Exigimos al equipo de Gobierno de Barakaldo y a la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco garantizar una alternativa habitacional a una mujer y su hija menor de edad
Concentración ante el portal donde se procederá, este próximo viernes 30 de diciembre, al desahucio de una mujer de 52 años y de su hija de 15.
La actual legislación obliga a los servicios sociales del consistorio y a la Consejería de Vivienda del ejecutivo autonómico a ofrecer una vivienda en régimen de alquiler social a esta mujer y su hija ante su circunstancia de vulnerabilidad económica, situación reconocida por el juzgado de Barakaldo.
Barakaldoko Gobernu Taldeari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen diegu emakume bati eta haren alaba adingabeari bizitegi-alternatiba bat bermatzea
Datorren ostiralean, abenduak 30, 52 urteko emakume bat eta haren 15 urteko alaba kaleratuko dituzten eraikinaren atari aurrean elkarretaratzea egingo da.
Egungo legeriaren arabera, Udaleko gizarte-zerbitzuek eta Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak alokairu sozialeko etxebizitza bat eskaini behar diete emakume horri eta haren alabari, ahultasun ekonomikoa dela-eta, ahulasun egoera hori Barakaldoko epaitegiak onartu baitu.
-Berri-Otxoak exige una solución institucional al inminente desahucio de una barakaldesa y su hija menor
–Exigen una alternativa habitacional ante el desahucio de una mujer y su hija menor en Barakaldo
–Protesta en Barakaldo ante portal mujer 52 años,con una hija de 15, pendiente de inminente desahucio
Barakaldo, miércoles 14 de diciembre de 2022
La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak ha denunciado el inminente desahucio de una mujer de 52 años con una hija de 15 a cargo.
El juzgado emitió una orden de desalojo de su vivienda para el viernes 30 de diciembre, programado concretamente para las 9.15 horas.
Ante este hecho, activistas sociales de Berri-Otxoak, se han concentrado este miércoles 14 de diciembre ante portal donde reside esta mujer para reivindicar el “derecho a una vivienda digna y contra los desahucios.”
En este contexto, cabe señalar que políticos del equipo de gobierno firmaron el pasado 2 de diciembre en el Palacio Euskalduna el “Pacto Social por la Vivienda 2022-2036”. En concreto, el presidente de “Eretza, Sociedad municipal de Gestión Urbanística” Juan Antonio Pizarro y el segundo teniente de alcalde Carlos Fernández.
Pasados 10 días se demuestra que su única prioridad era salir en la “foto” mientras vulneran, aquí y ahora en Barakaldo, el derecho a una vivienda digna e incumplen todos los protocolos de actuación ante la situación de desahucio de una mujer desempleada de 52 años, perceptora del Ingreso Mínimo Vital y de su hija de 15 años.
La plataforma barakaldesa contra la precariedad y la pobreza denuncia, una vez más, que “Ayuntamiento de Barakaldo y la Consejería de Vivienda, al no dar los pasos necesarios, desentenderse y no ofertar ninguna alternativa habitacional, incumplen las resoluciones de obligado acatamiento de las Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que exigen garantizar el acceso una vivienda cuando afecte a familias en situación de vulnerabilidad económica y, especialmente, cuando hay afectadas menores de edad”.
El colectivo contra la exclusión social denuncia que tanto los servicios sociales del gobierno local como Alokabide, “no atienden la demanda de una solución a este nuevo desahucio, pese a las solicitudes planteadas por la mujer, amenazada con quedarse en la calle”.
“Ni el Equipo de Gobierno del consistorio fabril ni el Gobierno Vasco han ofrecido hasta la fecha ninguna alternativa habitacional, como exige la actual ley, a esta mujer y su hija menor de edad, quienes cuentan con un informe de vulnerabilidad acreditado por el juzgado de Barakaldo”.
La mujer afectada “lleva varios meses intentando que los recursos municipales o el Servicio Vasco de Vivienda reconozcan su dramática situación e inminente desahucio y observen su derecho a una vivienda en régimen de alquiler social, como marca la actual legislación”.
“Nuevamente se comprueba que es papel mojado la normativa antidesahucios aprobada en 2013, a raíz de la muerte hace 10 años de la vecina de la localidad Amaia Egaña, por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, y renovada en el mes de febrero del 2019”.
De acuerdo al compromiso de actuación para estas situaciones, los servicios sociales de base están obligados a “dar una respuesta y una tramitación urgente para el acceso inmediato a una vivienda de alquiler social” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio y a garantizar un alojamiento con carácter prioritario.
Berri-Otxoak recuerda que cada semana se producen una media de cuatro desalojos en Barakaldo, localidad que ya acumula más de 2.027 desahucios desde que, hace 10 años, el 9 de noviembre de 2012, se quitara la vida la vecina Amaia Egaña en el mismo momento en el que comitiva judicial procedía a ejecutar su desahucio de su piso en el barrio del Desierto.
