Enlaces relacionados:
Seminario Internacional: "La negociación palestino-israelí"
Cronología del proceso negociador palestino-israelí
Publicado en el núm. 42 de Nación Árabe. Otoño, 20001991
Acabada la Guerra del Golfo, la Administración Bush pone en marcha el denominado Nuevo Orden Regional para Oriente Medio con la convocatoria en Madrid de la Conferencia de Paz Árabe-israelí, inaugurada el 30 de octubre. La delegación palestina, presidida por el Dr. 'Haider Abdel Shafi, ha de incluirse en la jordana. Comienzan en Washington las negociaciones públicas entre árabes e israelíes.1993
Tras seis meses de negociaciones secretas entre la OLP e Israel en Oslo (Noruega), se firma en Washington, el 13 de septiembre, la Declaración de Principios para el Autogobierno Palestino (Oslo I). El acuerdo regula una autonomía transitoria en Gaza y Cisjordania que deberá dar paso a una solución definitiva al cabo de 5 años, posponiéndose hasta entonces las cuestiones estratégicas: refugiados, asentamientos, Jerusalén y soberanía.1994
El 9 de febrero se firma en El Cairo un Acuerdo de seguridad, al que seguirá, el 29 de abril, otro de regulación de las relaciones económicas entre Israel y los Territorios Palestinos (Acuerdo de París), protocolo que consagra la dependencia de la economía palestina de la israelí en el marco del programa de desarrollo regional promovido por el FMI y el Banco Mundial. El 4 de mayo se firma en El Cairo el Acuerdo sobre la Franja de Gaza y Jericó para el establecimiento efectivo de la autonomía palestina en estas áreas, a las que llegará Arafat el 1 de julio, instaurándose la Autoridad Palestina (AP) en Gaza. El 29 de agosto se acuerda el traspaso de competencias administrativas a la AP.1995
El 26 de septiembre se firma el Acuerdo de Taba (Oslo II) que establece la división del territorio palestino en tres áreas de acuerdo con competencias administrativas y de seguridad. Se inicia el proceso de excarcelación parcial y condicionado de presos políticos palestinos. Entre el 13 de noviembre y el 6 de diciembre se produce el redespliegue del ejército israelí de las 6 ciudades palestinas más pobladas, exceptuando Jerusalén y Hebrón.1996
El 20 de enero se celebran las elecciones palestinas con el triunfo mayoritario de Arafat; se establece el Consejo Legislativo Palestino (CLP). El 5 de mayo se abren en Taba (Egipto) las negociaciones para un acuerdo definitivo sobre el estatuto final de los Territorios. Triunfo electoral del Likud.1997
El 17 de enero se firma el Protocolo de Repliegue de Hebrón, por el que Israel se retira de 4/5 partes de la ciudad. Se renegocian cuestiones previamente pactadas, como la excarcelación de presos palestinos. El 30 de noviembre Israel acepta el principio de retirada limitada de Cisjordania.1998
El 23 de octubre se firma el Memorándum de Way Plantation, que establece los plazos para sucesivos repliegues israelíes y abre un nuevo calendario y nuevas condiciones para la liberación de presos políticos palestinos; se acuerda que la CIA supervise, como garante ante Israel, las cuestiones de seguridad en las áreas autónomas. El 20 de noviembre se ejecuta la primera fase de repliegue (2% de Cisjordania) prevista en el Memorándum.1999
El 25 de agosto se pacta un nuevo calendario de posteriores repliegues del ejército israelí de Cisjordania. El 5 de septiembre se firma el Acuerdo de Sharm el-Sheij, renegociación de lo pactado en Way Plantation. El 10 de septiembre Israel se repliega de otro 7% de Cisjordania. El 13 de Septiembre se inauguran formalmente las negociaciones sobre el estatuto final, iniciadas en noviembre.2000
El 21 de marzo se produce, fuera de plazo, la segunda retirada prevista en Sharm el-Sheij. En mayo Arafat declara la intención de proclamar el Estado palestino el 13 de septiembre. El 25 de julio fracasa la Cumbre de Camp David entre la AP e Israel promovida por EEUU para abordar las cuestiones sobre el estatuto final. En el verano, Arafat anuncia que la OLP, ante la presión internacional, revisará su decisión de declarar unilateralmente la independencia de Palestina.
Palestina |
La lógica del proceso de negociación ha favorecido que se perpetúe el control territorial, demográfico, político y económico de Israel sobre los territorios y la población palestinos La negociación palestino-israelí: una evaluación crítica Loles Oliván Publicado en el núm. 42 de Nación Árabe. Otoño, 2000 A pocos días de que se cumpla el plazo previsto para la consecución del acuerdo palestino-israelí sobre el estatuto final que debería haber conducido a la declaración del Estado independiente de Palestina, el denominado fracaso de Camp David ha venido a demostrar que los últimos siete años de negociaciones entre la Autoridad Palestina (AP) e Israel no han servido para avanzar hacia una solución que ponga fina al corazón del conflicto. Por el contrario, Jerusalén, los refugiados, los asentamientos y la soberanía palestina se han evidenciado como las cuestiones innegociables de la intransigencia israelí y por ello indefinidamente postergadas desde los primeros acuerdos con la AP. Sin embargo, los efectos del proceso abierto en Madrid en 1991 han tenido ya serias implicaciones: mientras los acuerdos han permitido a Israel seguir consolidando su proyecto sionista para Palestina, la consecución de las aspiraciones nacionales de independencia y soberanía palestinas se han visto progresivamente frustradas. En consecuencia, las expectativas creadas en 1991 han derivado en un aumento creciente de las voces palestinas que, en el interior y en la diáspora, manifiestan su escepticismo y rechazo a los acuerdos por las negativas repercusiones que su aplicación está teniendo dentro de los territorios palestinos. Incluso son muchos los que se manifiestan contrarios a la declaración de un Estado palestino bajo las presentes circunstancias que Israel ha impuesto a través de las negociaciones (1). Ello constituye un indicador determinante que obliga a reflexionar a cerca de la denominada paz que ofrece el actual marco negociador entre la Autoridad Palestina (AP) e Israel. Varias son las cuestiones sobre las que cabe plantear dicha reflexión. La primera, necesariamente, es el punto de partida que dio origen al proceso de paz en la Conferencia de Madrid (noviembre, 1991) cuando, terminada la Guerra del Golfo, la nueva realidad creada por la intervención internacional contra Iraq culminó con una extrema división del mundo árabe oficial que determinaría la radicalización de su debilidad como conjunto regional frente al nuevo ordenamiento internacional marcado por la hegemonía de EEUU. En lo que respecta a Oriente Medio, tal hegemonía significó la determinación norteamericana de poner en marcha el llamado Nuevo Orden Regional, cuya configuración abarca, al menos, tres facetas integradas: la política, a través de la apertura del proceso de paz árabe-israelí; la económica, mediante la implantación de procesos de transformación de las estructuras económicas de los estados árabes, de acuerdo con las prerrogativas derivadas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM); y la de seguridad, a través de la instalación de nuevos sistemas que han repercutido, por ejemplo, en la presencia y estacionamiento indefinidos de tropas militares de EEUU y Reino Unido en varios países árabes, en la creación de una alianza militar entre Turquía e Israel, y en el compromiso de varios estados árabes con el diseño estratégico-militar que la Administración estadounidense ha definido para la zona. En este contexto, la convocatoria de una Conferencia Internacional de Paz árabe-israelí promovida y auspiciada por Naciones Unidas (NNUU) y basada en la legalidad y cumplimiento de todas sus resoluciones referente básico para la resolución del conflicto reclamado desde las dos décadas anteriores no sólo por el conjunto popular y oficial árabe sino por la comunidad internacional, vino a substituirse por una convocatoria que abrió un proceso diseñado, establecido y supervisado unilateralmente por EEUU. La participación árabe y de la OLP en este nuevo marco supuso asumir un proceso negociador notoriamente desequilibrado, en el que la parte más débil, la palestina, ha debido aceptar las imposiciones, ritmos y criterios de la parte más fuerte, Israel, con el respaldo norteamericano que ha operado, sin duda, a favor de los intereses israelíes. Paralelamente, la comunidad internacional y la UE en particular, han ajustado su posición a la mediación unilateral de EEUU reduciendo su función a una labor diplomática de escasa repercusión y al sustento financiero del proyecto derivado de los acuerdos. Con estos antecedentes, tras casi diez años de iniciadas las primeras negociaciones palestino-israelíes y firmados varios acuerdos entre la OLP e Israel, siempre bajo la supervisión unilateral norteamericana, la nueva realidad que se ha gestado para el pueblo palestino en su conjunto ha demostrado sobradamente que la lógica que subyace a este proceso no sólo no ha derivado en un arreglo justo y digno que garantice el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano de acuerdo con las legítimas aspiraciones palestinas, sino que ha favorecido que se perpetúe el control israelí sobre los territorios palestinos y sobre su población. Acuerdos provisionales y hechos irreversibles La firma de la Declaración de principios (13 de septiembre de 1993) (2) El primer acuerdo entre la OLP e Israel, denominado también Oslo I, por el cual el ejército israelí desalojó militarmente Jericó y la mayor parte de la Franja de Gaza confiriéndole un régimen de autonomía (3), significó aprobar un modelo negociador basado en la transitoriedad que además de relegar las cuestiones centrales (soberanía, asentamientos, refugiados y Jerusalén) a una fase posterior de la negociación, contribuyó a legitimar, gracias a la ambigüedad calculada de algunos términos o a lo explícito de otros, la posición israelí como parte con derechos adquiridos sobre los Territorios Ocupados palestinos. Así, los ejes que vertebran el conflicto, la ocupación militar y la usurpación israelí de la soberanía palestina, se fueron difuminando progresivamente mientras se afianzaba la noción de paridad entre dos partes que "se disputan" territorios "en litigio". El avance hacia el establecimiento de la AP y el traspaso israelí a ésta de ciertas competencias exclusivamente administrativas (educación y cultura, sanidad, asuntos sociales, impuestos directos, turismo) y de seguridad (mediante un contingente policial de más de 30.000 miembros repartidos en varios cuerpos), no ha sentado las bases sino para un reparto de funciones determinado por Israel en el que este Estado ha seguido reteniendo el control efectivo que le brinda la ocupación de los territorios palestinos tanto en lo político, en lo militar y en lo económico. Tras el reparto de competencias y funciones entre la AP e Israel, el Acuerdo de París (29 de mayo de 1994) (4) dio lugar a la formulación de un modelo económico para el futuro de la autonomía palestina basado fundamentalmente en tres premisas: la vinculación permanente de la economía palestina a la israelí, la dependencia para su desarrollo de la ayuda internacional de los países donantes y la adopción del modelo económico neoliberal bajo la supervisión del FMI y el BM. A pesar de los múltiples incumplimientos israelíes de las provisiones de este acuerdo (5) , conviene destacar que la puesta en marcha del modelo económico que propugna (y que la AP ha aceptado) ha condicionado que la economía de la AP haya nacido ya con las cargas de una deuda exterior calculada para 1995 en 760 millones de dólares (6) y que debido al esquema de dependencia que fomenta respecto de Israel y de la ayuda internacional institucional y privada impedirá la creación de un desarrollo autosostenido para Palestina. Así, la aplicación de este acuerdo transitorio determinará ha determinado ya una realidad económica funesta para el futuro de los palestinos. La perpetuación del control israelí Tras el establecimiento de la AP en Gaza y Jericó, las negociaciones dieron paso a través del acuerdo de Oslo II (23 de septiembre de 1995) a un proceso de repliegues escalonados y parciales por parte del ejército israelí que se acomodan a la premisa histórica de este Estado: mantener el control del territorio palestino desembarazándose del problema demográfico que representa su población. Así, la nueva configuración del espacio creada por este acuerdo determina la existencia de tres áreas desiguales tanto en extensión física como en volumen demográfico: Zona A, territorios de repliegue israelí y control exclusivo palestino que incluye las áreas más densamente pobladas; Zona B, territorios de competencias compartidas entre el ejército israelí y la AP, en los que se encuentran buena parte de los asentamientos de colonos judíos, y Zona C, de jurisdicción exclusiva israelí donde se ubican las zonas acuíferas palestinas y en donde hay un índice muy bajo de población palestina. Este diseño territorial, aceptado por la AP, ha permitido a Israel soslayar el trazado de fronteras de acuerdo con las líneas anteriores a la ocupación de 1967, creando un nuevo referente fronterizo. Asimismo, la división territorial tiene una función política precisa para Israel al resolver la cuestión palestina estableciendo un mero reparto de funciones y responsabilidades entre Israel y la AP. Es revelador a estos efectos comprender que la Zona A, en que la AP tiene competencias exclusivas para gestionar las cuestiones de seguridad (con un dispositivo previsto en los acuerdos de más de 30.000 miembros) y administrativas locales (7), y que representa tan solo un 18% de los Territorios Ocupados, sea también el área donde se concentra la mayor parte de la población palestina de dichos Territorios Ocupados: los núcleos urbanos y las grandes ciudades. Tras los últimos repliegues del ejército israelí en mayo de 2000, la Zona B ocupa el 217% del territorio y la Zona C el 603%. En las zonas A y B vive el 98% de toda la población palestina de Cisjordania (8). Esta nueva configuración del espacio geográfica y demográfica está asociada a dos condicionantes: los recursos naturales palestinos principalmente acuíferos y eléctricos, ubicados en su mayoría en la Zona C, es decir, de control exclusivo israelí, y los asentamientos de colonos judíos, en su mayor parte situados en las Zonas B (de jurisdicción compartida) y C (bajo control exclusivo israelí). El diseño territorial que la transitoriedad de Oslo prefigura tiene una primera repercusión negativa para los palestinos: rompe la continuidad territorial imprescindible para la configuración de un futuro Estado independiente y soberano al quedar los territorios rodeados por asentamientos protegidos por la presencia militar del ejército israelí y escindidos mediante una nueva red de carreteras construida desde principios de los años 90 que, partiendo del Estado de Israel, cruzan los territorios palestinos aislándolos entre sí para conectar los asentamientos con dicho Estado. Asentado el proyecto de control territorial por parte de Israel de acuerdo con la aplicación de los acuerdos de Oslo, la conclusión de un acuerdo final sobre el territorio de la futura entidad palestina y del Estado de Israel debería abordar la definición de las fronteras y de la soberanía interna de dicha entidad (9). Según el mapa propuesto por Israel sobre el estatuto final para Cisjordania el pasado mes de mayo (10), la única soberanía que Israel contempla para el Estado palestino se basa en las provisiones que los acuerdos de Oslo han instituido: mantenimiento de la escisión del territorio palestino y atribución de competencias limitadas a la AP según varios grados de jurisdicción. En cuanto a la disposición geográfica y la delimitación de sus fronteras, la primera consideración destacable es que el futuro Estado palestino aparece rodeado en todas sus partes por el Estado de Israel, lo que significa que además de quedar insertado en el "territorio israelí" estará aislado de su contexto natural árabe al no compartir fronteras exteriores con ningún país vecino. Asimismo, la propuesta israelí consolida la división territorial de Palestina derivada de Oslo definiendo cuatro grandes áreas que permanecen inconexas: área de Nablús-Yenin; área de Ramala; área de Belén-Hebrón y área de Jericó, cuyo único elemento de conexión será la construcción de puentes y túneles que necesariamente tendrán que bordear los territorios de Israel y, por tanto, estarán sujetos a su control. La consideración de que en el mapa propuesto por Israel no aparezca la Franja de Gaza despierta la inquietud del futuro de dicho territorio en tanto que a pesar del establecimiento de la AP en el 60% de la Franja, los asentamientos sujetos a la jurisdicción israelí esparcidos en el restante 40% han aumentado su población judía en los últimos años hasta 7.400 colonos. Por lo que toca a la retirada del ejército, Israel dará por finalizado el compromiso de devolución de territorios por fases con los últimos repliegues previstos en el acuerdo de Sharm al-Sheij (septiembre, 1999) (11). Respecto a las atribuciones de soberanía, y pese a denominarse "mapa para el estatuto definitivo", la lógica imperante de la provisionalidad que ha marcado los acuerdos transitorios sigue siendo constante en la definición israelí: así, la demarcación de las llamadas "líneas verdes" (que hacen referencia al corredor del valle del Jordán que linda con Jordania y que rodea el área de Jericó) como territorio temporalmente bajo control israelí no contempla para un futuro indefinido sino una cesión limitada de competencias y atribuciones para la entidad palestina, reteniendo y detentando el control militar las fuerzas de seguridad israelíes permanentemente (12). Asimismo, no hay que olvidar que las funciones de la AP han sido otorgadas por Israel y que las provisiones de los acuerdos definen bien explícitamente el alcance limitado de sus competencias, hasta el extremo de que su autoridad en cuestiones como la defensa exterior (terrestre, marítima y aérea) o las relaciones exteriores con terceros países, han quedado supeditadas a la autoridad política de Israel. Por contra, Israel se ha asegurado bien que sea la AP quien tenga soberanía para gestionar el problema que representa la aglomeración poblacional en un medio con las grandes carencias en infraestructuras y falta de servicios derivadas de 30 años de ocupación devastadora. De igual modo ha sabido resolver Israel a su favor la cuestión de la seguridad, determinando que sea la AP quien garantice el control, a través de sus propias fuerzas de seguridad, de los críticos y opositores palestinos al proceso de paz. Si se considera que tal competencia ha quedado sometida al asesoramiento y supervisión de los servicios secretos norteamericanos la CIA desde la conclusión del acuerdo Memorándum de Wye Plantation, (octubre, 1998), ¿qué grado de soberanía puede esperarse de la entidad política resultante de este proceso negociador si desde su gestación se ha aceptado explícita y vergonzosamente que esté controlada por la CIA? Control económico y social de la población Pero no es sólo el mecanismo de control político el que Israel ha impuesto en los acuerdos con la AP. Es el control permanente sobre el territorio y sobre toda la población palestina incluso en las llamadas "áreas liberadas" lo que Israel ejerce asimismo desde 1993 siempre que, aclamando "razones de seguridad", ejecuta la llamada "política de cierres de fronteras" que implica aislar a la población de los centros urbanos y las aldeas y que paraliza la vida pública y privada de toda la población (13). Los cierres valorados como una práctica israelí de castigo colectivo y justificados oficialmente como "medida de seguridad" ante la previsión de eventuales "acciones terroristas" o tras su ejecución afectan a todos los ordenes de la vida palestina y tienen efectos devastadores para la economía local, al impedir que los obreros palestinos mano de obra barata en el mercado laboral israelí puedan acceder a sus puestos de trabajo con normalidad. En 1994, antes de firmarse el Acuerdo económico de París, el número de permisos de trabajo concedidos a los palestinos para engrosar el mercado laboral israelí ascendía a 120.000, cifra que debía mantenerse según lo previsto en dicho acuerdo; en 1997 la cifra descendió a 17.365, siendo todos ellos susceptibles de quedar en suspenso siempre que se declara un cierre (14) . Asimismo, la actividad comercial palestina, principalmente la exportación de los productos agrícolas producidos en los Territorios Ocupados y en las Áreas Autónomas cítricos y flores que se exportan a Israel o vía Israel a terceros países, el intercambio de bienes entre Cisjordania y Gaza, y la importación de productos desde Israel o desde el exterior, se ve seriamente dañada por efecto de los cierres. De acuerdo con fuentes de NNUU, la pérdida económica acumulada en la economía palestina como consecuencia de la política de cierres es de 6,5 mil millones de dólares entre 1993 y 1996, 4,4 millones de dólares al día. Esta cantidad representa cinco veces la suma total de la ayuda internacional de los países donantes en el mismo periodo e implica un empobrecimiento alarmante del nivel de vida palestino: en la actualidad dos tercios de la población vive por debajo del nivel de la pobreza. El BM y el FMI han calculado un descenso del Producto Interior Bruto (PIB) palestino entre 1995 y 1999 de más de un 20% asociado a las consecuencias del cierre. Asimismo, los cierres de fronteras alteran la cotidianidad palestina en todas las facetas: la libertad de movimiento se suspende rompiéndose el ritmo, por ejemplo, del curso político del Consejo Legislativo Palestino (CLP), que debe interrumpir sus sesiones permanentemente ante la imposibilidad de reunir a todos sus miembros. La actividad educativa y académica de los estudiantes que se desplazan habitualmente a otras ciudades o pueblos palestinos para atender sus clases en los institutos o en las universidades se paraliza a veces durante semanas. La cobertura sanitaria palestina ya de por sí pobremente desarrollada después de tres décadas de ocupación israelí se bloquea al impedir el ejército israelí el acceso a los hospitales de aquellos palestinos necesitados de tratamientos médicos continuados o puntuales, habiéndose registrado más de diez muertes de enfermos como consecuencia de los retrasos en los puntos fronterizos o por la negativa israelí a permitir el paso de ambulancias. El control del territorio: los asentamientos Cuestión central del proceso y por ello dejada su resolución para las negociaciones del estatuto final, los asentamientos constituyen una de las piedras angulares de la estrategia de control israelí sobre el territorio palestino. Pieza clave del proyecto de colonización sionista para Palestina, su creación y ampliación ha sido y sigue siendo objeto de un consenso unánime por parte de todos los gobiernos israelíes independientemente de su signo político, y por todos ellos apoyados y financiados. La creación de asentamientos está directamente asociada desde el inicio de la ocupación y, particularmente desde que comenzara el proceso de paz, a alterar la composición demográfica de los territorios palestinos por medio de la creación de hechos consumados que deriven en una realidad irreversible ante una prevista negociación final entre la AP e Israel. Así, los acuerdos de Oslo perpetúan el estatuto especial otorgado a los asentamientos al menos "hasta que las partes alcancen una resolución final", si bien estipulan que no se crearán nuevos ni se extenderán los ya existentes. Sin embargo, Israel ha incumplido permanentemente dicho acuerdo; desde 1993 el número de colonos se ha incrementado de 100.000 a más de 400.000 para lo que ha sido preciso confiscar buena parte de las mejores tierras agrícolas de Cisjordania y Gaza y crear nuevas colonias y autovías que las comuniquen con el interior de Israel. Desde julio de 1999 en que se produjo la llegada del Partido Laborista al poder, el gobierno de Ehud Barak ha potenciado la creación y ampliación de asentamientos a un ritmo que supera no sólo al marcado por el anterior gobierno de Netanyahu sino al de la época de mayor creación de asentamientos, durante la Administración de Isaac Shamir en los años 80. Así, entre el 15 de octubre y el 13 de diciembre de 1999, el gobierno de Barak dio luz verde a la construcción de 2.757 nuevas viviendas en asentamientos ya existentes de Cisjordania, aprobó el proyecto de 2.139 unidades adicionales y el montaje de 85 viviendas prefabricadas; asimismo presentó un nuevo plan de construcción de 3,196 viviendas en Cisjordania (sin incluir Jerusalén) y Gaza. A finales de febrero de 2000, 7.120 viviendas estaban en diversas fases de construcción en Cisjordania y en Gaza, cuya previsión de población debía aumentar la presencia de colonos en 30.000 (15). Asimismo, Israel ha demolido desde 1993 hasta Julio de 2000 más de 968 viviendas palestinas en Cisjordania y Jerusalén (16) bajo la excusa de que no cumplían con la autorización requerida. La imposición de un restrictivo sistema de permisos para la construcción de viviendas palestinas sigue siendo utilizada por Israel al objeto de limitar el crecimiento natural de la población palestina y de consolidar el control del territorio por medio de los asentamientos, las carreteras y las áreas militares israelíes. De igual modo ha de evaluarse la administración israelí de los recursos palestinos, principalmente el agua (17): Israel desvía anualmente unos 500 millones de metros cúbicos de agua palestina desde la base acuífera del este de Cisjordania. Mientras la población palestina solamente está autorizada a consumir un total de 218 metros cúbicos anuales per cápita, los colonos consumen 2.500 (18). Dicho consumo es tres veces más caro para los palestinos que para los colonos israelíes. Además, alrededor del 25% de la población palestina carece de conexión a los sistemas de distribución de agua para consumo doméstico. La postura israelí respecto a las exigencias palestinas de desmantelar los asentamientos que estén dentro de los Territorios Ocupados ha quedado ya fijada: Israel no desmantelará ningún asentamiento; antes bien anexionará el territorio de la gran mayoría de los ubicados en Cisjordania. Igualmente, la Administración israelí ya ha puesto sobre la mesa la discusión a cerca de los derechos de los 40.000 colonos cuyos asentamientos inevitablemente queden integrados en áreas de la futura entidad palestina (19). Capitalidad: el futuro de Jerusalén Jerusalén Oriental, ocupada y anexionada por Israel, es, más allá de la cuestión religiosa, un lugar central en la vida de los palestinos, en el que se ubica la actividad económica, social y cultural palestina. Su alcance simbólico y político al ser reivindicada como la capital de un futuro Estado palestino se contrapone a los intereses israelíes, por lo que su solución definitiva ha quedado relegada a la negociación sobre el estatuto final aunque sea causa irrenunciable para los palestinos, cuyos derechos reivindican de acuerdo con las resoluciones de NNUU (20). Desde 1967 la determinación de los gobiernos israelíes y de las autoridades municipales de la ciudad ha operado a favor de la transformación de la realidad social, política y demográfica de la ciudad con el fin de lograr una mayoría de población judía (21). Con ese fin se creó tras la ocupación un departamento interministerial que programa y aplica políticas específicas de judeización de la parte oriental y que combina la restricción del crecimiento demográfico palestino (por medio de las trabas administrativas a la construcción y rehabilitación de viviendas palestinas y/o la demolición de las ya existentes) con la expansión del círculo metropolitano de la ciudad mediante la adquisición de tierras palestinas expropiadas en áreas de Cisjordania. La extensión del círculo del Gran Jerusalén en dichas tierras está directamente relacionada con la creación de nuevos asentamientos y con la incorporación de los ya existentes ubicados en territorio palestino ocupado (22). El gobierno laborista autorizó en 1995 la creación de 5.000 nuevas viviendas para familias judías en Jerusalén Oriental, que se unieron a las 3.350 ya existentes y a las 11.000 aprobadas por el anterior gobierno del Likud. Paralelamente, los palestinos de Jerusalén ven cómo una normativa administrativa discriminatoria les hace perder los permisos de residencia en la ciudad, les prohibe construir viviendas o les impide la reunificación familiar. El objetivo de la administración israelí es lograr un porcentaje del 72% de habitantes judíos frente a un 28% de palestinos en la ciudad ocupada. La determinación israelí de mantener el control sobre Jerusalén y sobre la mayor parte de los Territorios Ocupados sigue siendo objeto de consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias de Israel (Likud y Laborismo), como lo demuestran las directrices del denominado Documento Beilin-Eitan (23) (enero, 1997), un acuerdo suscrito entre ambas fuerzas políticas orientado a crear un frente de consenso nacional ante las eventuales negociaciones del estatuto final entre palestinos e israelíes. Dicho acuerdo constituye toda una declaración de principios, intereses y proyectos cuya aplicación garantiza la preservación de los objetivos sionistas en Palestina mediante el mantenimiento de la soberanía israelí en la mayor parte del territorio ocupado, rechazando el retorno de los refugiados palestinos de 1948 y 1967, manteniendo la unificación y anexión de Jerusalén bajo exclusivo control israelí, y haciendo de la futura entidad palestina una zona desmilitarizada pero dotada de un fuerte contingente policial para control de la población interna aunque sin prerrogativas de poder político para los palestinos. La cuestión de los refugiados La población palestina en su conjunto supera en la actualidad los seis millones y medio de personas, de las cuales un tercio vive en Gaza (1.054.000) y en Cisjordania (1.707.000). La mitad de toda la población palestina es refugiada (24). Un tercio de los refugiados y desplazados están repartidos en 59 campamentos ubicados en Gaza, Cisjordania, Jordania, Siria y Líbano (25). En contra de lo que la resolución 194 de NNUU ha reclamado desde 1948 derecho al retorno o indemnización económica por parte de Israel, la dinámica del proceso de paz ha conducido a postergar la resolución del problema de los refugiados hasta la negociación sobre el estatuto final. Mientras tanto, Israel ha fijado su posición rechazando considerar la inclusión de los refugiados de 1948 y aceptando negociar exclusivamente el regreso a Cisjordania de un número limitado de desplazados de 1967, excluyendo así la mencionada resolución 194 como base para un acuerdo. En 1993 EEUU rechazó por primera vez votar la renovación anual de esta resolución en la Asamblea General de NNUU argumentando que el futuro de los refugiados está fuera de la competencia de ese marco internacional desde que se iniciara el proceso de paz. A ello hay que sumar que esta cuestión se aborda desde una perspectiva humanitaria y no política orientada a una resolución que pasa por la naturalización de la población refugiada en los países de acogida y/o a una mera compensación económica parcial de una minoría de desplazados. La consideración de que los acuerdos de Oslo no hacen mención alguna de los refugiados de Líbano, Jordania y Siria ha generado una extrema sensación de abandono entre esta población, agudizada por el hecho de que la agencia especializada que NNUU creó en 1948 y que ha mantenido la asistencia de los campamentos desde entonces, la UNRWA, haya entrado desde principios de los años 90 en abierta descomposición como consecuencia de la crisis financiera que padece y de la marginalización de la que es objeto en el marco de las negociaciones. A la dramática situación que padecen los refugiados, al deterioro de las condiciones de vida, a la discriminación política, social y laboral que sufren y a su marginalidad y miseria hay que sumar el hecho de que Israel, la AP y los propios países árabes que los acogen utilizan esta cuestión como baza negociadora en sus respectivos acuerdos de paz. La debilidad de la parte árabe en las negociaciones con Israel permite presagiar la imposibilidad de alcanzar un arreglo justo basado en el cumplimiento de la resolución 194. Antes bien, el liderazgo de la AP podría haber comprometido ya su solución aceptando ciertas indemnizaciones económicas por parte de Israel a cambio de asentar a un número escaso de refugiados de 1948 en sus áreas. La Administración Clinton ha ofrecido a la AP la creación de un fondo de compensación internacional de más de 100 mil millones de dólares para la rehabilitación de los refugiados en un periodo de 10 a 20 años (26). Dicho fondo se repartiría en 40 mil millones de dólares para la AP, 40 mil millones para Jordania, 10 mil millones para Líbano y otros 10 mil millones para Siria. El fondo de compensación, cuya financiación correría a cargo de EEUU en un 25%, estaría gestionado por el BM y el FMI, reemplazando así a la UNRWA y anulando el mandato de protección y apoyo a los refugiados que NNUU ha depositado en esta agencia desde 1948. La concesión de los fondos de compensación a la AP ha sido explícitamente condicionada por parte de EEUU a la aceptación por parte del liderazgo palestino de un compromiso sobre Jerusalén que reduzca las reivindicaciones palestinas a las exigencias de Israel (27). Del mismo modo, el régimen jordano habría aceptado naturalizar a más de un millón y medio de refugiados a cambio de recibir asistencia financiera de EEUU para su realojo económico. En esta dinámica, la UE ha aceptado aunque no formalmente favorecer la concesión de visados a palestinos refugiados en Jordania, mientras EEUU ha hecho ya pública su aceptación de un número indeterminado de palestinos en su territorio. En un ejemplo de lo que constituye una negociación desequilibrada que reduce injustamente los derechos nacionales palestinos y el derecho al retorno de los refugiados a una simple cuestión de mercadeo y acomodo al reordenamiento regional impulsado por norteamericanos e israelíes en Oriente Medio, EEUU habría propuesto a Iraq la aceptación de 300.000 palestinos a cambio de favorecer el levantamiento definitivo del embargo y la incorporación del Estado iraquí al proceso de normalización de relaciones con Israel. Presos palestinos: moneda de cambio La cuestión de los presos representa para toda la población palestina un símbolo de la resistencia popular frente a la ocupación militar, y por ello el movimiento de apoyo a los presos ha sido tradicionalmente impulsado por todos los sectores de la sociedad palestina sin diferencia de afiliación política o de estrato social. De ahí se deriva que la excarcelación incondicional y generalizada de todos los presos fuese una máxima reivindicada como condición para establecer cualquier inicio de negociación con Israel. Abandonada esta máxima por el liderazgo palestino al inicio de las conversaciones de paz y diez años después de iniciado el proceso, siguen encarcelados en prisiones israelíes más de 1.600 presos y detenidos administrativos palestinos y árabes no palestinos por causas políticas, cuya excarcelación se ha utilizado reiteradamente en el marco negociador como moneda de cambio para favorecer concesiones entre las partes. La conmoción que genera la causa de los presos en el seno de la sociedad palestina se recrudece tanto más cuanto aumenta la frustración por los nulos beneficios de una paz que excluye la amnistía incondicional de quienes fueron hechos prisioneros en su día por defender los derechos nacionales palestinos y enfrentar a la ocupación, mientras el liderazgo a cuyas órdenes lucharon se rehabilita en su imagen internacional y adquiere pleno reconocimiento y legitimación en las negociaciones con Israel. La cuestión de los presos palestinos constituye el barómetro más significativo para evaluar el proceso de paz desde el punto de vista palestino. No en vano, la llamada "Intifada de los presos" que tuvo lugar el pasado mes de mayo en los Territorios Ocupados y en las Áreas Autónomas y que se saldó con ocho muertos como consecuencia de la represión del ejército israelí fue desencadenada por una nueva huelga de hambre que el colectivo de presos palestinos inició el 30 de abril para protestar por su situación en el interior de las prisiones (28). Los acuerdos de Oslo II contemplan en su artículo XVI el compromiso de una excarcelación escalonada y parcial de los presos políticos palestinos de acuerdo con varias categorías (mujeres, menores, presos que hayan cumplido dos tercios de sus condenas, detenidos administrativos y presos árabes no palestinos). Las excarcelaciones aceptadas por Israel desde 1995 se efectuaron siempre fuera de plazo y atendiendo básicamente a dos criterios unilateralmente establecidos: la mayoría de los presos liberados ya habían cumplido sus condenas íntegramente y/o aquellos excarcelados pertenecían a facciones políticas comprometidas con el proceso de paz debiendo garantizar mediante documento firmado no vincularse al activismo político palestino y renunciar a volver a sus lugares de residencia si éstos no se encuentran dentro de las áreas de la AP. La firma del Acuerdo de Way Plantation (noviembre, 1998) introdujo nuevos criterios de excarcelación determinados por las fechas en que se cometieron los delitos (anteriores a 1995), la procedencia geográfica de los presos, sus afiliaciones políticas y el tipo de delitos cometidos. Ello originó que quedasen excluidos de las posibles excarcelaciones todos los presos de Jerusalén, los procedentes del interior de la llamada Línea Verde de armisticio entre 1948 y 1967, los presos de las organizaciones políticas de Hamas y de Yihad Islámica, y todos aquellos acusados de asesinato o de herir seriamente a ciudadanos israelíes. Este último criterio causa indignación si se traen a la memoria las miles de víctimas mortales palestinas que la represión del ejército israelí y la violencia de los colonos judíos han ocasionado entre la población palestina durante años. Además del establecimiento unilateral de criterios y de los incumplimientos israelíes en las excarcelaciones, hay que añadir la consideración de que las fuerzas de seguridad israelíes siguen aplicando el procedimiento de la detención administrativa, es decir, sin juicio ni cargos. Esta practica ilegal utilizada desde los años posteriores a la ocupación y especialmente durante la Intifada, se ha extendido en los últimos años hasta el punto de que su regulación ha sido revisada y modificada por el Ministerio de Justicia israelí, habiéndose aprobado en 1996 la extensión de los periodos de detención hasta seis meses susceptibles de renovarse indefinidamente en otros seis y seis meses. La detención administrativa y la extensión de su periodo constituye un instrumento político y no judicial de represión y castigo contra la población palestina políticamente activa que opere en contra de los intereses de Israel en el proceso negociador. Desde 1993 cerca de 1.000 palestinos han sido detenidos administrativamente y privados de libertad durante meses sin que existieran cargos contra ellos. En la actualidad más de 300 palestinos son detenidos administrativos. A esta práctica se suma la utilización sistemática que las fuerzas de seguridad israelíes hacen de la tortura contra los detenidos palestinos en los periodos de interrogatorio. La legalización de esta práctica por el Tribunal Supremo israelí y ratificada por el Parlamento en 1997 convirtió a Israel en el primer Estado que legalizó la tortura, si bien la contestación que tuvo por parte de movimientos asociativos de derechos humanos israelíes y palestinos así como la presión internacional obligaron a revisar dicha legislación que ha quedado parcialmente derogada hasta una nueva revisión. Balance final Tras casi diez años de "proceso de paz", el balance de la aplicación de los acuerdos y sus múltiples incumplimientos por parte de Israel, permiten caracterizar el proceso en sí como un fraude político amparado por el respaldo norteamericano a los intereses de Israel, mientras la UE se inhibe permanentemente de su papel político y asume una funcionalidad financiera subsidiaria (oficial, privada y a través de las ONG) para dar viabilidad económica a las Áreas Autónomas palestinas. Ello, junto a la intransigencia israelí, ha operado en contra de los derechos nacionales palestinos. Hay que recordar que han sido los propios acuerdos de Oslo, por su concepción, diseño y aplicación parcial, los que han favorecido la permanencia de un statu quo que beneficia a los intereses israelíes consolidando su control territorial, demográfico, político y económico sobre los Territorios Ocupados y las Áreas Autónomas. Por ello, la realidad que subyace bajo del proceso negociador tiene que ver menos con el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano que con la prioridad israelí de asegurar la normalización con los países árabes vecinos afianzando su inserción en la economía regional (como ya ocurre en el caso de Jordania (29)). Hasta el momento, Israel ha utilizado los acuerdos de paz a su conveniencia, ignorando las obligaciones asumidas con la parte palestina sobre calendarios e incumpliéndolas, o recurriendo a ellos cuando exige de la AP garantías de control interno y represión de la población palestina políticamente contraria al proceso negociador. Asimismo, mientras la frustración y el empobrecimiento son las únicas contrapartidas para la población palestina del interior y para los refugiados que siguen reclamando su derecho al retorno, el liderazgo palestino de la AP se instala progresivamente en las prácticas más contrarias a los principios legales y democráticos del poder: la corrupción generalizada y la malversación de fondos públicos, junto a la desactivación de la oposición interna mediante una fuerte represión inspirada en las peores prácticas israelíes, son causa de una desconfianza creciente y de un sentimiento colectivo de fracaso entre la población palestina. Las perspectivas que esta situación abre para la consecución de un acuerdo sobre el estatuto final no pueden sino despertar, como despiertan entre los palestinos, un intenso temor de que la paz firmada por su liderazgo haya conducido a la renuncia.
|
