05. Envenenamiento masivo en España atribuido al aceite de colza en 1981

Mientras se desarrollaban los acontecimientos bélicos en Afganistán durante la primavera de 1981, según la Organización Mundial de la Salud más de 5.000 personas en el Mundo —de las cuales 1.300 en España—, fueron víctimas de una “extraña enfermedad” a la que inicialmente se le denominó “neumonía atípica”; y los afectados que sobrevivieron a ella todavía soportan graves y dolorosas secuelas físicas y psíquicas irreversibles. Veintitrés años después hicieron explosión casi simultánea en cuatro distintos trenes de la línea ferroviaria de cercanías, en Madrid, doce artefactos explosivos conteniendo 20Kg. de dinamita cada uno, asesinando a 192 personas y heridas de distinta gravedad y consideración a otras 1.200.

¿Qué han tenido de común estos dos actos genocidas? Que los respectivos tribunales dedicados a juzgar los hechos, jamás probaron científicamente las respectivas causas materiales que oficialmente dieron por válidas en uno y otro caso. Tanto en el Juzgado de Instrucción que atendió al llamado “síndrome tóxico” como en la Vista oral del Juicio por la masacre del 11 de marzo en 2004. Porque lo que sí se pudo demostrar fuera de los dos ámbitos de la “justicia” española en que se “juzgaron” los hechos, es que la naturaleza de la sustancia tóxica supuestamente causante del envenenamiento masivo en 1981, en realidad no fue el aceite de colza, ni el explosivo que deflagró en los trenes en 2004 fue un tipo de dinamita llamado “Goma2” de la marca “Eco”.

Semejante cambio como por arte de birlibirloque de una causa material presuntamente desconocida por otra supuesta, permitió acusar, procesar y condenar, a personas que nada tuvieron que ver con los hechos que les fueron imputados en uno y otro caso. Por el “síndrome tóxico” pagaron el pato algunos industriales y comerciantes al por menor que habían venido lucrándose con la producción y distribución de aceite de colza desnaturalizado absolutamente inocuo. Y en el caso de los atentados del 11M, oficiaron de chivos expiatorios ciertos delincuentes comunes dedicados al trapicheo con drogas y explosivos en pequeñas cantidades —todos ellos confidentes de la policía o de la Guardia Civil— así como unos cuantos inmigrantes de distinta procedencia que profesan la religión islámica —como fue el caso del inocente Jamal Zougam— seleccionados “ad hoc” por los servicios de inteligencia policiales y de la Guardia Civil, en claro contubernio prevaricador con el Juez de Instrucción y la Fiscalía del Estado español, tal como se pudo poner en evidencia durante todo el proceso.

El Juicio sobre el llamado “síndrome tóxico”

<<Durante la primera guerra de Afganistán, en la primavera de 1981 fueron envenenados más de 60.000 españoles, de los cuales más de 700 de ellos murieron¹. Desde entonces y hasta hoy, los gobiernos que lo fueron a cargo respectivamente de UCD y del PSOE, han centrado sus esfuerzos en impedir que el auténtico criminal de semejante matanza salga a la luz pública. Había que borrar por todos los medios las huellas que conducían al foco de la intoxicación. Se llegó así a un oscuro montaje de los distintos sectores del Poder y de los servicios de inteligencia, para conformar el efectivo «pacto de silencio» que debía evitar que se supiera que aquí se aplicó a seres humanos una nueva combinación química, aplicable en el futuro a una posible guerra química.>. (Andreas Faber-Kaiser: “Pacto de silencio”

El primero de mayo de 1981, una enfermedad hasta entonces desconocida irrumpió en la escena nacional española, atacando a colectivos de personas de forma aparentemente aleatoria en las zonas centro, norte y noroeste del país. Fue algo que las autoridades políticas sanitarias bajo el gobierno de la “Unión de Centro Democrático”, empezaron denominando “neumonía atípica” que atacaba las vías respiratorias de las víctimas. Confundiendo la sintomatología o forma de manifestación de la enfermedad con su etiología o causa que la produce, difundieron que se trataba de un micoplasma o especie de hongo trasmitido a los seres humanos por vía aérea, pero sin aportar las pruebas científicas fundadas en serias investigaciones de laboratorio y hechos empíricos estadísticamente contrastados. Una explicación muy poco consistente, dado que el contagio se extendió a grupos reducidos de personas en poblaciones poco masificadas, así como que se difundió con gran rapidez en determinadas áreas geográficas distantes unas de otras, todo lo cual permitió descartar la tesis de la transmisión por vía aérea. Pero bastó que el Estado apelara al ejército de periodistas venales afines al gobierno de turno —silenciando al resto con veladas amenazas de no hacer publicidad institucional en sus medios— para que la tesis oficial cuajara en la conciencia ciudadana.

Según lo dejó negro sobre blanco en el capítulo 12 de su libro titulado: “La CIA en España” —publicado en 2006—, Alfredo Grimaldos reportó que:

<<Todo parece indicar que el síndrome tóxico se desarrolla en dos ondas epidémicas diferenciadas. La primera de ellas se produce a principios o mediados de enero de 1981. Coincide con una enfermedad no determinada que se desarrolla (por vía aérea) en pleno invierno en la zona norteamericana de la base de Torrejón y que afecta también a algunos militares españoles. Es probable que esta primera onda epidémica sea consecuencia de algún escape provocado accidentalmente con armamento bacteriológico, cuya presencia en la base es contraria a la legalidad internacional y contraviene el tratado bilateral que permitió su creación. Un serio inconveniente en tiempos del (slogan que corrió a cargo del por entonces Secretario General del PSOE Felipe González Márquez: "OTAN, de entrada, no".

Con la segunda onda, mediante tomates tóxicos tratados con productos organofosforados, se trataba de inducir una epidemia más amplia, más extendida, cuyos signos y síntomas no sólo abarcasen los de la primera, sino que los agravasen, de forma que al derramarse la enfermedad no sólo en Torrejón de Ardoz, sino por una gran parte del territorio nacional, Torrejón fuese sólo un árbol más, y sin importancia cualitativa, en la atormentada geografía de la enfermedad. Toda la mentira generada en torno a la investigación era precisamente para ocultar el origen de esa segunda onda epidémica generada intencionadamente, envenenando una partida de tomates en Roquetas de Mar." (Op. Cit. Pp. 113)

A todo esto, investigando el cuerpo de los muertos afectados por la enfermedad, el doctor Antonio Muro y Fernández-Cavada, a la sazón director en funciones del Hospital del Rey, comprobó en todos ellos la existencia de una “hiperplasia” en sus intestinos delgados, lo cual reveló de modo concluyente que la causa de la epidemia había sido una sustancia tóxica ingerida por vía digestiva.

Una vez desvirtuada la tesis de su difusión por vía aérea, los políticos españoles eventualmente a cargo del aparato de Estado, de un día para otro se olvidaron de la “neumonía atípica” y la enfermedad pasó a ser oficialmente denominada “síndrome tóxico”. Hasta que el 10 de junio de 1981, con la misma irresponsabilidad científica y a través del Ministro del ramo en ese momento, llamado Sancho Rof, el gobierno decidió popularizar la enfermedad con el nombre de “síndrome del aceite tóxico” o, más concretamente, “caso del aceite de colza”, tesis presuntamente basada en la hipótesis de que el mal fue producido por la anilina utilizada para adaptar el aceite industrial de colza al consumo humano.

Un mes antes y a instancias del mismo gobierno de la entonces UCD, el Estado español ya había puesto la investigación del asunto en manos del “Centro para el Control de la Enfermedad” (Center Of Disease Control) con sede en la ciudad norteamericana de Atlanta, cuyos directivos recibieron la orden del Departamento de Estado, para que ocultaran los estudios epidemiológicos y las encuestas realizadas que vinculaban las causas de la enfermedad con el aceite de colza, sencillamente porque tales “estudios” transgredieron los principios más elementales de la metodología científica. Y por supuesto nunca pudieron demostrar ningún vínculo entre el aceite de colza y la causa de la enfermedad.

Si el aceite hubiera sido el agente tóxico —tal como sostuvo el gobierno de la UCD en connivencia con TODOS los partidos del arco parlamentario español, incluido el PCE, lo cual evidencia que se trató de una mentira genocida de Estado— entonces la enfermedad habría alcanzado a todos los miembros de una misma familia que inevitablemente debieron consumirlo, dado que en la cocina hogareña española el aceite es un producto de consumo general. Pero quedó demostrado estadísticamente que en los hogares donde la toxicidad alcanzó, por ejemplo, a uno de sus miembros, fue muy raro que afectara siquiera a la mitad de los demás.

La tesis de que el agente tóxico fue el aceite de colza, tampoco permite explicar la discriminación que la enfermedad ha hecho entre una familia y otra, pues, como es sabido, el "garrafista" ambulante vendió el mismo producto a diversos residentes en bloques completos de pisos, y resulta que solo hubo afectados en unas familias que lo adquirieron y en otras no, a pesar de que las garrafas se llenaron en el mismo momento procedentes del mismo tanque y vendidas el mismo día.

Dado que la tesis del aceite de colza fue anunciada recién el 10 de junio —cuando la enfermedad había hecho su aparición pública el 1 de mayo—, los hogares donde coincidió que hubo un enfermo y se consumía ese tipo de aceite, el resto de la familia debió seguir consumiéndolo durante cuarenta días, dado que en ese lapso de tiempo no pudieron conocer su presunta toxicidad. Sin embargo ninguno de ellos resultó afectado.

Durante la práctica experimental con el aceite aplicado sobre animales de laboratorio, los investigadores oficiales nunca pudieron verificar la más mínima lesión causada por el supuesto agente tóxico. Y aunque utilizaron dosis masivas del mismo aceite retirado de las casas donde se registró el mayor número de enfermos, lo único que consiguieron es que los cobayos engordaran aumentando de peso.

No deja de resultar menos paradójica la supuesta discriminación que la enfermedad hizo en distintas regiones de España, porque resulta que durante los mismos períodos del año 1981, el mismo aceite de colza adulterado de composición semejante al distribuido en Madrid, fue vendido en Cataluña. La cantidad comercializada en esa región, fue superior a 350.000 Kg. Sin embargo, no se ha tenido constancia de que allí se hubiera registrado algún afectado.

Lo más sorprendente es que aceite de estas mismas características, concretamente el de la marca “El Olivo”, producido y distribuido en Cataluña, donde no hubo ningún afectado, también fue distribuido entre familias de Castilla, sobre todo en Madrid capital y poblaciones colindantes. Pues bien, a la luz de la estadística de afectados, según la tesis oficial habría de concluirse que el aceite de colza se vuelve tóxico por el simple hecho de trasponer los límites en tránsito entre una comunidad autónoma y otra.

Todas estas evidencias fueron deliberadamente hurtadas a la opinión pública, y el 15 de mayo de 1981 el Dr. Antonio Muro y Fernández-Cavada fue cesado en sus funciones de director del Hospital del Rey. No por razones de ineficiencia y falta de responsabilidad social en el desempeño de sus funciones, sino bien al contrario. El secreto motivo de su cese fue, que la verdadera causa material del “síndrome tóxico” no debía ser conocida por la ciudadanía.

A partir del mes de julio y asumiendo ya la investigación de forma privada, el Dr. Muro enunció su hipótesis de que el síndrome tóxico ha sido causado por un producto fitosanitario, un organofosforado deliberadamente introducido en una partida de tomates o pimientos. Desde entonces y hasta su muerte en 1985 de un cáncer de pulmón, el doctor Muro se dedicó a investigar el fenómeno del envenenamiento masivo, reconstruyendo el proceso de la producción, distribución y consumo de los productos envenenados. Pero lo hizo invirtiendo su orden de sucesión económica natural, que va del productor al consumidor. Al contrario, el Doctor Muro orientó su investigación partiendo del consumidor. Desde allí fue al punto de venta o distribución al por menor inmediato anterior al acto del consumo. Y de éste a la empresa distribuidora en el mercado de abasto o distribución al por mayor, hasta llegar a individualizar a la empresa productora.

Así fue cómo pudo descubrir que el envenenamiento tuvo su origen en una partida de tomates cultivados en Roquetas de Mar (Almería), previamente tratados deliberadamente con un compuesto organotiofosforado, el fenamifos (comercializado con el nombre de Nemacur), combinado con isofenphos (comercializado con el nombre de Oftanol).

Cabe señalar que el isofenphos es el producto que habría causado la característica neuropatía retardada acusada por los afectados, y que la expresión "tio" en la denominación del compuesto, alude a la presencia de azufre. Combinación química por lo tanto fosforada y azufrada. Así lo dejó escrito el Dr. Muro:

<<El nematicida fitosistémico Nemacur-10, prohibido en varios países por su alta peligrosidad, e introducido en España por primera vez pocos meses antes de la epidemia del síndrome tóxico, es un organotiofosforado del grupo fenamiphos (4-[metiltio]-m-toliletil-isopropilamidofosfato) que, de no respetarse sus muy dilatados intervalos de seguridad (mínimo de tres meses), se convierte dentro del fruto en un fitometabolito derivado extraordinariamente agresivo —su toxicidad se potencia unas 700 (setecientas) veces— y cuya composición exacta parece ser alto secreto militar. Las partes fundamentales de su molécula y su acción bloqueante irreversible de la acetilcolinesterasa, explica extraordinariamente bien, pese a los desmentidos globales de la OMS, la patogenia y cuadro clínico observados en el síndrome tóxico. Los tomates contaminados son semiselectos de la variedad 'lucy', razón por la cual su consumo no afectó a clases o zonas urbanas adineradas>>. (Andreas Faber-Kaiser: "El Pacto de silencio"

El doctor Antonio Muro desarrolló su investigación epidemiológica ininterrumpidamente —desde mayo de 1981 hasta poco antes de su muerte en abril de 1985— aplicada a más de 25 regiones del territorio español, en las cuales estudió a 1.086 personas enfermas y a 1.154 sanas; una muestra suficientemente representativa que partió de los hábitos alimenticios de los afectados por la enfermedad y continuó por la determinación de un producto común en la ingesta habitual de todos ellos, hasta dar con el sitio preciso de su producción siguiendo el entrelazamiento de los eslabones en la cadena de su distribución comercial. Ese sitio preciso fue la localidad almeriense de Roquetas de Mar, y el primer eslabón en la cadena de su distribución, la lonja llamada “Agrupamar”.

Un vez fallecido el doctor Muro, a solicitud de una de las acusaciones y de las respectivas defensas de los aceiteros imputados —convenientemente elegidos por el Poder Ejecutivo en connivencia con el Poder Judicial para que ejercieran de chivos expiatorios— el Tribunal nombró a los doctores Martínez Ruiz y Clavera, para que sometieran la tesis oficial y la del doctor Muro a una reevaluación, a fin de determinar cuál de las dos proposiciones contenía una explicación científica sobre el origen causal y desarrollo de la enfermedad.

Según reporta Rafael Pérez Escolar en el capítulo IX de sus “Memorias” titulado: “Las Atrocidades de la razón de Estado”:

<<Para ejecutar el trabajo reevaluador, los doctores Martínez Ruiz y Clavera utilizaron técnicas informáticas de búsqueda exhaustiva y heurística [investigativa y descubridora], conocidas en la denominada inteligencia artificial como un método para “la exploración de modelos y la determinación de caminos de conexión”, en los que no pudiese incidir en forma alguna el subjetivismo [engañoso]) del evaluador en detrimento de las determinaciones rigurosamente objetivas (…)

Pero los datos brutos de los “casos/control” se remitieron exclusivamente a la CDC [Centro del control para la prevención de enfermedades] de Atlanta en EE.UU., y allí permanecieron secuestrados sin la menor posibilidad de contraste o reevaluación, a pesar de que fueron solicitados en repetidas ocasiones por el tribunal, aunque, como pudo verse sobradamente, a éste no le importaba en lo más mínimo que se incumplieran una y otra vez sus propios requerimientos, como también le traía al fresco la “recomendación Nº 4 de la OMS [Organización Mundial de la Salud] en el Working Group” [Grupo de Trabajo] de 1983: Habida cuenta de la importancia de los datos epidemiológicos que relacionan la exposición al aceite, con el desarrollo del Síndrome del Aceite Toxico, se insta encarecidamente a que todos los datos de los nueve estudios de casos-control sean rápidamente preparados para su publicación científica internacional”. Lo que nunca se llevó a efecto, a pesar de la insistencia del comité de dirección de la OMS para que se diese cumplimiento a una recomendación tan razonable. De la reevaluación de los trabajos del doctor Muro practicada por los doctores Martínez Ruiz y Clavera, resultó que la discriminación familiar entre sanos y enfermos se explicaba por abrumadora mayoría (el 98,98 por 100) mediante la ingesta de tomates, ya que los individuos que mostraban preferencia por este fruto o cualquier ensalada que lo contuviese, resultaron afectados por la enfermedad en forma muy significativa (el 96,4 por 100) con relación a los que no mantenían esa preferencia alimentaria. De manera que las disposición hacia el tomate o la ensalada que lo contuviese, determinaba en el seno de la familia afectada una probabilidad de enfermar (factor de riesgo) 367 veces superior a los demás, y, a su vez, el rechazo de esta misma preferencia equivalía a una probabilidad de permanecer indemne (factor de protección) 390 veces superior>>. (Op. cit. Ed. Foca/2005 Pp. 449. Lo entre corchetes nuestro).

Ante el resultado de la investigación realizada por el Doctor Muro y el trabajo de reevaluación por parte de los doctores Martínez Ruiz y Clavera, cabe concluir sin ningún tipo de duda, que la epidemia del llamado “síndrome tóxico del aceite” tuvo su causa en la ingesta de tomates procedentes de Roquetas de Mar, y que el factor venenoso consistió en inyectarles un compuesto órgano-fosforado. Los síntomas que acompañaron a todos los enfermos sin excepción en las fases agudas de la dolencia: diarrea, opresión respiratoria, inhibición de la colinesterasa e insomnio, pudo determinarse que son los característicos de la exposición de los seres humanos a este tipo de compuestos organofosforados.

Dicho muy resumidamente, la colinesterasa es una sustancia neurotrasmisora contenida en los glóbulos rojos, cuya función consiste en transmitir estímulos nerviosos a los músculos del cuerpo que funcionan independientemente de la voluntad, como es el caso de los que rítmicamente se contraen y relajan para permitir la respiración. Cuando por cualquier causa la colinesterasa deja de ejercer su función neurotrasmisora, se produce la parálisis muscular pudiendo provocar la muerte del paciente afectado, por asfixia. Los compuestos órgano-fosforados están entre los agentes tóxicos que inhiben la función neurotrasmisora de la colinesterasa. Un mismo compuesto organofosforado es lo que el doctor Muro encontró en los cadáveres de miles de afectados por la enfermedad estudiados por él.

Hay que recordar aquí, que los compuestos órgano-fosforados forman parte de determinados gases tóxicos que fueron sintetizados por primera vez en laboratorio como parte de la investigación militar que el ejército norteamericano llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Dado su carácter biocida, esta sustancia también fue utilizada en la elaboración de insecticidas y pesticidas de alto poder contaminante. Pero estos compuestos se destinaron especialmente a la fabricación de armamento químico, que se siguió produciendo a pesar de que ha sido prohibida por convenios internacionales convertidos así en papel mojado. También es necesario decir que la utilización de estos compuestos tóxicos en España —como en tantos otros países—, está sometida a un riguroso control administrativo y solo se autoriza para muy contadas plagas en el cultivo agrícola, de modo que cualquier otro uso es ilegal y está severamente penado. Pues bien:

<<A lo largo de su ingente investigación, los doctores Martínez Ruiz y Clavera procedieron a tabular los síntomas padecidos por los enfermos pertenecientes a más de tres mil familias, todas ellas identificadas con exactitud para hacer posible cualquier comprobación posterior por quienes también tuviesen interés en conocer la verdad de lo sucedido. En esos trabajos se pudo comprobar que en el 66 por 100 de los casos, los síntomas analizados eran muy típicos de la enfermedad debida a compuestos organofosforados según se atribuye en la bibliografía internacional más autorizada; en el 23,24 por 100 esos síntomas eran típicos, y solo en el 5,27 por 100 tenían el carácter compatible con otros compuestos, por lo que la correspondencia de la enfermedad con el origen organofosforado resultaba evidente>> (Op. cit. Pp. 452)

Desde finales de julio de 1981 el gobierno español pudo saber —y sin duda supo— que el aceite de colza desnaturalizado no fue la causa de la epidemia. Desde ese momento debió haber puesto todos los medios a disposición del Estado para analizar las otras alternativas existentes sobre el posible origen de la enfermedad, que para esa fecha ya estaban sobre la mesa de quienes en ese momento tenían a su cargo la salud pública en España. Dado que numerosos afectados se estaban muriendo, es obvio que la necesidad de conocer el origen del mal para atacarlo en el cuerpo de los pacientes, debió ser prioridad absoluta para la autoridades. Todavía con más razón dado que antes de finalizar el año 1981, el gobierno fue ampliamente informado sobre las investigaciones y resultados acerca de qué tipo determinado de insecticida órgano-fosforado podría haber desencadenado la nueva enfermedad. Pero se mantuvo impasible mirando para otro lado.

Semejante insensibilidad humana por motivaciones políticas, llegó al extremo de su complicidad con el genocidio,

<<….cuando 8 meses después de aparecer el primer caso de síndrome tóxico, un médico militar, el teniente coronel Luis Sánchez-Monge Montero, envió al Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) "para que lo leyera Valenciano" —me diría, refiriéndose con ello al Dr. Luis Valenciano, a la sazón Director General de la Salud Pública— un informe en el que afirmaba que el origen de la grave enfermedad radicaba en un veneno que bloqueaba la colinesterasa, y en el que explicaba cómo había que curar a los enfermos. Más adelante definiría este veneno como un compuesto organofosforado. No se trataba de una aventurada teoría: el Dr. Sánchez-Monge ya había curado para entonces particularmente a unos cuantos afectados. Lo cual quiere decir que tal vez no todas, pero decididamente muchas de las 60.000 víctimas podrían estar curadas desde 1982. Pero nadie reacciona en el INSALUD ni en la Dirección General de la Salud Pública. Pero la gravedad de la inhibición oficial no termina allí. El Dr. Sánchez-Monge envía también un informe sobre sus evaluaciones y curaciones a la publicación especializada "Tribuna Médica", que lo reproduce en la página 8 de su número 937, correspondiente al 19 de marzo de 1982. Yo me imagino que el Ministerio de Sanidad debe de estar puntualmente informado de cuantas noticias interesantes se publican en un semanario de las características de "Tribuna Médica". De modo que me imagino al Sr. Ministro enterado de que hay un médico que está afirmando haber curado a una serie de pacientes de la enfermedad conocida por síndrome tóxico, enfermedad nueva y desconocida en cuanto a su tratamiento, y que en aquellos momentos configuraba el problema número uno planteado a la Sanidad española con carácter de extrema urgencia permanente, hasta su total resolución. Me imagino que en estas circunstancias el máximo responsable de la salud de sus conciudadanos lo dejará todo para leer lo que escribe un médico que afirma haber logrado la curación de unos cuantos afectados. Y al minuto siguiente de concluir esta lectura, me imagino al aludido velador de nuestra salud telefoneando al médico en cuestión, para tenerlo al cabo de una hora en el Ministerio de Sanidad y discutir con él sus experiencias con la finalidad de aplicarlas —en el supuesto de que realmente resultaran positivas— al resto de la población afectada por la misma epidemia. Pues no. Nadie, ni desde el INSALUD ni desde el Ministerio de Sanidad, se acercó a ver qué más tenía que decir el único médico español que había logrado salvar vidas y aliviar a enfermos de la masiva intoxicación.>> (Andreas Faber-Kaiser: Op. cit.).

Rafael Pérez Escolar corroboró estas observaciones de Andreas Faber-Kaiser poniendo en boca del doctor Luis Sánchez-Monge Montero tres preguntas que, por permanecer todavía ocultas al gran público, evidencian el carácter despótico y genocida del llamado “Estado Democrático de Derecho” en lo que respecta a cuestiones esenciales de la vida social en España:

<< ¿Por qué causa no se investigó el protagonismo de los organofosforados en la epidemia? ¿Por qué mejoran los afectados cuando les trato con el antídoto de estos compuestos (antropina, oximas, Toxogonin)?. Y sobre todo, ¿por qué desde la presidencia del Gobierno se ignoran estos datos, imprescindibles para el tratamiento de la enfermedad, cuando yo los presento en mis informes con una claridad meridiana? Unas dramáticas preguntas formuladas por un médico militar que poseía un profundo conocimiento de la sintomatología propia de los compuestos organofosforados>> (R. P. Escolar: Op. cit. Pp. 453)

Hemos mencionado más arriba a los biocidas “Oftanol” y “Nemacur” que el doctor Muro encontró en el cuerpo de los muertos por la enfermedad. Estos dos letales productos son marca registrada de la conocida multinacional química “Bayer”. Por tanto, la verdad sobre llamada “neumonía atípica” demuestra que la industria química privada multinacional, es la única sobre la cual descansa la posibilidad real de violar impunemente cualquier acuerdo internacional sobre la suspensión de la experimentación y almacenamiento de armamento químico semejante, y que el comportamiento cómplice del Estado español en este caso, es otra prueba más de que, junto con la centralización de los capitales a escala multinacional, la fusión política a tres bandas entre los oligopolios económicos, los Estados burgueses nacionales y los organismos internacionales, constituyen el fenómeno más característico del capitalismo tardío a escala mundial, demostrando la cada vez más la alta correlación histórica efectiva entre la totalitarización del poder económico en la sociedad civil y la totalitarización del poder político en las instituciones estatales nacionales y supranacionales, encubierta por las formas engañosas de la “democracia”, como medio por el cual los políticos profesionales —de espaldas a las necesidades de las mayorías sociales—, se reparten alternativamente la facultad de gobernar en favor de uno u otro sector de la minoría social dominante.

En el caso del llamado “Síndrome tóxico”, el contubernio entre las instituciones políticas estatales nacionales y supraestatales de carácter internacional, se hizo evidente durante las sesiones del “Grupo de Trabajo” de la ONU en Copenhague, tal como lo ha denunciado el propio Rafael Pérez Escolar en su mencionada obra:

º<<6. Hay que aludir finalmente al clamoroso reconocimiento hecho por el doctor Goulding cuando presidió en 1983 el Working Group auspiciado por la OMS. En la sesión de apertura no dudó en manifestar ante los delegados elegidos por las autoridades sanitarias españolas que los trabajos correspondientes se celebrarían a puerta cerrada. Sin embargo, en las cintas grabadas (o, mejor dicho, en un fragmento que casualmente no había sido manipulado o borrado), quedó constancia de estas palabras pronunciadas por el propio Goulding: “Para ayudar a las autoridades españolas, lo que salga al fin de esta reunión, sea lo que sea, hay que sesgarlo [torcerlo] políticamente”.

Lo expuesto demuestra que no se trataba en modo alguno de perseguir la verdad mediante una investigación objetiva. El “Working Group” de Copenhague fue diseñado y organizado de la manera más concienzuda para ocultar lo que efectivamente había sucedido: un inmenso fraude que desvirtuaba el verdadero origen de la epidemia, puesto que, tal como anticipó su presidente, el tal Goulding, el resultado final tenía que ser forzosamente del agrado de nuestras autoridades. Lo que en realidad era como buscar la concordancia con los intereses americanos de carácter superior, a los que se había condicionado la aquiescencia [aprobación] de todos los partidos políticos, algo tan difícil de conseguir en un país como el nuestro. Con este propósito, el desaprensivo sujeto tenido por hombre de ciencia, no dudó en reconocer que a esos resultados había que “sesgarlos políticamente”, esto es, cambiarlos por otros que ocultasen la verdad para que resultara más conveniente a la tesis oficial. Y, a todo esto, ¿quién pensaba en las pobres víctimas durante las doctas sesiones de “trabajo” desarrolladas en Copenhague? En las víctimas que ya había producido la epidemia y en las que en un futuro inmediato se verían afectadas por una actuación inconfesable. Así había sido dispuesto por quienes ejercen el poder de manera ilimitada y en términos absolutos>>. (Op. cit. Pp. 458-459 Lo entre corchetes nuestro).

Si las autoridades sanitarias nunca pudieron presentar pruebas científicas sobre la causa material del “síndrome tóxico” —que sin embargo atribuyeron al aceite de colza—, ¿cuál fue la causa eficiente de semejante crimen de Estado? La respuesta a esta pregunta se hizo pública en la calle, cuando multitudinarias manifestaciones ante la base madrileña de utilización militar conjunta en Torrejón de Ardoz, demandaron la solución adecuada a ese mal, llegando a exigir, incluso, la renuncia del Alcalde por negarse a liderar esta demanda del pueblo.

Pero la certidumbre que alumbró la conciencia e impulsó el protagonismo de esas protestas, sin duda estuvo en las investigaciones del doctor Muro, en la confirmación empírica de los trabajos realizados por los doctores Martínez Ruiz y Clavera, y en la terapia eficaz aplicada por el doctor Sánchez Monge Montero, verdadera vanguardia intelectual de ese movimiento. Todo esto a despecho de la campaña oficial de descrédito que los grandes medios de difusión hicieron recaer sobre el doctor Antonio Muro, sometiéndole al oprobio social y al ridículo más cruel, ruin y soez que sus periodistas a sueldo pudieron imaginar contra él.

En su prólogo a la primera edición de “El Capital”, Marx dice que todo investigador científico libre debe enfrentarse al mismo enemigo en todos los campos del conocimiento, y que ese enemigo está en las formas de manifestación que invariablemente velan y ocultan la naturaleza o verdad de cada objeto de estudio, lo cual exige y justifica el trabajo intelectual que la desvele y alumbre al conocimiento. Y aclara que, en el caso de la economía política:

<<La naturaleza peculiar de su objeto (las relaciones sociales o de clase) convoca a la lid contra ella (la investigación científica libre) a las más violentas y aborrecibles pasiones del corazón humano: las furias del interés privado>>. (Op. cit. Ed. Siglo XXI/1978 Pp. 8-9 Lo entre paréntesis y el subrayado nuestros).

El directo y específico objeto de estudio del doctor Muro en su meritorio empeño por descubrir la verdadera causa material o naturaleza del “síndrome tóxico”, como es obvio nada tuvo que ver con las relaciones sociales, sino con la relación natural o química entre un compuesto organofosforado y la colinesterasa en el flujo sanguíneo de los afectados por esa enfermedad. Pero los actores políticos de la clase dominante eligieron la causa material conveniente a sus intereses ocultando la verdadera. Tal como el propio doctor Muro ha podido comprobar en primera persona. Su trabajo, pues, resultó ser doblemente meritorio: como simple trabajador intelectual por haber sabido traspasar la opacidad natural de su objeto específico de estudio y descubrir su naturaleza; y como científico libre porque quiso y pudo conseguir que la verdad prevalezca en su espíritu sobre cualquier otra consideración individual, poniéndose así por encima de los interesados condicionamientos políticos y sociales con que intentaron doblegarle.

Con esto queremos decir que, más allá de sus posibles y más que probables idearios sociales y políticos burgueses, este investigador se comportó como un científico revolucionario aunque no llegara a ser consciente de ello, ni tal vez —de haber sobrevivido a ese episodio— fuera capaz de mantener ese mismo compromiso con la verdad científico-social por mucho tiempo.

Volviendo a la primera de las tres preguntas que el doctor Sánchez Monge formuló al gobierno: ¿Por qué causa no se investigó el protagonismo de los compuestos organofosforados en la epidemia? Para responder a esta pregunta debemos remitirnos a la situación internacional durante los últimos años de la década de los 70 el siglo pasado, y a sus repercusiones políticas al interior del Estado español. Como explicamos en el capítulo 08 de otro trabajo que publicamos en octubre de 2007 titulado “La parodia golpista del 23F en España”:

<<A lo largo de 1979 se produjeron acontecimientos que irían a provocar un giro importante en la situación mundial. En enero, fue derrocado el emperador de Irán, Reza Phalevi, instaurándose la República Islámica. En agosto triunfó el movimiento pequeñoburgués sandinista en Nicaragua. En noviembre, los llamados “Guardianes de la revolución” asaltaron la embajada norteamericana en Teherán tomando un número indeterminado de rehenes. Poco después, las tropas soviéticas ocuparon Afganistán para responder al asedio norteamericano —a instancias de su aliado paquistaní— sobre aquél eslabón más débil de la URSS en Asia. La CIA, en connivencia con los sátrapas islámicos en esa región, pusieron en quiebra la política exterior de distensión del presidente norteamericano Jimmy Carter, quien descendió al nivel más bajo de popularidad en toda la historia presidencial de ese país, obligándole a un mayor endurecimiento en sus relaciones con el “bloque comunista”, a una política de “ley y orden” en sus propios dominios internacionales, de confrontación con la otra superpotencia y de rearme.

Este giro de la política internacional norteamericana alteró profundamente la situación interna de España, cuyo gobierno de “consenso” (con la izquierda burguesa liderada por el PCE) bajo la presidencia de Suárez, venía de tomar una serie de iniciativas que le cogieron a contrapié. Justamente a lo largo de 1978 y 1979, (para garantizar la estabilidad política del proceso de transición) Suárez había congelado la decisión de integrar a España en la OTAN —cuestión que no pudo ser consensuada con la izquierda¬, cuya militancia, además, acusaba la acción de los movimientos antiimperialistas en la escena internacional, demandando de su gobierno una mayor dimensión iberoamericana y africana de la política exterior española.

En septiembre de 1978, Suárez había viajado a Cuba para invitar a Fidel Castro a visitar España. Fue el primer presidente en tomar semejante iniciativa. Un año después, Yasir Arafat fue recibido en Madrid con honores de Jefe de Estado, siendo España el primer país europeo en dar ese paso. Finalmente, el gobierno de la UCD envió un observador a la Cumbre de Países No Alineados realizada en La Habana, gesto diplomático insólito en un país tradicionalmente aliado de los EE.UU.

El rumbo de la política interior y exterior de España, marchaba, pues, a contrapelo de las exigencias norteamericanas derivadas de la nueva situación en ese país y en el Mundo. Lo que deseaba Washington era una España “segura”, estable y sometida a sus dictados; una España dentro de la OTAN, dócilmente alineada en la lucha contra la otra superpotencia y, por supuesto, sin reflejos neutralistas o tercermundistas en su política exterior.

Pero Suárez, hipotecado al consenso con la izquierda burguesa del PCE en aras de la estabilidad política del Estado a instancias de su relativa capacidad de control del movimiento de masas, estaba cada vez menos en condiciones de cumplir con las exigencias del imperialismo norteamericano. Esas nuevas exigencias de Washington, al mismo tiempo que las crecientes disidencias con sus socios democristianos y liberales al interior de UCD, fueron las que contribuyeron decisivamente a convulsionar y desestabilizar su gobierno, acabando por erosionar su propio prestigio político personal, no sólo de cara a la banca y los medios de comunicación que le habían catapultado al gobierno, sino a la propia volubilidad pragmática del Monarca.

Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) renovado, con el instinto político carroñero que le caracterizó desde su relanzamiento, comenzó a desmarcarse de la política de consenso con el Gobierno, iniciando su viaje al centro para fagocitarse el cadáver de la UCD y ocupar su puesto. Por de pronto, sintiendo la necesidad de ganarse la confianza de la banca, de los yankys y del Monarca, en el congreso de mayo del 79 lastró el marxismo: “Hay que ser socialista antes que marxista”, dijo Felipe González en una de sus sesiones a los delegados. El partido se negó a seguirlo y él renunció tácticamente a modo de presión como diciendo: “yo o el caos”. Cuando todos —incluso la derecha civilizada de Fraga— se echaron las manos a la cabeza, en setiembre volvió reforzado en su autoridad política personal.

Este proceso de recomposición burocrática de los partidos políticos institucionalizados, se fue a acentuando conforme se hacía patente —a lo largo de 1980—, que el próximo presidente norteamericano sería el republicano Ronald Reagan. De hecho, a lo largo del año, las distintas fuerzas más reaccionarias vinculadas al imperialismo norteamericano, empezaron a moverse claramente con estas nuevas previsiones del gran viraje a la derecha en las postrimerías del gobierno de Carter, y que bajo el mandato de Reagan no hicieron más que confirmarse y profundizarse.

Finalmente, la llegada de Reagan a la Casa Blanca dio un nuevo impulso a los preparativos involucionistas en curso desde varios meses atrás. A poco de haber tomado posesión de su cargo, el nuevo secretario de Estado, Alexander Haigh, declaró públicamente que: “España debe fijar de inmediato un calendario para su integración en la OTAN”. Las promesas de una futura integración sin concretar ni dar pasos prácticos en ese sentido, ya no son suficientes. El golpe militar en setiembre contra el gobierno turco de Süleymán Demirel, fue una premonición y un aviso. Un informe del coronel Quintero (agregado militar español en Ankara) donde se valoraba positivamente el golpe, circuló profusamente entre la oficialidad y recibió favorables comentarios. En la prensa ultra española, los artículos amenazantes sobre el carácter “límite” e “intolerable” de la situación, se sucedían a diario. En Euskadi, durante los primeros días de noviembre, ETA cometió atentados con resultado de muerte contra once dirigentes de UCD, entre militares y guardias civiles>>. (Op. cit.).

Tal fue la situación política que desencadenó los sucesos del 23 de febrero, a raíz de los cuales cambió el curso de la política exterior de España en favor de su integración en la OTAN. Pero este cambio solo sucedió en las altas esferas del poder político, porque en la sociedad española siguió predominando todavía, el espíritu de independencia o no alineación respecto de la “guerra fría” entre soviéticos y norteamericanos por el predominio en las relaciones internacionales, espíritu que Adolfo Suárez había abrazado como producto del pacto con la izquierda burguesa liderada por el P.C.E. en aras de la estabilidad política del país. Esto es lo que explica que uno de los compromisos que adquirió Suárez al firmar ese pacto con el P.C.E., fue retrasar indefinidamente la integración de España en la OTAN y así lo hizo.

En esas estábamos, cuando irrumpió la epidemia del “síndrome tóxico”. Un acontecimiento que vino a poner en serio peligro aquel apaño en las alturas del poder resultante de la parodia de golpe de Estado, secretamente urdida por la partidocracia en el poder, de común acuerdo con el Departamento de Estado para deshacerse de Suárez a fin de allanar el camino de la integración de España en la OTAN. Por tanto, cabe pensar que este dramático contratiempo del “síndrome tóxico” para los planes de integrar a España en la OTAN fue fortuito; y lo más probable es que un escape de gas tóxico procedente de la base aérea de utilización conjunta conteniendo algún compuesto de naturaleza organofosforada, se produjera por accidente.

Decimos en principio, porque si bien el primer caso de “síndrome tóxico” fue anunciado oficialmente el 1 de mayo de 1981, en realidad los primeros síntomas de la epidemia se produjeron en enero de ese mismo año, los llamados por eso “casos tempranos”. Fue precisamente durante los primeros meses de 1981 cuando se difundieron rumores procedentes de la base militar de utilización conjunta situada en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, acerca de que varios militares americanos habían sido afectados de una presunta “legionella”, siendo algunos de ellos evacuados en aviones-hospitales a EE.UU., y otros a la base norteamericana de Wiesbaden en Alemania, al mismo tiempo que militares españoles con desempeño en la misma base eran ingresados en el Hospital General del Aire. En su edición del 26 de mayo de 1981, el periódico “El País” reportó que, según datos facilitados por la Dirección General de la Salud Pública, 105 enfermos habían ingresado por “neumonía atípica” en el Hospital General del Aire, 7 más en el Hospital Militar del Generalísimo, y otros 19 en el Hospital Militar Gómez Ulla:

<<Eran pocos, ciertamente, pero revestían una extraordinaria importancia, porque todo apuntaba a que los afectados en esos primeros meses del año 1981 pudieron ser muchos más, aunque su registro fuese rechazado (en realidad ocultado) por las autoridades sanitarias que habían formado el “censo oficial” a su antojo, omitiendo en esa anualidad las estadísticas relativas a la incidencia mensual de “neumonías atípicas”, para lo que excusaron tan anómala conducta en “cambios de criterios de apreciación”>> (Rafael Pérez Escolar: Op. cit. Pp. 461)

En efecto, el 11 de febrero de 1981 se conoció el fallecimiento del niño Jaime Vaquero, residente en Torrejón de Ardoz mientras era trasladado en ambulancia al Hospital de la Paz. Los médicos solicitaron permiso a la familia del fallecido para practicarle la autopsia, dado que por aquellos mismos días se habían producido más casos con igual resultado de muerte. Esto indujo a que los abogados defensores de los industriales y comerciantes encausados en el llamado “juicio de la colza”, se pusieran a la tarea de averiguar el incremento de la morbilidad (cantidad de casos de una misma enfermedad contraídos en un determinado período de tiempo) durante el año 1981. Según esos datos que obraban en el Instituto Nacional de Estadística, si en el año 1980 los ingresos hospitalarios de varones debidos a “envenenamientos o intoxicación por otros agentes” habían llegado a ser de 880, al año siguiente ascendieron a 19.366. Respecto a las mujeres, en 1980 se registraron 480 ingresos, para pasar en 1981 nada menos que a 34.160.

Pero interesándose por tales datos las defensas de los imputados pudieron sonsacar que, separadamente a la estadística de ingresos hospitalarios por causa de ese “síndrome tóxico oficial” hubo otra que el Instituto Nacional de Estadística tipificó no precisamente como “neumonía atípica” sino como “neumonías”. Solamente en Madrid, los datos de ingresos hospitalarios de varones por esta afección en 1980 fueron 44.497, cifra que al año siguiente casi se duplicó pasando a ser de 83.804. Respecto de las mujeres, los ingresos hospitalarios por “neumonías” que en 1980 fueron 16.627, en 1981 se cuadruplicaron pasando a ser 61.170:

<<De estos datos se deducía razonablemente que el síndrome tóxico se desarrolló en dos ondas epidémicas. La primera a principios y mediados de enero de 1981, coincidiendo con una amplia afección en la zona de Torrejón, lo que, según manifestaron diversos testigos y publicaron algunos periódicos, determinó, como ya hemos dicho, la evacuación de civiles y militares americanos a diversos centros hospitalarios, fundamentalmente a Alemania, para ser sustituidos por nuevas unidades.>> (Op. cit. Pp. 462)

Como hemos dicho ya, cabe pensar que la primera onda epidémica fue fortuita y muy localizada en la misma base militar de Torrejón de Ardoz y sus aledaños, con que de haber quedado circunscrita a esta zona y en tanto y cuanto trascendiera a la opinión pública, la base quedaría en evidencia como el origen del “síndrome tóxico” en flagrante violación del tratado de amistad y cooperación entre España y EE.UU., por lo que la política secretamente pactada para integrar a España en la OTAN, resultaría un rotundo fracaso. Cabe señalar aquí que, en esos momentos, el grueso de la ciudadanía española todavía era una “piña cívica" en torno a la consigna: “OTAN no, bases fuera”.

Para evitar esa eventualidad contraria al contubernio de intereses que estuvieron en la raíz de la parodia de golpe presuntamente abortado por el ex Monarca Juan Carlos I de España el 23F 12 horas después de haberse producido, se hizo imperioso crear deliberadamente otra onda epidémica que alejara la atención pública de su verdadero lugar de origen comprometiendo a más zonas de la geografía humana del país, para lo cual y con la misma intencionalidad, se inventó una supuesta causa del “síndrome tóxico” arbitrariamente atribuida a unas inocuas anilinas, con las que se había venido reconvirtiendo al consumo humano un aceite de colza para uso industrial desde hacía tiempo y no había pasado nada.

Esta segunda epidemia no consistió ya en la muy localizada propagación accidental de un gas tóxico de la variedad militar organofosforada sobre Torrejón de Ardoz, sino en la deliberada contaminación de cierta especie de tomates con ese mismo compuesto, inoculado durante su proceso de crecimiento y maduración en la mata, para luego distribuirlos en esa misma localidad y otras ciudades de España —convenientemente elegidas— con destino al consumo letal previsto. Se buscó así dispersar la atención de la opinión pública para evitar que Torrejón de Ardoz apareciera como el único escenario de la epidemia y la base de utilización conjunta como su foco de irradiación genocida.

Según el registro estadístico de los ingresos hospitalarios, esta segunda epidemia criminal deliberadamente inducida, tuvo como causa material el mismo agente nematicida organofosforado que se inició a mediados de abril y comenzó a remitir en la segunda quincena de mayo. Pero el vehículo no fue la atmósfera, sino una partida de tomates contaminados cultivados en la localidad almeriense de Roquetas de Mar.

<<El nematicida, al ser un tóxico “sistémico” e incorporarse al interior del fruto, generó metabolitos altamente agresivos, mucho más que el veneno directo, al biopotenciarse su poder ponzoñoso [según avanzaba el proceso de maduración en la mata]. Sólo bastaba vigilar discretamente al agricultor y su invernadero para saber cuándo iba a recolectar el fruto y llevarlo a la alhóndiga [lonja o mercado] Agrupamar, donde tendría lugar su venta en pública subasta mezclado con el de otros agricultores, por lo que las unidades envenenadas aparecerían confundidas de manera aleatoria con otras perfectamente normales. Alguien en la subasta (el dinero se esparcía a manos llenas al servicio del criminal objetivo) pujó hasta donde resultó necesario para adjudicarse el fruto, que seguidamente sería vendido en Torrejón, las localidades cercanas —Alcalá de Henares y Guadalajara, entre otras—, y algunos mercadillos en el cinturón industrial de Madrid, lo que continuó por pueblos y ciudades al norte y noroeste de la capital, hasta llegar a Santander y Galicia, sin olvidar el empleo de otras pequeñas partidas en el Sur y en Levante. Torrejón de Ardoz dejó así de ser el punto exclusivo en el origen de la enfermedad>>. (Op. cit. Pp. 468. Lo entre corchetes nuestro)

En agosto de 1981, tras la dimisión de Adolfo Suárez Illana como Presidente del gobierno —renuente a entrar en la OTAN—, el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo que le sucedió en ese cargo, pidió el ingreso de España en esa organización bélica internacional. Y en octubre, las Cortes confirmaron esta petición sin que se produjera contestación alguna en la calle. Un año después, el 28 de octubre de 1982 el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) arrasó en las urnas y asumió el gobierno, desde donde su líder, Felipe González Márquez, tras protagonizar aquella parodia con su famoso lema “OTAN de entrada no”, organizó la tan profusa y costosa como sutil campaña de propaganda, que acabó convirtiendo aquel mayoritario espíritu popular y pacífico “anti OTAN” —absolutamente mayoritario—, en su contrario.

En gran medida, esta vil y engañosa transformación ideológica “democrática”, del franquismo con Franco en franquismo sin Franco, no alteró su contenido esencialmente totalitario del Estado español que todavía se prolonga. Y uno de sus frutos fue el genocidio de Estado envuelto en esa otra gran farsa política montada por la flamante monarquía parlamentaria neo-franquista, que consistió en conseguir que los españoles vivieran el drama social del “síndrome tóxico” tal cual Cervantes le hizo vivir al Quijote aquél episodio con los molinos de viento: como si un inocente aceite desnaturalizado de colza fuera la “endemoniada” causa material de aquél crimen.

Una vez más la mentira deliberada del Estado había prevalecido en la conciencia ingenua de una mayoría de ciudadanos españoles, tanto como para que —además de aceptar complacientes el ingreso de España en la OTAN— puedan seguir creyendo en que lo más sagrado para la “democracia” es el tan cacareado "derecho a la vida", así como que "el fin no justifica los medios".