Los días 19 y 20 de enero, una delegación europea visita Argelia después de un tortuoso proceso negociador con su actual gobierno. Al día de hoy, la opacidad envuelve los objetivos de la Unión Europea, mientras los del gobierno argelino han sido contundentemente enunciados y reducidos a recabar más colaboración en la lucha antiterrorista.

Ignorar en enero de 1998 las claves de la crisis argelina, obviar su origen golpista en 1992, desatender los reiterados informes de organizaciones como Amnistía Internacional, Periodistas sin Fronteras, y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, así como de la oposición democrática argelina, y las campañas europeas por la paz, desborda el ámbito de la prudencia política y se desliza hacia la complicidad con el régimen que preside el general Zerual.

Un país sometido a la censura más férrea, impermeable a los observadores internacionales y en el que la información está reducida a contradictorios partes de guerra emanados de fuentes gubernamentales, es un país dictatorialmente gestionado, que impide creer a quienes pretenden reducir la guerra a "lucha antiterrorista", la crisis del Estado y la corrupción generalizada en las esferas del poder a "defensa de la República", y el paro y la exclusión social a secuelas del "proceso modernizador bajo las pautas del Fondo Monetario Internacional".

La situación actual dislocada por más 100.000 muertos, 12.000 desaparecidos y 30.000 presos y el recrudecimiento de las matanzas y del terror contra la población campesina pobre de la Mitidya, forzando su éxodo desde el comienzo de la etapa de privatizaciones de los terrenos agrícolas colectivos, constituye una trágica llamada a quienes deseen favorecer una solución política a la crisis y contribuir a la pacificación del país.

Desafortunadamente, las declaraciones del vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la política mediterránea, el español Manuel Marín, avalando una falsa "normalización democrática" del régimen militar, y eximiéndole de cualquier connivencia con las matanzas, apuntan en otra dirección. La posición de Manuel Marín liquida el necesario debate institucional europeo, que debería contribuir a depurar responsabilidades, cuestionar procesos electorales fraudulentos y el respeto a los derechos humanos, exigiendo el diálogo sin exclusiones entre todas las fuerzas políticas y sociales partidarias de la paz y de una alternativa democrática.

Para la Campaña por la Paz en Argelia -Coordinadora de Madrid-, la verdad no puede seguir siendo víctima del volumen de negocios con Argelia, de sus reservas de divisas, ni de las felicitaciones del FMI a los timoneles de las privatizaciones. Y menos aún la no clarificación de las matanzas, tengan su origen en el terrorismo de Estado o en el de grupos islámicos fanáticos.

Porque queremos la verdad, proponemos considerar:

1. Que la incapacidad militar del régimen argelino para poner fin a la violencia y su pasividad notoria ante las matanzas, es contradictoria con su capacidad de defensa de la zona de exclusión sahariana, en que se concentra la explotación de hidrocarburos y con el control demostrado durante los numerosos procesos electorales montados desde los comicios presidenciales de 1995. Sin embargo la generalización de milicias que alimenta el poder con su propaganda, sueldos, y abandono de responsabilidades de defensa de la población, sólo contribuye a extender la violencia, el bandolerismo y el ajuste de cuentas.

2. Que la pacificación del país exige la inmediata apertura del campo político y mediático mediante la legalización de partidos ilegalizados, como el FIS y el MDA, el libre funcionamiento de los autorizados y la apertura de un proceso negociador transparente que restaure las libertades democráticas y derogue la censura que distorsiona la información, tanto nacional como internacional.

3. Que la investigación de responsabilidades de la violencia terrorista, ya sea del propio Estado o de grupos islámicos, requiere el establecimiento de una comisión internacional de derechos humanos independiente y eficaz, coordinada por la Liga Argelina de Defensa de Derechos Humanos y otras organizaciones de índole similar.

4. Que la política de privatización salvaje a la que resiste una población disgregada por la guerra, está hundiendo en la exclusión social y el paro a amplios sectores sociales, y sacrifica el futuro de las próximas generaciones a una opción impuesta por el FMI, gestionada en beneficio de una casta política, militar y financiera corrupta, cuyos negocios e intereses deben ser hechos públicos e investigados por la justicia.

Madrid, 19 de enero de 1998