MUNICIPIO AUTÓNOMO EN REBELDÍA
RICARDO FLORES MAGÓN
23 de febrero del 2002, Chiapas, México.
A la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos.
Al Pueblo de México.
A los Pueblos del Mundo.
A la Prensa Nacional e Internacional.
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional.
A los gobiernos federal y estatal.
Hermanos y hermanas:
Queremos informarles y denunciar el nuevo intento del mal gobierno
mexicano para desalojar a nuestras comunidades indígenas de la Reserva
Integral de la Biosfera de Montes Azules (REBIMA) y de la llamada Zona
Lacandona, queremos denunciar las artimañas que el gobierno esta tejiendo
para continuar su guerra contra las comunidades en resistencia ahora con el
pretexto de las zonas reservadas y queremos repetirle a los malos gobiernos
federal y estatal que las comunidades indígenas de Ricardo Flores Magón no
vamos a permitir ni el desalojo, ni la reubicación de nuestras comunidades,
las vamos a defender como territorios de nuestro pueblo indígena.
La negación y el olvido
Nuevamente decimos ¡Ya Basta! de que el mal gobierno esté planeando y
armando planes de reubicación y desalojo en contra de las comunidades
indígenas y rebeldes. ¡Ya Basta! porque a nosotros nadie nos tomó en cuenta
ni nos preguntaron en 1972 cuando al Presidente de la República se le
ocurrió entregar nuestras tierras a un puñado de familias Caribes creando
un latifundio de 614,321 hectáreas llamado Zona o Comunidad Lacandona,
nadie nos pregunto cuando en 1978 otra vez entregaron 331,200 hectáreas a
la REBIMA debido a la voluntad presidencial que no tomó en cuenta a
quienes allí vivíamos, a quienes años teníamos solicitando nuestro derecho
agrario heredado por Zapata, ni tomó en cuenta el derecho colectivo de los
pueblos indígenas sobre sus territorios. El gobierno ha saqueado estas
tierras desde hace muchos años, ha permitido la entrada de empresas
madereras, de Pemex y hoy dice preocuparse por la ecología.
Ellos, los malos gobiernos nunca miraron a quienes le pertenecían esas
tierras por derecho histórico, por derecho colectivo, es decir a nosotros
los indígenas tseltales, choles, tojolabales y tsotsiles del estado de
Chiapas, los más primeros. A los malos gobiernos tampoco les intereso
cuantos esfuerzos, recursos, esperanzas y sueños de las comunidades
indígenas solicitantes tiraron al olvido al decretar la Zona Lacandona y la
Reserva de Montes Azules, porque años llevábamos trabajando y solicitando
esas tierras y no les importó que nuestros pueblos las ocuparan en el
pasado y que nosotros tengamos la necesidad de la tierra para alimentar a
nuestras familias, para vivir como lo que somos, indígenas y campesinos, al
mal gobierno ya nada le importó.
A nosotros nunca nos ha mirado el gobierno, hoy ya nos miran pero como
ilegales, como invasores de tierras, como estorbos a desalojar, como
talamontes. El gobierno nunca nos miró cuando teníamos el derecho en
nuestras manos, cuando legalmente le solicitamos la tierra, sexenios
pasamos solicitando esas tierras y nadie nos vio, nadie firmo nuestras
solicitudes, ni recordaron el derecho del campesino a las tierras, ni el
derecho de los pueblos indígenas al territorio. Pero un Presidente en un
par de días firma una resolución de reserva que inventaron de la nada,
después de la firma nos miraron en los años 80's y desalojaron a decenas de
comunidades y amenazaron a cientos de comunidades indígenas que poblamos
estas tierras desde los años 50's y 60's.
Otra vez nadie nos consulto, ni nos tomaron en cuenta para traicionar la
Revolución de 1910 al reformar el Artículo 27 de la Constitución,
traicionando con ello la lucha zapatista de los más primeros, otra vuelta
nos olvidaron y excluyeron, nadie nos pregunto si queríamos esa reforma con
la que nunca hemos estado de acuerdo. Con esta traición llegó nuevamente la
cancelación y negación legal de nuestro derecho campesino a las tierras,
nuestros sueños y esperanzas agrarias. Por eso hoy no reconocemos ninguno
de estos decretos y reformas.
Nosotros aquí seguimos gracias a la organización de las comunidades en
contra de los decretos, de su organización para dar vida al Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de su valor para levantarse en
armas en 1994, gracias a su resistencia y justa lucha hoy aquí seguimos,
resistimos y por eso, porque es nuestro derecho constitucional (Antiguo
art. 27) histórico y colectivo no vamos a negociar nuestros territorios, ni
permitiremos el desalojo de nuestras tierras y territorios que hoy
trabajamos, en los cuales vivimos y nacemos nuestra cultura.
Hoy el mal gobierno repite la historia de negaciones y olvidos en un marco
de guerra silenciosa y de extermino contra los indígenas de estas tierras,
de todas las tierras. Nuevamente en el año 2001 hacen reformas
constitucionales traicionando los acuerdos internacionales sobre el derecho
de los pueblos tribales e indígenas como el acuerdo 169 de la OIT,
traicionando los Acuerdos de San Andrés pactados en 1996 con el EZLN y
apoyados por todos los pueblos indígenas del país y por amplios sectores de
la sociedad mexicana como se mostró en los encuentros del Congreso Nacional
Indígena (CNI), en la Consulta Nacional de 1999 y en la Marcha del Color de
la Tierra en el año 2001. Hoy nuevamente nos miran como ilegales, como
invasores, como delincuentes y nuevamente nos amenazan con la violencia, la
persecución, el desalojo, la cárcel y la mala muerte, hoy solo miran en sus
leyes lo que les sirve para estos fines, pero nunca han de mirar nuestro
derecho.
Hoy lo decimos claro, las comunidades que se encuentra dentro de las
llamada Zona la Lacandona y en la REBIMA ya se encontraban en sus tierras o
habían solicitado su derecho agrario antes de estos decretos y reformas.
Las comunidades que en los últimos años han tomado posesión de sus
legítimas tierras y territorios y que han hecho sus centros de población
han sido forzadas a hacerlo debido a la creciente militarización de sus
comunidades originales, debido a la persecución, militar, paramilitar,
judicial y a las propias amenazas de quitarles sus tierras. En otras
palabras son desplazados de guerra. Es el propio gobierno el que ha
provocado que cada día más gente entre a tomar su derecho a la tierra en la
Zona Lacandona y en la Reserva.
Una historia de violencia y mentiras
1) Las tierras de la Selva Lacandona fueron pobladas desde los tiempos
históricos por distintos pueblos indígenas como lo demuestran las ruinas de
nuestros antepasados. En 1524, al momento de la Conquista y la colonización
española, en estas tierras habitaba un pueblo llamado Lacandones. Los
Lacandones verdaderos.
2) El pueblo Lacandon verdadero, un pueblo digno, rebelde y guerrero
resiste y combate contra los conquistadores por mas de 150 años hasta que
el último lacandon verdadero muere en 1695.
3) Desde la muerte de los lacandones verdaderos los gobiernos coloniales y
después nacionales permiten la explotación de la selva en manos de
finqueros y latifundistas privados que sacan la madera en las monterías
explotando a los indígenas tseltales y choles que traen a trabajar en
condiciones casi de esclavitud, miles de ellos mueren en la selva debido a
las miserables condiciones de vida, al exceso de trabajo y al maltrato.
4) En 1700 un grupo de indígenas caribes procedentes de Campeche y Mérida
llegan a la Selva Lacandona. Este grupo de indígenas no tiene problema con
los conquistadores por ser considerados gentes amables y pacificas que
obedecen las reglas del conquistador.
5) Despues de la Revolución Mexicana que le entrega a los campesinos el
derecho constitucional al reparto agrario. En los años de 1950 debido a la
presión de los campesinos que exigen sus derechos agrarios sobre las fincas
de terratenientes y finqueros en la zona altos, norte y centro del estado,
el gobierno abre los terrenos de la selva al reparto agrario para así
impedir que los terrateniente sean afectados por el reparto.
6) A partir de esos años hasta finales de los 70´s se da un proceso de
colonización indígena en la selva. El poblamiento se da sin ninguna
planeación y apoyo de los gobiernos, los indígenas son enviados sin nada, a
su propia suerte para enfrentarse con una selva que parece tragárselos. Los
indígenas provienen de las zonas norte, altos y centro donde fueron peones
acasillados de las fincas cafetaleras y ganaderas a causa de la miseria
económica, de la falta de tierras productivas y a la violencia de finqueros
y guardias blancas.
7) Desde su llegada a la selva cientos de las comunidades indígenas que se
forman en la Selva Lacandona presentan sus solicitudes agrarias. Las
comunidades esperan y trabajan durante años para gestionar sus tierra sin
recibir respuesta del gobierno.
8) En 1963 el gobierno otorga nuevas concesiones para sacar las maderas
principalmente a. Aserraderos Bonampak , Maderera Maya y COFOLSA. También
se inician las exploraciones y excavaciones de Pemex en toda la zona selva
y se abren los primeros pozos petroleros en Ocotal, Villa la Rosa y Nazareth.
9) Las 66 familias de caribes se agrupan en tres poblados (Metzabok, Nahá y
Lacanjá Chansayab) el día 3 de abril de 1971 presentan sus solicitudes
agrarias para ser dotadas de 10 mil hectáreas entre las tres.
10) Tan solo ocho meses después de que los caribes presentan su solicitud
el gobierno de Luis Echeberría las dota con 614,321 hectáreas de tierra que
llama Comunidad Lacandona. El proceso para decretar la comunidad Lacandona
está lleno de irregularidades.
a) El gobierno le cambia el nombre de caribes por Lacandones e intenta
presentarlos como los descendientes directos de los Lacandones verdaderos
que mueren en 1695 y que defendieron con dignidad su territorio y cultura.
b) De los tres poblados, Nahá y Metzabok están fuera del polígono de los
terrenos comunales de los que fueron dotados.
c) El tramite completo solo dura ocho meses, mientras comunidades que
llevaban más de 15 años solicitando las tierras son ignoradas.
d) Los caribes reciben 604 mil hectáreas de más de lo que habían solicitado.
e) El decreto no toma en cuenta que para 1972 ya existían 17 comunidades
con derechos ejidales, que más de 30 comunidades ya habían presentado
solicitudes de dotación y que más de 20 comunidades tenían solicitudes de
ampliación sobre los terrenos de la Zona Lacandona. Es decir que no tomo en
cuenta que en esas tierras había más de 60 comunidades con derechos y con
solicitudes agrarias anteriores al decreto y a la solicitud de los caribes.
f) El decreto dota tan solo a 66 familias caribes e ignora la presencia de
más de 1,500 familias tseltales, choles, tsotsiles y tojolabales. Sin
embargo el decreto respeta a dos latifundios privados.
11) Las comunidades indígenas afectadas por el decreto empiezan a
organizarse para la defensa de sus territorios. Se forman varias
organizaciones indígenas independientes como la Quiptic ta Lecubtesel.
12) En 1975 inicia la represión de los gobiernos federal y estatal para
desalojar a las comunidades indígenas y golpear a las organizaciones
independiente que se encuentran defendiendo sus tierras dentro de la Zona
Lacandona. Miles de familias y al menos 21 comunidades son hostigadas, son
quemadas sus casas y forzadas a reubicarse en los poblados de Nueva
Palestina y Frontera Corozal. La comunidades de la Quiptic resisten el
desalojo.
13) En 1977 cientos de familias deciden regresar a sus antiguas tierras.
La represión de los gobiernos en contra de las comunidades indígenas que
resisten se crece, se forman guardias blancas y el ejército mexicano
interviene en varias ocasiones.
14) En vez de resolver el problema y dar justa respuesta a las comunidades,
el gobierno continúa afectándolas ahora con el decreto de la REBIMA con una
extensión de 331,200 hectáreas. Un 30% de las hectáreas de la REBIMA se
encuentran fuera de la Zona Lacandona y afectan a más comunidades indígenas
con derechos ejidales y solicitudes agrarias que antes no estaban afectadas
y además se establece un área de amortiguamiento que rebasa las 900,000
hectáreas y que afecta a cientos de comunidades indígenas de la región
restringiendo sus derechos agrarios y cancelando las solicitudes
pendientes. La resistencia de las comunidades se hace más grande, aparecen
más organizaciones independientes, se forma la Unión de Uniones y la
represión de los malos gobiernos también se hace más grande. En el mismo
año se expide el decreto presidencial que considera al Río Tulijá como zona
de protección forestal afectando principalmente al Ejido San Jerónimo Tulijá.
15) Ante el olvido, la represión, la violencia y la pobreza extrema nace el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el corazón de la Selva Lacandona.
16) En 1985 el gobierno se da cuenta que las comunidades caribes de
Metzabok y Nahá quedan fuera de la Zona Lacandona y le agrega 7,627
hectáreas más al decreto de 1972. Varias comunidades son desalojadas con
violencia de la Zona Lacandona.
17) Entre 1986 y 1989 gracias a su lucha y resistencia más de 26
comunidades reciben la regularización de sus terrenos dentro de la Zona
Lacandona y la REBIMA, sin embargo sus derechos agrarios son limitados por
las leyes de protección ambiental que operan en las áreas de
amortiguamiento y zonas reservadas. El gobierno también cede para encubrir
el creciente conflicto en la zona y minimizar los desalojos en las Zona
Lacandona más próxima al Río Usumacinta. Además se prepara el terreno a
nivel nacional para modificar el artículo 27 de la constitución. El
gobierno firma el acuerdo 169 de la OIT sobre los derechos colectivos de
los pueblos indígenas y tribales.
18) En 1991 el gobierno decreta más terrenos reservados en la zona. Ahora
la Reserva Integral de la Biosfera de Lacan'tún , el Refugio de la Flora y
Fauna de Chan'kin y los parques naturales de Yaxchilán y Bonampack que
entrega al cuidado de los indios caribes.
19) En 1992 el gobierno federal frente al descontento y negativa de cientos
de organizaciones campesinas en el país realiza las reformas
constitucionales que cancelan el reparto agrario y permiten la
privatización, embargo y afectación de tierras ejidales. Las comunidades
que al momento no han logrado la respuesta a sus solicitudes agrarias
quedan afectadas, cientos en el estado de Chiapas y miles en todo el país.
20) En 1994 las comunidades indígenas bases de apoyo zapatistas y el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantan en armas contra el
mal gobierno, entre sus principales demandas se encuentran los derechos
políticos, económicos, sociales, territoriales y culturales de los pueblos
indígenas. El EZLN toma el control total del territorio zapatista de la
selva durante más de un año recuperando los terrenos de finqueros y
terrateniente y reconociendo el derecho de las comunidades a las tierras
que les fueron negadas por los decretos de la Zona Lacandona y la REBIMA.
Dentro de estos territorios se establece la Ley Agraria Revolucionaria que
entrega las tierras en posesión colectiva y no permite la tala irracional
de Selva Alta y la venta de las riquezas naturales del pueblo indígena.
Sobre estas tierras deben de operar también los acuerdo de las comunidades
indígenas y las leyes autónomas de los gobiernos indígenas.
21) En Febrero de 1995 el gobierno federal traiciona al EZLN y ataca a las
comunidades indígenas en rebeldía con toda la fuerza del ejercito federal.
El ejército federal militariza la zona y establece más de 200 cuarteles
militares en las comunidades para iniciar la guerra contra insurgente, de
baja intensidad y empieza a formar a los grupos paramilitares. Dentro de la
zona Lacandona y la REBIMA actualmente se encuentran más de 50 posiciones
del ejército federal y aproximadamente 30 mil efectivos del ejército.
22) Con la entrada del ejército federal miles de familias de las
comunidades indígenas se ven obligadas a refugiarse en las montañas y
terrenos inhabitados. Cuando regresan a sus comunidades se encuentran con
la destrucción de sus casas y bienes materiales, herramientas de trabajo y
el robo de sus cosechas, animales y comidas. Los desplazados que regresan
son hostigados por el ejército y los grupos paramilitares. Debido a esta
situación muchas familias regresan a sus lugares de refugio y poco a poco
se forman nuevos núcleos de población en tierras que les fueron negadas.
23) En 1996 el gobierno federal firma los Acuerdos de San Andrés con el
EZLN referentes a los Derechos y Cultura Indígena, dentro de los cuales se
reconoce el derecho a la autonomía regional de los pueblos indígenas y al
uso y disfrute de los territorios que ocupan. Meses más tarde el gobierno
federal y estatal se niegan a cumplir los acuerdos e intensifican la
militarización, la paramilitarización y el hostigamiento en contra de las
comunidades indígenas. Las comunidades resisten.
24) Entre 1997 y 1998 empiezan a operar los Municipios Autónomos en
Rebeldía y reconocen nuevamente el derecho de las comunidades a las tierras
que les fueron negadas, se crean acuerdos para proteger los recursos
naturales y explotar de manera racional los recursos naturales en forma
colectiva.
25) A mediados de 1998 el gobierno federal y estatal desatan una intensa
represión militar, policiaca, judicial y paramilitar en contra de los
Municipios Autónomos y de las comunidades en resistencia. Nuevos grupos de
población en resistencia se ven obligados a vivir en las comunidades
indígenas selva adentro debido al hostigamiento militar. El gobierno y el
ejército federal aumentan el apoyo a los grupos paramilitares para hostigar
a los desplazados y provocan incendios en toda la región para inculpar a
las bases de apoyo y fabricar un nuevo pretexto para justificar el desalojo
de las comunidades afectadas por la REBIMA y la Zona Lacandona, ahora
también con un claro objetivo contra insurgente.
26) En ese mismo año con el permiso de los Caribes el gobierno decreta como
refugios de Flora y Fauna los terrenos de Nahá y Metzabok e inician las
peticiones formales de los caribes y de la SEMARNAT para desalojar a las
comunidades indígenas. Al mismo tiempo se autoriza la entrada a la zona
reservadas para realizar proyectos de bioprospección al grupo empresarial
Pulsar, se le entrega el cuidado y la planeación de las Reservas a
Fundaciones Internacionales como Conservación Internacional, claramente
unidas a los intereses de las grandes empresas multinacionales relacionadas
con el negocio de los recursos biológicos y genéticos.
27) En el año 2000 con el pretexto de los de los incendios provocados por
paramilitares y soldados en 1998, el gobierno incrementa la presión para
desalojar a 32 comunidades a las cuales llaman "ilegales e invasoras". El
gobierno refuerza el cerco militar en la zona, los sobre vuelos rasantes
aumentan en las comunidades amenazadas y los operativos mixtos se
intensifican en calidad, cantidad y armamento. Las comunidades resisten y a
través de los Municipios Autónomos denuncian a nivel nacional e
internacional la situación.
28) Con los procesos electorales a finales del año 2000 y el cambio de
gobierno federal y estatal la presión sobre las comunidades amenazadas
disminuye. El nuevo gobierno aprueba el Plan Puebla Panamá (PPP) para
llevar a las comunidades y regiones del sur y sureste mexicano y a Centro
América las políticas y planes para el desarrollo neoliberal. Dentro del
PPP las zonas reservadas, los proyectos de bioprospección, y la reubicación
de comunidades indígenas son puntos básicos. Las comunidades indígenas y
campesinas muestran su desacuerdo con el PPP. Las comunidades rebeldes y en
resistencia lo rechazan totalmente.
29) Hoy las nuevas artimañas del gobierno para desalojar la zona, para
continuar la guerra de contra insurgencia y poner en práctica las políticas
neoliberales del Plan Puebla Panamá están listas y se aumenta nuevamente el
hostigamiento y las amenazas para desalojar a las comunidades de la reserva
y la Zona Lacandona, así como para limitar los derechos agrarios de las
comunidades que están dentro de las zonas de amortiguamiento.
Comunidades afectadas y amenazadas en el
Territorio Autónomo de Ricardo Flores Magón
Desalojo total dentro de la REBIMA
1. Laguna el Paraíso (Ocotal)
2. Laguna Suspiro (Semental o Yanki)
3. Nuevo San Pedro (Innominado o Suspiro)
4. 6 de Octubre (Ojos Azules)
5. Nuevo Guadalupe Tepeyac.
6. Nueva Cintalapa.
Derechos Ejidales Afectados (dotaciones o ampliaciones) directamente por
la REBIMA
1. San Antonio Escobar.
2. Plan de Ayutla.
3. Chamizal.
4. La Culebra.
5. Cintalapa.
6. Limonar.
7. Santa Rita.
8. Taniperla.
9. El Jardín.
10. Villa las Rosas.
11. Zapotal.
Derechos Ejidales Afectados por La Zona Lacandona
1. Lacanjá Tseltal.
2. Santo Domingo.
3. Arroyo Granizo.
4. Plan de Guadalupe.
5. Niños Héroes.
Comunidades Afectadas directamente por la Zona de Amortiguamiento a la REBIMA
1. Monte Líbano
2. Santa Elena
3. Censo
4. Taniperla.
5. Manuel Velasco Suarez
6. San Jerónimo
7. Agua Azul
8. Emiliano Zapata.
9. Perla de Acapulco.
10. El Zapotal.
11. San Caralampio.
12. San José.
13. Calvario
14. Nuevo Monte Líbano.
15. Guadalupe San Luis.
16. Sibal.
17. San Francisco.
18. Infiernillo.
19. Zaragoza.
20. Lacandón.
Comunidades afectadas por la zona de protección forestal en el Río Tulijá
1. San Jerónimo Tulijá.
2. Ranchería Paraíso Tulijá
3. Ranchería San Isidro
4. Ranchería San Felipe
5. Ranchería San Pedro
6. Ranchería San Marcos
7. Río Jordán
8. San Juan
9. Jol Tulijá
Total de comunidades afectadas: 49.
La nueva sombra del desalojo y la guerra
Hoy, los intereses de las empresas multinacionales se endurecen y
presionan al gobierno para iniciar los desalojos de nuestras comunidades.
El gobierno federal, a través del titular de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) habla de que "Si no se pone en orden a
estas zonas de amplia riqueza natural, no entrará la iniciativa privada a
invertir en ellas" y de que "se abrirán (las zonas reservadas) al ejército
mexicano para eliminar de ellas al crimen organizado ahí oculto y con ello
garantizar también seguridad a la iniciativa privada". La SEMARNAT, la
Procuraduría Agraria y el SEDESOL le hacen segunda.
Mientras tanto, los caribes, con la asesoría de empresarios y de las
secretarías de estado hablan de que si el gobierno no hace el desalojo
ellos lo van a hacer por su propia mano. La SEMARNAT habla del peligro
ecológico que representan los indígenas dentro de la reserva. Los
directivos de la REBIMA hablan de las violaciones que los indígenas hacen a
las leyes de las reservas y junto a la PGR, los caribes y otras están
levantando demandas por delitos graves contra los indígenas pobladores de
la reserva. Pedro Chulín diputado federal del PRI por Ocosingo y dirigente
paramilitar del MIRA le exige al gobierno del estado que defina claramente
su posición sobre las comunidades afectadas y exige que sean desalojadas de
inmediato.
Los empresarios y el gobierno norteamericano hablan de la importancia de
invertir en la reserva debido a su gran riqueza biológica y genética, la
cual los indígenas del lugar la ponen en peligro y por tanto hablan de los
beneficios que traería el desalojo. Embajadores y agregados militares
norteamericanos hablan de que si alguien se opone a sus planes para la
reserva no van a dudar en eliminarlo.
El gobierno estatal habla de que se esta negociado pacíficamente con las
comunidades para reubicarlas y por otro lado a través de su secretario de
Pueblos Indios, Porfirio Encino, habla de formar "Guardianes de la
Reserva", es decir grupos paramilitares legalizados para el desalojo. A la
vez el gobierno del estado a instalado una "Mesa Ambiental" supuestamente
para buscar la negociación con las comunidades afectadas, sin embargo la
Mesa esta integrada por los mismos que llaman al desalojo, es decir
representante de la SEMARNAT, de la REBIMA, del SEDESOL federal y estatal,
de la Procuraduría Agraria, dirigentes Caribes e incluso la PGR. En sus
reuniones recomiendan que si los pobladores muestran "conductas no
amigables" se levanten las denuncias correspondientes y se ponga en marcha
demandas legales sobre delitos de daños ecológicos y despojo, es decir
hostigar a la población y preparar legalmente el desalojo. Ente otros la
Mesa planifica censar los daños ocasionados, conseguir el máximo de
información a través de infiltraciones, incursiones terrestres y sobre
vuelos. Además funcionarios del gobierno están hostigando y visitando a
distintas comunidades para amenazarlas con desalojos o para limitarles sus
derechos agrarios en las zonas de amortiguamiento.
El gobierno federal, estatal, las empresas multinacionales y las
secretarías de estado han elaborado ya un plan que recomienda la
reubicación de las comunidades indígenas dentro de estas zonas y también
recomiendan el desalojo por medio de la fuerza militar de aquellas
comunidades que se nieguen a negociar y a abandonar las tierras, para ello
proponen utilizar los recursos legales que ofrecen las leyes de zonas
reservadas, que sin embargo violan los acuerdos 169 de la OIT y los
Acuerdos de San Andrés. Este proyecto plantea excluir de todo apoyo
gubernamentales a las comunidades que se encuentren dentro de la reserva y
la Zona Lacandona y se condicionarán los apoyos a medidas ambientales a
quienes estén dentro de las zonas de amortiguamiento (dentro de ellos la
educación y la salud) esto con el fin de no permitir el desarrollo de las
comunidades y forzar la salida de los pobladores a otras regiones con
mayores posibilidades para el desarrollo. En este plan primero se planifica
el desalojo de las comunidades dentro de la reserva, después de la Zona
Lacandona y finalmente el reordenamiento de las comunidades de las zonas de
amortiguamiento y protección forestal.
Mientras todos ellos hablan y encubren sus intenciones con máscaras
legales, el ejército federal y los grupos paramilitares actúan y preparan
el desalojo por la vía violenta. El ejército federal ha reiniciando los
operativos dentro de la REBIMA y la Zona Lacandona rodeando e internándose
en las comunidades afectadas por la reserva y los soldados federales actúan
junto a los agentes de la PGR y funcionarios de gobierno como hemos
denunciado con anterioridad. Los grupos paramilitares han cobrado nueva
fuerza para hostigar a las comunidades. Los sobre vuelos rasantes de
helicópteros son constantes principalmente en las zonas de reserva donde
toman fotografías y videos aéreos a las comunidades, información que
también le pasan a las secretarias de gobierno que planifican el desalojo.
Lo decimos claro en medio de todo esto se encuentran los intereses
económicos de las grandes empresas multinacionales dedicadas a la
explotación de los recursos biogenéticos, encubiertas por máscaras de
fundaciones ecologistas. Al igual existe el interés del gobierno mexicano y
de varios gobiernos por los recursos naturales como el agua dulce, el
petróleo, el uranio y otros del suelo y del subsuelo. También está el
interés de muchos empresarios dispuestos a explotar y utilizar a las
poblaciones indígenas desplazadas como mano de obra barata para las
empresas maquiladoras (las nuevas fincas industriales). Esta de igual
manera el interés de los necios que intentan cambiarnos la vida a los
indígenas para que dejemos de ser lo que somos: indígenas y campesinos con
ideas y cultura propia que vale y tiene el mismo derecho de existir que
cualquier otra. De manera especial esta el interés del gobierno mexicano de
extender la guerra de baja intensidad por distintos medios para terminar de
una vez con las comunidades zapatistas en resistencia y rebeldía.
En otras palabras esto es el Plan Puebla Panamá y sus intereses al los
cual les estorban las comunidades indígenas porque tenemos dignidad,
porque tenemos otra forma de entender la vida, la tierra, el trabajo, las
diferencias ... tenemos una forma y una cultura que no le conviene a los
intereses del mundo del dinero, el mundo de los poderosos y en esa forma
muy otra, que tiene historia, organización, cultura, dignidad y resistencia
muchos otros hermanos y hermanas del mundo encuentran un espejo, una
salida, una esperanza, una alternativa de mundo distinta a la que quieren
imponer los poderosos, los malos gobiernos y el mundo del dinero. Por eso
decimos:
1) A los malos gobiernos:
Les recordamos que este Municipio Autónomo nació bajo la represión militar
de los gobiernos anteriores de Albores y Zedillo y sin embargo hemos
resistido toda su mentira y su violencia. Las comunidades indígenas de este
Municipio Autónomo nacieron en el abandono, en la negación y el olvido y
sin embargo aquí estamos y hemos resistido. Las comunidades zapatistas de
estos territorios ha soportado todo el peso militar del ejército federal,
la guerra de baja intensidad y siguen en digna resistencia. Hoy vamos a
seguir resistiendo, vamos a seguir luchando por nuestros derechos todos, y
vamos a seguir denunciando la injusticia ante todo el mundo, no nos vamos a
callar nunca más y no nos vamos a vender, ni nos vamos a rendir.
Le exigimos al gobierno federal y estatal que termine de una vez por todas
con sus mentiras, con sus proyectos y planes para el desalojo y reubicación
de nuestras comunidades, que termine con la guerra de exterminio en contra
de nuestras comunidades indígenas y que se haga a la idea de que en estas
tierras y territorios no habrá Plan Puebla Panamá, ni proyectos de
bioprospección, ni proyectos ecoturísticos, ni explotaciones de fuentes de
agua dulce, de petróleo, de uranio, de maderas, de animales, de recursos
genéticos, ni nada de lo que ya han comprometido con empresarios y
fundaciones nacionales e internacionales. Estas tierras y territorios serán
cuidadas y aprovechadas con inteligencia y respeto a la naturaleza por
nuestros pueblos indígenas y toda la riqueza cultural y natural que en
ellos existe será para el beneficio colectivo de nuestros pueblos
indígenas, del pueblo de México y de la humanidad, no para el beneficio de
unos cuantos que oprimen al mundo, no para que sean privatizadas sus riquezas.
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional:
Le pedimos a la sociedad toda, a los pueblos todos que denuncien esta
injusticia, que denuncien esta guerra de exterminio en contra de nuestras
comunidades indígenas, que realicen las acciones necesarias para exigirle
al gobierno mexicano que detenga su guerra y amenazas en contra de nuestras
comunidades indígenas, que respete y reconozca nuestros derechos colectivos
como pueblos indígenas, entre ellos los derechos al territorio.
Libertad, Justicia y Democracia.
CONCEJO AUTÓNOMO
Comunidades en Resistencia.
Sello
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