Hemos corregido algunos datos inexactos de la entrevista. El texto tal como se ha publicado en La Verdad puede leerse en este enlace. Nota de Tortuga
El grupo Tortuga celebra el 20 aniversario de la primera presentación de insumisos al servicio militar obligatorio
S. MARTÍNEZ ALICANTE
Para las nuevas generaciones, aquello del servicio militar obligatorio -la mili, como siempre se ha conocido popularmente- suena lejano, muy lejano. Desde que se suprimiera en el año 2001 durante el último mandato del ex presidente del Gobierno José María Aznar, sólo los que vivieron esta experiencia la recuerdan. Algunos para bien, como una época de camaradería y profesionalización, otros sin embargo sufrieron persecuciones y fueron encarcelados por rechazarla, siguiendo sus convicciones antimilitaristas.
Estos últimos, celebran estos días el 20 aniversario de la primera presentación de insumisos al servicio militar obligatorio, como explica Pablo San José, un ilicitano que no aceptaba la mili ni las prestaciones sociales sustitutivas por entenderlas como «una legitimización del ejército».
«En el año 1989 -rememora-, tras la creación por parte del Gobierno de la Ley de Objeción de Conciencia que establecía la realización de tareas al servicio de la comunidad buscando una solución ante los miles de objetores que había en ese momento, como respuesta surge la campaña de Insumisión. Pero un importante grupo de ellos nos negamos a llevar a cabo esas prestaciones sustitutivas porque las considerábamos una forma de callar nuestras pretensiones de acabar con el ejército, y por ello lo desobedecíamos».
En su caso, cuando fue llamado a formar filas, a mediados de los años 90, se hizo objetor. «Desempeñaba por cuenta propia labores de voluntariado en programas en barrios desfavorecidos del Ayuntamiento de Elche, y ya llevaba años haciéndolo. ¿Qué sentido tenía hacer por obligación algo que ya hacía desde hacía años?», dice.
La insumisión estaba tipificada como delito y las penas iban, como mínimo, desde los dos años, cuatro meses y un día de cárcel hasta los seis años. Para conocer bien sus derechos y consecuencias legales de sus acciones, Pablo decidió informarse y conoció al Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC).
«Recuerdo todo ese proceso como algo muy bonito, porque siempre me sentí muy arropado. No nos escondíamos y cuando los jueces nos llamaban a declarar, se presentaba, además del acusado, un colchón humano formado por otras personas autoinculpándose, amigos y familiares que entendían que llevar a la cárcel a un joven por negarse a realizar las tareas sustitutorias era poco menos que una locura».
«Los jueces -añade- se veían entre la espada y la pared. Ellos tampoco entendían el tener que juzgar a alguien inocente que sólo quería mejorar la sociedad, pero como debían hacer cumplir la ley, solían imponernos penas mínimas por debajo de un año de cárcel mediante triquiñuelas legales, y así no nos veíamos obligados a ingresar en prisión».
Pablo tuvo suerte y su condena de dos años, cuatro meses y un día de prisión nunca llegó a ejecutarse, pero no todos los jueces entendían esas posturas antimilitaristas y cerca de 2.000 insumisos fueron encarcelados a lo largo de 10 años en toda España. «En la provincia de Alicante fue especialmente conocido el caso de un cura de Elche, que cumplió la pena de dos años, cuatro meses y un día en la prisión militar de Alcalá de Henares, en Madrid», explica.
Muchos se libraron de la cárcel, ciertamente, pero la represión se mantuvo. «Se nos inhabilitó -manifiesta San José-, por ejemplo, para trabajar como funcionarios. El objetivo era invisibilizarnos». La siguiente actuación que emprendieron los antimilitaristas en su lucha contra el ejército fue aceptar el servicio militar obligatorio y, el primer día, desertar. «Así nos juzgaban por el código militar y la crítica al ejército pasaba a ser más directa», manifiesta.
Una sociedad sin armas
En la actualidad, no existe el servicio militar obligatorio y con él desaparecieron la objeción de conciencia y los insumisos, no en vano, los grupos antimilitaristas se mantienen para denunciar «las incursiones del ejército español en guerras con motivos poco confesables» y para reivindicar «una sociedad sin ejércitos y en paz» mediante la «concienciación, la educación y otras movilizaciones pacifistas».
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