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Editorial

Decía Karl Popper que "la democracia era la posibilidad de decir no al tirano", a quien acumula demasiado poder. Para el ecologismo la definición del ilustre reaccionario es sólo una condición imprescindible de la democracia. En el comienzo del nuevo milenio democracia debe ser también la posibilidad de decidir sobre el futuro que nos espera: sobre las tecnologías a emplear, sobre el uso de los recursos naturales, sobre el modelo social que queremos, sobre....Y esta democracia más llena de significado es imposible sin disponer de cauces de participación adecuados, que no pueden limitarse a la posibilidad de depositar el voto cada X años.

Los consejos de participación ciudadana son, si se cumplen determinadas condiciones, instrumentos apropiados para tal fin. Los escenarios reales en nuestro país han variado mucho de unos casos a otros. Ha habido y hay organismos de participación en todos los niveles administrativos (locales, autonómicos o nacionales y estatales), y su funcionamiento ha ido desde los meramente ornamentales (el poder disfrazado de verde durante algunas horas) hasta aquellos que han permitido el acceso de los grupos ecologistas a niveles significativos de información de interés, una proyección pública no despreciable de sus ideas y argumentaciones y una cierta influencia en temas relevantes. Aunque muchos de los órganos de participación se sitúan en posiciones intermedias en dicha escala, en honor a la verdad hay que decir que abundan mucho más los órganos "casi-ornamentales" que los "eficaces". También hay que señalar que en las actuales administraciones, estatal y autonómicas, en manos tanto del PP como del PSOE, es usual la inexistencia de estos órganos de participación o un funcionamiento testimonial. Por ello, la posición de Ecologistas en Acción ha sido reivindicar un funcionamiento adecuado de todos los órganos de participación, sin renunciar por ello al abandono temporal de los consejos asesores o patronatos de espacios protegidos cuando estos no reúnen las condiciones mínimas para garantizar que cumplan su cometido.

Por la trascendencia de los temas a abordar y por su singladura, la situación del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) merece un comentario un poco más extenso. Creado en 1994 por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, muy pronto su composición y funcionamiento provocó conflictos, hasta que en 1997, ya con el Partido Popular en el Gobierno e Isabel Tocino como Ministra de Medio Ambiente, se desveló como ineficaz para las organizaciones ecologistas en él representadas, que finalmente decidieron dejar de asistir hasta que se solventaran los problemas de funcionamiento. Pero, el desinterés de Isabel Tocino, contagiado rápidamente a Jaume Matas tras su llegada al Ministerio, ha permitido que este Consejo llevé cuatro años sin reunirse, favoreciendo con ello que leyes de la importancia del Plan Hidrológico Nacional no hayan sido discutidas en este consejo, pese a las insistentes solicitudes y propuestas concretas de composición y funcionamiento del CAMA realizadas por las organizaciones ecologistas.

Como la Constitución reconoce, los poderes públicos están obligados a facilitar la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida económica y social, aspecto este también recogido en el Programa 21 adoptado en la Conferencia de Río en 1992. El Programa 21 propugna la creación de cauces de participación de las organizaciones no gubernamentales, entre otras, en la elaboración y ejecución de políticas orientadas hacia el desarrollo sostenible. A lo cual debe unirse la existencia del Real Decreto 2247/1994, el cual establece que el CAMA debe reunirse, al menos, una vez al trimestre.

Si el CAMA siempre ha sido considerado necesario, ahora su importancia es aún mayor, ya que son muchos los temas de interés que se atisban en el horizonte inmediato, destacando la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.

No deja de sorprender que se dé esta situación justo cuando ha entrado en vigor el Convenio de Aarhus, que obliga a los Estados a asegurar procedimientos de participación pública en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente. España es uno de los países que han firmado este convenio.

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