El 24 de octubre saltaron a los medios y al debate publico con apenas unas horas de diferencia dos casos de denuncias por violencia sexual. La primera fue opacada en seguida por el medidtico caso Errején, pero para nosotras era mas relevante en tanto que el hombre señalado, Santiago Martin Barajas, fue cofundador y uno de los mas renombrados dirigentes y activistas de la organizacién confederal de la que formamos parte.
Desde nuestro lugar como pequefio colectivo de El Puerto de Santa Maria, quisimos dedicarnos el tiempo que requiere un debate sosegado, porque lo que ocurrió, lo que sigue ocurriendo a nuestro alrededor constantemente, requiere mas de reflexiones profundas que de posicionamientos rapidos en redes sociales.
Sabiamos en cualquier caso que no debiamos dejarlo pasar, y que en cualquier construcción colectiva este tipo de situaciones deben ser, no solo un motivo de consternación, sino también la oportunidad de hacernos mejores preguntas que nos lleven a diagnósticos mas afinados, a mejores protocolos, a otros futuros posibles mas libres de violencia y de machismo.
Quizá la pregunta de “por qué existe la violencia sexual en organizaciones que se autoproclaman feministas” es un tanto ingenua. ¿Por qué no habría de suceder? El patriarcado lo impregna todo. La violencia machista tiene que ver con estructuras de poder milenarias que no se caen solo por nuestra buena voluntad. Por tener el feminismo entre sus principios, una organización no está a salvo de que sus integrantes caigan en comportamientos machistas e incluso en agresiones; lo que sí debería una organización feminista es ser capaz de dar mejores respuestas que, a la larga, hagan que los varones ecologistas aunque machistas se cohíban en su pretensión de utilizar sus posiciones de poder –por género, pero también por estatus- para acosar a las mujeres. Para nosotras, el caso Martín Barajas ha abierto un proceso de reflexión en que nos preguntamos qué tipo de respuestas proponemos como colectivo ante la eventualidad de que nos pase algo así. Pero no sólo eso: pretendemos comprender juntas qué entendemos por violencia sexual, por acoso, por justicia reparadora.
Qué entendemos por violencia sexual ha sido drásticamente transformado por el movimiento feminista en apenas unos años. Hasta anteayer la agresión sexual implicaba solo la penetración forzada por la fuerza física, esa que solo se puede probar si hay marcas de forcejeo, y que tan pronto se puso siempre en cuestión por el tamaño de una falda. Las masivas movilizaciones a partir del caso de la Manada, sucedido en 2016 y sentenciado en 2018, lograron colocar el consentimiento en el centro del concepto jurídico de agresión –y no ya el uso de la violencia física. Sin aquellas manifestaciones feministas no se entiende el giro que da la ley del “sólo sí es sí” colocando el consentimiento en el centro y abriendo el abanico de las agresiones sexuales. Un tocamiento no deseado claramente no merece el mismo tratamiento penal que una penetración no consentida; pero también puede ser una experiencia humillante y violenta que requiere una reparación y, sobre todo, prevención. La reparación no siempre ha de conllevar la cárcel, pero sí ha de implicar el reconocimiento del daño y, muchas veces, debe implicar consecuencias contra el agresor. Y ese tipo de gestos siempre serán más difíciles de gestionar por las mujeres si a la opresión de género se suma el estatus elevado dentro de una organización, como sí era el caso de Martín Barajas.
Creemos que la única forma de abordar una denuncia de acoso, abuso o agresión sexual desde un enfoque feminista pasa por dar credibilidad a las víctimas y no poner en cuestión sus testimonios. Esto nunca es tan evidente cuando el varón señalado en cuestión no es un ser desconocido sino un compañero de militancia, un amigo, incluso alguien a quien admiramos. Es el mismo mecanismo social por el cual todos conocemos a decenas de mujeres que han sido agredidas pero (casi) nadie parece tener un amigo que ha sido señalado como agresor. El “Yo sí te creo, hermana” nunca implicó que las mujeres seamos incapaces de mentir. El lema feminista se basa en la necesidad ética de posicionarnos del lado de la víctima y no del agresor, dentro de unas condiciones estructurales de violencia que hacen que muchas mujeres sigan teniendo miedo de denunciar, mientras la sociedad calla y sostiene un pacto de silencio que garantiza la impunidad de los agresores. De ahí que, mientras que las denuncias falsas de violencia machista son una ínfima minoría, mucho menor que en otro tipo de delitos, lo que sí abunda son las mujeres que optan por callar. Por ello, en una sociedad patriarcal en la que prima todavía la agresión sexual impune contra las mujeres, en un continuum de violencias que es cotidiano para nosotras y para las personas LGTBIQ+, creemos que nuestra labor ha de ser la de facilitar la escucha y tener una respuesta contundente que rompa ese pacto de silencio y de impunidad. Por supuesto que el agresor señalado contará con presunción de inocencia, pero la presunción de inocencia es un concepto jurídico. Es para los tribunales. Y en el marco de sociedades patriarcales, donde la justicia nunca supo dar respuesta a las mujeres, el señalamiento público y el apartamiento preventivo de los agresores -inocentes hasta que se demuestre lo contrario, penalmente hablando, pero probablemente agresores, sociológicamente hablando- es una de las pocas herramientas con las que por ahora contamos las mujeres para hacer frente a la impunidad. Señalamiento no es linchamiento.
Por eso escribimos esta larga carta abierta, que ha sido consensuada por los y las miembros activistas de EA El Puerto, para aclarar nuestro posicionamiento sobre este caso y, ante todo, para dar cuenta de las reflexiones a las que nos ha llevado, desde el compromiso de seguir encontrando los momentos, en nuestras asambleas semanales, para pensar juntas qué consideramos violencia machista y cómo combatirla dentro y fuera de nuestra organización. Para construir juntas ese futuro posible donde sea excepcional que un varón sea violento en el seno de una organización feminista. Ese futuro donde las mujeres ya no tengan miedo de hablar y no sea necesario protegerlas con el anonimato. Ese futuro en que la vergüenza haya cambiado de bando y sea mayor la vergüenza del hombre que se aventura a forzar un beso que la de la mujer que no supo defenderse mejor de su agresor.
Qué entendemos por violencia sexual ha sido drásticamente transformado por el movimiento feminista en apenas unos años. Hasta anteayer la agresión sexual implicaba solo la penetración forzada por la fuerza física, esa que solo se puede probar si hay marcas de forcejeo, y que tan pronto se puso siempre en cuestión por el tamaño de una falda. Las masivas movilizaciones a partir del caso de la Manada, sucedido en 2016 y sentenciado en 2018, lograron colocar el consentimiento en el centro del concepto jurídico de agresión –y no ya el uso de la violencia física. Sin aquellas manifestaciones feministas no se entiende el giro que da la ley del “sólo sí es sí” colocando el consentimiento en el centro y abriendo el abanico de las agresiones sexuales. Un tocamiento no deseado claramente no merece el mismo tratamiento penal que una penetración no consentida; pero también puede ser una experiencia humillante y violenta que requiere una reparación y, sobre todo, prevención. La reparación no siempre ha de conllevar la cárcel, pero sí ha de implicar el reconocimiento del daño y, muchas veces, debe implicar consecuencias contra el agresor. Y ese tipo de gestos siempre serán más difíciles de gestionar por las mujeres si a la opresión de género se suma el estatus elevado dentro de una organización, como sí era el caso de Martín Barajas.
Consejo de Ecologistas en Acción El Puerto
