Diagrama de los ataques y víctimas registrados de las fuerzas de ocupación y de civiles, respectivamente, del mes de enero de 2007 en Iraq
New York Times, 3/02/07
CSCAweb: 16/02/07

"Es un problema común en la región"

Entrevista con Amada Benavides

El Comercio (Perú), 2 de febrero de 2007
CSCAweb: 16/02/07

Licenciada en Educación y magíster en Relaciones Internacionales, esta colombiana encabeza el grupo de trabajo que visita el Perú para observar los hechos relacionados con el uso de mercenarios.

Amada Benavides es la presidenta-relatora del grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unids (ONU) sobre la utilización de mercenarios como forma de violar los derechos humanos. Ha venido al Perú con los integrantes de su equipo, para hacer una revisión de las actividades relacionadas con el uso de mercenarios, incluida la participación de empresas privadas en el reclutamiento de agentes de seguridad. La funcionaria aceptó reunirse con El Comercio durante una de las pocas pausas que tuvo durante su visita.

Su organismo tiene la misión de vigilar las actividades de los mercenarios. ¿Cómo llega al Perú?

Este grupo de trabajo es parte de los sistemas de procedimientos especiales de las Naciones Unidas. En nuestro caso el tema que tratamos es el relativo a los mercenarios. El primer informe lo presentamos en octubre del año pasado y hemos encontrado una serie de fenómenos comunes en varios países de América Latina y que nos han llevado, hasta el momento, a realizar visitas a tres países de la región. Hemos estado en Honduras, en Ecuador y ahora nos encontramos en el Perú.

También nos han solicitado inspecciones en Chile y Colombia. Estos fenómenos los hemos denominado regionales y así los calificamos en los informes presentados a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

¿La invitación al Perú proviene de un pedido del Gobierno Peruano o se debe a denuncias particulares?

En este caso específico el grupo de trabajo fue el que la solicitó luego de observar un fenómeno que se está produciendo en forma común en la región.

Entonces, el pedido nace a partir de las irregularidades que ustedes han observado...

Sí, es un problema que no se ha solucionado y que no es exclusivo del Perú. Por esa razón se hace la petición a su gobierno.

¿El solo hecho de cumplir la función de mercenario es una violación de los derechos humanos?

El solo hecho de ser mercenario está proscrito por la ley internacional. El ser contratista no está proscrito, pero sí está documentado que existen violaciones de los derechos humanos. El problema es que la legislación, como es transnacional, no los alcanza ya sea cuando son contratados o cuando sus derechos son violados. El trabajo de mercenarios está proscrito, pero no así los contratistas.

¿Podemos decir que la legislación actual sobre la actividad de los mercenarios se encuentra entonces en una especie de limbo?

Se vive un vacío legal del cual se aprovechan las empresas privadas. Este tema nace a partir de la privatización del monopolio del uso de la fuerza por parte de entes privados. En este caso podemos ver que se está privatizando los servicios de seguridad del Estado, contradiciendo una de las columnas vertebrales de la creación del Estado, que es el monopolio del uso de la fuerza. Esta tendencia lleva consigo una serie de riesgos.

¿Qué tan preocupante es actualmente la actividad mercenaria bajo estas nuevas modalidades?

Es un problema de doble vía. Por un lado, con esta cesión del uso de la fuerza hay actividades ejercidas por mercenarios o contratistas, que es un término más adecuado para denominarlos actualmente, en las que ellos cometen violaciones de los derechos en las comunidades. Tenemos por ejemplo a contratistas involucrados en los abusos de la prisión de Abu Ghraib. Pero también podemos observar cómo ellos mismos sufren violaciones de sus derechos cuando son llevados a trabajar como agentes de seguridad en zonas de guerra. Al momento de llegar a un lugar se dan cuenta de que van a realizar operaciones militares en zonas de alto riesgo. Entonces bajo estas nuevas condiciones, los mercenarios pueden cometer y sufrir violaciones.

Enlaces relacionados:

Manlio Dinucci: El ejército secreto de mercenarios privados en Iraq

Entre 30.000 y 50.000 mercenarios trabajan en Iraq, lo que les convierte en la segunda fuerza militar tras las tropas de Estados Unidos, según un representante de las Naciones Unidas, quien dijo el 1 de febrero en Lima que cientos de latinoamericanos son contratados en ese conflicto.

Los mercenarios que llegan como vigilantes a Iraq terminan realizando un entrenamiento militar

El español José Luis Gómez del Prado, miembro del grupo de trabajo de la ONU sobre la utilización de mercenarios, explicó que entre 30 mil y 50 mil personas han sido contratadas en diversas partes del mundo para participar en distintas labores en Iraq, en comparación con los 130 mil soldados de EEUU o los 10 mil de Reino Unido.

"El número de muertes de latinoamericanos es el segundo más alto después de las bajas del Ejército de Estados Unidos", dijo Gómez, quien aclaró que, aunque no hay cifras oficiales, se calcula que unos 500 hombres han regresado "como bultos a sus países de origen", es decir, muertos. La contratación de estas personas donde figuran ciudadanos de Perú, Chile, Colombia, Honduras y Ecuador es posible gracias a enormes irregularidades y a vacíos legales.

Las declaraciones fueron dadas por Gómez durante la entrega de un informe junto con la presidenta del Grupo, la colombiana Amada Guevara tras una visita de tres días al Perú, donde el fenómeno del mercenarismo ha tenido gran eco en la opinión pública. De hecho, en el informe entregado, se consigna que "según algunas fuentes de información más de 1,000 ciudadanos peruanos continúan en Irak prestando esos servicios". El Grupo ya ha hecho visitas a Ecuador y Honduras y tiene previsto continuar sus indagaciones en otros países.

En la conferencia de prensa denunciaron "grandes omisiones del gobierno peruano" al decir de Gómez que permiten que estos ciudadanos hayan sido llevados a Irak en condiciones inciertas, donde prima "el riesgo por sus vidas, el hacinamiento, muchas horas de trabajo sin condiciones de salud adecuadas", agregaron asistentes.

Denunciaron igualmente que los trabajadores son contratados para labores de vigilancia, pero que tras recibir entrenamiento militar son destinados a "funciones no previstas" con lo cual quedan involucrados de lleno en el conflicto. Un caso como el de Irak "es una manifestación novedosa del mercenarismo que pudo tomar de sorpresa a los Estados Unidos", reconoció José Luis Gómez.
La contratación de personal la hacen empresas fantasmas que llegan a un país, abren una oficina por un mes y luego desaparecen sin dejar rastro.

Ante esta situación el grupo recomendó a las autoridades su adhesión a la Convención Internacional contra el Mercenarismo de 1989, la creación de registros transparentes de las empresas de seguridad privada y la investigación de los casos que no han sido debidamente esclarecidos.

Hay que referir que el mencionado grupo fue creado en 2005 por la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Su informe final será presentado al Consejo de Derechos Humanos del organismo y abordado en la próxima Asamblea General de la ONU.

Repercusión en Perú

Tras el deceso de uno de los 'vigilantes' en Afganistán, el gobierno de Perú anunció su intención de presentar una demanda ante el relator del Convenio Internacional contra el Tráfico, el Reclutamiento y la Financiación de Mercenarios de la ONU. Esta noticia se ha hecho pública cuando un ciudadano peruano, José Linares Masa, que trabaja para la empresa de seguridad "Defion International", quedó gravemente herido, luego que un proyectil de mortero cayera cerca de su puesto de control en Iraq.

En diálogo con una radioemisora local, un compañero de trabajo, que trabaja con él como guardia de seguridad en la embajada de Estados Unidos, informó que las esquirlas del mortero lo alcanzaron mientras cumplía con su función. "Sus oídos estaban ensangrentados ", sostuvo el sujeto, quien no quiso dar su nombre. Por otro lado, indicó que existen 850 compatriotas que desempeñan como guardias de seguridad en una zona protegida por la armada de EEUU. Informó que ellos cuidan las instalaciones de la sede diplomática estadounidense, y se encargan del control peatonal y vehicular. Agregó que ganan mil dólares mensuales, pero que al renovarles el contrato les quitaron una serie de beneficios como un seguro de vida, entre otros.

Como consecuencia de la visita de la Delegación de la ONU y la presión interna debido al gran despliegue informativo, Perú ha ratificado el día 10 de febrero la Convención Internacional contra el Mercenarismo según publica 'El Peruano', siendo Perú el quinto país de Latinoamérica y el vigésimo noveno estado del mundo en ratificar este instrumento.

"Denuncias de familiares de ex soldados y policías peruanos contratados para combatir en Iraq desenrollaron la madeja de un negocio aún vigente, conducido por Triple Canopy con participación de empresas y del propio ejército de este país sudamericano".

"Piraña", un ex sargento del ejército peruano que había combatido en los años 90 a los insurgentes maoístas de Sendero Luminoso en la selva del Alto Huallaga, decidió a última hora no viajar junto a 200 ex militares y policías contratados por la corporación estadounidense Triple Canopy, para prestar "servicios de seguridad" al nuevo régimen del convulsionado Iraq.

"Mi mamá me convenció de que no me fuera. Me dijo que prefería verme pobre pero vivo, y no muerto por un poco de dólares", dijo "Piraña" a IPS con la condición de no revelar su identidad.

Denuncias de familiares de ex soldados y policías peruanos contratados para combatir en Iraq desenrollaron la madeja de un negocio aún vigente, conducido por Triple Canopy con participación de empresas y del propio ejército de este país sudamericano. "Aquí no hay trabajo y cuando encuentras algo te pagan una miseria. Yo soy 'guachimán' (guardián) en una fábrica y gano el equivalente a ocho dólares por una jornada de 12 horas. Por trabajar en Iraq me pagaban 35 dólares al día, además de otros beneficios. Era toda una tentación, a pesar del riesgo", explicó.

"Tengo tres hijos y una esposa que me ayuda vendiendo comida en la calle, pero el dinero no alcanza. Vi el aviso en el periódico y me presenté. Por mi experiencia de combatiente en el ejército, rápidamente me aceptaron. Ya había recibido entrenamiento y todo, pero mi mamá se enteró y me cambió de opinión", relató el hombre, de 29 años.

En agosto comenzaron a aparecer en los periódicos de Lima avisos convocando a ex miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía interesados en trabajar en "tareas de seguridad". Se ofrecían "excelentes ingresos". Centenares de personas se presentaron. Los anuncios eran de Triple Canopy, una corporación creada en 2003 en el estado estadounidense de Illinois que, debido a sus contactos con el gobierno de George W. Bush, obtuvo rápidamente millonarios contratos con el Departamento de Estado. La firma presta servicios de seguridad a instalaciones y personas estadounidenses que trabajan en la reconstrucción de Iraq, ocupado militarmente por Estados Unidos desde marzo de 2003. La expansión de Triple Canopy es la expresión del éxito del nuevo negocio de los "ejércitos privados".

Uno de los primeros contratos de Triple Canopy fue por 90 millones de dólares para resguardar durante medio año una docena de oficinas del gobierno provisional iraquí, frecuente blanco de los ataques de la resistencia a la invasión estadounidense. "No contratamos mercenarios. Son personas con experiencia en misiones de seguridad, que conocen del manejo de armas, pero no van a combatir en Iraq. Claro que es un trabajo muy peligroso, sin embargo nadie los obliga a tomar el empleo. Triple Canopy les garantiza un seguro y una indemnización en caso de accidentes, ataques o muerte", dijo a IPS Jorge Mendoza, gerente de la empresa Gun Supply, a través de la cual la corporación estadounidense entrenó a los 200 peruanos. "Se les paga según la responsabilidad que van a cumplir. Hay salarios de hasta 50 dólares al día", agregó Mendoza.

Triple Canopy ha reclutado a ex militares y ex policías de El Salvador, Colombia y Chile, pero la paga para éstos es superior a la prometida a los peruanos. Esta diferencia no disuadió a los peruanos. Desde este país ya viajaron a territorio iraquí dos grupos que suman 380 personas.

Familiares de los mercenarios se quejaron de que los contratos firmados con Triple Canopy eran inapropiados e inhumanos. Por ejemplo, si alguien pretende demandar a la firma, deberá hacerlo ante un tribunal de Virginia, porque el contrato se firma bajo las leyes de ese estado, donde la compañía mudó su sede en junio "para estar más cerca de nuestro principal cliente, el gobierno de Estados Unidos", según un comunicado de su sitio en Internet.

Copias de los contratos obtenidas por IPS indican su vigencia de un año, del 15 de octubre al 14 de octubre de 2006. Triple Canopy y el gobierno de Estados Unidos no son responsables si los trabajadores resultan heridos o fallecen en el cumplimiento de su misión.

Una de las cláusulas más abusivas señala que la póliza de seguro que cubre al personal no es aplicable si éste es víctima de algún incidente fuera de su centro de trabajo o de su horario de servicio. Por tanto, si los empleados son atacados por insurgentes en su lugar de residencia por el hecho de apoyar a los invasores, no hay indemnización.

Portavoces de Triple Canopy afirmaron que los peruanos trabajarán en la "zona verde" de Bagdad, el área de extrema seguridad donde se encuentran las embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña y las sedes del gobierno iraquí, y que ha sido blanco de varios ataques rebeldes. "Creo que el entrenamiento fue insuficiente, no más de quince días, pero igual casi todos se fueron" a Iraq, narró Piraña. "Tenían apuro de enviar a la gente, querían que todo saliera rápido", afirmó el ex sargento, que ha vuelto a su empleo de guachimán.

Las denuncias de los familiares obligaron a la cancillería peruana a actuar. El encargado de la Oficina de las Comunidades Peruanas en el Exterior, embajador Jorge Lázaro, anunció que había iniciado la investigación de los contratos para determinar si eran abusivos y violentaban los derechos humanos. "Los peruanos tienen libertad para trabajar donde quieran, pero el gobierno debe asegurarse de que los contratos respeten los acuerdos internacionales a los que está suscrito el Estado", dijo Lázaro en conferencia de prensa.

Mientras el gobierno manifestaba su preocupación por el destino de estos peruanos, la prensa reveló que los 200 reclutados para Triple Canopy se habían entrenado en la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME). De acuerdo con un contrato entre el ejército y Gun Supply, al que tuvo acceso IPS, la fuerza de tierra prestó a los adiestradores los proyectiles necesarios para prácticas de tiro.

El ejército, que sufre un drástico recorte de presupuesto, aceptó el negocio con Gun Supply, representante en Lima de Triple Canopy, como forma de obtener dinero. La operación, de 150.000 dólares, fue aprobada por el propio comandante de la fuerza, general Luis Muñoz, sin consultar al Ministerio de Defensa ni a la cancillería, lo que podría costarle el cargo.

El hecho llevó a una comisión parlamentaria a citar al ministro de Defensa, Marciano Rengifo, quien debió admitir el error de ese contrato y anunció que había ordenado una investigación para identificar a los responsables. Pero pese al escándalo, el negocio continúa.

Mendoza, de Gun Supply, dijo a IPS que la firma recibió el encargo de Triple Canopy de contratar a otros 600 peruanos. "Eso es lo que nos han pedido. Al menos por el momento el ejército no nos ha pedido anular el contrato. Si lo hace, hay una penalidad", indicó.

Las compañías que forman parte del negocio tienen excelentes contactos en Perú. El dueño de Gun Supply es contratista del Estado y vendió munición a la guardia personal del presidente Alejandro Toledo. Además, Mendoza es hijo del jefe de seguridad de la embajada de Estados Unidos en Lima.

Otra empresa, Gesegur, contratada por Triple Canopy para seleccionar a los "trabajadores de seguridad" peruanos, también es una conocida contratista estatal, vinculada al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el aparato de represión del régimen del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) que conducía el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos, hoy preso y bajo proceso por varios delitos. Gesegur se vinculó luego al Consejo Nacional de Inteligencia, organismo que reemplazó al SIN tras la asunción de Toledo a la Presidencia.

"Soy especialista en armas y tengo varios años de experiencia en combate, era perfecto para ese trabajo", dijo "Piraña". "Pero, si iba y me moría, mis hijos iban a quedar desamparados. Puedo asegurar que no es cobardía. No tengo miedo a la guerra. Mi mamá me hizo notar que más importante es vivir".

Según Mendoza, el gobierno no prohibió a Gun Supply continuar entrenando peruanos para enviarlos a Iraq. "Ellos reconocen que es una oportunidad de trabajo. Lo tomas o lo dejas, así de simple", apuntó. "Mil dólares mensuales en Perú es una plata muy importante".