NEPAL




EXPLOTACIÓN DE MUJERES Y NIÑAS
"La ONG Maiti Nepal surgió a raíz de un proyecto para proteger a las jóvenes y niñas nepalís de la  violencia doméstica, el tráfico sexual, la prostitución y el trabajo infantil y otras formas de explotación y tortura. En 1993, un grupo de profesionales entre los que se contaban periodistas y trabajadores sociales, se hizo eco del sufrimiento de la población femenina y se comprometió a denunciar estos crímenes y crear redes de protección y acogida para estas niñas y mu

EL MOVIMIENTO DE MUJERES NEPALÍES está ejerciendo una presión vital para que la ley pueda aprobarse. El proyecto de ley -enmienda al código civil del Nepal 2020- concierne al derecho de las mujeres a heredar propiedades. Es la única medida legislativa tácticamente posible en la actualidad. Por otro lado, las enmiendas y anexos concernientes a los problemas tales como elevar la edad mínima de matrimonio, liberalización del aborto y la petición de penas severas por violación son igualmente cruciales. El Centro de Consejo y Ayuda Jurídica de Katmandú LACC ha llevado adelante algunas campañas para pedir apoyo internacional.
 

LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES DALIT, DOBLEMENTE DISCRIMINADAS EN NEPAL
 
 

LAS MUJERES SON VÍCTIMAS DE LEYES ARCAICAS CONTRA EL ABORTO

        por Ramyata Limbu

KATMANDU, agosto 1999 - (IPS)  El futuro no puede ser más sombrío para  Manmaya, de 29 a os, una madre de dos hijos que ya cumplió cuatro  de los 20 a os de prisión a que fue condenada por infanticidio en  Nepal.

   Recluida en la cárcel central de Katmandú, Manmaya recibe pocas  visitas. ''Mi marido estaba ausente cuando un pariente suyo me  violó. Sufrí un aborto a los ocho meses de gravidez'', contó.

   ''Los vecinos dijeron a la policía que maté al bebé y me  encarcelaron. Ni mi marido ni mis parientes me visitan'', se  lamentó.

   Manmaya está preocupada por el futuro de sus dos hijos, una  ni a de siete a os a la que no ve desde que la encarcelaron y un  ni o de cinco que comparte su celda en la prisión.

   Una investigación del Centro de Estudios de Salud Ambiental y  Actividades de Población (CESAAP) reveló que 20 por ciento de las  mujeres nepalíes encarceladas fueron condenadas por aborto e  infanticidio. Sólo 0,3 por ciento de los reclusos varones fueron  condenados por los mismos cargos.

   ''Gran parte de esas mujeres son, como Manmaya, pobres,  analfabetas y procedentes de áreas rurales. La mayoría son  víctimas de explotación'', explicó Indira Rana, una asistente  social que trabaja con mujeres presas desde hace nueve a os.

   Nepal es uno de los pocos países donde el aborto es considerado  un homicidio y es penado por ley, incluso si la gravidez es una  amenaza para la vida de la madre o es resultado de violación o  incesto.

   Grupos de derechos humanos que abogan por la despenalización y  legalización del aborto, dicen que el estigma social que padecen  las mujeres pobres se reducirá si se liberalizar la legislación,  además de reducir el índice de mortalidad materna.

   ''Esas leyes afectan directamente la salud de las mujeres,  especialmente su salud reproductiva'', dijo Aruna Uprety, médica y  activista de derechos humanos.

   Estudios indican que las leyes nepalíes provocan el aumento de  abortos ilegales y riesgosos, que causan la mitad de los decesos  por maternidad en el país.

   Según una investigación sobre salud familiar en Nepal, un  promedio de 539 mujeres grávidas de cada 100.000 mueren durante el  parto.

   Sin embargo, nuevos métodos usados por la Organización Mundial  de la Salud (OMS) y Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la  Infancia) indican que el  índice de mortalidad podría ser tres  veces superior.

   A pesar de la severa legislacion y los riesgos para la salud,  mujeres del medio rural emplean una variedad de métodos peligrosos  para liberarse de embarazos indeseados, como la inserción de un  bastón con la punta impregnada de excrementos de vaca o barro en  la vagina, ingestión de hierbas medicinales abortivas o masajes  estomacales violentos.

   Durante los primeros tres meses de embarazo, las mujeres de  zonas rurales pagan a un curandero 10 dólares por un aborto. Las  de las ciudades pagan entre 60 y 100 dólares en clínicas privadas  dirigidas por médicos.

   El informe de CESAAP reveló que 88 por ciento de las mujeres  encarceladas por aborto pusieron fin tardíamente a su embarazo  indeseado con la ayuda de curanderos o personas inexpertas.

   La organización instó a los legisladores a liberalizar el  aborto y realizar una campa a pública de educación contra los  métodos peligrosos. Segun las leyes nepalíes, las mujeres que  abortan y aquellos que las ayudan pueden ser penados con más de  tres a os de cárcel.

   Sin embargo, como la ley no distingue claramente entre aborto e infanticidio, muchas mujeres resultan condenadas a largos períodos  de prisión por infanticidio. ''Generalmente son analfabetas y no  tienen la menor idea de la ley'', se aló Sapana Maya, una abogada  del Foro para la Mujer, la Ley y el Desarrollo.

   El foro, que brinda ayuda legal gratuita a mujeres necesitadas,  está redactando un proyecto de ley sobre el tema, con la esperanza  de que sea debatido en el parlamento.

   El proyecto incluye la recomendación de la Cuarta Conferencia  Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, para revisar  aquellas leyes que contienen ''medidas punitivas contra mujeres  que recurren a abortos ilegales''.

   También recomienda legalizar aquellos abortos realizados por  médicos competentes en las primeras 12 semanas de gravidez, y en  casos especiales de violación, incesto, situaciones con peligro de  vida y cuando el diagnóstico prenatal indica graves malformaciones  en el feto.

   El debate para modificar las leyes contra el aborto comenzó en  los a os 60. En aquel momento se desaprobó el cambio con la  justificación de que daría lugar a una sociedad promiscua. Algunos  abogados antiabortistas defendieron los derechos del feto.

   En 1995 la campa a por el cambio ganó terreno cuando un miembro  del parlamento presentó un proyecto de ley en ese sentido y el  gobierno propuso modificar el Código Civil en vigor.

   Mientras los sondeos indican que 74 por ciento de los  legisladores y 94 por ciento de los ginecólogos están de acuerdo  en legalizar el aborto, algunos grupos religiosos lo desaprueban  por motivos morales.

   ''Liberalizar la ley sobre el aborto es sólo el primer paso. Necesitamos integrar servicios seguros e información en los  programas de salud del gobierno, educar sobre el peligro de los  abortos inseguros y mejorar los servicios de planificación  familiar'', dijo Uprety.

   La Estrategia Nacional de Salud Reproductiva, aprobada hace  poco, incluye ''la prevención y el manejo de complicaciones  abortivas'' por parte de unidades especiales creadas por el  gobierno, como uno de los componentes esenciales de la salud  reproductiva.

   Esas unidades deberán tratar complicaciones surgidas después  del aborto, que representan 54 por ciento de las causas de la  internación de mujeres en hospitales. Según Uprety, sólo 15 por  ciento de la población tiene acceso a los centros médicos