Las 20 víctimas fueron secuestradas en diferentes zonas de España y obligadas a viajar en patera hasta nada menos que la playa de La Chanchulla, en la provincia de Almería.
Desnutridos y agotados, de allí vagaron por campos de cultivo donde jornaleros y otros bandoleros se negaron a contratarles.
Hacinados por la mafia de trabajadores, los 20 empresarios fueron recluidos en un piso de protección social que era llamado “el zulo inmundo del tío Raimundo”. “Aún resuenan en mi interior sus atroces voces”, rememora entre lágrimas unos de los secuestrados.
“Qué horror, qué horror”. “Y tanto”, añade otra víctima, “hemos vivido un holocausto, incluso dos”. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró nada más conocer la noticia que, por lo que parece, en España “hay una realidad oculta y siniestra a la que vamos a poner freno. Este gobierno siempre estará al lado de las víctimas”.
El ministro de Interior, José Antonio Alonso, dispuesto a poner toda la carne en el asador hasta que huela a chamusquina: “No vamos a permitir que siempre sean los mismos los que sufren las mayores de las injusticias. Esas redes mafiosas que se lucran con estas personas tienen sus días contados, porque el peso de la ley va a caer sobre ellos, y, lógicamente, perecerán aplastados”.
Los detalles del cautiverio son espeluznantes. En el viaje en patera, muchos de los empresarios perdieron valiosas prendas con las que protegerse del frío. En su peregrinaje por tierras almerienses, muchos vieron estropearse sus zapatos e incluso algunos padecieron callos y fatiga.
Las condiciones de vida en el “zulo inmundo del tío Raimundo” no fueron mejores. El recinto era un simple piso de protección oficial, sin decoración ni buen gusto.
Algunos empresarios fueron obligados a trabajar en la calle vendiendo objetos de escaso valor o aceptando ofertas tortuosas.
Como salario, la mayoría recibían el mínimo. En el terror, dos de los secuestrados fueron obligados a percibir una pensión de viudedad. Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma a la Guardia Civil. "Pues sí. Nunca me he fiado de esos magrebíes que trafican con empresarios. Cuando los ví, le dije a mi marido: ’me parece que esos son magrebíes que explotan a empresarios’. Luego vimos a unos cuantos pobrecitos, que parecían empresarios y ya establecimos el círculo inductivo deductivo".
La JETA, Junta Empresarial Textil Asociada a la que pertenecen varios de los secuestrados, ha pedido al Gobierno voluntad para acabar con una realidad “que desborda lo imaginable y se ha convertido ya en inimaginable”.
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