Informe Goldstone: Declaración emitida por miembros de la misión de la ONU sobre la guerra de Gaza.

Hina Jilani, Christine Chinkin y Desmond Travers

Declaración emitida por la Sra. Hina Jilani, la profesora Christine Chinkins y el coronel Desmond Travers, miembros de la misión de investigación de la ONU en Gaza, mayo-septiembre de 2009.

The Guardian (guardian.co.uk, jueves 14 de abril de 2011)
Traducción: Joan Calvera

En los últimos días, algunos artículos y comentarios que han aparecido en la prensa en relación al informe de la misión de investigación de las Naciones Unidas (ONU) sobre el conflicto de Gaza de 2008-2009 han desfigurado los hechos en un intento de deslegitimizar las recomendaciones de este informe y arrojar dudas sobre su credibilidad.
Esta misión compuesta por cuatro miembros, incluyendo al juez Richard Goldstone como presidente, llegó a su término cuando presentó su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2009. El informe de la misión constituye ahora un documento oficial de la ONU y todas las acciones tomadas de acuerdo con sus resultados y recomendaciones caen únicamente dentro de esfera de la Asamblea General de las Naciones Unidas que, junto con el consejo de derechos humanos, lo analizó y aprobó a finales del 2009.
Sin embargo, las calumnias lanzadas contra los resultados de este informe no pueden dejarse pasar sin contestación. Miembros de la misión, signatarios de esta declaración, consideramos necesario disipar cualquier impresión de que acontecimientos posteriores hayan podido hacer que alguna parte del informe de la misión  pueda considerarse insustancial, erróneo o impreciso.
Coincidimos en nuestra visión de que no está justificada ninguna petición ni expectativa de reconsideración del informe ya que no ha aparecido nada sustancial que pudiese cambiar de alguna forma el contexto, los resultados ni las conclusiones de ese informe con respecto a cualquiera de las partes del conflicto de Gaza. En verdad, no existe ningún procedimiento ni precedente de la ONU a ese efecto.
El informe de la misión de investigación contiene las conclusiones realizadas tras consideración diligente, independiente y objetiva de la información relacionada con los acontecimientos incluidos en nuestro mandato, y la cuidadosa valoración  de su fiabilidad y credibilidad. Nosotros mantenemos firmemente estas conclusiones.
También, es una prerrogativa de la ONU tener en cuenta cualquier evidencia reunida posteriormente bajo procedimientos nacionales que se encuentre creíble y de acuerdo con los estándares internacionales. Sin embargo, después de 18 meses de la publicación del informe, estamos lejos de llegar a ese punto.
El mandato de la misión no requería la realización de una investigación judicial o cuasi judicial. Como todos los informes de misiones similares de la ONU, disponía la base para que las partes condujeran investigaciones para reunir evidencia, como requiere la ley internacional, y, si así se justificase, el procesamiento de personas que hubiesen ordenado, planeado o llevado a cabo crímenes internacionales.
En el caso del conflicto de Gaza, creemos que ambas partes se responsabilizaron a este respecto, teniéndose todavía que establecer una base convincente para reclamaciones que contradigan los resultados del informe de la misión.
El informe recomendaba que, idealmente, ante todo debían llevarse a cabo investigaciones y procesos judiciales apropiados y a nivel nacional, con un seguimiento de la ONU. Si éstos se demostraba que eran inadecuados, se fijaría un mapa de ruta para la continuación de tales procesos a nivel internacional. En línea con estas recomendaciones, el consejo de derechos humanos de la ONU nombró un comité de expertos independientes para hacer un seguimiento de la independencia, eficacia y autenticidad de los procedimientos nacionales llevados a cabo para investigar crímenes y violaciones de la ley internacional señalados en el informe de la misión.
Muchos de los que exigen la anulación de nuestro informe presuponen que el informe final de los dos miembros del comité de seguimiento, Jueza Mary McGowan Davies y Juez Lennart Aspergren, presentado al consejo de derechos humanos en marzo de 2011, de alguna forma contradice el informe de la misión de investigación o lo invalida.
A la luz de las observaciones de este comité tales reclamaciones están completamente fuera de lugar y constituyen una clara distorsión de sus resultados. El informe del comité afirma que, de acuerdo con la información disponible, Israel ha realizado unas 400 investigaciones de mandos por alegaciones de la misión de investigación y de otras organizaciones. Las investigaciones de mandos son encuestas operativas, no legales, y son realizadas por personal de la misma estructura de mando que los investigados. Entre éstas, el comité informa que han sido abiertas 52 investigaciones criminales sobre alegaciones de infracciones. De éstas, tres han sido presentadas para procesamiento, resultando dos de ellas en condenas (una por robo de una tarjeta de crédito con resultado de siete meses de prisión y otra por utilizar a un niño palestino como escudo humano, con resultado de una sentencia de suspensión de tres meses). El tercer caso, relacionado con alegaciones de disparar deliberadamente a una persona mostrando una bandera blanca, todavía está en curso.
El comité ha expresado serias preocupaciones sobre la tardanza en el comienzo de los procesos y su lentitud, su transparencia insuficiente y la participación de las víctimas y testigos. De los 36 incidentes relacionados con Gaza y descritos en el informe de la misión de investigación, más de un tercio permanecen sin resolver o sin una clara situación, después de dos años del conflicto. El comité concluía que la lentitud del progreso podía dañar seriamente la eficacia de las investigaciones y la esperanza de conseguir justicia y responsabilidades.  Por lo tanto, los mecanismos que están siendo utilizados por las autoridades israelís para investigar los incidentes se está demostrando que son inadecuados para averiguar genuinamente los hechos y consiguientes responsabilidades legales.
Además, en relación con el tema de las políticas que guiaron la Operación Plomo Fundido, el comité afirma que no hay “ninguna indicación de que Israel haya abierto investigaciones sobre las acciones de los que diseñaron, planearon, ordenaron y supervisaron la Operación Plomo Fundido”. En otras palabras, una de las más serias alegaciones sobre la conducta de las operaciones militares de Israel permanece completamente desatendida.
Lamentamos que no se haya iniciado en absoluto ninguna investigación interna sobre las alegaciones de crímenes internacionales cometidos por miembros de grupos armados palestinos en Gaza que han disparado miles de cohetes al sur de Israel. El comité observa lo mismo en su informe.
Consideramos que los llamamientos para reconsiderar o incluso retractarse del informe, así como el intento de desfigurar su naturaleza y propósito, desatienden el derecho de las víctimas, palestinas e israelís a la verdad y a la justicia. También ignoran la responsabilidad de las partes, por ley internacional, de llevar a cabo investigaciones rápidas, completas, efectivas e independientes. Lamentamos los ataques personales y la extraordinaria presión ejercida sobre los miembros de la misión de investigación desde que comenzamos nuestro trabajo en mayo del 2009. Esta campaña ha estado dirigida claramente a socavar la integridad de los informes y de sus autores. Si hubiésemos cedido a presiones de cualquier lado para depurar nuestras conclusiones, habríamos estado haciendo una seria injusticia a cientos de civiles inocentes asesinados durante el conflicto de Gaza, a los miles de heridos y a los cientos de miles cuyas vidas continúan profundamente afectadas por el conflicto y el bloqueo.
El informe ha desencadenado un proceso que todavía está en marcha y debe continuar hasta que se haga justicia y esté asegurado que todos respeten la ley internacional humanitaria y de derechos humanos.