El Ayuntamiento se ha salido con la suya y ha conseguido que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo le dé la razón en la defensa que inició en 1997 de los caminos públicos ocupados indebidamente en zonas del municipio como los alrededores de la finca de Los Llanos. Según una sentencia que se ha conocido esta semana en la comisión de Urbanismo, el camino de El Salobral a Chinchilla, objeto principal del litigio entre el Ayuntamiento y los propietarios de Dehesa de Los Llanos, las pruebas practicadas a lo largo del proceso, que ha durado más de tres años, han demostrado la «usurpación posesoria de los titulares de la finca de un camino de uso público, que se ha tenido como tal por los distintos planos catastrales y de pertenencia municipal». Desde cicloturistas a la Guardia Civil manifestaron en los juzgados que este camino era de carácter público. Ahora, el Ayuntamiento tiene previsto ocuparlo inmediatamente.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ-CM) ha dado la razón al Ayuntamiento en la batalla legal que inició en 1997, cuando de forma unánime y consensuada, decidió recuperar los caminos públicos de la finca de Los Llanos. De acuerdo con una sentencia que se ha dado a conocer esta semana en el ámbito de la comisión informativa de Urbanismo, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dehesa de Los Llanos contra el acuerdo del pleno municipal del 27 de junio de 1997, por el que se decidió recuperar de oficio la posesión de las porciones de caminos municipales «indebidamente ocupados» por esta entidad mercantil, ha sido desestimado, aunque dejaba abierta la posibilidad de un recurso de casación.
Hay que señalar que con ese mismo acuerdo municipal de hace más de tres años se tomó la decisión de darle a los propietarios de la finca un plazo máximo de tres meses para que procediera al desalojo de estas propiedades públicas, dejándolas en la situación y anchura en que se encontraban «antes de la ocupación», y con la advertencia de que de no cumplirse esa orden, los trabajos serían realizados por la propia corporación municipal de forma subsidiaria y cargando posteriormente los gastos a la empresa. Esta decisión afectaba principalmente al que se denomina camino de El Salobral a Chinchilla. Cabe recordar que este proceso se inició realmente por iniciativa de unos cicloturistas, que decidieron presentar una denuncia el 22 de junio de 1996 en el cuartel de la Guardia Civil de Aguas Nuevas, perteneciente a la 323 Comandancia de Albacete, con la que pusieron de manifiesto que el camino «público» de El Salobral a Orán, dentro del término municipal albaceteño, se encontraba cortado por una cadena cerrada con un candado y sujeta a dos pilares de obra, así como dos zanjas a los lados de la vereda de unos 50 centímetros de profundidad que impedían el paso de vehículos.
Otra denuncia
De la misma manera, y por las mismas fechas, se presentó otra denuncia, en este caso, en el cuartel que la Benemérita tiene en Pozo Cañada, en la que se manifestó que el camino de El Salobral a El Pozarro presentaba el mismo cerramiento.
A partir de ahí se abrió un expediente administrativo, que posteriormente, y cuando los propietarios de la finca recurrieron el acuerdo municipal de junio de 1997 apenas tres meses después, pasó a los juzgados. En los fundamentos de derecho, la sentencia dice que la cuestión fundamental que se plantea en este conflicto judicial pasa por si la corporación municipal demandada se ha acomodado a la legalidad al ejercitar la potestad de recuperación de oficio sobre un bien de dominio público, y para tomar una decisión, parte de la premisa jurídica «incuestionable» del derecho que tienen las corporaciones locales para investigar, deslindar o recuperar la posesión de sus bienes, ya sean demaniales o patrimoniales. «Entiende este tribunal –añade la sentencia– que existen razones jurídicas en este caso y desde la realidad probatoria que nos suministra el expediente administrativo (...) que el ente local ejecutase dicha prerrogativa al existir una prueba suficiente, que no tiene que ser exhaustiva».
Así, entre las pruebas que obran en el sumario se encuentra, por un lado, el informe del servicio técnico de Topografía del Ayuntamiento del 6 de febrero de 1997 en el que se asegura que los caminos de El Salobral a Chinchilla. de El Salobral a Pozarro y el de Cuarto Tejero son de propiedad municipal.
Por su parte, los propietarios de la finca reconocieron que el camino de El Salobral a Chinchilla existía como tal, aunque aseguraron que era de carácter privado, construido, mantenido y utilizado por ellos.
Catastro
Sin embargo, y según el certificado del 23 de febrero de 1998 aportado por el Ayuntamiento y procedente de la Gerencia Territorial del Catastro, señala que en los planes catastrales realizados en 1945 aparecía el camino de El Salobral a Chinchilla, con un trazado y longitud que dan a entender que es de uso público y que como tal, el terreno que ocupaba estaba exento del pago de contribución rústica –en la actualidad, Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)–; pero hay más, ya que la Gerencia Territorial del Catastro aseguró que en la actualidad, el camino objeto del conflicto, aunque modificado en su trazado, seguía estando exento del IBI de naturaleza rústica, algo solamente achacable a su carácter exclusivamente público.
En el proceso se presentaron otras pruebas, incluso un informe del Instituto Geográfico Nacional en el que se ponía claramente de manifiesto la existencia del camino, pero con su trazado original.
En la prueba testifical, la Guardia Civil manifestó que este camino siempre lo consideraron público, como declararon asimismo diversos cicloturistas. Sin embargo, destaca el tribunal, las declaraciones de las personas vinculadas a la finca fueron «claramente contradictorias».
En la prueba pericial practicada, y según se dice en la sentencia, se asegura que en el camino de El Salobral a Chinchilla se interrumpe dentro de la finca, lo que «sólo revela la alteración realizada sobre el mismo en determinados tramos, que han caído en desuso, al reconocer que el antiguo trazado pasa por donde hoy existen pivots», elementos que se colocaron hace diez años. A juicio de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la prueba pericial viene a confirmar «la usurpación posesoria de los titulares de la finca de un camino de uso público, que se ha tenido como tal por los distintos planos catastrales y de pertenencia municipal»
Cabe recordar que en enero de 1999, el anterior equipo de gobierno acordó paralizar el proceso de recuperación de los caminos ya que estaba negociando la ubicación dentro de la finca de una potabilizadora.
En aquel momento, el por entonces portavoz socialista en la oposición, señaló que si el Ayuntamiento necesitaba terreno para la construcción de la potabilizadora, no era necesario «firmar cambalaches con este terrateniente, ya que por acuerdo del Ayuntamiento, y en virtud del interés general, incluso se pueden expropiar los terrenos que se consideren oportunos».

El equipo de gobierno da la orden de ocupación «inmediata»

El primer teniente de alcalde y coordinador del área de Urbanismo, Rafael López Cabezuelo, mostró su satisfacción en declaraciones a La verdad tras conocer esta sentencia. «Hemos venido luchando en los últimos años por la defensa de las propiedades municipales, y al fin, ahora, se nos ha dado la razón». López Cabezuelo explicó que el pasado miércoles dio la orden de que se ocupara el camino objeto del litigio –el conocido como camino de El Salobral a Chinchilla–, con el fin de que los ciudadanos aficionados al cicloturismo o al senderismo puedan hacer uso del mismo lo antes posible. Cabe recordar que en la anterior corporación, el equipo de gobierno se planteó incluso la posibilidad de modificar el trazado de los caminos públicos de esta zona a fin de no perjudicar a los propietarios de la finca. «La justicia ha actuado en este caso correctamente, y evidentemente, lo que el Ayuntamiento debe hacer ahora en este caso es trabajar lo más rápido posible para que lo que los jueces han manifestado en su sentencia se aplique, en este caso, y es lo más destacable, se ha puesto de manifiesto que el interés público prima por encima de los intereses privados», añadió el edil socialista.

El equipo de gobierno da la orden de ocupación «inmediata»

El primer teniente de alcalde y coordinador del área de Urbanismo, Rafael López Cabezuelo, mostró su satisfacción en declaraciones a La verdad tras conocer esta sentencia. «Hemos venido luchando en los últimos años por la defensa de las propiedades municipales, y al fin, ahora, se nos ha dado la razón». López Cabezuelo explicó que el pasado miércoles dio la orden de que se ocupara el camino objeto del litigio –el conocido como camino de El Salobral a Chinchilla–, con el fin de que los ciudadanos aficionados al cicloturismo o al senderismo puedan hacer uso del mismo lo antes posible. Cabe recordar que en la anterior corporación, el equipo de gobierno se planteó incluso la posibilidad de modificar el trazado de los caminos públicos de esta zona a fin de no perjudicar a los propietarios de la finca. «La justicia ha actuado en este caso correctamente, y evidentemente, lo que el Ayuntamiento debe hacer ahora en este caso es trabajar lo más rápido posible para que lo que los jueces han manifestado en su sentencia se aplique, en este caso, y es lo más destacable, se ha puesto de manifiesto que el interés público prima por encima de los intereses privados», añadió el edil socialista.

Los ecologistas, satisfechos por «haber primado el interés público sobre el privado»

La decisión de devolver al Ayuntamiento de Albacete los caminos públicos de Los Llanos «indebidamente» ocupados, según los jueces, ha generado diversas reacciones. Junto a la del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y coordinador del área de Urbanismo, Rafael López Cabezuelo, que ha ordenado la ocupación del camino de El Salobral a Chinchilla, se encuentra la de Ecologistas en Acción. Este grupo puso en marcha en 1997 una serie de iniciativas tendentes a la recuperación de lo que consideraban propiedades públicas, como los caminos afectados por esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y que concluyeron con una marcha pacífica en bicicleta por la zona, que acabó, por cierto, con la presentación de diversas denuncias por parte de los ecologistas y por parte de los propietarios de la finca, y que al final, quedaron en papel mojado, según explicaba a este diario el portavoz de Ecologistas en Acción, José Manuel Pérez Pena. «En aquella ocasión, lo único que hicimos fue movilizarnos contra lo que considerábamos que era injusto, y con el tiempo, los tribunales nos han terminado por dar la razón», comentó. Según José Manuel Pérez Pena, «estamos satisfechos porque la primado el interés general, de todos, sobre el particular, el de los propietarios de la finca». Añadió en este sentido que «ahora sí que podemos decir que estos caminos son públicos, y de lo que se trata es de que el Ayuntamiento actúe como proceda para que quede patente que a partir de ahora, por ahí podrá circular cualquier hijo de vecino, y no solamente quien al marqués le parezca bien». José Manuel Pérez Pena recordó que durante la anterior corporación, los técnicos municipales realizaron un importante trabajo de identificación de los caminos que son públicos y que recorren el término municipal. «Además –subrayó–, se dio la circunstancia de que el Ayuntamiento comenzó a colocar postes para identificar que caminos eran públicos, incluso, éstos que han sido objeto de un recurso en los tribunales, y de la noche a la mañana, desconocemos porque motivo, el concejal de Urbanismo en aquel momento, Agustín Fernández Carrión, decidió dar marcha atrás al proceso de recuperación de esas propiedades».