REPLICA
AL INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIALSOBRE
LA PROBLEMÁTICA DERIVADA DE LA VIOLENCIA DOMESTICA
Introducción
O
B S E R V A C I O N E S
Respecto
a la desaparición de las faltas de malos tratos del Código
Penal y remisión a la vía CivilMedidas
Cautelares
La
practica judicial de condicionar el cumplimento de las medias de alejamiento
(cautelares o dictadas en sentencia) a las medidas adoptadas en procedimientos
civiles de familia.
Supresión
del régimen de visitas entre el maltratador y los/as hijos/as salvo
que aquel demuestre que la comunicación es buena para los menores.
Tratamiento
a los agresores
Potenciar
la mediación en los supuestos de la escasa gravedad de la agresión
Formación
especializada de los integrantes de la judicatura y fiscalía
QUÉ
ESPERAN LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Listado de Organizaciones
que elaboran el informe y adhesiones
Adherirse
al Informe
Introducción
La
Comisión de Estudios del C.G.P.J. elaboró un Informe sobre
la problemática derivada de la violencia domestica. Una vez que
la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas,
la Asociación de Ayuda a las Víctimas de Agresiones Sexuales,
Enclave Feminista y la Asociación de Mujeres Juristas Themis
tuvieron conocimiento del borrador, formularon una serie de consideración
a la Comisión de Estudios, señalando la trascendencia social
y los riesgos jurídicos que podría suponer en la práctica
algunas de las recomendaciones del Informe, interesando que se diera traslado
de las alegaciones al resto de los vocales del C.G.P.J..
El
14 de Febrero, fecha en que el pleno del C.G.P.J. debía aprobar
el Informe, acordaron aplazar la decisión y citar a las asociaciones
de mujeres que habían realizado el informe alternativo.
El
dia 27 de Febrero las asociaciones promotoras del informe alternativo comparecieron
antela Comisión de Estudios
del C.G.P.J. exponiendo con mas detenimiento los puntos de vista de las
mujeres a las que representan.
La
Comisión de Estudios incorporó a su informe la siguiente
propuesta:
Secreto sumarial
de los datosde la víctima
en todos los procesos en los que la víctima este en casa de acogida
o se haya visto obligada a dejar su domicilio por riesgo a nuevas agresiones
Durante
toda la tramitación judicial del proceso penal o de familia (separación,
divorcio, alimentos de los hijos etc.), debe mantenerse en secreto toda
la información relativa a la residencia y/o centro de trabajo de
la victima y cualquier otro dato que pueda servir para su localización.
Las personas victimas de violencia domestica, que han tenido que abandonar
el hogar, refugiándose en el domicilio de un familiar u otro, por
temor a nuevas agresiones, para su seguridad procuran que el maltratador
no tenga conocimiento del nuevo domicilio, para lo que como medida precautoria
y de protección, no debe constar, ni en la denuncia ni en las actuaciones
judiciales,el nuevo domicilio de
la víctima.
La finalidad de las casas de acogida
es ser un refugio para las victimas de violencia familiar, y, si
bien su localización es conocida por los distintos operadores intervinentes (trabajadores
sociales, personal sanitario, policía, juzgados, etc.,), la naturaleza
de las propias casas de acogida obliga a guardar el secreto del lugar donde
están ubicadas. La seguridad de todas las personas acogidas requiere
que en cualquier procedimiento judicial penal o civil (separación
o divorcio, manutención de hijos comunes etc.) en el que sean parte,
una persona acogida por una parte y
el agresor por otra se mantenga en secreto los datos que permitan la localización
de la casa de acogida.
La mayoría de los Estados
miembros de la UE tienen legislaciones dirigidas a proteger a los testigos
y peritos que pudieran retraerse de colaborar por hallarse bajo grave riesgo,
prestando su colaboración al Estado en causas relativas al crimen
organizado. El sentido finalístico de estas leyes es la evitación
de la impunidad de estos delitos, lo que permite hacer extensivas estas
medidas a las victimas de violencia de género que se hallen en determinadas
circunstancias como las referidas anteriormente.
La L.O. num. 19/1994 de 23 de Diciembre
de protección de testigos y peritos en causas criminales, no
está siendo aplicada cuando la víctima de violencia familiar
está amenazada y reside en una casa de acogida, solo
en contadas ocasiones los Juzgados de Instrucción han dictado Autos
en este sentido.
Esta Ley establece que cuando la
autoridad judicial aprecie racionalmente un peligro grave para la persona,
libertad o bienes del testigo (o perito), su cónyuge o persona a
quien se halle ligado por análoga relación de afectividad,
sus ascendientes, descendientes o hermanos, podrá acordar las medidas
necesarias para preservar la identidad, domicilio, profesión y lugar
de trabajo del testigo.
El Juzgador debería adoptar
las medidas previstas en esta ley, siempre que la víctima estuviera
acogida, bien en un centro específico bien en casa de familiares
o amigos.
El
7 de marzo de 2001 el Pleno del C.G.P.J. debería haberse pronunciado
sobre el Informe elaborado por la Comisión de Estudios del C.G.P.J.,
la decisión ha sido aplazada por segunda vez para que todos los
vocales que lo deseen puedan presentar consideraciones o enmiendas al Informe.
La
falta de acuerdo sobre los otros aspectos de nuestro informe alternativo
y el convencimiento de que una posterior reflexión permitirá
una mayor aproximación en la meta común de atinar con aquellasmedidas
jurídicas que sean mas efectivas en la erradicación de la
violencia de género, asi como el compromiso con las organizaciones
de mujeres e instituciones que se han adherido a nuestra propuesta nos
impulsa a mantener en la presente REPLICA que se basa en las siguientes,
O
B S E R V A C I O N E S:
a)Respecto
a la desaparición de las faltas de malos tratos del Código
Penal y remisión a la vía Civil:
Promover
la supresión de la falta de malos tratos equivale a la eliminación
de la sanción penal para la violencia que se ejerce en el ámbito
del hogar.
Elementos
en los que fundamos esta afirmación:
1º
No se promulga la desaparición de todas las faltas, solo aquellas
en las que las víctimas son mayoritariamente mujeres.
2º
El principio de Proporcionalidad entre la acción criminal y la pena,
repetidamente enunciado y recomendado en el informe, y que forma parte
de la facultad interpretativa del Juzgador, tendrá como consecuencia
un desmedido incremento de las absoluciones y los sobreseimientos, en base
estos últimos, en que la acción no configura el tipo penal
y la imposibilidad de una interpretación “in malae parte”. No podemos
olvidar como en el Estudio realizado por Themis sobre violencia familiar
queda patente como en mas del 50% de los procedimientos que se han seguido
como juicios de falta deberían haberse instruido por delito de malos
tratos habituales.
3º
Remitir a los Juzgados y Tribunales Civiles la violencia considerada menos
grave y que actualmente supone mas del 90% de los procedimientos penales
supondrá que la violencia familiar quedará fuera del Derecho.
Basamos esta afirmación en el estudio realizado de las Sentencias
de Separación y Divorcio de las Audiencias Provinciales de Andalucía
entre el 1 de Julio de 1.997 y 30 de Septiembre de 1.999[1],entre
otras, las de las Secc. 1ª A.P. Huelva 5.11.97,Secc.
3ª A.P. Cádiz 12.01.98,Secc.
1ª A.P. Córdoba 20.01.98,Secc.
1ª A.P. Almeria 3.03.98, Secc 4ª A.P. Granada 20.10.98, En todas
estas sentencias se resta importancia a las pruebas acreditativas de la
violencia domestica, se relativizan los actos violentos o vejatorios dándoles
consideración de simples disputas conyugales de las que la víctima
y el agresor aparecen co-responsables. Después de estudiar mas de
950 Sentencias de Separación Contenciosa de Audiencias Provinciales
de toda España y Autos de Medidas Previas (provisionalísimas)
de distintos Juzgado de Primera Instancia de toda España [2],
se constata que, salvo contadas excepciones, las resoluciones de los Juzgados
y Tribunales ignoran la existencia de violencia domestica.
4º
Los operadores jurídicos (Judicatura, Fiscalía, Abogacía
etc.) no son ajenos a un universo simbólico donde el varón
continua normativizando la vida privada.
5º
Hasta el presente no ha sido posible conseguir que tengan consideración
de delito, actos tan graves como amenazas de muerte con armas e instrumentos
peligros,se condenan como falta
de amenazas leves. Estos actos quedarán impunes si desaparece la
falta.
La
propuesta que hacemos al C.G.P.J. es que acuerden que en todos los casos
en los que se denuncien actos de violencia domestica repetidos o en los
que la víctima-denunciante exprese su fundando temor a su reiteración,
siempre se instruya por el delito previsto en el artículo 153 del
Código Penal, independientemente de que también se instruyan
por otros delitos o faltas en los que se concreten los actos de violencia
física o psíquica. La instrucción por delito es mas
garantistade los derechos del inculpado
que el juicio de faltas.
b)Medidas
Cautelares
La mayoría
de las medidas de alejamiento solicitadas por la parte (denunciante o acusación
particular) ni siquiera son proveídas. Esta es la realidad judicial.El
dato está constatado en mas del 50% de las Diligencias Previas en
las que abogadas de Themis defienden a la víctima ejerciendo la
acusación particular. Los jueces no resuelven en un sentido u otro,
simplemente ignoran la petición.
[En las
D.Pr. 466/2000 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Collado Villalba
se denuncian lesiones (puñetazos en la cabeza, le arrojan a la esposa
un vaso de cristal etc. hay constancia de parte medico) y amenazas de muerte
y consta que el denunciado tiene armas (dos escopetas y una pistola) sin
licencia. El 5 de Abril de 2.000 se solicitan medidas cautelares de alejamiento,
no se resuelven, en el Auto de 13 de Octubre de 2.000 se acuerda la continuación
del procedimiento por los trámites de P.A sin pronunciarse sobre
la medida cautelar. El día 27 de Junio de 2.000 por el Juzgado de
1ª Instancia nº 5 de Collado Villalba (el mismo que tamizaba
las D.P) se dicta Auto de Medidas Provisionalísimas en el que se
acuerda el régimen de comunicación y visitas del imputado
con los hijos, de fines de semana alternativos y mitad de vacaciones] En
este caso se habían solicitado Medidas de alejamiento en la via
civil y tampoco se resolvieron sobre las mismas.
Por previsión
legal la medida cautelar del alejamiento solo se aplica a los procedimientos
en los que se investigan delitos, excluyéndose las faltas. Si tenemos
en cuenta que solo se denuncian entre un 5 y un 10% de los malos tratos
y si a ello se suma la tendencia judicial y fiscal a minimizar las consecuencias
legales de la violencia domestica, se comprende que la práctica
judicial de adopciónde medidas
de protección sea tan escasa, en relación a la gravedad cualitativa
y cuantitativa de esta problemática, por lo no sorprende comprobar
que en la actualidad se adopten las medias de protección en la misma
proporción que las que se aplicaban antes de la aprobación
de la L.O. 14/1999.
El Convenio
del Consejo de Europapara la Protección
de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 4 de Noviembre
de 1.950, ratificado por España el 24 de Noviembre de 1.977 establece
en su artículo 8º el derecho de toda persona al respeto a su
vida privada y familiar, autorizando la ingerencia de la autoridad pública
en el ejercicio de este derecho cuando sea una medida que contribuya, entre
otras,a la protección de
los derechos y libertades de los demás.
La Sentencia
del T.C. 53/85 en su F.J. 3º dice textualmente “El Derecho a la
vida es la proyección de un valor superior del Ordenamiento Jurídico
Constitucional – la vida humana – y constituye el Derecho Fundamentalesencial
y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes
derechos no tendrían existencia posible” en
su F.J. 4º indica “Los Derechos Fundamentales no incluyen solamente
derechos subjetivos de defensa de los individuos frente al Estado y garantías
institucionales, sino también deberes positivos por parte de éste”.
Atendiendo
los fundamentos jurídicos referidos la Judicatura debería
adoptar con inmediatez las medidas de alejamiento previstas en el artículo
544 Bis de la L.E.Cr. siempre que haya una presunción razonable
de riesgo de agresiones para la víctima, lo que no ocurre.
La referencia
que hace el borrador del informea
que “la protección de la víctima puede conseguirse con
medidas distintas a la privación de la libertad deambulatoria del
agresor de forma menos gravosa para el”no
hace sino desvirtuar, las de por si ya muy restrictivas medidas de protección
previstas en la Ley. De este modo continuará el peregrinaje de miles
de mujeres y niños/as que se ven obligadas a dejar su hogar para
protegerse del maltratador, olvidando que las consecuencias sociales y
legales derivadas de la amenaza o agresión deben ser para los que
maltratan, no para sus víctimas.
Por otra
parte, y de conformidadcon elartículo
13 de la L.E.Cr y el artículo 34 del Código Penal no estamos
ante un sistema tasado de medidas cautelares por lo que no es incompatible
que cautelarmente se acuerde al mismo tiempo que el alejamiento, otras
medidas como tratamiento medico o psicológico.
c)
La practica judicial de condicionar el cumplimento de las medias de alejamiento
(cautelares o dictadas en sentencia) a las medidas adoptadas en procedimientos
civiles de familia.
Resulta
una mala praxis, muy extendida, el condicionar las medias de alejamiento
a las resoluciones acordadas en los procedimientos civiles de familia [Sent.
De J.F. de 5 de Junio de 2.000 del Juzgado de Instrucción nº
4 de San Vicente de Raspeig en el cual se acuerda la prohibición
de comunicarse con la esposa e hijo y acudir al domicilio durante seis
meses en tanto no exista una resolución en el procedimiento de separación
o divorcio que lo permita (apelada)]. Cada vez son mas las resoluciones
de los juzgados penales que condicionan la efectividad del alejamiento
a las medias que acuerden los jueces civiles, por otra parte algunos juzgados
civiles no admiten las medias previas de separación si está
acordado el alejamiento.
Además
de la victimización secundaria que ello supone (también por
ser victima del sistema judicial), no se atiende al espíritu que
guía ambas figuras jurídicas, la de proteger con el alejamiento
agresiones futuras y la de proveer medidas personales y económicas
para el periodo que va desde la decisión de separarse hasta la resolución
definitiva de separación o divorcio.
La dilación
de los procedimientos penales y civiles, el hecho de que los juicios de
faltas tarden en celebrarse entre 3 y 9 meses después de la interposición
de la denuncia, que los procedimientos por delito de malos tratos tenga
una duración que oscila entre 9 y 19 meses, desde que se solicitan
medidas previasde separación
hasta que se consigue la ejecución de las mismas (atribución
de la custodia de los hijos, uso de la vivienda, pensión alimenticia,
etc.) pueden transcurrir ocho meses,tal
dilación obliga a la victima a negociar su situación con
el maltratador, desde una posición de desequilibrio, con la consecuente
renuncia a las acciones civiles y penales.
Son cada
vez mas frecuentes la existencia de Sentencias penales definitivas en las
que se acuerda la prohibición al condenado de aproximarse a la esposa
e hijos y la Jurisdicción Civil acuerda régimen de visitas
[Sent. 17.01.2000 nº8/2000 del Juzgado de Instrucción nº
7de Albacete en la que se acuerda
el alejamiento por seis meses y Auto de Medidas Provisionalísimas
de 23 de Marzo de 2.000 del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción
nº 6 de Albacete en el cual se acuerda el régimen de visitas
de fines de semana alternos y mitad de vacaciones para el padre (condenado)]
d)Supresión
del régimen de visitas entre el maltratador y los/as hijos/as salvo
que aquel demuestre que la comunicación es buena para los menores.
El interés
de los menores es la norma directriz de la L.O. 1/1996 de protección
jurídica del menor, el Código Civil y los Tratados y Convenios
internacionales ratificados por España.
Este interés
del menor es la que nos guía proponer que debería restringirse
el régimen de visitas y comunicación del maltratador respecto
de los hijos menores de edad, salvo que aquel demuestre que la comunicación
entre ambos es positiva para éstos. Y ello, entre otras, por las
siguientes razones:
El
ejercicio de violencia doméstica siempre afecta a los hijos/as,
unas veces
por
las agresiones directas de las que son receptores y otras por el solo
hecho
de presenciar la violencia que se ejerce contra un progenitor.
En
interés de los menores esta la recuperación psicológica
del maltrato, lo
que
no será posible si no se suspende la comunicación con el
maltratador.
Los
patrones culturales de violencia se interiorizan en el momento de
formación
de conciencia, cuando los menores no pueden, no saben,
discriminar
que la violenciaque viven en el
entorno familiares anormal.
El
mecanismo con que la violencia se perpetua es el aprendizaje de los
modelos
paterno y materno, de tal forma que los niños mimetizan el
comportamiento
del padre y las niñas el comportamiento de la madre,
afectando
ello de un modo cualitativo su comportamiento de adultos.
e)Tratamiento
a los agresores
En
primer lugar esta actuación marca una clara diferenciación
en la valoración de la conducta delictiva sobre cualquiera otra
que fuera objeto de enjuiciamiento penal desde la misma consideración
de falta y además esa discriminación del tratamiento a este
tipo de agresores transmite la idea de que tales conductas son de menor
entidad o se entienden como normalizadas en las relaciones de pareja o
de familia.
En
el proceso de violencia que ejerce el agresor hacia la mujer, la conducta
de menor gravedad es el embrión de la violencia que más tarde
terminará con los ataque severos e incluso con la vida de las mujeres
y si lo que se propone como respuesta penal contundente es una actuación
que ha demostrado en otros países sin género de duda, una
in efectividad indiscutible, es evidente la alarma que tal propuesta desata.
Es
sentir común de todos los tratadistas, Rojas Marcos, Jorge Corsi
y demás. El primero de los citados asevera que contra este tipo
de agresores no cabe más prevención que la de evitar que
lleguen a serlo.
El
segundo comprueba que resistencia al cambio de los agresores, en estos
casos, se desprende inequívocamente de los datos experimentales
obtenidos en los programas de recuperación del agresor estudiados
por Randeau, Gauvin, Daucwort o Adams, en los cuales convalidan los siguientes
datos: “que el porcentaje de los agresores que acuden a este tipo de programa
es el 1% (David Adams), que el 50% de esos hombres que comienzan el tratamiento
lo abandonan en el transcurso del primer mes, y el resto cuando comprueban
que el programa no les sirve para recuperar a la víctima”
En
el mismo sentido, abunda la psiquiatra Marie France Irigoyen, al decir
que “un individuo perverso es permanentemente perverso, se encuentra fijado
en ese modo de relación con el otro y no se pone a sí mismo
en tela de juicio en ningún momento”,“la
perversidad no proviene de un trastorno psiquiátrico, sino de una
racionalidad que se combina con la incapacidad de considerar a los demás
como seres humanos”, “usan su encanto y sus facultades de adaptación
para abrirse comino en la sociedad, dejando tras de sí personas
heridas y vidas devastadas”; “psiquiatras, jueces, psicólogos y
educadores hemos caído en la trampa de perversos que se hacían
pasar por víctimas”. La distinción que esta autora hace entre
patología eventualmente tratable y perversidad, radica en el ámbito
de la voluntad del sujeto, esclareciendo definitivamente la cuestión
del tratamiento de los violentos, con los peores augurios para la violencia
fundada en la consabida superioridad que estos individuos asocian con su
propia identidad masculina.
Con
todo nada tendríamos que oponer a la actuación propuesta
si se lleva como la rehabilitación penal en los Centros Penitenciarios
y extendida a todos los penados cualquiera que sea el tipo de delito cometido,
puesto que es de equidad que todos puedan llegar a favorecerse de este
medio rehabilitador.
f)Potenciar
la mediación en los supuestos de la escasa gravedad de la agresión
La
Mediación Familiar está contraindicada cuando hay violencia
en la relación familiar o de pareja, sin entrar a distinguir la
gravedad de la misma, la mediación tiene por objeto permitir a las
partes enfrentadas ejercer sus responsabilidades en un clima de cooperación
y respeto mutuos, algo que resulta inviable en las situaciones de violencia
donde la libertad de la víctima se halla mediatizada por el temor
que le inspira el agresor.
En
las situaciones de violencia se da un desequilibrio de poder de una de
las partes por temor real a la otra que impiden en la práctica la
acción mediadora; pone en riesgo a la víctima y los resultados
que se obtienen no son acuerdos equilibrados entre iguales, sino renuncias
forzadas de la persona que sufre la violencia.
Según
el informe elaborado por Naciones Unidas en el año 1997 denominado
“Mejora del Sistema Justicia Penal” que trata de las estrategias para luchar
contra la violencia doméstica, redunda en el desequilibrio de poder
entre la víctima y el acusado expresando los fallos de la mediación
en estos casos al siguiente tenor:
·La
mediación en vez del proceso penal, sugiere que la violencia doméstica
no es una conducta delictiva o es un delito menos grave.
·El
proceso de mediación no brinda la seguridad de que el acusado asuma
la responsabilidad de sus actos violentos y en él las víctimas
corren el riesgo de que la violencia se repita.
·La
mediación, suele exigir que las víctimas modifiquen su conducta
lo que significa que comparten la responsabilidad de la violencia padecida
y que en ellas recae la responsabilidad de poner fin a la conducta violenta
del hombre.
·La
igualdad implícita que la mediación requiere entre el agresor
y la víctima, es inapropiada al haberse cometido un acto de violencia
sobre ella.
·En
la medicación familiar, no se permite determinar los hechos violentos
que son objeto de la misma, esta se centra en la continuación de
la relación, los actos de violencia no deben discutirse nunca en
las reuniones de mediación.
g)Formación
especializada de los integrantes de la judicatura y fiscalía
Se
plantea en el informe la creación de Jueces especializados,
se dice que los mismos deberán acreditar una preparación
especifica en la materia.
La
formación para abordar la problemática de la violencia domesticano
debería ser solo jurídica, el carácter multidisciplinar
que, se pone de manifiesto en el Informe de la Comisión de Estudios
del C.G.P.J., obliga a una formación especifica al respecto de la
sociología jurídica sobre esta problemática.
El
Informe sobre violenciacontra la
mujer, de la Relatora Especial de Naciones Unidas del año 1.998,
en la referencia que hace a la formación de jueces en España
pone de manfiesto como la formación sobre estamateria
no incluye la que pudieran prestar las asociaciones de las mujeres, O.N.Gs.
especializadas o con conocimientos en la materia.
La
formación integral de los operadores jurídicos y la implementación
de medidas para la erradicación de la violencia de genero pierde
efectividad sin la intelocución permanente entre las Institiuciónes
y la sociedad civil, en forma de colectivos especializados.
Por
último queremos transmitir al C.G.P.J. y a la ciudadanía
una aproximación respecto
a
QUÉ ESPERAN LAS VICTIMAS
DE VIOLENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Cuando
una mujer decide denunciar los malos tratos quiere que cese la violencia
de la que ella o los/as hijos/as son victimas. Al denunciar ejerce un acto
de trasgresión de las pautas culturales patriarcales que la “obligan”
al silencio y ser acrítica con el sufrimiento que le causa la violencia.
Por
el sólo hecho de expresar públicamente el suceso de violencia,
da muestra de valor.
Justicia,
Derecho e Igualdad son las palabras que las mujeres utilizan para sintetizar
sus expectativas cuando se dirigen a los diferentes operadores jurídicos
(abogadas/os, policía, oficinas judiciales, etc.) pero la idea abstracta
de obtener el reconocimiento de su derecho, la justiciay
la igualdad, se concreta en la pretensión directa de la adopción
de las medidas correctoras, penales y civiles, que modifiquen su vida y
que interrumpan el ciclo de la violencia.
¿Qué
medidas concretas contribuyen y/o deben constituir la materia objeto del
derecho a vivir sin violencia?: El alejamiento inmediato del agresor, la
guarda y custodia de los hijos de modo que puedan recuperarse de la violencia
que han sufrido y/opresenciado,
la atribución de uso de la vivienda yla
garantía del sustento económico igual o similar a la vigencia
de la convivencia.
La
mujer que quiere interrumpir el ciclo de la violencia solo podrá
hacerlo si se otorga credibilidad a su declaración. La desconfianza
del sistema judicial hacia la veracidad de la mujer cuando denuncia al
marido o compañero, la sospecha de razones espúreasimpiden
que se activen los recursos y medidas previstas en las leyes que acabarían
con la situación estable de violencia.
Cuando
la mujer que denuncia se expone a una doble victimización, la del
maltratador y la del sistema judicial que no le da respuesta a su demanda
o se la da en un dilatado periodo de tiempo, lo que la obliga a renegociar
su situación con el maltratador,con
la consecuente renuncia a las acciones judiciales.
Una
vez sorteadas todas las presiones sociales y obstáculos procesalesla
mujer que llega a Juicio espera ver objetivada en una sentencia que la
agresión sufrida es antijurídica.
Acabar
con el sentimiento de impunidad del agresor es otra de las expectativas
de las mujeres cuando deciden pedir auxilio policial o judicial; el sentimiento
de impunidad se refuerza cuando no se considera conducta socialmente desviada,
la violencia que se ejerce contraella
y/o hijos/as.
El
reconocimiento social de la violencia padecida por las mujeres, es el significado
de una conquista de la visibilidad de la violencia, y por estoconstituye
el primer presupuesto para su erradicación y la afirmación
del derecho a la inviolabilidad del cuerpo de la mujer.
Madrid
a8 de Marzode
2.001
Organizaciones
Promotoras
ADHESIONES:
Mujeres
en Red
Asociación
Nielda de Mujeres por la Salud / Gijón
ADAVAS / SALAMANCA
Secretaria Confederal De
La Mujer De CC.OO.
ELS VERDS (Confederació
Ecologista de Catalunya)
Organización de Mujeres
de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras
de la Enseñanza (STEs)
Izquierda Democrática
Cántabra (IDCAN)
Asociación Sociopedagóxica
Ernestina Otero Sestelo
SURT, Asociación de
Mujeres para la Reinserción Laboral
Associació Clara Campoamor
de Gava
Asociación de Estudios
Históricos sobre las Mujeres" de la Universidad de Málaga
Feministas Independentes
Galegas
Partido Comunista de España
AMECO
Dept. de Didáctica
y Organización Facultad de Ciencias de la Educación (Universidad
de Málaga)
Comisión de Violencia
del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid
Centro de Estudios sobre
la Mujer, de la Universidad de Alicante
Foro de Madrid Contra la
Violencia Hacia las Mujeres
Asociación de Mujeres
Empresarias de Cooperativas (AMECOOP)
Secretaría de Mujer
e Igualdad de la Federación Socialista Madrileña-PSOE
Secretaría de la Mujer
del PCE/EPK ( Federación del Partido Comunista en Euskadi)
Xarxa de dones de les Marines,
Dénia (Alicante)
Unión de Cooperativas
de Trabajo Asociado de Galicia (UGACOTA)
Confederal de la Mujer de
UGT
Seminario Paraula de Dona
(Dones i Literatura) Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
Secretaría de la Mujer
de la Agrupación Socialista de San Martín de la Vega.
La Secretaría de la
Mujer del PCA en Sevilla
Clínica Belladona
/ Fundación Familia Salud y Educación
Federación de Cooperativas
de Trabajo Asociado de Castilla y León,
Federación de Cooperativas
de Trabajo Asociado de Castilla y León (FCTACYL)
Seminario Interdisciplinar
Mujer y Sociedad (SIMS), Universidad de Barcelona
Departamento Confederal
de la Mujer USO
Asociación
de Teólogas Españolas (ATE)
Plazandreok
(Promoción de candidaturas de mujeres para
la participación política
municipal).
Asociación de Mujeres del
Faro Sur, de Sevilla
Asociación
para el Desarrollo Integral de la Mujer "Mercedes Machado" (Tenerife)
Grupo
Municipal /PSOE-Progresistas
/ Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Mujeres
de Negro de Valencia.
Centro
Municipal de Información a la Mujer de San Juan de Aznalfarache
(Sevilla)
Emilias.”Comunicación
Feminista"
Mujeres Vecinales de Madrid
Gazte Komunistak /Comisión
de Movimiento Feminista
Asociación de Mujeres Progresistas
de Badajoz
Vocalía de la Mujer / Federación
Vecinal “Eduardo Chao”(VIGO)
Asociación de Mujeres Progresistas
de Fuencarral.
Dialogo Mujer - Colombia
Mujeres por la Salud y la Paz de
Valencia, Castellón y Alicante
Grup
de Génere "A cada Lluna" de la Associació CultutalGatosa
de Godella.
Grupo
de Estudios sobre a Condición da Muller Alecrín" (Vigo)
Dones Llibertàries
de la CGT de Catalunya
Asociación
Leonesa Feminista de Mujeres "Flora Tristán"
Asociación
para la Prevención y Atención de Mujeres Maltratadas (Sevilla)
Área de la Mujer de
IU-Extremadura y las mujeres de IU (Badajoz)
Coordinadora
feminista DONAS DE NÓS (Lugo)
Área
de la Mujer de Ezker Batua - Izquierda Unida de Euskadi
IU-Extremadura
y las mujeres de IU Badajoz
Mujeres Progresistas de Fuencarral
Delegación
de la Mujer del Ayuntamiento de Camas (Sevilla)
Assemblea de Dones Verdes (estatal)
Les Comadres - Gijón
Gracias
a todas las mujeres que individualmente
se están adhiriendo y que no podemos incluir porqué son MUCHAS
Continuamos
recogiendo adhesiones, Puedes
Adherirte
al Informe aqui.
Igualmente
podrán remitirse a las sedes de las asociaciones
promotoras.