Menos del uno por ciento de los acusados de delitos sexuales son sentenciados y encarcelados en la capital mexicana

México, DF., a 10 de junio de 1998 (Lucía Lagunes/CIMAC).- La denegación de justicia en delitos sexuales, es una de las principales violaciones a los derechos humanos de las mujeres, ya que del total de averiguaciones previas iniciadas por este tipo de crímenes se logra la encarcelación y sentencia del culpable en menos del uno por ciento de los casos, señala en entrevista la aboga Teresa Ulloa, directora de Defensoras Populares.

Ejemplo de ello, dijo la penalista, es el dato proporcionado por el procurador capitalino,  Samuel del Villar, quien al tomar posesión de su cargo informó que de las 700 averiguaciones generales que se inician diariamente  apenas en un  3 por ciento  se logra la sentencia definitiva.

Si tomamos en cuenta que los delitos sexuales representan el 18 por ciento del total de las averiguaciones el número de sentencias definitivas hacia los violadores es menos del 1 por ciento, esto significa denegación de justicia, lo cual viola los derechos humanos de las mujeres, acota la especialista.

Para Ulloa los motivos que propician una cifra tan baja tiene que ver con la no denuncia de la víctima y por otro lado el tiempo que una mujer, niña o niño tiene que esperar un largo lapso para dar por concluido el proceso judicial pues en promedio, dice la litigante, un juicio de
violación tarda seis años para concluir, tiempo suficiente para desgastar a la víctima, razón por la cual sólo el 20 por ciento llega al final del proceso, y también una oportunidad de oro para que el víctimario huya.

Ejemplo de ello dijo es el caso de Irma quien desde 1995 un magistrado de la sala 10  dictaminó la sentencia de 26 años a su agresor, Miguel Cedillo Hernández, quien hasta ahora no ha sido posible capturar, y como este hay una infinidad de casos, explica la penalista.

Para lograr que el culpable no evada la justicia  existen dos vías legales: que el responsable sea detenido en flagrancia o que el juez conceda un arraigo domiciliario, ambos absolutamente difíciles de obtener. En 20 años de litigar solamente he logrado un arraigo durante 15 días, y del primero caso simplemente no existe, explica la Ulloa.

Las trabas legales que la víctima debe de superar, señala la abogada, tienen que ver con la insensibilidad de las autoridades responsables de la procuración de justicia, pues asegura que la ley es favorable a la víctima y que bastaría con que se aplicara, no bajo un criterio moral, de que tal vez ella lo provocó, sino con el afán real de otorgarle justicia a la víctima.

Para ello Ulloa propone que dentro del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría se incluya como parte de la curricula la especialización en delitos sexuales, abuso a menores y violencia intrafamiliar, esto permitiría mayor eficacia en la justicia y menos maltrato a la víctima, asismimo, una evalución de sus valores morales que aseguren la no corrupción de las autoridades.

Ya que por esa falta de sensibilidad hace que se omitan pruebas fundamentales para el proceso judicial como el estudio de ADN  o la valoración del psicólogo del estado postraumático de la víctima, o aún  más grave la mala integración de la averiguación.