Análisis de los hechos relevantes en torno al 11M

1. La cinta de Campillo

A raíz de la denuncia de Francisco Javier Villazón Lavandera a

la Policía Nacional, en julio de 2001 este cuerpo de seguridad —a instancias de la comisaría de Avilés—, llevó a cabo una operación llamada “Pípol” en diversas localidades de Asturias, donde fueron detenidas 23  personas, entre ellas José Ignacio Fernández Díaz, apodado “Nayo”, Toro Castro y Suárez Trashorras. A Toro Castro se le decomisó un alijo de 84 kilos de hachís, 3 kilos de cocaína, diversas cantidades de marihuana, pastillas y sustancias para cortar la droga, junto a 16 cartuchos de Goma 2 “Eco” y 94 detonadores eléctricos de diferente calibre, que la policía incautó por indicación suya en un garaje aledaño a su domicilio. Sugestivamente, a pesar de que la detención de Toro Castro tuvo lugar en su domicilio, y que los agentes iban provistos de una orden judicial para registrarlo, decidieron no hacerlo. La policía se conformó con seguir las indicaciones de Antonio Toro, que les llevó “engañosamente” a un garaje alquilado por él en Avilés. Según reporta “El Mundo” en su edición del 24/11/1004:

De esa forma, Toro permitió que su hermana Carmen Toro Castro, trasladara el grueso de la dinamita y las armas almacenadas por la “célula de Avilés” en el domicilio de Toro, hasta un hórreo de la localidad de Cogollo.

Pese al hallazgo de los explosivos y que en estos casos es preceptivo informar a la Guardia Civil —quien tiene encomendada la custodia y vigilancia de ese tipo de material—, la Policía Nacional omitió cumplir con esa obligación, aunque acusó a Toro de traficar con droga y ordenó su encarcelamiento en la prisión de Villabona. Ahí fue donde Toro Castro conoció a Rafá Zouhier y negoció con la policía de Avilés su salida de la Cárcel a cambio de convertirse en confidente.    

El 28 de agosto de 2001, Villazón Lavandera volvió a insistir en dar su testimonio, ahora ante la comandancia de la Guardia Civil de Gijón y allí finalmente pudo ser escuchado al dar con el agente Jesús Campillo, quien “actuando con profesionalidad y responsabilidad”, decidió grabar su denuncia en una cinta magnetofónica; en ella, Villazón Lavandera informó de los peligrosos negocios que se traía entre manos el avilesino Toro Castro, y en los que también estaba implicado, en menor medida, su cuñado José Emilio Suárez Trashorras. El guardia civil Jesús Campillo entregó la cinta a su inmediato superior, el teniente Carlos Montero, por entonces jefe interino de Información en la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón.

Según reporta “El Mundo” en su edición del 20/12/04, el agente Jesús Campillo aseguró que el teniente coronel Bolinaga —Jefe superior de la comandancia en la zona— le avisó de que iba a guardar la cinta en la caja fuerte y que “si ningún juez la reclamaba, pasado un tiempo prudencial le llamaría para que la destruyeran juntos”.   

Según ha afirmado el diario “El Comercio” —citado por la edición de “El Mundo” correspondiente al 18/11/04— existe una segunda cinta que recoge la conversación mantenida entre Villazón Lavandera y el teniente Carlos Montero en la comandancia de Gijón. En la primera cinta, o “cinta Campillo” —de fundamental importancia para el esclarecimiento de los hechos—, Villazón Lavandera habla de una cantidad “enorme” de explosivos que Toro Castro y Suárez Trashorras decían tener para vender, y de que andaban buscando a alguien que supiera activar bombas con teléfonos móviles. Villazón Lavandera dio cifras “escalofriantes”. Según él, Toro Castro le contó que podía disponer para la venta 1.000 Kg. de dinamita por semana, y que Suárez Trashorras le dijo en una ocasión que necesitaba colocar 400 kilos; pocos días después, le comentó que ya había vendido la mitad. El hecho de que estuvieran buscando a alguien que supiera activar bombas con móviles, descarta que se trate de meros vendedores de explosivos. Fue entonces cuando la Comandancia de Asturias a cargo del Coronel Pedro Laguna, puso en marcha la “Operación Serpiente” que se cerró dos meses después, antes de finalizar 2001 “por falta de pruebas” (léase falta de voluntad político-policial)

Desde entonces hasta el 11 de noviembre de 2004, día en que el periódico “El Mundo” hizo pública la existencia de la cinta, y el Juez del caso en la audiencia Nacional, Juan del Olmo, se vio obligado a conceder a Villazón Lavandera la condición de “testigo protegido” y llevarle a declarar varias veces en la Audiencia Nacional, fue éste uno de los tantos secretos compartidos durante esos tres años por cierta cantidad de mandos policiales y de la Guardia Civil de Asturias —consciente o inconscientemente comprometidos en una determinada línea de actuación jerárquica dentro del aparato de Estado— que hacen a la esencia de la función burocrática en las “democracias” de todo el Mundo.[1]  

Esta “traición” del periódico “El Mundo” al secreto burocrático, que a primera vista puede parecer obra de la “prensa independiente”, en realidad se explica por el juego de la “pequeña política”, esto es, por intereses políticos encontrados entre determinados sectores de las clases dominantes dentro del aparato de Estado, bajo unas determinadas condiciones de la “gran política” o lucha entre clases dominantes y clases subalternas, que en modo alguno pueden afectar inmediatamente a la estabilidad del sistema. Con esto queremos decir, que si los hechos se dieran bajo condiciones que pudieran desembocar en una crisis revolucionaria, el señor P.J. Ramírez, no habría tenido la misma disposición a la denuncia que ha demostrado en las presentes circunstancias. Entre otras cosas porque estas mismas condiciones (deliberada limitación de las fuentes de información e indiferencia de amplios sectores de las masas explotadas por la política) determinan que hechos como éste sólo trasciendan para un sector minoritario de la sociedad.[2]  

Sugestivamente, el 11 de junio de 2004, exactamente tres meses después de los atentados, el responsable máximo de la Comandancia de la Guardia Civil en Asturias durante todo el período en que se sucedieron estos hechos, el coronel Pedro Laguna Palacios, fue ascendido a general por el Consejo de Ministros del flamante gobierno del PSOE, tras ganar las elecciones a raíz de los criminales sucesos del 11M. 

A partir de esa publicación del contenido de la “cinta Campillo”, se pudo saber que el agente de la comandancia de Información de la Guardia Civil, Jesús Campillo, quien en Agosto de 2001 grabó la cinta en la que Villazón Lavandera advertía del tráfico de explosivos, y de que la trama de Avilés buscaba fabricar bombas con móviles, pudo saberse, también, que, temiendo por su vida, a través de sus “controladores” Villazón Lavandera se dirigió a los superiores jerárquicos de la Comandancia de Asturias pidiendo un servicio de guardaespaldas. Se sintió amenazado por una banda de delincuentes asturiana en la que —según aseguró— puede haber policías. En una entrevista con el periodista Fernando Múgica, Villazón Lavandera llegó a ser más terminante, confesándole que “en esa banda participan policías asturianos que sospechan de que contó más cosas de las que hasta ahora se han conocido”. El agente Campillo negó verosimilitud a esas sospechas de Villazón Lavandera, pero admitió que “si sus superiores  cuentan todo lo que saben al juez Juan del Olmo, seguro que salen implicados policías de Avilés y Gijón". Días después de hecha pública la existencia de la cinta, el Teniente Coronel José Antonio Rodríguez Bolinaga, jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Gijón, fue destituido de su cargo.

El 14 de octubre de 2004, bajo el título: “El Jefe de la Guardia Civil de Asturias no Investigó la trama de la dinamita” el periodista Fernando Mugica publicó un artículo en “El Mundo” donde empieza diciendo lo siguiente:

El 21 de noviembre, Bolinaga fue llamado a declarar ante la Comisión de Investigación del Congreso de los diputados sobre los atentados del 11 de Marzo. Preguntado por qué no entregó al juez del Olmo la cinta en la que el confidente “Lavandero” desveló la trama de los explosivos, declaró que, para él, ese testimonio no tenía "valor policial ni judicial". A su juicio, la información que contiene ese casete la conocía ya la Policía encargada de la investigación de los atentados. El declarante ha dicho, también, que la "dichosa" cinta no es más que "un soporte de memoria", cuya presentación ante los mandos no es obligatoria. "Lo que me interesa es el informe", insistiendo en que allí no figuraba ningún dato sobre el uso de teléfonos móviles para montar bombas, ni sobre el posible viaje a Marruecos de Toro y Trashorras, elementos de denuncia que sí aparecen en la cinta. De haber incluido estos elementos, a Bolinaga tampoco le hubieran parecido relevantes, según ha dicho. Para este burócrata militar, Campillo no incluyó esos datos en el informe porque no los consideró "interesantes policialmente". También aseguró: "No oculté la cinta, la guardé", y ha recordado que de su contenido tuvieron conocimiento, además, dos capitanes, un brigada, siete guardias y un sargento.

El teniente coronel Bolinaga ha afirmado que conoció la existencia de esta cinta el 16 de octubre de 2004, pero que ese día no la escuchó. Después, y a partir de la publicación del casete en “El Mundo”, le ordenaron que la entregara con su trascripción. Era el 11 de noviembre de ese mismo año, y fue entonces cuando Bolinaga dijo haber escuchado por primera vez su contenido. Este teniente Coronel declaró, también, que no ordenó actuar contra Toro y Trashorras, porque no vio en el informe operativo "indicios de terrorismo" y porque dio por supuesto que la Policía Nacional ya había investigado los hechos y que los posibles delitos “ya estaban judicializados”.

A los fines de determinar el grado de rivalidad endogámica en el comportamiento de las distintas “familias” de burócratas que integran los cuerpos de seguridad, así como el secretismo y la arbitrariedad personal de sus cargos medios y altos, es importante destacar el hecho de que, entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, no hubo intercambio de información, ni siquiera sobre la trama urdida en torno al robo y tráfico de explosivos, a pesar de que la “Benemérita” ha sido la institución competente en este asunto. Bolinaga ha revelado hasta donde se ha podido llegar en este asunto, al contestar a una pregunta del representante del Partido Popular (PP), diciendo que, “últimamente, Policía y Guardia Civil se enteran de las investigaciones del otro a través de la prensa". Esta realidad da pie a suponer que este es un comportamiento regular y generalizado, que tiene su explicación en el celo competencial entre los distintos cuerpos de seguridad, a los fines de monopolizar no sólo el prestigio personal y corporativo resultante de la investigación y resolución exitosa de los diferentes actos delictivos —que interesa resolver— de cara a la opinión pública, sino, alternativamente, los beneficios del eventual cohecho con los propios delincuentes para beneficio mutuo —personal y/o corporativo— en perjuicio de la justicia, la seguridad, el patrimonio y la libertad en general de los “ciudadanos”, cohechos que, por supuesto, no trascienden o lo hacen solo en circunstancias excepcionales, bajo la presión de factores externos o exógenos, como es el caso de medios periodísticos eventualmente vinculados a determinados poderes fácticos. Prueba de esto último respecto de la funcionalidad habitual en la Policía Nacional y en la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias, es lo que ha saltado a la luz pública a raíz de las últimas declaraciones de Francisco Javier Villazón Lavandera al periodista de “El Mundo”, Fernando Múgica, a raíz de un macabro suceso protagonizado por el confidente, tras la sospechosa muerte de su mujer, Elizángela Barbosa Guimaraes, a quien él llamaba “Lorena”, ahogada “a la vista de todos en la playa de Gijón sin que nadie fuera capaz de salvarla”[4] :

Como advertía Marx a sus lectores en el prólogo a la primera edición de “El Capital” respecto del tratamiento que daba en esa obra a la “criatura” de las relaciones de producción capitalistas que resultó ser el burgués individual, tampoco nos hemos propuesto nosotros pintar aquí del “color de rosa” al típico matón de discoteca en que las condiciones bajo las cuales debió vivir convirtieron a Francisco Javier Villazón Lavandera. Pero así como Marx aludía a que en la historia hubo casos excepcionales de personas que —en determinadas circunstancias y en diverso grado— han podido y sabido “elevarse subjetivamente” por encima de su propia condición social de burgueses sin dejar por eso de serlo, nosotros hemos observado que, entre los hechos previos y posteriores relacionados con el 11M, Francisco Javier Villazón Lavandera destaca como un ejemplo de semejantes mutaciones subjetivas, con la singular paradoja de que, en este caso, las condiciones particulares o personales de esa transformación —su rechazo a las incitaciones para enriquecerse vendiendo drogas o explosivos—, parece que lograron sobreponerse a las condiciones de profunda crisis general de valores morales imperantes hoy día en la sociedad actual, nada propicias para ello. Especialmente en los bajos fondos desde donde Francisco Javier pudo salir auque más no sea por un momento de su vida.

Aunque no hay la más mínima prueba o evidencia indiciaria, cabe la hipótesis de que Villazón Lavandera denunciara a Toro Castro y Suárez Trashorras por dinero. Como ha dicho el jefe de la Unidad Central Operativa de la Subdirección de Operaciones de la Guardia civil, el Coronel Félix Hernando Martín, los colaboradores o “confidentes” policiales:

<<Son individuos que normalmente están en la delincuencia o próximos a la delincuencia, si no fuera así, poco tendrían que vender. Los datos que facilitan a la policía, en general los facilitan por diversos motivos: el principal, en la mayoría de los casos, es por dinero. Suelen ser los mejores confidentes. Hay una relación: tan buenos son los datos, tan buena es la compensación económica que se dé.>> (“Comisión de Investigación parlamentaria sobre el 11M”. Sesión del 20/07/04. Turno 28)

O sea, que la credibilidad que los aparatos de seguridad del Estado confieren a los informes que reciben de sus confidentes, está en relación directamente proporcional a su condición de delincuentes y al hecho de que lo hacen por dinero o licencias para delinquir. 

 Pero, precisamente porque bajo el capitalismo la dignidad humana es un objeto de compraventa como cualquier mercancía, nadie recibió jamás un céntimo por resistirse a la tentación de vender la suya propia. Además ¿quién o quienes pudieron haberle pagado a Lavandera por una información que sacaba a la luz el carácter corrupto y criminal del aparato de Estado español? Porque este es el contenido más profundo y corrosivo de la denuncia que hizo Villazón Lavandera. Aunque probablemente haya sido gratificado por el reportaje que comentamos aquí, el valor moral y político de su denuncia previa y sin compensación a los medios policiales, no puede ser eclipsado por el precio que después “El Mundo” le ha podido pagar por ella. Porque, a pesar del infundio lanzado por el General Pedro Laguna ante la Comisión Parlamentaria del 11M, Villazón Lavandera nunca fue lo que se conoce por un confidente de la policía. Y esto es lo que importa. Por eso, porque en la sociedad capitalista actos de esta naturaleza no se valoran en lo más mínimo, sino al contrario, el Juez Juan del Olmo acabó decidiendo quitarle a Villazón  Lavandera la condición de testigo protegido, dejándole a merced de sus enemigos, los enemigos de la “ley” escrita que al mismo tiempo la representan y a quienes él había puesto en evidencia con sus denuncias ante la prensa.

Las reacciones de los enemigos que Villazón Lavandera se creó en el ambiente del cohecho normalmente impune entre funcionarios policiales, jueces y empresarios asturianos —todos ellos corrompidos hasta los tuétanos no sólo en Asturias— se explican directamente no tanto por ese entramado de intereses delictivos rayanos con el crimen —que es su condición necesaria—, como por la luz que sobre ellos arrojaron las denuncias de Villazón Lavandera en torno a los hechos del 11M, que fue su condición suficiente. Explica, entre otras cosas, que si no se investigó lo del tráfico de explosivos, tal vez haya sido para que no salte el resto de la podredumbre que se negocia entre los dueños de algunos burdeles de Asturias y las fuerzas de seguridad destacadas en la zona. Pero, sobre todo para que, una vez consumados los hechos del 11M, el Estado español pudiera hacer “justicia”, una vez más, con determinados elementos del bajo fondo social oportunamente reclutados para ejercer de chivos expiatorios, preparando el escenario desde donde, el Presidente Zapatero pudiera declarar con total verosimilitud, que esa terrible matanza fue obra exclusiva del terrorismo islamista asociado con la delincuencia común.    

Y de no ser porque las denuncias de Villazón Lavandera ante los agentes Campillo y Montero salieron a la luz pública y llegaran a la Comisión Parlamentaria en relación con los hechos del 11 de Marzo de 2004, tal vez Villazón Lavandera ya no estaría en el mundo de los vivos, y éste hubiera sido uno de los tantos retoños fugaces de virtud moral que se abren de vez en cuando paso entre la inmundicia de una sociedad caduca encarnada en determinados sujetos de “bajo fondo”, que sin embargo preanuncian la sociedad del futuro. Sucede como en los versos del insuperable Machado, que de no ser porque un día pasó por esa precisa ribera del Duero para anotar en su libreta el prodigio de la “rama verdecida”, brotando del viejo tronco “hendido por el rayo y en su mitad podrido”, la humanidad no hubiera podido saber de aquel “milagro de la primavera”, aunque no por eso habría dejado de ocurrir.[5]  

Para decirlo en términos bastante alejados de la lírica poética, pero de contenido significante más simple, rotundo y didáctico, la verdad de este mundo es que, moralmente hablando, todos, sin excepción, para dar cuenta de nuestros actos, producimos y excretamos una mezcla de mierda y crema pastelera en distintas proporciones, según las condiciones —generales y particulares— que a cada cual le toca vivir en cada etapa de su existencia, y eso es lo que hace de nosotros lo que vamos siendo por la vida, se sepa o no se sepa, seamos conscientes nosotros mismos de ello o no.

Entre julio y agosto de 2001, Villazón Lavandera tuvo un rapto de dignidad personal que le puso por encima de las condiciones políticos y morales vigentes en su entorno social, altura desde la que todavía no parece haber vuelto a caer, y por esa causa formal subjetiva propiamente suya que le ha hecho ser otro del que era, lo ha perdido casi todo para él y lo que queda de su familia, pero, al mismo tiempo, ha trastornado el submundo de la relación delincuencial entre determinados empresarios y burócratas policiales. Pensar en la imposibilidad de que un sujeto como éste —objetivamente inmerso en el bajo fondo amoral del que surgió a la opinión pública— pueda trascender siquiera parcialmente a esa objetividad que le había venido condicionando desde su puesto como portero en un club de alterne, es pensar la realidad de un modo unilateral, no dialéctico, que  implica un error de valoración elitista en la relación vanguardia-masa.

Es un pensamiento unilateral y no dialéctico, en tanto supone que los individuos, en general, somos un producto de condiciones o circunstancias objetivas dadas, para nosotros inmodificables, respecto de las cuales no tenemos nada que hacer más allá de adaptarnos a ellas para sacarles el mayor provecho posible desde el punto de vista personal. Como si la parte subjetiva de esa  realidad individual, esto es, nosotros mismos, estuviéramos condenados a ser, sin excepción, pura sensoriedad o percepción de lo dado bajo la forma del padecimiento o del disfrute alternativos de esas determinadas condiciones, entendidas en el sentido de la expresión: “esto es lo que hay” como acabado para siempre; como si nuestra actividad práctico-crítica como individuos respecto de la realidad que nos condiciona, no tuviera ninguna posibilidad en la historia. Y es elitista, porque pareciera que sólo determinados individuos —los idealistas— tienen la facultad de sobreponerse a esas condiciones de la realidad, aunque no transformen nada. Tal fue la naturaleza del materialismo pasivo o no crítico de Feuerbach, por contraposición al idealismo activo o crítico de Hegel. Ambos abstractos. El primero porque de la práctica social del sujeto humano consideró su parte material o mundana, pero de forma pasiva determinada por lo que la materia del Mundo es en sí, incluida la objetividad social, si bien siempre pensó que el desarrollo del espíritu es la característica del ser humano por excelencia; el segundo, porque de esa práctica social del sujeto consagró su carácter activo critico y transformador del Mundo, aunque sólo la concibió como práctica teórica, idealistamente:

La concepción unilateral y elitista de la sociedad y de la historia por parte de los materialistas e idealistas metafísicos, afirma, por ejemplo, que un tipo como Villazón Lavandera no puede ponerse por encima de las condiciones de su propia existencia. Que efectivamente se puso, mantuvo y profundizó en su posición práctico-crítica de su propia realidad circundante, dan fe sus declaraciones publicadas por el diario “El Mundo” el 24 de mayo de 2005. Es evidente que lo hizo a modo de altiva respuesta frente a quienes le acababan de enviar aquellas fotos de su mujer despiezada sobre una mesa forense de operaciones para la realización de autopsias.

En este reportaje, Villazón Lavandera ya no centró su denuncia en el tráfico de explosivos para fabricar bombas con móviles, sino que pasó a desvelar lo que antes y después de ese hecho se cocinaba y sigue cocinándose en los medios policiales de Asturias:

Lo que sigue de su declaración el pasado 25 de mayo, revela con trazos fulgurantes por qué el Juez Juan del Olmo decidió retirar a Villazón Lavandera el status de testigo protegido:

(…)  

“Lo que menos me gustó de Madrid cuando fui a declarar (en la Audiencia Nacional ante el Juez Del Olmo), es que  nadie conoce a nadie. Estoy seguro de que si me hubiera muerto en el Metro, no me hubieran recogido hasta que oliera mal. La deshumanización me hunde. Por eso no puedo comprender quien ha sido capaz de hacer lo de las fotos (a su mujer muerta). Claro que, si mataron a 200 personas y se quedaron tan frescos ¿cómo no van a ser capaces de hacer algo como esto?...”>> (Op. Cit.) [6]

¿Está claro a quienes atribuye Villazón Lavandera la masacre del 11M? Para nosotros lo está sin ninguna duda, como lo está que semejante actitud sea objetivamente subversiva, aunque el protagonista no sea consciente de ello y, por tanto, lejos esté de ser subjetivamente revolucionario. ¿Serán éstas las verdaderas causas, por las que ha dejado de ser un testigo protegido poco antes de que colocaran un paquete bomba debajo de su coche? Tampoco dudamos de esto, aunque, de cara a la opinión pública, este interrogante quedará por mucho tiempo en el aire, hasta que un tribunal popular revolucionario de justicia pueda responder con pleno conocimiento de causa. Recién entonces, las víctimas mortales de aquél genocidio y otros crímenes de Estado de la “democracia” en España, podrán descansar finalmente en paz, incluido el hijo de la dirigente de CC.OO. y militante de I.U., Pilar Manjón.

Lo último que hemos podido saber de Francisco Javier Villazón Lavandera, es que ha vendido a “El Mundo”  unas declaraciones publicadas por este periódico en sucesivas ediciones a partir del 10 de setiembre de 2006, entre las cuales las más comprometedoras para él y de mayor trascendencia política para el gobierno del PSOE y para sistema político “democrático” respecto del 11M, sin duda fueron dictadas por la dirección de ese periódico. Allí declaró lo que antes había testimoniado con toda claridad “El Nayo” en abril de 2002[7] , en cuanto a que Toro Castro le había propuesto que oficiara de “correo” para E.T.A. transportando explosivos; que mantenía contactos con gente importante de esa organización; que los más de 400 Kg. de explosivos que poseía eran para ellos y que estaba “todo controlado”, de modo que, desde el punto de vista de la seguridad, “no podía pasar nada”. La única diferencia entre estas declaraciones de Villazón Lavandera y las de “El Nayo”, es que éste había dicho que Villazón Lavandera aceptó el ofrecimiento de Toro Castro, y aquél lo niega, como que es cierto que fue el primero en denunciarlo a la policía en julio de 2001, testimonio grabado ante el agente Campillo cuya cinta magnetofónica acabó formando parte del sumario judicial y de lo actuado en la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre el 11M:

Si, como está acreditado, Villazón Lavandera denunció en 2001 que Toro Castro mantenía contactos con ETA para venderle explosivos —aunque en ese momento y por el motivo que fuere no haya dicho nada sobre el ofrecimiento que el mismo Toro Castro le hizo para ejercer de “correo” ante ETA— es un total sinsentido que al mismo tiempo haya aceptado semejante proposición, como sostuvo el “Nayo”.

Finalmente, aunque fuera cierto que Toro Castro vendió 500 Kg. de explosivos a los etarras, de este supuesto no puede en modo alguno inferirse que ETA haya participado en la planificación y ejecución de los atentados del 11M. De hecho no hubo ni hay ni una prueba de cargo sólida que avale semejante hipótesis política sustentada por los llamados “teóricos de la conspiración”. Tampoco cabe plantearla por deducción política, dada la debilidad militar táctica de esa organización y las perspectivas del cambio de gobierno, previstas en sus negociaciones con el PSOE previas al 11M. De ahí que en su desesperado intento de vincular a E.T.A. con el terrorismo islamista, la expresión política del bloque histórico de poder coyuntural liderado por el Partido Popular, haya llegado al extremo de echar mano de una hipótesis inverosímil y descabellada, como la de hacer coincidir dos circunstancias distantes en el tiempo y el espacio, cuyo único nexo es la coincidencia casual de que en dos operaciones policiales de allanamiento de dos domicilios ordenados por distintos jueces y a raíz de causas distintas, se diera la coincidencia de que en ambos se encontrara una sustancia de uso doméstico para matar cucarachas.[8]