Gobierno Peruano reconoce violaciones a los derechos humanos en caso de esterilización forzada que terminó en muerte

Adrianna Montague-Gray/ Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas- CRLP/ La Tertulia (Nueva York, 17 de Octubre del 2002 )

Una batalla legal internacional de tres años de duración contra la República de Perú ha concluido con la reivindicación de los derechos de María Mamerita Mestanza Chávez, una mujer que fue coercitivamente sometida a una esterilización quirúrgica que le ocasionó la muerte en abril de 1998.

En un arreglo amistoso alcanzado el pasado 14 de octubre, el gobierno peruano reconoció su responsabilidad internacional en la violación de los derechos humanos de la víctima. Los derechos violados incluían, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y a un trato humano, a la protección igualitaria de la ley y a estar libre de violencia por razón de género. Como parte del arreglo, el gobierno peruano ha acordado no sólo indemnizar al esposo y a los siete hijos e hijas de la víctima, sino también hacer mejorías significativas en las políticas de salud reproductiva y planificación familiar.

"Éste es un arreglo trascendental que tiene amplias implicaciones para las libertades reproductivas de las mujeres peruanas", dijo Luisa Cabal, asesora legal para América Latina y el Caribe del Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP), co-querellante en el caso. "Esperamos que el gobierno tome con seriedad su obligación de mejorar inmediatamente la calidad de los cuidados de salud reproductiva en Perú", agregó.

El caso Mestanza fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1999, después de que fallaran todos los remedios legales en Perú. La señora Mestanza, una mujer indígena de bajos ingresos, fue coaccionada a acceder a la esterilización por parte de funcionarios gubernamentales y repetidamente se le denegó cuidado médico de seguimiento cuando surgieron las complicaciones. Falleció a causa de complicaciones médicas post-operatorias siete días después de la cirugía.

En el acuerdo del arreglo firmado ante la CIDH, el gobierno peruano accedió a pagar al esposo y a los siete hijos e hijas de la señora Mestanza la cantidad de US$10,000 a cada uno en compensación por daños morales, entre otras significativas compensaciones para cuidados de salud, educación y vivienda.

El gobierno también accedió a conducir una investigación a fondo y castigar a los responsables de las violaciones de las normas legales peruanas e internacionales.

Lo más significativo para las mujeres peruanas es que el gobierno acordó modificar las leyes y políticas discriminatorias, incluidas aquéllas que no reconocen a las mujeres como autónomas tomadoras de decisiones, así como implementar pronto las recomendaciones hechas por el Procurador de Derechos Humanos de Perú. Estas recomendaciones incluyen mejores evaluaciones pre-operatorias de las mujeres que serán esterilizadas; una mejor capacitación del personal de salud; creación de un procedimiento que asegure el manejo oportuno de las quejas de pacientes dentro del sistema de cuidados de salud, e implementación de medidas para garantizar que las mujeres den un genuino consentimiento informado, lo que incluye un periodo de espera de 72 horas antes de la esterilización.

El caso de la señora Mestanza fue parte de un patrón de esterilizaciones coercitivas -algunas de las cuales condujeron a la muerte como en esta instancia- que ocurrió primordialmente entre 1996 y 1998, durante el régimen del ex presidente Alberto Fujimori.

El CRLP, el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán documentaron inicialmente varias formas de violencia contra las mujeres que estaban siendo cometidas en los centros públicos de cuidados de salud peruanos en 1996-97, incluida la esterilización coercitiva, en un informe divulgado en 1998, "Silencio y complicidad". Posteriormente, el Procurador de Derechos Humanos investigó y afirmó que tales violaciones estaban ocurriendo como resultado de las políticas gubernamentales. En julio del 2002, el actual gobierno peruano pidió disculpas por las violaciones cometidas por la administración anterior.

Junto al CRLP en la petición ante la CIDH sobre el caso Mestanza estuvieron el Estudio para la Defensa de la Mujer (DEMUS), CLADEM, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Más información sobre el caso Mestanza en: http://www.crlp.org/rfn_00_12.html#justice.

Ganada batalla legal internacional por Esterilización forzada en el Perú
Miles de casos esperan justicia

Nota de Prensa del Movimiento Amplio de Mujeres Linea Fundacional (Lima, 21 de Octubre de 2002)

El Movimiento Amplio de Mujeres Linea Fundacional, comunica a la comunidad en general que:

El día 14 de octubre el gobierno peruano, mediante solución amistosa, ha reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la violación de los derechos humanos en casos de esterilización forzada y se ha comprometido a indemnizar a la familia de Mamérita Mestanza, mujer campesina que murió en 1998, por consecuencias de la esterilización a la que fue sometida contra su voluntad en tiempos del gobierno de Alberto Fujimori.

Esta es una buena noticia para quienes venimos luchando contra la impunidad en torno a esta política de población aplicada especialmente contra mujeres pobres, campesinas e indígenas.

Esperamos que las investigaciones en Perú, lleguen a resultados justos, las mismas que se derivan de los hallazgos de la Comisión Especial del MINSA (2001) que presentó 54 nuevas evidencias sobre lo acontecido y de las investigaciones de la Sub Comisión de Salud del Congreso de la República.

Como es sabido la politica de planificación familiar fue aplicada desde 1996-2000 de forma irregular y coercitiva, violando una serie de derechos humanos.

En julio del 2002, el gobierno peruano pidió disculpas públicas por las violaciones a los derechos humanos en casos de esterilizaciones forzadas. Asimismo se desató una polémica y declaraciones ambiguas de varias ONGs de mujeres que si bien denunciaron algunos hechos en 1996-1998 posteriormente del 2000 al 2002 se silenciaron. Las anteriores autoridades fujimoristas han negado estas políticas de profundo desprecio por la vida.

Las consecuencias en cifras y daños físicos, familiares y mentales a las mujeres esterilizadas contra su voluntad, es un asunto que aún no ha sido evaluado a cabalidad en el Perú.

La solución al caso de Mamérita Mestanza, abre todas las posibilidades a las investigaciones y a la justicia que esperan las mujeres a las que les fueron violados sus derechos, en especial a quienes han venido denunciando lo que les pasó, aun a costa de amenazas, burlas, negación y silencios cómplices. no solo de funcionarios del gobierno fujimorista sino de instituciones nacionales y financieras internacionales que se empeñan en negar sus responsabilidades.

Saludamos el esfuerzo de quienes presentaron esta denuncia en 1999, -cuando las puertas de la justicia peruana se cerraron- frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en especial al Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas, CRLP (sede Nueva York), CLADEM REGIONAL, DEMUS Y APRODEH. y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL

Esperamos que se cumplan todos los compromisos asumidos por el gobierno peruano, entre ellos el mejoramiento a los Programas de Salud Reproductiva, en especial lo relativo a la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria.

El MAM Fundacional, continuará su accionar a favor de los derechos humanos y los derechos sexuales y roproductivos y exigiendo toda la verdad sobre las Esterilizaciones Forzadas en el Perú, sanción para los responsables e indemnización para las víctimas y familiares de las personas que murieron.