El Puerto de Santa María

El Puerto es uno de los 13 municipios de España que no ha iniciado la tramitación de las Zonas de Bajas Emisiones

El Puerto de Santa María, 5 de julio de 2024

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María está de nuevo de actualidad, no por sus logros, sino por su persistencia en incumplir leyes medioambientales y Directivas europeas. El Defensor del Pueblo Andaluz le ha instado a tramitar las preceptivas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), y Beardo no le ha contestado.


La instauración de las ZBE es una obligación legal que emana de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obligaba a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a tenerlas aprobadas y en vigor antes del 1 de enero de 2023, aunque el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico prorrogó el plazo en 18 meses, que acabó el pasado 30 de junio. El Ayuntamiento de El Puerto no ha hecho nada a pesar de los numerosos requerimientos realizados por Ecologistas en Acción, a los que Beardo ni siquiera ha respondido, constatándose, además de su descarada insumisión a las leyes, su falta de educación.

Ante esta inacción municipal, Ecologistas en Acción se dirigió al Defensor del Pueblo Andaluz, exponiendo la ausencia de respuesta a los escritos presentados, en los que se advertía de la obligación de tener aprobado el Plan de Movilidad urbana sostenible y las Zonas de Bajas Emisiones.

El Defensor del Pueblo Andaluz se dirigió al ayuntamiento para “solicitar que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto”. El Defensor del Pueblo nos ha informado que “A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud el pasado 20 de marzo de 2024, y de haber reiterado la misma, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo. De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja”.

El Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, ha remitido al alcalde una nueva Resolución recordándole la obligación de resolver la solicitud de Ecologistas en Acción, dándole un plazo de un mes para que le “facilite respuesta escrita a la presente Resolución”.

Y no es la única ley que incumple el alcalde. El máximo representante en nuestra ciudad de un partido que está todo el día acusando a los demás de inconstitucionales, se ha declarado insumiso a leyes autonómicas y estatales y a Directivas de la UE: Ley andaluza 8/2018 de Cambio Climático, que obliga a los ayuntamientos a tener un Plan Local de Medidas frente al Cambio Climático; la Ley estatal 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que le obliga a instaurar Zonas de Bajas Emisiones, reduciendo el tráfico y favoreciendo la peatonalización, las bicicletas y el transporte público; o la Ley 7/2022 de Residuos y para una Economía Circular, que obliga a la recogida separada de la fracción orgánica de las basuras y a su compostaje.

Esta insumisión de Beardo, además de ocasionar un grave perjuicio a la ciudadanía que debe de soportar la contaminación generada por el tráfico, impide al ayuntamiento acceder a subvenciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE para mejorar el transporte urbano, por no tener aprobado el Plan de Movilidad.

Es muy lamentable tener un alcalde que incumple de forma reiterada las leyes, que ningunea al Defensor del Pueblo Andaluz y al que parece preocuparle más su imagen y aparentar que gestiona los problemas públicos que el cambio climático. Le recordamos que cobra su sueldo como alcalde por gobernar en beneficio de toda la ciudadanía.

El Puerto es uno de los 13 municipios de España que no ha iniciado la tramitación de las Zonas de Bajas Emisiones
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