apareció cerca del cementerio Metropolitano y la causa de la muerte fue herida de bala. Su cuerpo nunca fue visto por la familia. Quedó sepultado en el patio Nº 29 del Cementerio de Santiago. Mientras que, al día siguiente (28.09) mueren Omar Enrique BALBOA TRONCOSO, de 18 años, y Patricio Humberto PARRA QUINTANILLA, de 14. Fueron ejecutados tras ser detenidos en la población Villa La Cisterna Nº 1 por efectivos de la FACH de la Base Aérea El Bosque. Sus cuerpos aparecieron con múltiples heridas de bala y enterrados en secreto en el patio Nº 29 del Cementerio General.

    El 10 de octubre de 1973, Miguel Angel RIOS TRASLAVIÑA (16 años), Rogelio Gustavo RAMIREZ AMESTICA (18), y Marco Orlando RIOS BUSTOS (15 años) fueron ejecutados tras ser detenidos por una patrulla militar en un establecimiento donde jugaban "taca-taca". Fueron sacados a la calle, en presencia de vecinos del sector, golpeados y obligados a correr, siendo acribillados en ese momento dos de ellos. El tercero siguió corriendo hasta llegar al puente Iquique, donde fue muerto por otra patrulla. La danza macabra de crímenes no se detiene. El día 5 de octubre de 1973, en Angol, es ejecutado Luis COTAL ALVAREZ (15 años). El Bando Nº 64 dio a conocer que ese día habían sido fusilados dos terroristas por asaltar el cuartel. Los militares lo detuvieron en la vía pública. Según testigos, ambos fueron conducidos a una bodega en construcción, donde los golpearon y luego ejecutaron mediante varios tiros de arma de fuego. Sus cadáveres fueron abandonados y recogidos la madrugada siguiente por un vehículo militar. Nunca fueron entregados a sus familiares. Mientras que el 6 del mismo mes, fue muerto Héctor Enrique HERNANDEZ GARCES (17 años). Detenido por militares el 27 de septiembre de 1973 en su domicilio. En el curso de un operativo militar realizado en la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo, fueron detenidas otras 10 personas. Todas fueron ejecutadas el día 6 de octubre de 1973 por efectivos del Ejército, en el centro de detención Cerro Chena.
    El 8 de octubre de 1973, en la localidad de Galvarino, muere ejecutado Julio Augusto ÑIRIPIL PAILLAO (16 años). Una patrulla integrada por efectivos del Ejército y Carabineros de Lautaro lo ejecutaron en el patio de su casa; su madre recogió el cuerpo y lo sepultó. No se certificó oficialmente la muerte. Al día siguiente, en el sector denominado "Baños de Chihuío", personal del Ejército asesinó a 17 personas, entre ellas al menor Fernando Adrián MORA GUTIÉRREZ (17 años). Ese día, un convoy militar integrado por efectivos de los Regimientos "Cazadores" y "Maturana", de Valdivia, con una dotación de 90 uniformados, se dirigió el complejo maderero Panguipulli. En las localidades de Chabranco, Curriñe, Llifén y Futrono, detuvieron a los campesinos, en sus domicilios o lugares de trabajo, o los recibieron de manos de Carabineros. En horas de la noche se les condujo a un fundo, de propiedad de un civil, denominado "Baños de Chihuío". Los prisioneros fueron sacados de la casa patronal de ese fundo y llevados a un lugar cercano, donde fueron ejecutados. Al día siguiente, un testigo reconoció a varias de la víctimas cuyos cuerpos tenían cortes en las manos, en los dedos, en el estómago, e incluso algunos se encontraban degollados y con sus testículos cercenados. Los cadáveres permanecieron en el lugar de la ejecución durante varios días. Aproximadamente unos 15 días después fueron enterrados por sus asesinos en fosas de diferentes dimensiones. A fines de 1978 o principios de 1979, personas de civil llegaron hasta la casa patronal del Fundo Chihuío y solicitaron al dueño que les indicara el lugar en que se encontraban las fosas. Excavaron durante toda una noche en el lugar, trasladando los restos a otro sitio desconocido.
    El 13 de octubre de 1973 fueron ejecutados 2 jóvenes: Héctor Eugenio ARAYA GARRIDO (18 años) fue detenido, junto a otra persona, por militares del Regimiento Yungay, quienes realizaban un operativo en la población La Pincoya 1. Al día siguiente, su cuerpo fue localizado en el Instituto Médico Legal. Presentaba múltiples heridas de bala craneanas y torácicas. El segundo, Víctor Iván VIDAL TEJEDA, de 16 años, había sido detenido por personal militar en la población La Pincoya, quienes lo llevaron al lugar donde se encontraban acantonados en la Quinta Normal. Dos meses después, su madre encontró en el Instituto Médico Legal una carpeta con los antecedentes de su hijo, quien habría sido trasladado a ese lugar el 14 de octubre. Mientras que en la madrugada del 14 de octubre, ocho personas fueron ejecutadas por Carabineros. Entre ellas, Elizabeth LEONIDAS CONTRERAS (14 años), quien se encontraba embarazada, y Jaime Max BASTIAS MARTINEZ (17 años). El día anterior, una patrulla de Carabineros había procedido a detener, ante testigos, a un grupo de personas. Fueron llevados a la 20ª Comisaría de Puente Alto y más tarde a la 4ª Comisaría de Santiago. El 14 de octubre, fueron subidos a un jeep y llevados a orillas del río Mapocho, a la altura del puente Bulnes. En este lugar, y ante testigos, les obligaron a descender del vehículo. Les gritaron que arrancaran y de inmediato comenzaron a dispararles. Al día siguiente (15.10) fue ejecutado Sergio Manuel CASTRO SAAVEDRA (15 años). Había sido detenido en su domicilio (comuna de Renca) por efectivos del Ejército y Carabineros. El cuerpo apareció en el cerro Quilicura con una herida de bala abdominal.
    El 19 de octubre de 1973 fueron ejecutadas en Antofagasta 14 personas, y 26 en el camino entre Calama y Antofagasta. Entre las primeras víctimas había un menor: Darío Armando GODOY MANSILLA (18 años), detenido en Tocopilla y trasladado luego a la Cárcel de Antofagasta. Entre los segundos estaba José Gregorio SAAVEDRA.GONZALEZ (18 años). Detenido el 24.09.73, se desconoce su paradero hasta el 29 de septiembre, fecha en que es llevado a la Fiscalía Militar. Es procesado y relegado al sur del paralelo 38. El 20 de octubre de 1973, una información oficial del jefe de Plaza señalaba que los 26 detenidos indicados habían sido asesinados por los militares que les transportaba a la cárcel de Antofagasta "cuando intentaron huir". La Comisión Verdad y Reconciliación se formó convicción de que estos fusilamientos fueron ejecutados al margen de la ley con crueldad y ensañamiento.

En efecto, el 20 de octubre de 1973 son ejecutadas 4 personas, entre ellas dos menores: Carlos Octavio CHAMORRO SALINAS y Miguel Angel PONCE CONTRERAS (ambos de 18 años). Fueron detenidos en la población San Gregorio por Carabineros. Sus cuerpos sin vida aparecieron en diferentes lugares de Santiago con numerosos impactos de bala; el 21 de octubre de 1973 fueron ejecutados por una patrulla del Regimiento de San Bernardo dos hermanos, uno de ellos menor de edad: Miguel Angel VALDIVIA VASQUEZ (16 años). Detenidos en su domicilio en San Bernardo, ante la presencia de sus familiares, fueron conducidos hasta el cerro Chena. En ese lugar se les ordenó correr mientras se les disparaba, resultaron muertos; el 23 de octubre de 1973 la prensa de Arica, controlada por la dictadura, informa de la ejecución de Luis Pedro SOLAR WELCHS (18 años). Según esta información, el joven fue sorprendido por una patrulla en el interior de un recinto militar. Estando bajo custodia, intentó arrebatarle el arma a un centinela con intención de dispararle, lo que "obligó a otro centinela a ajusticiarlo"; el 25 de octubre de 1973 fueron ejecutados en Valdivia, por personal de Carabineros y del Ejército, tres jóvenes, entre ellos dos menores de edad: Juan Bautista FIERRO PEREZ (17 años), y Pedro FIERRO PEREZ (16 años). Fueron detenidos el 20 de octubre de 1973 en su domicilio y llevados a la Tenencia Gil de Castro; en octubre de 1973 fueron asesinadas 4 personas detenidas en Puerto Saavedra. Los hechos se produjeron cuando llegó a esa localidad un contingente de militares de Temuco. Los cadáveres fueron abandonados y encontrados por sus familiares en el río Imperial con numerosos impactos de bala. Entre ellos estaba el menor Francisco Segundo CURAMIL CASTILLO, de 18 años; el 8 de noviembre de 1973, por sentencia del Consejo de Guerra de Valdivia, fueron ejecutadas 3 personas acusadas de asaltar la tenencia de Carabineros Gil de Castro. Entre ellas había dos menores, Cosme Ricardo CHAVEZ OYARZUN y Víctor Joel GATICA CORONADO, ambos de 18 años; el 26 de noviembre de 1973 fueron ejecutadas en Santiago 5 personas, entre las cuales estaba el menor Juan Domingo ARIAS QUEZADA, de 17 años. Al día siguiente, vecinos de El Arrayán encontraron sus cuerpos sin vida. La autopsia determinó que murieron por múltiples balas de grueso calibre. Dos se encontraban amarrados. Según familiares, el grupo habría intentado asilarse en una embajada, siendo sorprendidos por una patrulla militar que los detuvo; y el 19 de diciembre de 1973 fue ejecutado el menor Demetrio Max ALVAREZ OLIVARES, de 17 años, detenido por efectivos de investigaciones en su domicilio el 3 de diciembre de 1973. Junto con él fueron detenidos otros militantes de izquierda, todos los cuales fueron conducidos al Cuartel Central de la Policía de Investigaciones, después a la Cárcel Pública y finalmente al Regimiento Buin, para ser interrogados. En este lugar se pierde el rastro de los detenidos, apareciendo sus cuerpos en el Instituto Médico Legal. La autopsia indica como causa de muerte "herida de bala".
    El 8 de marzo de 1974 fueron muertos en Santiago Waldo Antonio RIQUELME AVILES, de 22 años, y Nicolás FLORES MARDONES, de 18 años Ambos fueron detenidos en un allanamiento que realizaron en la población Quinta Bella efectivos militares del Regimiento Buin. Días después, sus cuerpos fueron encontrados en una acequia del sector Camino La Herradura. La autopsia indica como causa de muerte, heridas de balas en la espalda; y el 21 de octubre fue muerto Iván Nelson OLIVARES CORONEL, de 18 años.
    Ese día llegaron a su domicilio agentes de la DINA. Olivares huyó, refugiándose en el jardín de una vecina. Fue descubierto por los agentes, quienes le dispararon, lo envolvieron en una sábana y llevaron en camioneta. Pero las máquinas del crimen no se detienen. El 24 de marzo de 1976 fue muerto en Santiago el menor Patricio Amador ALVAREZ LOPEZ (17 años). La noche anterior había sido detenido frente al Liceo Nocturno Nº 4 junto a otros tres jóvenes. Los detenidos, a excepción de Patricio, fueron liberados. Su cadáver apareció al día siguiente en el Instituto Médico Legal, llevado por Carabineros. Se comprobó que la causa de muerte era una herida de bala y que presentaba múltiples lesiones contusas en la cabeza, tórax y extremidades. Mientras que el 10 de julio, efectivos de Carabineros practicaron un allanamiento al inmueble de calle Mamiña Nº 150 de Santiago, "encontrando" los cuerpos sin vida de las hermanas Margarita Eliana y María Paz Martín Martínez y del joven de 18 años Isidro SALINAS MARTIN, hijo de una de ellas. La Comisión Rettig llegó a la conclusión de que los 3 fueron ejecutados por Carabineros. Mientras que Gonzalo Elías FREZ GALLARDO, de 18 años, murió el 24 de marzo de 1984, víctima de la tortura aplicada por funcionarios de Investigaciones, cuando se presentó ante esa policía en La Ligua, que lo buscaban. La causa de la muerte fue traumatismo cráneo-encefálico y cervical. El mismo día fue detenido en la vía pública por Carabineros de Curacautín Marcos QUEZADA YAÑEZ, de 17 años, y trasladado al retén policial. El menor no se suicidó como indica la versión oficial. Murió a causa de "shock por probable acción eléctrica", según la autopsia.

    Así, el 13 de septiembre de 1973 es muerto Reinaldo Patricio ROSAS ASENJO, de 17 años. La víctima participaba en una reunión en una casa particular de la ciudad de Osorno cuando irrumpió una patrulla militar. Reinaldo intentó huir y los militares le asesinaron; el 15 de septiembre de 1973 muere Juan Fernando VASQUEZ RIVEROS, de 15 años. Mientras carabineros allanaba el sindicato de la empresa Ferriloza, el afectado pasaba por la calle. Sin que mediara orden de alto alguna procedieron a dispararle; el 17 de septiembre de 1973 fueron muertos por carabineros en su domicilio, un padre y su hijo de 17 años de edad, José Domingo GÓMEZ CONCHA. Según testimonios, no existió provocación alguna por parte de las víctimas. Los asesinos obligaron a los familiares a sepultarlos en el plazo de dos horas; el 26 de febrero de 1974, una patrulla militar detuvo a Vasco Alejandro ORMEÑO GAJARDO, (18 años). En mayo de 1974, su cadáver fue encontrado en el fundo Landa con una herida de bala; el 20 de julio de 1974 muere Daniel CACERES PEREDO (17 años, deficiente mental). De acuerdo con testimonios, Daniel se escapó del servicio médico del Hospital de San Bernardo, donde era atendido, y fue interceptado por una patrulla militar, quienes lo hieren estando ya detenido. Muere más tarde por herida de bala; Lorena del Pilar ESCOBAR LAGOS, 3 años, murió en Santiago el 8 de octubre de 1978. Carabineros entraron disparando a la casa de un tío de la víctima; Luis Fernando RIQUELME CASTILLO, 14 años, falleció e1 4 de agosto de 1985 a causa de disparos efectuados por agentes del Estado, sin que hubiera existido provocación alguna; María Cristina GUTIERREZ GUTIERREZ, 16 años falleció e1 7 de marzo de 1986 a consecuencia de torturas por parte de agentes del Estado; y Ramón Leopoldo DUARTE REYES, 18 años, murió el 30 de octubre de 1988 por herida de bala al ser detenido mientras se encontraba en la vía pública en Llolleo.