A las puertas del siglo XXI, en el año que ahora acaba, sesenta mujeres han perecido asesinadas por sus maridos o convivientes, mientras que varios miles de ellas tienen ahora mismo su vida pendiente de un hilo, el de la macabra ruleta del machismo, que sigue más vivo que nunca gracias al pensamiento y las creencias culturales sexistas, para las cuales este tipo de violencia se convierte en una cuestión privada por el hecho de estar ligada a la intimidad de la pareja.

El país donde esto ocurre no está en el llamado Tercer mundo, ni pertenece a culturas extrañas; sino que se proclama "europeo", está constituido en una democracia igualitaria, se las da de paladín en la defensa de los valores humanos, figura a la cabeza como firmante en los conciertos y convenciones internacionales de lucha contra la violencia singularmente, la violencia del terrorismo, y se rasga las vestiduras por las brutalidades que en otras latitudes se cometen contra las mujeres por el hecho de serlo. Ese país se llama España.

Pero en este país, bajo tal encuadre, las mujeres maltratadas están desprotegidas, indefensas, abandonadas a su suerte. Sus asesinos actúan sin temor, envalentonados, sabiéndose reforzados por un sistema que consiente tales atrocidades, consuman el crimen cuando las mujeres huyen por salvar sus vidas, en un intento tan inútil como desesperado.

La indignación y el dolor ante una situación así, no pueden nublarnos la razón al exigir la responsabilidad de los poderes públicos, o al reclamar de los medios de comunicación que secunden con su poder, la lucha desigual de las mujeres, en la defensa de sus vidas, su dignidad, es decir los "derechos humanos" que como personas nos corresponden.

La excusa o la reticencia de parte de los jueces --de buena o de mala fe-- procede invariablemente del respeto que dicen debe merecer la ley vigente, en la cual no está prevista la adopción de restricciones, por ejemplo el de la libertad de circulación que permite a los agresores seguir acechando a sus víctimas.

Pues bien, las leyes pueden y deben mejorarse. Los actos de agresión en el ámbito familiar deben recibir el adecuado tratamiento preventivo acorde con su magnitud aún antes de que recaiga sentencia condenatoria; hay que reformar el Código civil en materia de Familia, de manera que el juez tenga que fundar la existencia o inexistencia de los malos tratos, si tal ha sido la acusación de la demanda; y hay que introducir en nuestro ordenamiento una ley específica de protección a las víctimas. Las cartas-órdenes de protección a las víctimas denunciantes deben expedirse ipso facto con la prohibición de proximidad del autor de los hechos al lugar en donde vive y trabaja la víctima. Y hay que proteger, en fin, el desarrollo integral de los hijos librándoles de la violencia que perpetúa el padre, terminando de una vez con la estulticia propalada por los interesados cuando afirman que un niño necesita de la imagen de un "padre" aún cuando la figura de éste sea el símbolo mismo de la violencia. De semejante género de padres debe protegerse a los niños, evitándoles una relación o una convivencia tan destructiva para ellos.

El terrorismo doméstico no terminará mientras que no se produzca un cambio de actitud, de mentalidad que induzca a las personas a actuar. Pues es lo cierto que se suele actuar como se piensa, sin pensar por qué se actúa.

Mientras jueces, fiscales, policías o equipos psico-sociales sigan creyendo que la violencia doméstica es una cuestión privada; que a las mujeres "les va la marcha"; que la causa de todo está en factores tan generales como el alcoholismo, el paro o la idiosincrasia de algunos hombres, y que este género de violencia no tiene solución; mientras tales administradores y coadyuvantes de la Justicia persistan en la aberración ética de suponer que un padre violento tiene los mismos derechos que otro que no lo es, y repitan el latiguillo injurioso de que hay exageración por parte de las mujeres cuando denuncian las violencias; las leyes resultarán por sí solas inoperantes; ya que es la mentalidad de quien la aplica la que las hace operativas.

El partido político del Gobierno, sus asociados y los restantes partidos en la oposición tienen sobre sí el deber--inexcusable por razones éticas--de impulsar el cambio de comportamientos necesario para la consolidación de los derechos humanos de las mujeres. Las leyes emanadas del Parlamento no pueden formularse con una ambigüedad tan elegante, que deje abierta su eficacia a la interpretación judicial, para que luego vengan los jueces a escudarse en la "incompetencia de los legisladores".

Y en cuanto a las víctimas--las mujeres y sus hijos--hay que escucharlas sin excusa. A través de las Asociaciones de mujeres. Por el medio regular de las Comisiones parlamentarias de trabajo, donde digan lo que tengan que decir. Tanto para las reformas legislativas pertinentes como para la reforma y articulación de los recursos necesarios. Es el único medio útil para abordar con rigor el fenómeno social de la violencia doméstica.

De no hacerlo así, participando democráticamente con las Instituciones Públicas o excluidas antidemocráticamente de tal participación, seguiremos en todo caso las mujeres persistiendo, denunciando, exigiendo y reclamando lo que por ser de justicia nos corresponde.

Fdo.: Ana María Pérez del Campo Noriega Directora del Centro de Atención, Recuperación y Reinserción para Mujeres Maltratadas