Reforma Pensional
La gente es lo de menos

Guillermo Asprilla, abogado del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social (2 de Octubre de 2002)

En cumplimiento del Acuerdo suscrito con el FMI (diciembre de 1999), el Gobierno colombiano presentó, con mensaje de urgencia, el proyecto de Ley 056 de 2002, sobre reforma pensional.

Las pensiones de invalidez, vejez y muerte, que fueron en todo el mundo el resultado de la lucha sindical, se catalogaron en su origen como prestaciones sociales -ligadas a la relación laboral- a cargo del patrono. Pero en la primera mitad del siglo XX, como consecuencia de los avances de los países socialistas y de la reforma de Beveridge en Inglaterra, tomó fuerza el concepto de seguridad social como derecho humano fundamental, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos, Sociales, Económicos y Culturales y elevado al rango constitucional en la Carta Política de 1991.

La diferencia entre las dos concepciones, la del seguro social como derecho prestacional y la de la seguridad social como derecho humano fundamental, resulta determinante en la forma como se concibe y desarrolla un sistema pensional, al punto que hoy en Colombia es posible afirmar que esa discusión de principio es el eje central del debate.

El fin de la pensión de invalidez, vejez y muerte es proveer a las personas que se ven afectadas por una de tales contingencias, la posibilidad de tener las mínimas condiciones necesarias para llevar una vida digna. Ese postulado ético, que envuelve una razón política y una concepción filosófica sobre los fines de la sociedad civil, implica un compromiso activo del Estado para su plena realización, puesto que del mismo se desprende el imperativo de la Universalidad.

En Colombia tal compromiso no ha sido asumido por ningún Gobierno y la conquista de la seguridad social aún está lejos de que la población la interiorice como un derecho humano. Todavía se piensa que la pensión "hay que ganársela".

A ese imaginario, corresponde el Sistema General de Pensiones colombiano, pensado, estructurado y organizado exclusivamente para los asalariados del sector formal de la economía. Colombia apenas completa su rápida y traumática transición demográfica hacia la urbanización y posee aún niveles extremos de informalidad, por lo cual, las coberturas de su sistema pensional han sido tradicionalmente muy bajas.

En 1990, cálculos optimistas cifraban que el 21% de la población estaba afiliada a la seguridad social. Hoy, la situación de la cobertura en pensiones, no ha mejorado y tiende a empeorar por causa del desempleo y el aumento constante de formas precarias de empleo estimuladas y protegidas por el Estado. Según el DANE, en el año 2000, los afiliados activos al sistema de pensiones representaban sólo el 27.1% de la población económicamente activa (PEA).

La pésima cobertura del sistema pensional se debe a su estructura asimétrica con el mercado laboral colombiano, caracterizado en los últimos años por una tendencia constante hacia la informalización, ubicada en un 60%, en el año 2000, cuando en 1996, alcanzaba el 51%. De cada 100 personas económicamente activas, 20 están desempleadas, 48 están en la informalidad y 32 están en el sector formal de la economía.

No hay posibilidad de que con esta estructura del mercado laboral, y con esta estructura del sistema pensional, Colombia se acerque a la universalidad y allí radica el defecto capital de la reforma en curso: perpetúa un sistema de pensiones que niega el derecho a la seguridad social a la mayor parte de la población. Así podemos afirmar que con la Reforma Pensional, estamos construyendo, para el futuro inmediato, un país de ancianos indigentes o, en el mejor de los casos, dependientes (de cada 10 colombianos en edad de pensionarse, 8 no tendrán una pensión).

El proyecto de Ley deja intacta la estructura básica del Sistema General de Pensiones, adoptada en la Ley 100 de 1993, caracterizada por la coexistencia de tres grandes regímenes, uno de reparto simple, también llamado de prima media con prestación definida administrado por el ISS (y algunas cajas públicas); otro de ahorro individual, manejado por agencias del capital financiero, llamadas AFP (Administradoras de Fondos Privados de Pensiones) y el tercero constituido por los llamados "regímenes especiales". No se avanza un milímetro en el aumento de coberturas y por ende se soslaya el mandato del artículo 48 de la Constitución que prescribe la universalidad como principio del sistema de seguridad social.

Ello es así por que, para quienes proyectaron la reforma el problema es principalmente financiero y fiscal y se inspira en el propósito de desactivar la llamada bomba pensional. Abundan los cálculos sobre el pasivo pensional, el déficit operacional del ISS y el tamaño del esfuerzo fiscal necesario para cubrir las obligaciones pensionales a cargo del Estado. Si bien es cierto que la situación financiera del ISS se ha debilitado y se ha aumentado el tamaño de las cargas sobre el presupuesto nacional, ni el diagnóstico ni la solución parecen adecuados.

La reforma pensional no será eficaz para solucionar los problemas fiscales y financieros, por que no toca las causas verdaderas de los mismos, que no son otras que las consecuencias de la mercantilización del sistema mediante las AFP. Los grandes huecos financieros tienen su origen en la estructura adoptada en la ley 100 de 1993, con la entrada de los fondos privados y se expresan en:

1. La disminución dramática de los ingresos del ISS, al haberle drenado la mitad de los afiliados, la mayoría jóvenes, en el momento en que su población había madurado y crecía rápidamente el número de pensionados (1.800.000 afiliados pasaron del ISS a los fondos privados).
2. La deuda generada por la entrada de los fondos privados, a los cuales hay que girar los llamados "bonos pensionales clase A".
3. El monto de la Garantía de Pensión Mínima, que el Estado debe pagar a los afiliados a los Fondos Privados, que no alcanzan a ahorrar el capital necesario para acceder a una pensión equivalente a un salario mínimo (aproximadamente el 64 % de los afiliados a los fondos estarían en tal condición).
4. El monto de las obligaciones actuales y futuras por concepto de las pensiones no financiadas, a cargo del tesoro nacional, dentro de las cuales las más importantes son las de las fuerzas armadas ( 30% del pasivo total).

Así, tres de las cuatro causas de la llamada bomba pensional, tienen que ver con los costos asociados a la entrada en funcionamiento de los fondos privados, además, las comisiones que las AFP cobran a los afiliados por administrar la cuenta de ahorros, son verdaderamente exorbitantes: las AFP deducen el 25.9% del total cotizado para pagar la llamada comisión de administración.

Para solucionar el problema fiscal el proyecto del Gobierno formula el siguiente paquete de remedios: subir las cotizaciones en dos puntos (están en 13.5% del salario base y pasarían al 15.5%), lo que representa un aumento del 14.8 % sobre el total de la cotización actual; disminuir el valor de las pensiones (está en promedio en un 75% del salario promedio de los 10 últimos años y pasa a una escala que va del 55% al 65 % del salario promedio de los últimos 20 años de servicio); aumentar la edad de la jubilación (de 60 a 62 años para hombres y de 55 a 58 para las mujeres); hacer más rigurosos los requisitos para acceder a la pensión de invalidez y de sobrevivientes; trasladar a los trabajadores y patronos el riesgo de la Garantía de Pensión Mínima para los afiliados a los fondos privados, que estaba a cargo del Estado; disminuir en medio punto la Comisión de Administración los AFP; y modificar algunos regímenes especiales.

Se trata en síntesis de recortar derechos, aumentar las cargas para los trabajadores y mejorar la competitividad de los Fondos Privados de Pensiones, es decir retocar el sistema para disminuir sus erogaciones y mejorar su flujo de fondos. ¿Quién gana con esa operación? Los gremios de la producción y el capital financiero que coinciden en calificar el proyecto como "realista, juicioso y necesario". En la otra orilla, los sindicatos, las asociaciones de pensionados y las demás expresiones de movimientos sociales, rechazan la propuesta gubernamental, pues recorta sus derechos.

Un razonamiento elemental llevaría a tratar el problema del déficit de financiación del sistema pensional allí donde se origina, es decir en los Fondos Privados de Pensiones. Pero "Don Dinero" tiene su propia lógica. Por eso los Fondos Privados se fortalecen con la reforma, por que aun cuando son un pésimo negocio para el país, para el capital financiero son la muestra fehaciente de que en la era de la globalización, también existen las gallinas que ponen huevos de oro.