| La Plataforma Estatal por la
Escuela Pública – conformada por las organizaciones firmantes de este manifiesto y
que, desde diferentes ámbitos de la Comunidad Educativa, trabaja para que la Educación
en el Estado Español responda a los niveles de calidad que la sociedad, en su conjunto,
reclama del servicio público, como garante de un derecho humano universal- une sus
esfuerzos a la Campaña Mundial promovida por la Internacional de la Educación –
formada por 296 sindicatos de enseñanza que representan a 24 millones de docentes
afiliados- y a la que se han adherido ONGs como La Marcha Mundial contra la explotación
infantil, Ayuda en Acción y Oxfam Internacional. La Campaña Mundial pretende movilizar a la opinión pública y
presionar a los diferentes Gobiernos para que cumplan sus promesas, a saber la de
promocionar una educación gratuita y de calidad para todos y todas. Es el momento antes
de que, de nuevo, los gobiernos y las instancias internacionales de educación se
encuentren a finales de Abril, en el Foro Mundial de Educación y en Junio en una sesión
especial de las Naciones Unidas para analizar la situación de la educación en el mundo.
Es bien sabido que no todos los niños y
niñas del mundo tienen la oportunidad de asistir a la escuela o de continuar sus
estudios. Esta cuestión afecta especialmente a los países del Sur que no han conseguido,
hasta hoy, escolarizar a 125 millones de niños, pese a los compromisos de los gobiernos
de poner fin a esta situación para el 2000.
Hace diez años en Jontien, Tailandia, 155
gobiernos prometieron la educación para todos y todas. Esta promesa no se ha cumplido
hasta la fecha. Más recientemente, los gobiernos se comprometieron a alcanzar este
objetivo antes del 2015. Sin embargo, el derecho a la educación para esos 125 millones de
niños y niñas es violado cada día, dejándolos atrapados en la pobreza. Para muchos
más millones de niños, la falta de profesorado, de aulas o de libros se traduce en la
reducción de la escolaridad y en un aprendizaje incompleto. Las niñas constituyen los
dos tercios del colectivo excluido del sistema educativo. Una de cada cuatro personas
adultas del mundo desarrollado - 870 millones de personas- es analfabeta.
Vistos los incumplimientos, los nuevos
compromisos, sólo, serán palabras vanas sin una acción urgente.
La campaña Mundial por la Educación
pretende a través de la opinión pública que los gobiernos se responsabilicen de sus
compromisos.
Esta Campaña promovida por la
Internacional de la Educación, es llevada a cabo con la convicción de que se puede
lograr la educación para todos y con la preocupación por los inmensos costes humanos, si
fracasa. En una sociedad del conocimiento, la exclusión de la educación llevará consigo
mayor pobreza y desigualdad.
Las Plataformas por la Escuela Pública al
adherirnos a la Campaña Mundial, defendemos que la educación es:
- Un derecho humano universal.
- La clave para un desarrollo humano
sostenible.
- Una responsabilidad fundamental del Estado.
- Posible si los gobiernos movilizan la
voluntad política y los recursos necesarios.
Pedimos:
- La educación gratuita, obligatoria y de
calidad para todos los niños y niñas, al menos hasta los ocho años, y una segunda
oportunidad para las personas adultas que no han ido a la escuela;
- Una mayor provisión de educación y
atención a la calidad para la primera infancia;
- un incremento del gasto público en
educación, hasta al menos el 6% del PNB, y nuevos recursos a través de la asistencia y
el alivio de la deuda para los países más pobres;
- la abolición del trabajo infantil;
- la participación democrática y la
rendición de cuentas a la sociedad civil - incluidos docentes y sindicatos- en la toma de
decisiones relativas a la educación en todos sus niveles;
- la reforma de las políticas de ajuste
estructural del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para asegurar que apoyen
la educación gratuita y de calidad, en vez de menoscabarla;
- unos salarios decentes y regulares para los
docentes, aulas bien equipadas y suministro de libros de texto de calidad;
- la dotación inclusiva y no discriminatoria
de servicios para todos y todas;
- un Plan de Acción Mundial para la
educación básica con el fin de movilizar la voluntad política y los nuevos recursos, en
apoyo de los planes de educación nacional para la consecución de los objetivos en el
2015.
Las organizaciones españolas reunidas en
la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, manifestamos nuestra preocupación por el
ataque continuo tenaz y decidido, bajo diferentes formas, al que se ven sometidos los
servicios públicos educativos en los países empobrecidos y en países industrializados
como España. Ataques que se manifiestan en el freno a la inversión en lo público, en
las privatizaciones o en los intentos de comercialización de la educación, al
considerarla como una mercancía y olvidar que es un derecho. Bajo el pretexto del
excesivo costo o de la eficacia, se cuestionan dichos servicios para privatizarlos total o
parcialmente, especialmente, en los niveles no obligatorios. La reducción del gasto
público educativo, las decisiones políticas, económicas e ideológicas de no financiar
adecuadamente la educación pública en todos los niveles del sistema educativo, son la
mejor manera de degradarla para posteriormente privatizarla.
La Plataforma Estatal por la Escuela
Pública quiere hacer llegar al Gobierno español nuestras reivindicaciones, tanto en el
ámbito internacional como en el nacional.
En el internacional, consideramos como
prioritarias dos cuestiones: uno, el Gobierno debe rendir cuenta de sus actuaciones
internacionales a la sociedad civil española y dos, debe condonar la deuda externa de los
países más pobres, de forma que esta medida contribuya a que esos países puedan
alcanzar una educación gratuita y de calidad para todos y todas.
En el ámbito del Estado Español
La Plataforma en Defensa de la Escuela
Pública quiere hacer llegar al Gobierno español y a las diferentes administraciones
educativas que la Educación no puede quedarse en una retórica, de grandes declaraciones,
ha de ser considerada una prioridad y debe poner en marcha las medidas que necesita
nuestro Sistema Educativo, para conseguir una enseñanza de calidad con igualdad de
oportunidades, debe considerar la Enseñanza Pública como un pilar básico del Sistema
Educativo y la comprensividad como la principal estrategia del éxito de la enseñanza
obligatoria.
La convicción de que el denominador común
de todas las iniciativas que puedan tomarse para mejorar la enseñanza, es la dotación de
medios y recursos y, por lo tanto, de una financiación suficiente. Una ley que prevea las
necesidades y evite las fluctuaciones coyunturales de las inversiones educativas, sigue
siendo una exigencia para cualquier acción política seria.También, se requiere un nuevo
marco jurídico, político, financiero, así como de participación, que permita un
desarrollo mancomunado de las políticas educativas que se apliquen en cada Comunidad
Autónoma. Sólo así existirá un desarrollo armónico y homologable del Sistema
Educativo en todos los territorios.
Las principales medidas que deben abordarse
para conseguir una enseñanza de calidad en igualdad de oportunidades en todo el
territorio estatal son las siguientes:
1. Acometer, sin tardanza, la oferta de
plazas para la escolarización de niños y niñas de 0 a 3 años en los centros de la red
pública.
2. Desarrollar una Formación Profesional
de alta calidad, equiparable a los demás países europeos, evitando medidas que reduzcan
su competitividad y que la conviertan en una vía de segunda clase, y a largo plazo,
inoperante.
3. Fomentar el desarrollo de programas de
atención a la diversidad en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y dotar a todos los
centros de Departamentos de Orientación, con suficientes recursos. Fomentar y mejorar los
programas de integración del alumnado con necesidades educativas especiales, dotando a
los centros de medios y personal.
4. Aplicar programas de Garantía Social en
todos los Institutos de Secundaria como última medida para posibilitar el éxito escolar
al finalizar la enseñanza obligatoria.
5. Promulgar una normativa básica
reguladora de la Educación de Personas Adultas y una oferta suficiente de formación
permanente de calidad a lo largo de la vida.
6. Modificar la política de admisión de
alumnos practicada por el último gobierno, de manera que no sean los centros los que
seleccionen al alumnado, y garantizar una distribución equilibrada de los niños y niñas
de minorías étnicas o con dificultades especiales entre todos los centros sostenidos con
fondos públicos.
7. Ampliar la oferta y dignificar la imagen
de la Enseñanza Pública: los poderes públicos no pueden ser neutrales en la
distribución de la oferta pública y privada. Las Administraciones educativas son los
principales responsables de que la oferta pública sea la más amplia y la mejor del
país, la comunidad educativa es la más interesada en comprometerse en la mejora de la
Escuela Pública.
8. Controlar el cumplimiento de la
normativa en los centros privados que se beneficien de financiación pública a través de
los conciertos supone exigir a las Administraciones Públicas que se cumplan: uno, la no
discriminación tanto en la admisión del alumnado como en el periodo de escolarización;
dos, la gestión democrática de los centros; tres, el control de los fondos públicos de
los centros concertados; y cuatro, la homogeneización de las condiciones laborales,
luchando contra la alta tasa de precariedad y eventualidad entre los trabajadores y
trabajadoras de la enseñanza privada, y creando empleo estable en la enseñanza pública.
9. Apostar por la Educación intercultural,
como mejor sistema para erradicar el Racismo y la Xenofobia, propiciando un Foro de debate
que analice los problemas y las alternativas, y en el que participe toda la Comunidad
Educativa.
10. Fomentar una Enseñanza en valores
laicos que garantice los aprendizajes en el mutuo conocimiento y en el respeto a la
diferencia, permitiendo, así, construir una convivencia democrática.
11. Completar el mapa de centros escolares
y aumentar las plantillas, cuya escasez actual impide, en muchos lugares, atender las
sustituciones y además afrontar los nuevos retos de calidad.
12. Procurar que se haga efectiva la
gratuidad en todos sus aspectos, incluidos libros de texto y otros materiales escolares.
13. Apostar decididamente por el
reconocimiento profesional de los trabajadores de la enseñanza en todos sus perfiles y
niveles y que éste se traduzca en la mejora de las condiciones de trabajo.
14. Convertir los centros de enseñanza en
instrumentos activos al servicio de la comunidad, con dotación de recursos y de personal
que posibilite la oferta de servicios complementarios públicos - actividades
extraescolares, deportivas, de ocio y tiempo libre fuera del horario lectivo-, acordes con
los horarios laborales de la ciudadanía, en cualquier periodo del año, y que den
satisfacción a las demandas sociales.
15. Concebir la Jornada en los centros de
enseñanza no universitaria como un combinado de tres jornadas diferentes: la del
alumnado, la del profesorado y la del centro. La primera y la última, objeto de pacto
entre todos los miembros de la comunidad educativa y la administración; y la segunda,
como objeto de negociación, exclusiva, entre la administración y los sindicatos.
16. Reformar la LRU, profundizando en el
concepto de autonomía universitaria, dotando a las universidades de órganos de
participación y de gobierno, más funcionales, revalidando el papel de la docencia y de
la investigación, y dotándola de una financiación adecuada, situada, en los países de
la OCDE, en el 1,5% del PIB.
Demandamos la existencia de una política
de becas suficiente y compensadora de manera que asegure que ningún estudiante abandone
los estudios por razones económicas.
Madrid, 15 de marzo del 2000
Organizaciones firmantes
CEAPA, F.E.CC.OO.,
FETE–UGT, STEs, CGT, MRPs y Sindicato de Estudiantes |