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Editorial

No más OMC

Caminamos, mejor dicho nos llevan, hacia la V Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que a primeros de septiembre tendrá lugar en Cancún, Méjico. El eufemismo con el que los poderosos del mundo denominaron a esta Ronda de negociaciones, la Ronda del Desarrollo, no ha logrado ocultar las desastrosas consecuencias que para los pueblos tiene un programa político que impulsa el neoliberalismo económico más atroz.

Hacernos creer que el comercio internacional será el motor para el desarrollo y decir que la liberalización que se pretende será fundamental en la lucha contra la pobreza es una gran falacia que no se sustenta, y que la realidad ha desmentido con creces en los últimos años. Ningún pueblo alcanza su bienestar mal-vendiendo sus riquezas y construyendo una economía dependiente del exterior.

Frente a la V Ronda de negociaciones que comenzará en Cancún, es necesario luchar porque la agricultura, la pesca y la alimentación salgan definitivamente de la OMC, y que su tratamiento quede de nuevo en el marco de la FAO. El derecho a una alimentación sana y suficiente es un derecho fundamental de todas las personas que no puede supeditarse a intereses comerciales internacionales, y la agricultura un sector inseparable de la conservación de los recursos naturales y los ecosistemas, además de constituir la principal fuente de subsistencia para más de la mitad de la humanidad. Rechazamos, en este sentido, el objetivo de "competir en los mercados mundiales" que ha presidido las recientes reformas de la Política Agraria Comunitaria, y reclamamos la elaboración, como marco político orientador, de un Convenio Internacional por la Soberanía Alimentaria. Los estados tienen derecho a proteger, apoyar y promover sus sistemas nacionales de producción agropecuaria apoyados sobre un modelo de producción basado en la explotación familiar sostenible y solidaria con el resto de los pueblos.

Es también necesario que en la revisión del Acuerdo General sobre Patentes de la OMC se prohiban las patentes sobre el material biológico y la información genética de todos los seres vivos. Las semillas, así como otro tipo de material y bienes genéticos, deben ser considerados patrimonio de la humanidad, prevaleciendo siempre su función pública frente a intereses privados.

En el área de los servicios públicos, son los Estados y los poderes públicos quienes deben garantizar la prestación de dichos servicios con calidad y cercanía al ciudadano desde la perspectiva del desarrollo efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Por ello, los servicios públicos deben estar por encima de cualquier tratamiento comercial o económico de los mismos y, por tanto, quedar fuera del marco de la OMC. En particular, es escandaloso e inaceptable el intento por parte de la OMC de pretender incluir en las negociaciones del capítulo de servicios el agua, con el objetivo manifiesto de convertir en mercancía apropiable y vendible un bien indispensable para la vida y para el bienestar humano, y que por su propia naturaleza no puede privatizarse ni someterse a las leyes del libre mercado.

Las inversiones privadas en cualquier país deben estar sometidas a una legislación nacional que favorezca en primer lugar el desarrollo de la inversión y la industria local, que someta cualquier inversión a criterios y principios de respeto ambiental y de derechos laborales. Por tanto, un acuerdo multilateral para favorecer las inversiones al margen de lo anterior no estaría sino haciendo más profunda la brecha entre Norte y Sur dentro de nuestro mundo.

En definitiva, es necesario que los gobiernos hagan una revisión seria y profunda de las repercusiones de las políticas y acuerdos de la OMC desde el punto de vista de la mejora del bienestar de toda la humanidad -no del enriquecimiento de los privilegiados del planeta- y de la sustentabilidad del modelo de desarrollo que promueve, para a partir de este análisis reconsiderar el actual marco de las negociaciones acerca del comercio en el mundo.

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