Una orden militar israelí permitirá la deportación de miles de palestinos de Cisjordania

El dirigente palestino Nabil Sha'ath ha cailficado hoy la orden para encarcelar o deportar a los residentes de Cisjordania que no tengan un permiso emitido por las autoridades de Israel de "la peor medida racista" adoptada por la ocupación israelí. El Ejército israelí, en un comunicado, restó importancia a la idea de las deportaciones en masa, al asegurar que la orden simplemente enmienda regulaciones israelíes ya existentes y que solventa un "descuido judicial" militar a la hora de extraditar a cualquier persona que "resida ilegalmente" en Cisjordania.

El País, Jerusalén 11/04/2010

Una nueva orden militar de Israel permitirá apresar o deportar a todo palestino residente en el territorio ocupado de Cisjordania que no tenga un permiso emitido por las autoridades israelíes, denuncian hoy ONG locales. La nueva ordenanza entrará en vigor el próximo martes y su redacción es tan general que teóricamente permitirá al Ejército israelí la deportación de miles de palestinos de Cisjordania o ser acusados de cargos que conllevan penas de cárcel de hasta siete años, afirma la ONG israelí Hamoked, el Centro para la Defensa del Individuo.

Esta disposición lleva la firma del que fuera responsable de la Comandancia Central, con jurisdicción en Cisjordania, Gadi Shamni. Hamoked denuncia junto a otras nueve ONG que la disposición militar no ha sido publicitada entre la población palestina como sería deseable, lo que eleva la sospecha de que pese a las serias implicaciones que entraña, las autoridades tratan de hacerla pasar de forma secreta para eludir el debate público o una eventual revisión judicial.

La nueva orden define a cualquiera que entre en Cisjordania de manera ilegal como un infiltrado, es decir, como "una persona que está presente en la zona y no tiene un permiso legal". La orden lleva la definición original de infiltrado, que data de 1969, hasta el extremo, mientras el término se aplicaba originalmente sólo a aquellos que permanecían en Israel después de haber pasado a través de países entonces clasificados como Estados enemigos, como Jordania, Egipto, Líbano y Siria.

En un escrito, las ONG han exhortado hoy al Ministerio de Defensa a retrasar la entrada en vigor de la ordenanza, que convertirá a todos los residentes de Cisjordania en potenciales criminales que pueden ser apresados hasta siete años o deportados de ese territorio.

El dirigente palestino Nabil Sha'ath ha cailficado hoy la orden para encarcelar o deportar a los residentes de Cisjordania que no tengan un permiso emitido por las autoridades de Israel de "la peor medida racista" adoptada por la ocupación israelí. El Ejército israelí, en un comunicado, restó importancia a la idea de las deportaciones en masa, al asegurar que la orden simplemente enmienda regulaciones israelíes ya existentes y que solventa un "descuido judicial" militar a la hora de extraditar a cualquier persona que "resida ilegalmente" en Cisjordania.

Los primeros afectados

Dadas las medidas de seguridad de la última década, es probable que los primeros palestinos que se vean afectados por esta medida sean aquellos cuyas tarjetas de identificación tengan direcciones en la franja de Gaza -los que hayan nacido en Gaza y sus hijos nacidos en Cisjordania- o aquellos que hayan nacido en Cisjordania o en el extranjero y que, por diferentes motivos, perdieron su estatus de residencia. También podrían verse afectadas aquellas mujeres de palestinos que hayan nacido en el extranjero.

Se espera que uno de los grupos que resulte más dañado por estas nuevas medidas son los palestinos que se trasladaron a Cisjordania en virtud de la reunificación familiar. En 2007, como gesto de buena voluntad al presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abbas, decenas de miles de personas recibieron tarjetas de residencia palestina. La AP distribuyó las tarjetas, pero Israel tenía control exclusivo sobre quién podría recibirlas. Sin embargo, miles de palestinos permanecen clasificados como "residentes ilegales".

La ONG agrega que a la gran mayoría de los habitantes de Cisjordania, donde residen 2,5 millones de habitantes, nunca se les ha requerido ningún tipo de permiso para residir allí. Las organizaciones denuncian que la actual política será empleada inicialmente con los palestinos que se encuentran en Cisjordania y que Israel quiere transferir a la franja de Gaza, pese al hecho de que muchos de ellos nacieron en Cisjordania o se asentaron allí de forma legal.

También trata de expulsar a extranjeros casados con palestinos de Cisjordania que se encuentran en el exterior, situación que afecta a decenas de miles personas. "En todo caso, la definición de 'infiltrado' expone al individuo a penas de entre tres y siete años de prisión y podría en principio ser aplicada a cualquier persona que el Ejército considere, incluidos israelíes e internacionales que estén presentes en Cisjordania", asegura el comunicado.