Decepción en Naciones Unidas: El informe Palmer sobre el incidente de la Flotilla de 31 de mayo 2010

Richard Falk, ponente especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en los Territorios Ocupados Palestinos

Cuando el Secretario General de Naciones Unidas anunció el 2 de agosto de 2010 que se había creado un grupo de trabajo para investigar el ataque israelí del 31 de mayo sobre el Mavi Marmara y otros cinco barcos que transportaban ayuda humanitaria para la sitiada población de Gaza se tenían enormes esperanzas de que prevalecería el derecho internacional y que, finalmente, a los israelíes se les exigirían responsabilidades. Con la emisión del informe la pasada semana esas esperanzas han sido ampliamente diluidas ya que el informe falla en abordar los elementos centrales del derecho internacional de una forma creíble y satisfactoria.

Traducción Juan Pablo Crespo
Viernes, 9 Septiembre 2011

El grupo designado era lamentablemente inadecuado para emitir un juicio autorizado.
Cuando el Secretario General de Naciones Unidas anunció el 2 de agosto de 2010 que se había creado un grupo de trabajo para investigar el ataque israelí del 31 de mayo sobre el Mavi Marmara y otros cinco barcos que transportaban ayuda humanitaria para la sitiada población de Gaza se tenían enormes esperanzas de que prevalecería el derecho internacional y que, finalmente, a los israelíes se les exigirían responsabilidades. Con la emisión del informe la pasada semana esas esperanzas han quedado ampliamente desvanecidas ya que el informe encalla a la hora de abordar los elementos centrales del derecho internacional de una forma creíble y satisfactoria. Turquía respondió contundentemente, sin sorpresas, que no estaba dispuesta a convivir con las principales conclusiones del informe de 150 páginas en el sentido de que el bloqueo israelí de la Franja de Gaza es legítimo y podría ser impuesto por Israel frente a una misión humanitaria, incluso en aguas internacionales.   
Quizás este resultado no debería ser una sorpresa. El grupo designado era lamentablemente inadecuado para emitir un juicio autorizado. Geoffrey Palmer, el director del grupo, si bien respetado como exministro de Nueva Zelanda y como profesor de derecho ambiental, no estaba especialmente informado sobre el derecho internacional del mar o el derecho de guerra. Increíblemente, el otro único miembro independiente del grupo era Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, sin acreditaciones profesionales relevantes para los asuntos a considerar; destacado tanto por su horrible historial respecto a los derechos humanos mientras estuvo en el cargo, como por forjar estrechos lazos con Israel mediante compras de armas y cooperación diplomática que le llevó a ser galardonado con “The Light Unto The Nations” premio otorgado por el Comité Judío de EEUU, hecho que debería haber sido suficiente en sí mismo para arrojar serias dudas sobre su idoneidad para este nombramiento. Su presencia en el grupo comprometió la integridad del proceso, e hizo cuestionarse sobre cómo podría explicarse tal nombramiento y mucho menos justificarse. Los restantes dos miembros fueron designados por los gobiernos de Israel y Turquía, por lo que no es de extrañar encontrar anexados de disenso de parte a aquellas citas del informe que critican la posición adoptada por sus respectivos gobiernos. Otra limitación del informe fue que el grupo estaba sujeto a sus términos de referencia, que prohibían confiar en otros materiales que no fueran los presentados en los dos informes nacionales remitidos por parte de ambos gobiernos. Con estas consideraciones en mente, sólo cabe preguntarnos por qué el Secretario General había configurado un marco de composición tan inadecuada para alcanzar conclusiones fuera de toda polémica, cosa que ciertamente no hizo.

Aún así, los componentes de este mal concebido panel no avalaron el comportamiento israelí aquel 31 de mayo. Determinaron que Israel hizo un uso excesivo de la fuerza y aparece como responsable de la muerte de nueve pasajeros del Mavi Marmara, invitando a Israel a pagar una compensación y emitir una declaración de disculpas. En otras palabras, el informe Palmer parece condenar severamente la manera en la que los israelíes aplican el bloqueo, pero lamentablemente mantiene implícita su legalidad, tanto del bloqueo como del derecho a imponerlo, y eso es lo irritante. Tal conclusión, contradice las alcanzadas por un más ponderado grupo de expertos configurado por el Consejo de Derechos Humanos, así como descarta el abrumador consenso que había sido expresado por cualificados especialistas en derecho internacional sobre estas cuestiones esenciales. 
Mientras el grupo retrasó el informe en varias ocasiones para dar a la diplomacia una oportunidad de resolver los asuntos espinosos, Israel y Turquía no llegaron nunca a lograr un acuerdo. Hubo informes intrigantes en el curso del proceso en los que, en conversaciones no divulgadas entre representantes de los dos gobiernos, se habría alcanzado un compromiso de acuerdo sobre la base de la favorable disposición israelí para ofrecer una disculpa formal a Turquía y compensar a las familias, tanto de los que fueron asesinados como de los que resultaron heridos durante el ataque, pero a la hora de anunciar tal acuerdo sobre el conflicto, Israel se hecho atrás. En concreto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,  mostró escasa voluntad a dar el último paso, afirmando que ello desmoralizaría a la ciudadanía de Israel y denotaría debilidad ante los enemigos de Israel en la región. Observadores más capciosos opinan que la negativa israelí a resolver el conflicto fue un reflejo de las políticas internas, especialmente por la rivalidad de Netanyahu con el extremista ministro de exteriores Avigdor Lieberman, quién estuvo siempre acusando a Netanyahu de ser un líder endeble que no ocultaba su propia ambición de ser el próximo jefe del estado de Israel. Cualquiera que sea la verdadera mezcla de motivos, la vía diplomática fracasó, a pesar de ser alentada desde Washington, que no ocultó su opinión de que resolver este conflicto había supuesto una prioridad alta de la política exterior de EE.UU. De esta forma el informe Palmer adoptó un mayor papel del que podría haberse previsto. Después de que los enfebrecidos esfuerzos diplomáticos fracasaran, el grupo Palmer apareció como la última oportunidad para que las partes alcanzaran una resolución satisfactoria común basada en la aplicación del derecho internacional y que, al mismo tiempo, ofreciera recomendaciones que delimitaran lo que debería hacerse para superar cualquiera de las violaciones perpetradas durante el ataque a la flotilla.
Pero,  para ser satisfactorio, el informe tenía que interpretar los asuntos legales de una manera razonable y responsable. Esto significa, por encima de todo lo demás, que el implícito bloqueo impuesto hace más de cuatro años sobre los 1,5 millones de palestinos que viven en Gaza era ilegal, y debería ser levantado de inmediato. Sobre esta premisa, la acción de fuerza ejercida por medio de los ataques del 31 de mayo fue ilegal; un delito agravado por ser una brutal interferencia con la libertad de navegación en alta mar y, más aún, por provocar nueve muertes entre trabajadores humanitarios y activistas de paz sobre el Mavi Marmara, además del abusivo hostigamiento y comportamiento hacia el resto de pasajeros. Tales conclusiones deberían haber sido ‘simples de alcanzar’ por el grupo, tan obvias eran esas determinaciones desde la perspectiva del derecho internacional que no dejaban el más mínimo espacio para la duda razonable. Pero esto no pudo ser, y el informe tal como se redactó supone un paso en la dirección contraria al esfuerzo internacional por limitar el uso permisible de fuerza internacional a situaciones en condiciones de necesidad defensiva, e incluso dado el caso, asegurar que el grado de fuerza empleado fuera proporcional y respetuoso con la población civil inocente. Es un paso más atrás, en la medida que se pretende permitir a un estado imponer en alta mar un bloqueo, condenado en todo el mundo por su crueldad y efectos perjudiciales para la salud física y mental de la población civil, un bloqueo que despoja a los habitantes de Gaza de sus necesidades vitales, encerrándolos en un masificado y empobrecido espacio que está siendo despiadadamente atacado con armamento moderno una y otra vez.
Dadas estas duras realidades, no es de extrañar que el gobierno turco reaccione con indignación y revele su voluntad de avanzar de un modo que denota, no sólo su sentido de la ley y la justicia, sino que también refleja sus esfuerzos en los últimos años por establecer sus relaciones en los principios de imparcialidad y respeto mutuo. Al darse cuenta el ministro de exteriores turco de que las conclusiones a las que llegó el grupo Palmer eran inaceptables, formuló su propio plan B. Este no sólo consistía en respuestas al informe, sino que aludía al fracaso de Israel para actuar de buena fe, a ofrecer por sí mismo una disculpa formal y establecer acuerdos de compensación adecuados. Israel dispuso de más de un año para atender estas exigencias mínimas turcas y mostró su falta de voluntad para hacerlo. Tal como el Sr. Davutoglu dejó claro, esta respuesta turca no tenía la intención de provocar un conflicto con Israel, sino redirigir las relaciones entre ambos países hacía ‘la senda correcta’. Bajo estas circunstancias creo que este es el enfoque correcto, ya que se toma en serio el derecho internacional y opta por poner la política sobre cuestiones de principio y prudencia en lugar de hacerlo sobre oportunismo geopolítico. Tal como dijo claramente Davutoglu “Ha llegado la hora de que Israel pague un precio por su acción ilegal. El precio, para empezar, es ser privado de la amistad de Turquía.”          
Y esta retirada de amistad no es sólo simbólica. Turquía ha rebajado su representación diplomática, expulsando al embajador israelí y manteniendo relaciones al mínimo nivel de segundo secretario. Además de esto, todas las formas de cooperación militar se han suspendido y Turquía ha señalado que reforzará su presencia naval en el mediterráneo este. Por otra parte, Turquía ha declarado su intención de iniciar acciones en la Asamblea General para solicitar una Opinión Consultiva del Tribunal Internacional de Justicia en relación a la legalidad del bloqueo. Lo que resulta tristemente evidente es que la política interna israelí se ha tornado tan beligerante y militarista que los líderes políticos del país están paralizados, incapaces de llevar una iniciativa en política exterior que vaya en favor de su interés nacional. Para Israel, perder la amistad de Turquía sería lo segundo después de perder el apoyo de EEUU;  conectando con las políticas más democráticas de la primavera árabe, este posicionamiento de Ankara es la principal adversidad para el futuro de Israel en la región
Y lo que es más, la negativa turca a tragarse las conclusiones del informe Palmer es una postura admirable que está destinada a ser popular en todo Oriente Próximo y más allá. En un momento en el que algunas de las anteriores iniciativas diplomáticas de Turquía han tropezado con dificultades, muy claramente en Siria, esta posición a favor de la población víctima de Gaza representa una excepcional muestra de anteponer los valores por encima de los intereses. La población de Gaza esta débil, maltratada y vulnerable. En contraste, Israel es una potencia militar, próspera, un preciado socio comercial para Turquía, y en segundo plano Estados Unidos está dispuesto a pagar muy caro el promover un acercamiento, evitando así la torpeza de hacer frente a una ruptura entre dos de sus más importantes socios estratégicos en Oriente Próximo. Deberíamos también tener en cuenta que los pasajeros que viajaban en los barcos de la flotilla eran principalmente idealistas, practicando la no violencia para superar una tragedia humanitaria que las Naciones Unidas y la interacción de los diferentes gobiernos han sido incapaces y carentes de voluntad de abordar durante muchos años. Esta iniciativa promovida por activistas de la sociedad civil merecía el apoyo y solidaridad del mundo, no un palmetazo en la muñeca para ser reprendidos por la opinión del informe Palmer de que su acción fue irresponsable y provocativa.    
Israel ha conseguido hasta ahora evitar pagar el precio por desafiar el derecho internacional. Durante décadas ha estado construyendo colonias ilegales en Cisjordania y Jerusalén Este. Ha utilizado una violencia excesiva, en numerosas ocasiones ejercido el terror de estado frente a la resistencia palestina, y ha sometido a la población de Gaza a permanentes y extremas formas de castigo colectivo. En 2006, atacó localidades y barrios de Beirut de modo inhumano; a finales de 2008 lanzó un ataque masivo por tierra, mar y aire durante tres semanas contra una indefensa Gaza, y más tarde en 2010, en un ataque nocturno conmovió a la opinión pública con su violencia contra el Mavi Marmara. Hace tiempo que debería habérsele hecho pagar el precio por su constante disposición al desafío del derecho internacional, sobre todo por Naciones Unidas. Si Turquía se mantiene en su posición enviará finalmente un mensaje a Tel Aviv de que el bienestar y seguridad de Israel en el futuro dependerá de un cambio de rumbo en sus relaciones con los palestinos y sus vecinos regionales. Los días de mofarse del derecho internacional y los derechos humanos fundamentales dejaran de ser opciones políticas para Israel sin crearle inconvenientes. Turquía está demostrando contundentemente que puede haber un decidido inconveniente para esa flagrante ilegalidad israelí.    

http://www.middleeastmonitor.org.uk/articles/middle-east/2804-disappointment-at-the-united-nations-the-palmer-report-on-the-flotilla-incident-of-31-may-2010