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PROTECCIÓN AMBIENTAL
CAMPAÑAS
Conexión eléctrica con Marruecos
No al II cable de Tarifa!

Ecologistas en Acción de Cádiz ha presentado ante el Ministerio de Medio Ambiente sugerencias en contra del segundo cable eléctrico sobre el Estrecho que pretende unir Tarifa con Fardioua en Marruecos.

Entendemos que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del futuro Parque natural del frente litoral Algeciras-Tarifa, cuya formulación fue acordada por la Junta de Andalucía en Febrero de 1999, establece de forma rotunda que no se puede otorgar ninguna autorización, licencia o concesión que habilite para la realización de actos de transformación de la realidad física y biológica. Hasta que no se apruebe el Plan, no se puede aprobar un tendido eléctrico con consecuencias ambientales muy severas sobre el futuro Parque Natural del Estrecho, por lo que emplazamos a la Junta de Andalucía a que deniegue la autorización pretendida.

Además, la única justificación de este segundo cable es aumentar la cuenta de resultados de los lobbies eléctricos, altamente interesados en exportar electricidad a costa de incrementar las emisiones contaminantes de las centrales térmicas y muy en particular de los niveles de dióxido de carbono, incumpliendo los compromisos del Protocolo de Kioto. Este proyecto está en sintonía con las siete centrales térmicas de gas de ciclo combinado previstas para nuestra provincia, los 8.750 megavatios de ciclo combinado solicitados en Andalucía y la ampliación de la central térmica de carbón de Endesa en Almería. En definitiva, consolidar el despropósito de convertir a Andalucía en una región exportadora de electricidad a base de un aluvión de centrales térmicas contaminantes. En el caso de importar electricidad de Marruecos, las previsiones todavía son más funestas, pues pretenden basarse no solo en centrales de gas, sino también en nuevas centrales de carbón y de fuel-oil.

La Evaluación de Impacto Ambiental presentada solo considera y de forma parcial los impactos puntuales de la colocación del cable, pero la experiencia del primer tendido eléctrico nos demuestra que los impactos sobre las poblaciones de voraz, atunes, coral naranja y fanerógamas marinas, no se reducen al tendido del cable, sino que continúan y se amplifican con las obras de fijación al fondo, el vertido de miles de toneladas de piedra, los campos electromagnéticos y el ruido emitidos y los efectos sinérgicos producidos por el gasoducto cercano Magreb – Europa y las prospecciones que se vienen realizando para el posible enlace fijo en el Estrecho de Gibraltar. Ninguna de estas alteraciones ha sido considerada, llevando al sin sentido de que Red Eléctrica de España (REE) pontifique sobre que “el impacto del nuevo cable sobre los caladeros y la fauna marina del Estrecho será del todo nulo” ¡Viva la certidumbre científica!

También nos parece afianzar una política de hechos consumados, que pervierte la limpieza de la tramitación de Evaluación de Impacto, que REE se asegure la declaración de utilidad pública para la subestación eléctrica en Tarifa, que inicie obras de tendido aéreo de la subestación de Pinar del Rey (San Roque) a Tarifa y que reincida en una política espuria de comprar voluntades del ayuntamiento de Tarifa y de la Cofradía de Pescadores, mucho antes de someterse a la Declaración de Impacto Ambiental.

Por último, los estudios del Instituto Español de Oceanografía no han podido demostrar que los descensos de las capturas del voraz (hasta del 60 %) no hayan sido causados por el cable submarino, además de la sobreexplotación a que está sometida esta especie y se desconoce todo sobre su incidencia sobre los recursos de atún rojo; muchas incertidumbres como para pretender sacar adelante otra actuación impredecible.

Hacemos un llamamiento a las autoridades para que no se sometan a los intereses de las compañías eléctricas y aborden resueltamente la potenciación de verdad de las dos energías de las que somos excedentarios los andaluces, la solar y la eólica, además de potenciar el ahorro, la eficiencia energética y la gestión de la demanda.

Cádiz, 5 de marzo de 2002
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