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¡ BOLIVIA EN EMERGENCIA SOCIAL !
La criminalización de la protesta social se ha convertido en consigna del poder. Nadie puede ejercer el libre derecho a demandar, exigir o reivindicar sus justos derechos sin caer en la sospecha delincuencia o terrorista. Bajo este manto de supuesta criminalidad de los movimientos sociales se esconden innumeros casos de impunidad de autoridades estatales, que incluso han organizado bandas de asaltantes que han asesinado personas con vínculos directos y coordinación con senadores, ex ministros, coroneles y oficiales activos de la policía. La tortura se ha institucionalizado como método de investigación militar y policial. Y por si fuera poco, hasta los medios informativos que llevaban la voz del pueblo se han silenciado como el caso de Radio Soberanía (radio de los cocaleros del Chapare). El gobierno no mide esfuerzos en desprestigiar día a día la escasa legitimidad democrática que le queda. En esta coyuntura, el conflicto se concentra en el sector de productores de hoja de coca del Chapare, donde el poder ejecutivo aplica la mal llamada lucha antidrogas como extensión genuflexa de la politica norteamericana contra el narcotrafico y ahora contra el supuesto terrorismo de los cultivadores de la coca. De la tradicional represión, el Estado ha pasado a usar otras armas menos convencionales. Ha convertido al Parlamento y al poder judicial en recintos de extrema arbitrariedad contra las organizaciones populares y sus dirigentes. El pasado 23 de enero el diputado cocalero Evo Morales fue expulsado del Palacio Legislativo. El conjunto de diputados que lo expulsaron cuestionados y señalados por la moral publica violaron todos los procedimientos legales para asumir esa medida desconociendo la representatividad del voto popular que delego a Morales el mandato de mas de 30 mil familias campesinas productoras de hoja de coca. Sin importar que obtuvo la mayor votación uninominal en la era democrática fue despojado de su curul parlamentario. Desde entonces Morales cumple una huelga de hambre que ya lleva 8 días. A partir de ahí se desato una cacería de dirigentes cocaleros. Los que fueron detenidos son sometidos a torturas y vejámenes sistemáticos indignos de toda naturaleza humana. Los huérfanos, heridos y mutilados deambulan por ministerios y hospitales sin atención alguna. A la fecha el conflicto persiste y se amplia. Otros sectores se suman a la batalla por la vida y ya se circunscriben en la persecución estatal. La Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida de Cochabamba tiene al c. Oscar Olivera arraigado; la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia tiene al c. Felipe Quispe en la clandestinidad. El pueblo resiste a la persecución, al amedrentamiento y al silenciamiento pese al descarnado e ilegal intento de descabezamiento de los movimientos sociales. Convocamos al foro a pronunciarse a favor de los movimientos sociales, en contra de los poderosos que se han vuelto a manchar las manos de sangre. En Bolivia estamos viviendo un momento critico y decisivo en la lucha social. También pedimos que se exija al gobierno Boliviano que frene las matanzas, persecuciones, y torturas. Que libere a los detenidos, que indemnice a las familias de los muertos y también a los heridos, que el gobierno desista de iniciar un juicio ilegal a Evo Morales y se lo restituya al Parlamento. Que desarraiguen y anulen el juicio iniciado a Oscar Olivera y también se anule el juicio que hace ya más de una década el Estado le inicio a Felipe Quispe y que legalmente ha prescrito. Por la dignidad del pueblo boliviano ¡exigimos el cierre del Congreso Nacional y convocamos a la instalación de la Asamblea Popular Constituyente!. |