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La
Plataforma en defensa del ferrocarril se ofrece como un espacio abierto a
cuantas personas y organizaciones deseen ocuparlo libremente. Se
constituyó como foco de resistencia pública frente a la pretensión
privatizadora oficial que amenaza al ferrocarril convencional al tiempo
que impone la Alta Velocidad. Estas políticas ponen en juego la
viabilidad de un medio que, aparte de su importancia histórica y
cultural, posee probadas ventajas para el transporte de las gentes y
mercancías, así como las medioambientales.
La
campaña antiferroviaria emprendida por el Gobierno de turno en 1985 que
significó el cierre de más de 2000 kilómetros de líneas, y su
continuación en los años siguientes con la supresión de otros 3000
kilómetros, son la evidencia de que el modelo de desarrollo vigente
aparta al ferrocarril el papel que le corresponde como servicio público.
La actual marea privatizadora prosigue esa política de desmantelamiento,
amenazando con eliminar cualquier trazado que no se someta a los duros
criterios de la rentabilidad del mercado. Es una política que favorece
descaradamente al automóvil y crea graves consecuencias sociales,
medioambientales y territoriales.
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