Una oportunidad para la paz

Belén Meneses (Kaosenlared)

La búsqueda de la paz conlleva sacrificios y renuncias que casi nunca suelen colmar todas las expectativas de las partes implicadas. Que se lo pregunten a quienes perdieron la Guerra Civil, que después de resistir una dictadura interminable sustentada en persecuciones, torturas y asesinatos, debieron renunciar a la justicia en pos de la reconciliación nacional y una restauración pacífica de la democracia. Es fácil comprender la decepción de quienes pasaron años de su vida encarcelados cuando se hizo evidente que los responsables de su sufrimiento quedarían impunes, o la contrariedad de los exiliados republicanos cuando, tras largos años de forzoso destierro, regresaron a su tierra y se encontraron con los antiguos represores reconvertidos en demócratas y ocupando cargos públicos, sin haberse retractado de sus crímenes ni haber mostrado signos de arrepentimiento. ¿Alguien preguntó entonces a las viudas de los rojos si les importaba seguir ejerciendo el silencio impuesto durante años para favorecer el pacto de reconciliación? ¿Acaso se consultó con los huérfanos si el nuevo Estado democrático debía eximir de sus crímenes a los asesinos de sus padres? ¿Quién se dirigió a la familia de Julián Grimau para solicitar su parecer acerca de nombrar ponente en el proceso constitucional a quién fue integrante del Consejo de ministros que condenó a su hijo, hermano o sobrino a la pena de muerte? Entonces ninguna Asociación de Víctimas del Franquismo intentó hacer uso de su legítimo sufrimiento para actuar como interlocutores políticos, y la mitificada transición democrática se construyó sobre el olvido, las renuncias y los sacrificios de quienes habían sido castigados por la dictadura franquista.

Hoy, los mismos que acusan de reavivar el enfrentamiento, reabrir las heridas y buscar la venganza a quienes sólo pretenden justo reconocimiento para los hombres y mujeres que defendieron la legalidad constitucional o aspiran a descubrir las fosas donde se encuentran los restos de sus seres queridos, niegan a la sociedad española la oportunidad de avanzar hacia un proceso de pacificación que ponga fin a la violencia que tanto sufrimiento ha causado en nuestro país. Paradójicamente, quienes consideran ejemplar el proceso emprendido al final del franquismo que condenó al ostracismo y la indiferencia a las entonces víctimas, obstaculizan ahora cualquier conato de diálogo que propicie un acuerdo que permita explorar el camino hacia la paz. ¿Acaso no merecen todas las víctimas la misma consideración? ¿Cuándo prescribe el dolor de quienes han sufrido la pérdida violenta de un ser querido? ¿O tal vez es que esta derecha reaccionaria, cavernícola y patética que se benefició de la impunidad pactada durante la Transición nunca ha considerado víctimas a los represaliados por Franco y sus acólitos?

La práctica habitual de la hipocresía, la deslealtad y el doble rasero conducen al partido que lidera Mariano Rajoy a negar al Gobierno actual lo que ellos, y todos los gobiernos democráticos, hicieron cuando se les presentó la oportunidad. Dar los pasos necesarios para propiciar el final de la violencia es mucho más que una atribución del Gobierno de turno. Es una obligación que debe ser prioritaria en la política nacional de quienes han sido designados por los ciudadanos para dirigir el Estado, y si el Gobierno actual considera que se dan las condiciones oportunas para emprender un proceso que lleve a la pacificación de Euskadi, sin duda merece la misma oportunidad de intentarlo que en su día tuvieron los Gobiernos de Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar, sin que nadie, ni la oposición, ni los ciudadanos, ni las asociaciones de damnificados, les acuse de traicionar a los muertos, someterse a los designios de ETA o abandonar a las víctimas.

Hemos escuchado al presidente Zapatero hablar de expectativas de paz, de la búsqueda del fin de la violencia, de futuro, de diálogo o de consenso, pero no recuerdo ninguna declaración apuntando que “sabrá ser generoso” con el “Movimiento Vasco de Liberación” si este abandona las armas, a pesar de lo cual ha sido acusado poco menos que de ser un rehén en manos de los terroristas. Siempre han sido excarcelados miembros de ETA que han cumplidos sus condenas de acuerdo con el código penal vigente en su momento. El actual Gobierno no se ha sacado de la manga una nueva fórmula para excarcelar terroristas. Afirmar lo contrario es disparatado, absurdo y provocador, como lo es retar al presidente del Gobierno a un debate televisivo para convertir en su propio espectáculo electoral un asunto que requiere la máxima prudencia y discreción por parte de todos los implicados.

No hace falta ser un lince para entender que la estrategia política del Partido Popular tiene como primera y única aspiración solventar lo que consideran la gran injusticia del 14 de marzo, para lo que no tienen reparo alguno en mentir, exagerar, enfrentar y manipular, pero utilizar la política antiterrorista para recuperar el poder es despreciable, indigno, miserable y mezquino. Es una actitud irresponsable y rastrera que sus electores, aquellos que no se identifiquen con la extrema derecha, debieran reprochar a un partido que se revuelve ante la posibilidad de carecer de argumentos al quedarse sin víctimas a las que manipular, en el hipotético caso de que la política antiterrorista del Gobierno diera los frutos esperados.

Si hay una posibilidad para la paz, aunque esta sea mínima, sobre el Gobierno recae la responsabilidad de aprovecharla. Cierto que corresponde al Estado asistir y amparar a las víctimas, a todas las víctimas, y por supuesto que el Gobierno debe imponerse el deber moral de permanecer a su lado, atenderlas, honrarlas y reconfortarlas, pero ante todo tiene la obligación de procurar que la violencia terrorista no provoque más víctimas a las que atender, honrar y reconfortar. Esa sería sin duda la mayor victoria de la democracia.