Voz nº1996

La destrucción a manos de la guerrilla de varios campamentos paramilitares al sur del Tolima y La Secreta, Pavarandó, desata la ira de las bandas al mando de Carlos Castaño. Se dispara el desplazamiento.

El clima de guerra que vive el país tiende a agudizarse en la medida que gana legitimidad el despeje de cinco municipios a iniciativa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La población civil continúa siendo blanco del paramilitarismo, disparándose de esa manera el fenómeno del desplazamiento en el país.
Mientras en Cali caía asesinado otro sindicalista vinculado a las Empresas Municipales, en el Tolima las amenazas de muerte contra los trabajadores llegaba al extremo de acompañarse con el envío de féretros vacíos.
Entre tanto, en una ofensiva sin precedentes, las FARC destruyeron varios campamentos paramilitares al sur del Tolima -exactamente en Rioblanco, donde hace más de 30 años nació ese reducto insurgente-, y Pavarandó, Urabá Antioqueño, con saldo de unos 30 integrantes de las llamadas autodefensas muertos. Al sur de Bolívar fue denunciado el sobrevuelo de varias aeronaves al servicio del paramilitarismo disparando contra todo lo que se moviera en el suelo.
Los paramilitares produjeron los últimos días la masacre de 13 personas en Yolombó, Antioquia, en tanto que al sur de Bolívar, la iglesia y las escuelas de Río Viejo atendían unos 3.000 labriegos que huyen de los enfrentamientos que sostienen guerrilleros y bandas paramilitares que, según el Defensor del Pueblo del Magdalena, Julio César Ardila Torres, arrojaban 22 víctimas.
Otros 10.000 habitantes de zonas rurales de Arenal, Altos del Rosario y San Martín de Loba, entre los municipios de la serranía de San Lucas, se encaminan hacia Río Viejo. Medio centenar de desplazados se tomaban las instalaciones del colegio Vicente Ondarza, de Morales, provenientes de las veredas de Arcadia y Libertador.
En San Calixto, Norte de Santander, se registraba un nuevo éxodo campesino tras el secuestro y posterior asesinato del alcalde de local, Henry Alonso Machado, cuyo cadáver presentaba señales de tortura adjudicadas a los paramilitares.

“Paras” aéreos

Moralito, municipio de Morales, Bolívar, se mantenía bajo control de paramilitares que montaron un retén, impidiendo desde el 7 de noviembre la movilización de la gente, con grave desabastecimien-to alimentario, y varios secuestrados. Ese día otro grupo paramilitar incursionó en la Inspección de Buena Vista, municipio de Arenal, departamento de Bolívar, y un día después atacó el corregimiento de Carnizal. Sus habitantes se desplazaron hacia la cabecera municipal y el corregimiento de San Rafael. Varias viviendas resultaron averiadas por los bombardeos realizados.
Los habitantes del corregi-miento de Pueblito Mejía fueron obligados a desplazarse hacia las regiones cercanas. Estas mismas agrupaciones hacen presencia en Tiquisio y los corregimientos de Coco Tiquisio y La Pacha, incursionando en jurisdicción de Altos del Rosario, Bolívar, con saldo fatal de un número indeterminado de personas.
En Simoita , distante a unos dos kilómetros de Moralito, asesinaron varias personas, entre ellas Ramón Quintero, de 75 años. Según trascendió, un helicóptero al servicio de los paramilitares sobrevoló la zona, lanzando panfletos intimidatorios contra la población, y bombas incendiarias contra presuntos blancos guerrilleros.
El gobierno nacional fue responsabilizado de las violaciones a los derechos humanos en el Sur de Bolívar, por incumplimiento de los acuerdos pactados al término del éxodo campesino del Magdalena Medio, comprometiéndose a combatir y perseguir a los grupos paramilitares de la región y de implementar medidas de protección y seguridad para sus habitantes. Las Fuerzas Militares y de Policía —Segunda y Quinta Brigadas, y los batallones Nariño, Galán y Guanes—, son acusados por la comunidad de complicidad.
El Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzoso y Derechos Humanos, Sisdes, sostiene que unos 60.000 colombianos, en su mayoría mujeres y niños de las zonas rurales, enfrentan la posibilidad de ser desplazados en los próximos meses como consecuencia de amenazas en 84 municipios de 16 departamentos en donde se imponen el terror y la muerte.
El estudio, realizado a iniciativa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, y difundido por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, alerta a las autoridades sobre el peligro inminente en diversas zonas que se podrían transformar en escenarios de violencia.
El sur de Bolívar, escenario de intensos enfrentamientos las últimas semanas entre el ELN y las FARC con paramilitares y Sucre, Magdalena Medio, la Sierra Nevada de Santa Marta, la serranía del Perijá y el sur de la Guajira, son consideradas regiones de alto riesgo de generar nuevas masas de desplazamiento poblacional.
Casos similares se presentan en Córdoba, Urabá, Chocó, Arauca, Casanare, Cundinamarca, Meta, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putu-mayo y eje cafetero, amenazando con alcanzar zonas del Cauca, algunas de cuyas regiones alertaron sobre el paso de núcleos paramilitares.
Y es que el fenómeno del paramilitarismo llega a extremos sorprendentes. Gustavo Adolfo Upegui López, el principal accionista del Club Envigado, uno de los oncenos de más reciente conformación en el mundo profesional del fútbol, fue privado de su libertad al término de un encuentro con el Independiente Santa Fe.
La unidad de derechos humanos de la Fiscalía lo requirió para que responda por presunta conformación y auspicio de grupos paramilitares, así como por el secuestro y desaparición de varios de los captores de sus hijos, uno de ellos el campeón de bicicross, Andrés Felipe, menor plagiado y liberado a finales del 95.

Líder deportivo, vinculado a “paras”

Según trascendió, Upegui López habría establecido cierto liderazgo entre las bandas delin-cuenciales que quedaron a la deriva tras la muerte de Pablo Escobar Gaviria, varias de las cuales establecieron nexos con los jefes de las llamadas Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil.
Una de las bandas más temerarias, “La Terraza”, estaría implicada en el robo de 10.000 millones de pesos de las bodegas de la empresa de valores Brinks, y varios de cuyos integrantes, además, habrían participado en el asesinato de los investigadores del Cinep Mario Calderón y su esposa Elsa Alva-rado, en hechos en los cuales también perdió la vida Carlos Alvarado, padre de la comuni-cadora social. V

Becerril, Cesar.

UNA MASACRE CON SELLO OFICIAL

Entre las ocho víctimas que arroja la incursión paramilitar contra Estados Unidos, corregimiento de Becerril, cayó Alexis Hinestrosa, promotor de salud y uno de los dirigentes comunistas más destacados del Cesar. Desde hacía un par de años había tenido que trasladar su residencia de Valledupar a raíz del recrudecimiento de las amenazas y atentados contra su vida.
Hacia la 1:30 de la tarde del “puente” festivo del 15 de noviembre anterior, una docena de hombres fuertemente armados que se movilizaban a bordo de dos vehículos llegó hasta el mencionado corregimiento de las estribaciones de la Serranía del Perijá, de tradicional influencia del Partido Comunista, escogiendo a sus víctimas de un listado que llevaban consigo.
Alexis Hinestrosa, quien a comienzos de ésta década se desempeñó como diputado por la Unión Patriótica por ese departamento, fue uno de los primeros en ser asesinado, seguido de Diosnel Santiago, veterano dirigente del magisterio. Hasta el cierre de ésta edición se nos había imposibilitado conocer las identidades de las restantes seis víctimas.
La política es de tierra arrasada. Hace un año había sido asesinado en Becerril otro ex diputado upecista, Víctor Ochoa, de gran reconocimiento en tan convulsionada región.
Descolla la responsabilidad de las autoridades civiles y militares en la comisión de la masacre. Desde éstas páginas, durante el gobierno de César Gaviria, tuvimos oportunidad de destacar la entrevista sostenida el 14 de abril por los representantes comunistas y de la U.P. con el entonces ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana.
Correspondió a Aída Abella, Hernán Motta, Manuel Cepeda y Jaime Caycedo —Aída y Motta en el exilio, Cepeda asesinado siendo senador—, exigir garantías del establecimiento para la preservación de la integridad física de una docena de luchadores populares, entre los cuales figuraban Hinestrosa y Santiago.
En aquella oportunidad se acusó directamente al batallón La Popa, asentado en Becerril, de desatar la feroz persecución contra los dirigentes y activistas comunistas de la región, varios de los cuales habían sido detenidos sin justa causa.
Todo parece indicar, entonces, que desde esos días las actuaciones de los militares marcaron con la pena capital el destino de Alexis Hinestrosa y Diosnel Santiago. V

EXILIO PARA ASESOR DE LOS INDIGENAS

Tomado de la agencia de noticias Anncol-Héctor Mondragón Báez, destacado investigador y economista, asesor de la Organización Nacional Indígena en materias tan espinosas como la pelea de las comunidades U’wa y Zenú contra multinacionales energéticas, tuvo que abandonar el país de manera precipitada como consecuencia del acecho de fuerzas hostiles.
El hostigamiento contra Mondragón Báez, quien en el pasado se desempeñó como periodista de planta de VOZ y director del Centro de Investigaciones Sociales, Ceis—Inedo, recrudeció en la medida que la ONIC ganó la demanda de tutela ante la Corte Constitucional contra el proyecto hidroeléctrico de Urrá 1, el cual debió suspender las labores de llenado de la presa, en beneficio de la comunidad Embera Katío y cientos de familias pescadoras que exigían garantías de subsistencia por el impacto negativo de las obras en el ecosistema.
Las acciones judiciales molestaron hasta a las agrupaciones paramilitares lideradas por Carlos Castaño, las cuales convirtieron en objetivo militar a un grupo de líderes zenú y al antropólogo Efraín Jaramillo, también asesor de la ONIC.
Según el autor de “El socialismo otra vez” —uno de los más recientes libros de Héctor Mondragón—, las amenazas en contra suya y de su familia se originan en el caso de Urrá: “creo que apuntan a romper la política seguida por la ONIC en los últimos dos años, y a negarle a los indígenas la posibilidad de luchar por el derecho constitucional a la autonomía política”.
La multinacional petrolera Oxy, por su parte, se vio forzada a frenar las labores exploratorias en territorio U’wa, como igual han tenido que hacerlo los de la Shell enfrentados a los indígenas de Villagarzón, en tanto que los aborígenes Nukak Makú, del Guaviare, lograron ampliar su resguardo, pisando más de un callo.
Fenómenos de lucha nacionalista que explican en buena parte el exterminio selectivo de 261 indígenas y el destierro de sus amigos cercanos desde la Constitución de 1991, la cual reconoció a las minorías étnicas en el país.